Eric Nepomuceno desde Río de Janeiro
Página/12, 18-2-2024
Correspondencia de Prensa, 19-2-2024
En 1996, el 17 de abril fue un miércoles. Y al atardecer de aquel día una marcha que reunía a más de dos mil personas – jóvenes, mujeres, hombres, niños y ancianos – fue blanco de fusiles y pistolas de la Policía Militar del estado de Pará, en la región amazónica.
Diecinueve murieron en el acto. Dos, días después en hospitales. Y decenas fueron heridas, muchas de ellas padeciendo de deformaciones permanentes. La de Eldorado do Carajás fue la peor masacre campesina de la historia contemporánea brasileña y la peor catástrofe padecida por el MST, el Movimiento de los Sin Tierra.
La marcha había empezado días antes, en el sureste de Pará, para reivindicar tierras improductivas de la hacienda Macaxeira, que, a propósito, había sido ocupada ilegalmente por una familia de latifundistas.
La idea era avanzar hasta Marabá, la ciudad más importante de la región, y entonces un grupo menor iría hasta Belém, capital del estado, para presionar al gobernador.
Al llegar a Eldorado, pidieron comida. Luego de la negativa por parte del gobierno, decidieron interrumpir el tránsito en la carretera que une a varios municipios.
Aunque causando mucho ruido local, la verdad es que la marcha de los Sin Tierra era ignorada por el resto del país. A raíz de la masacre, se hizo conocida no solo en Brasil, pero en buena parte del mundo. El 17 de Abril pasó a ser el Día Mundial de la Lucha por la Tierra.
El entonces presidente Fernando Henrique Cardoso determinó que se diera todo el apoyo a los sobrevivientes. Y los tribunales decidieron actuar: en poco más de un mes se determinó la expropiación del área reivindicada, que pasó a ser propiedad de los Sin Tierra.
Allí se estableció la “Villa 17 de Abril”. Sus poco más de dos mil habitantes, la mayor parte de ellos sobrevivientes de la masacre de hace 25 años, plantan arroz, maíz, frijoles, pero la producción más fuerte es la de leche, que abastece a las ciudades vecinas.
Todavía se pregunta qué llevó al entonces gobernador Almir Gabriel, muerto en 2013, a determinar a su secretario de Seguridad que ordenase la liberación de la carretera “a como sea”. Y se denuncia a la acción de los policiales militares, que llegaron para matar: un pelotón de puso al final de la manifestación, otra a la cabeza, y empezó la balacera.
Gabriel seguramente fue presionado por los latifundistas. La cuestión es saber por qué cedió.
Con relación a la Policía Militar, actuó como sigue actuando por todo el país cuando hay movimientos de reivindicación de tierras ociosas u ocupadas de manera ilegal ya no solo por latifundistas, pero a partir de los últimos diez o doce años por grandes empresas agrarias: en los días en que no trabajan, prestan servicio de seguridad privada a los estancieros y empresarios. Son una amenaza permanente a las movilizaciones populares.
Pasados 25 años, ¿qué cambió en la cuestión agraria brasileña?
Muy poco. La Justicia, como siempre, siguió actuando con enorme lentitud a la hora de legalizar los “asentamientos” de los Sin Tierra.
Brasil sigue un país de injusticias sociales olímpicas: el 1% de los propietarios rurales detienen 60% de las tierras.
Si los latifundistas perdieron poder y espacio para grandes empresas, principalmente en el área de minería, que devastan amplias áreas, muchas de ellas abrigando Sin Tierra que esperan por una decisión judicial que no viene nunca para instalarse y empezar a plantar.
Los beneficiados de siempre se benefician cada vez más, mientras que los abandonados de siempre son mantenidos al margen y a la distancia.
El MST, por su vez, salió de la tragedia para transformarse en uno de los mayores productores de alimentos orgánicos del país. Es, por ejemplo, el mayor productor de arroz orgánico de América Latina. Son 400 mil familias ya asentadas en tierras reivindicadas, y hay otras 140 a la espera de que los tribunales se acuerden de ellas.
La llegada de Michel Temer a la presidencia en 2016, luego del golpe institucional que derrumbó a la presidenta Dilma Rousseff, fue un duro retroceso en la cuestión agraria.
Y la del ultraderechista Jair Bolsonaro en 2019 el funeral para cualquier vislumbre de reforma agraria.
Bolsonaro, a propósito, siempre trató el MST como “organización terrorista”. Solo no avanzó más contra el movimiento porque está demasiado empeñado en hacer de su gobierno un instrumento de alta eficiencia para destruir el medioambiente y favorecer a las minerías.