Ilustración Jazmín Troche & Lorena Barrios
El Surtidor, 30-1-2024
Correspondencia de Prensa, 1-2-2024
Miles de niñas y niños paraguayos trabajan en casas ajenas, sin descanso, ni remuneración. El futuro de nuevas generaciones condicionado por más de cinco siglos de opresión contenida.
Las tres letras del nombre de mi abuela Ida contenían todos los significados del mundo. Se movía en tiempo presente, con su ingenio característico, su inmensa devoción a la Virgen y a las señales, su mano verde, su amor por todo lo vivo. En su historia había cicatrices del exilio, marcas de los muchos giros políticos del Paraguay. Pero aquella voz tan dulce como el aguaí guardaba el pasado en un cofre de difícil acceso. Sobre todo en lo referente a sus primeros años, teñidos por la muerte de su madre y el trayecto de Ybytymí a la casa asuncena de una tía, donde vivió junto a sus hermanas. Entre especulaciones y testimonios de familiares a modo de rompecabezas, aparecen dos dudas: ¿qué encerraba su silencio?; y, ¿hubo encierro en el silencio?
El país cuenta con una larga tradición de niñeces desplazadas y vulneradas. Una de las formas que toma la opresión es el criadazgo. Es decir, el acogimiento de niños, niñas y adolescentes de bajos recursos por parte de familias sustitutas (con relación sanguínea o no), bajo una promesa de alimento y educación, generalmente encubridora de una serie de vejaciones que comienzan con la explotación laboral doméstica no remunerada. Esto ocurre sin guardia judicial ni intervención institucional. Según un análisis de la línea de Fonoayuda 147 del Ministerio de Niñez y Adolescencia, entre 2014 y 2016, el 76% de las afectadas eran niñas y adolescentes mujeres. La costumbre –de conceptualización compleja, debatida y cambiante– se remonta a la conquista y continúa hasta el día de hoy.
¿Cuán extendida es esta práctica? El último número oficial se publicó en 2011, a partir de la Encuesta Nacional de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes. El informe, realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), con ayuda de la Organización Internacional del Trabajo, midió la magnitud y características del trabajo infantil y adolescente. Se estimó que al menos 46.993 infantes y adolescentes paraguayos de entre 5 y 17 años (2,5% del total de esa población) se encontraban en situación de criadazgo. La cifra, indican los especialistas, debe ser actualizada y metodológicamente revisada. También los contornos de la problemática: la Comisión Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Trabajo de los y las Adolescentes (Conaeti) continúa trabajando en una definición que responda a su desarrollo actual.
El valor de la primera persona
“Me levantaba a las cinco de la mañana, porque tenía que dejar todo preparado para los señores”, recuerda Tina Alvarenga. Activista por los derechos de las mujeres indígenas, docente, experta en proyectos comunitarios y cooperación internacional, es una de las voces más autorizadas del tema. Con nueve años, entró a una casa como “criadita” –así se refería frente a ella su patrona–. Ya adulta, dentro de la ONG Global Infancia, convirtió su vivencia en militancia pionera.
Tina y sus compañeros identificaron que el criadazgo constituía un tabú; una cuestión relegada al ámbito privado, que debía hacerse pública. Seguían, inopinadamente, el lema que motivó a tantas feministas: lo personal es político. De forma artesanal, fueron buscando experiencias personales para encontrar denominadores comunes. Luego, de la mano de reconocidas escritoras, tradujeron las entrevistas en relatos literarios para concientizar. Cuando la reconocida autora Reneé Ferrer recibió las transcripciones con la indicación de que podía aportar su propia pluma, respondió: “Esto sobrepasa mi imaginación”. Los testimonios ficcionados fueron compilados en el libro Criadas hasta cuándo.
La mirada desde los derechos de los niños y las niñas, llevó a Global Infancia a cuestionar las palabras que utilizaban. La identidad de los afectados, sus destinos, no debían reducirse a su condición de “criaditos” y “criaditas”. Así, empezaron a hablar de personas “en situación de criadazgo”.
Todavía quedaba responder qué distinguía a esta modalidad del trabajo infantil a secas. El aislamiento era un drama que atravesaba todos los testimonios, incluido el de Tina. “Yo estaba a cuarenta minutos de mi familia, solo tenía que tomarme un ómnibus, pero no me dejaban ir”, relata. El factor de la distancia siempre aparecía: de forma física, en la mayoría de los casos, pero también emocional, afectiva.
Las involucradas en la investigación fueron notando otras características. Primero, el carácter adultocéntrico del fenómeno –como espejo de un rasgo social–: los niños no tenían voz, ni participación en la decisión de los adultos. A diferencia de las empleadas domésticas –Tina lo vio, ya que su hermana trabajó durante un tiempo en aquella misma casa–, las criadas no recibían salarios, no decidían cuándo salir, no tenían descanso y solían ser sustancialmente menores.
Aparecían el racismo, la discriminación y las diferencias de clase. “Además, con la criadita hay una diferencia en el discurso. Se dice ‘es como mi hija’, muchas veces se le permite acceso a la habitación principal, aunque la diferencia con los hijos biológicos es abismal”, evoca Tina, quien debía cuidar de otros niños de la familia, pese a que tenían una edad similar.
La tarea de concientización de Global Infancia estuvo dirigida desde un principio a impactar en las políticas públicas. Además de repartir los materiales entre personas cercanas al poder, una de las primeras actividades fue realizar talleres en escuelas. Entonces descubrieron algo: entre las propias educadoras, había quienes tenían criaditas.
¿Casos “exitosos”?
En 2021, Sadys Maldonado, trabajadora social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, se recibió con una tesis sobre la implicancia del criadazgo en la vida de hombres y mujeres adultos. Era el primer trabajo integrador cualitativo sobre el tema en toda la carrera y su primera tutora quiso descartar el proyecto, ya que no veía allí algo que estuviera mal.
Junto a una compañera, conversaron con doce excriados. A la mayoría le costaba explayarse sobre su pasado. Sadys identificaba un trauma persistente; un “sesgo de sumisión” que los llevaba a justificar actos de violencia padecidos. Una mujer le transmitió que debió huir cuando el jefe de hogar intentó violarla y la señora la culpó a ella.
Amanecer entre las 4 y las 5 de la mañana y la utilización de productos químicos para la limpieza, perjudiciales para niños y niñas, conformaban algunos de los factores recurrentes. Entre todos, hubo un solo “caso exitoso”: un hombre que mantiene, hoy en día, relación con la señora que lo albergó, a quien llama “mamá”. Sin embargo, durante su infancia, aunque pudo estudiar y no recibió castigos físicos, no escapó al marco de la explotación doméstica.
¿Por qué ocurre esto en Paraguay?, se pregunta la trabajadora social. Esboza hipótesis: por la sobrepoblación de pobreza y desigualdades, por cierta tradición autoritaria, por la reclusión que imponen las familias receptoras (una de las entrevistadas podía ver a su familia, pero bajo estrictas condiciones de supervisión y acallamiento) y el aprovechamiento de mano de obra gratuita.
¿Qué dice la ley?
Aunque en Paraguay no existe legislación específica en torno al criadazgo (sí hay un proyecto), el país adhiere a diversos acuerdos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Además, en 2001, se estableció el Código de la Niñez y la Adolescencia; existe una Estrategia Nacional de Prevención del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente; y se cuenta con una Sistema Nacional de Protección y Promoción Integral de la Niñez y la Adolescencia. En 2020, se sumó la ley que estipula que el Estado deberá proporcionar amparo a niños, niñas y adolescentes cuyo cuidado no esté garantizado.
De todas formas, los especialistas alertan que los progresos jurídicos y la adhesión a la regulación internacional no se traduce en políticas públicas, servicios suficientes (por ejemplo, para los menores que necesitan acogimiento), coordinación de los distintos sectores, ni financiamiento. En 2022, sin ir más lejos, el 85% de las Consejerías Municipales por los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente (Codeni) carecía de presupuesto propio.
Agencias de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas han pedido al gobierno paraguayo que intensifique sus esfuerzos para combatir esta práctica y que sea tipificada como delito.
En 2005, a través de la ley N° 1657/01, Paraguay ratificó el Convenio 182 de la OIT respecto a “las peores formas del trabajo infantil” y aprobó un listado de 26 actividades que, por su naturaleza o las condiciones en que se realizan, ponen en grave riesgo la salud física, mental, social o moral de niños, niñas y adolescentes, interfieren con su escolarización o le exigen combinar largas jornadas de trabajo con su actividad educativa. El criadazgo se ubicaba en el puesto 22.
La elaboración fue realizada por la Conaeti, en base a una amplia consulta que involucró a trabajadores, empresarios, profesionales de la salud, especialistas de la Organización Panamericana de la Salud y actores comunitarios a nivel nacional. Así, se estableció, una vez más, “el compromiso del Estado de tutelar” el bienestar integral de menores y adolescentes.
Mike Kaye es un activista contra toda forma de esclavitud y explotación. Fue Oficial de Políticas para el Comité de Derechos Humanos de América Central, trabajó en conflictos civiles y con refugiados. Cuando formaba parte de Anti-Slavery International, redactó un informe sobre Paraguay.
“El problema no es si hay estándares internacionales o incluso legislación local”, indica el especialista. “En última instancia, tiene que ver con voluntad política y los recursos. Si se busca prohibir el trabajo forzoso, se deben tomar los pasos adecuados para identificar dónde está sucediendo, para castigar a quienes están desarrollando esas prácticas. Pero también hay que tomar medidas para prevenir que la gente se vuelva vulnerable a la esclavitud y ayudar a la rehabilitación de las víctimas”.
En consonancia con lo expresado por quienes han pasado por la situación de criadazgo, comprobó que las poblaciones rurales e indígenas son más susceptibles a pasar por el criadazgo y que “el aislamiento es una predisponente fundamental”. Sin control estatal e incomunicados, los niños, niñas y adolescentes permanecen “apartados de las estructuras de soporte como la familia, los amigos”. En resumen, “no tienen hacia donde ir, a quién acudir para contar lo que les pasa, ya que viven con las mismas personas que los explotan”.
Educar y reconocer, atacar el problema de raíz
Aníbal Cabrera Echeverría, exdirector de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) sabe de la importancia de la divulgación. Con el apoyo del Ministerio de Educación y Ciencias, ha realizado talleres en escuelas que permitió a los propios estudiantes identificar a compañeritos que se desempeñaban como criadas y criados. En este sentido, explica que una mirada detallada al Registro Único de Estudiantes (RUE) –un legajo que contiene, entre otros datos, con quién vive cada alumno– podría ofrecer una aproximación a la cantidad de niños y niñas escolarizadas atraviesan esa situación.
Sería una punta desde la cual empezar, ya que hay muchos menores por fuera del sistema educativo. Las denuncias ante la Fiscalía, la Defensoría Pública y el Ministerio de la Niñez y Adolescencia muestran que el criadazgo persiste. Para Cabrera Echeverría, el Estado en su totalidad debe tomar esta causa, brindar una cifra, porque “lo que no se nombra, no existe”.
“El criadazgo parte de una asimetría económica entre la familia de origen y la receptora”, dice el profesional. A su vez, cuenta cómo la perspectiva evolutiva en torno al concepto de “protección” y a los derechos y derechos del niño fue cambiando, derribando viejas nociones de qué es aceptable y qué no.
Los roles de género, comenta, asoman, inclusive en la opresión: “Vemos que el criadazgo afecta más a niñas y adolescentes mujeres, a quienes se asocia al trabajo doméstico. Los niños, por su parte, son relegados a otras tareas más vinculadas a producción, el trabajo manual y los talleres”.
Define a Paraguay como una sociedad machista, donde las infancias son relegadas a una condición de “minoridad” o “minusvalía”. Al mismo tiempo, resalta el trasfondo clasista que recorre diferentes ámbitos. “La militancia contra la Agenda 2030 y el convenio educativo con la Unión Europea, por ejemplo, afecta a los más pobres, ya que implica la quita de prestaciones sociales (váuchers escolares o de comida, boleto estudiantil), no a quienes ya tienen garantizados estos derechos”, precisa.
Familias humildes, fragmentadas o monoparentales, aquellas forzadas a migrar, embarazos tempranos: estos son algunos de los componentes que pueden empujar hacia el criadazgo. Solo una mirada holística puede frenar esta práctica.
Violencia sexual y criadazgo: un secreto a viva voz
CDIA recalca los “secretos complejos” que pueden encerrar aun los llamados “casos exitosos”. Entre estos, las violaciones. En la clásica novela Los herederos, publicada en 1975 y situada en la década de 1940, Gabriel Casaccia retrata los atropellos sexuales a menores de edad por parte de los patrones. Uno de los protagonistas, el psiquiatra Indalecio Rolón Palacios Maíz, abusaba abiertamente de las hijas adolescentes y preadolescentes de su cocinera Crisóstoma, que vivían bajo su techo. La casa era para ellas una celda, lugar de trabajo forzado y vejaciones, donde se conjugaban las tragedias de la miseria, la sumisión y la soledad. Sus hermanos también servían al señor: no eran para él más que “mano de obra barata”. En el comienzo del texto, puede leerse: “El cura siguió diciendo que, para salvar a esas inocentes de la mano de ese licencioso e irresponsable, le había pedido a Crisóstoma que dejara la casa de Indalecio. Pero era exigirle demasiado a esa infeliz mujer. ¿Adónde iría con sus siete hijos? Era muy pobre y desamparada”. La realidad supera a la ficción.
Amnistía Internacional Paraguay trabaja principalmente el tema de violencia sexual y embarazo de niñas. Como detalla la coordinadora legal del organismo, Julia Cabello, el criadazgo es un ambiente propicio para que esto se desarrolle. “En Paraguay, las políticas públicas continúan sosteniendo conceptos muy arcaicos de la niñez. Todavía se la ve como propiedad de los padres. Las normativas sostienen estereotipos. Creemos que es muy importante una educación sexual integral con una perspectiva de género que permita visibilizar el machismo que pone a las infancias en una situación de inferioridad”, sostiene.
En 2021, Amnistía lanzó el informe “Mitãkuña ndaha’eiva’erã sy” (“Son niñas, no madres”). Allí se mostraba que, solo en 2019, el Ministerio Público recibió, en promedio, doce denuncias diarias de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Las expertas estiman que, por cada dos casos que conocen, pueden existir al menos otros diez. La mayoría tiene lugar en el entorno doméstico y, en ciertos casos, el abuso resulta en embarazo. De hecho, en Paraguay, una media de dos niñas de entre 10 y 14 años dan a luz cada día.
Si bien existe una ley de 2018 para prevenir el abuso sexual y garantizar la atención integral a niños, niñas y adolescentes sobrevivientes, la ruta para su implementación todavía no ha sido finalizada. Cabello rememora el triste caso Panambí (“mariposa”), de 2017. Bajo este pseudónimo se buscó proteger la identidad de una adolescente de 15 años que residía como criadita en un hogar de Pedro Juan Caballero, donde realizaba labores domésticas desde los 12. Panambí debió ser ingresada de forma urgente al hospital regional, luego de ser abusada por su patrón, torturada y obligada a ingerir soda cáustica por él y su esposa. La joven quedó bajo tutela del Estado paraguayo y debieron intervenir la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia de la ciudad, y la Unidad Fiscal Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas del Ministerio Público. Finalmente, el caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La respuesta ministerial y del Estado
Walter Gutiérrez es encargado de la cartera de la Niñez y Adolescencia de Paraguay. “El trabajo infantil en calle, concentrado en Asunción, el área metropolitana y otros puntos del Departamento Central, es el más visible. El criadazgo es la explotación laboral infantil oculta y una de las más graves. Estamos trabajando en campañas de sensibilización para desnaturalizar esta situación, que no solo involucran la comunicación, sino la capacitación de los actores locales para prevenir, identificar, proteger y restituir derechos en los territorios”, afirma.
El abogado elucida que la ausencia de estadísticas actualizadas depende de muchos factores. Uno es la falta de indicadores metodológicamente adecuados o dirigidos específicamente a entender la problemática (por ejemplo, en el Censo Nacional de 2022). Otro es el silencio, tanto por encubrimiento explícito frente a las encuestas o porque las personas “no logran enmarcar conceptualmente determinadas situaciones como criadazgo”. De hecho, según informa, el 147 (el “911 de los niños y niñas”) recibió solo cuatro denuncias por este tema en todo el año pasado.
“La estimación de 2011 carece de rigurosidad científica. Pero sabemos que, bajo la figura de un ‘amparo‘ de tíos, tías, padrinos, madrinas, siguen explotando menores. Y, lamentablemente, está muy ligado a episodios de violencia y abuso sexual”, esclarece el ministro. Entre las políticas del gobierno para erradicar esta forma de trabajo infantil, destaca las capacitaciones de docentes en todo el país junto al Ministerio de Educación y Ciencia, así como el trabajo junto a las Codeni de cada Municipio, para que articulen, identifiquen y apliquen los protocolos de prevención. También hace hincapié en la instalación de centros de atención integral a niños, y la implementación de iniciativas como el “Programa abrazo” y el “Plan Nacional de Primera Infancia”.
Dentro del marco normativo paraguayo, existe un régimen de trabajo adolescente protegido, desde los 14 hasta los 17. Este no contempla ninguna forma de trabajo en casas particulares. “Desde el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, se considera al criadazgo como una forma de explotación laboral infantil que podría tipificarse como trata. Por lo general, hay traslado de las áreas rurales a las áreas urbanas, procesos de captación y jornadas de entre 12 y 15 horas, generalmente sin escolarización”, esboza el funcionario.
Asimismo, argumenta que nueve de cada diez víctimas de trata fueron criaditas y que hay un puente entre la situación de criadazgo y la trata de personas. Esto puede deberse a que muchas adolescentes vulnerables buscan escaparse del hogar sustituto, cayendo en manos de tratantes; o a que los captadores inventan ofertas laborales de trabajo doméstico en otros países como disfraz para redes de explotación sexual.
Para Gutiérrez, el criadazgo debería ser, por esta razón, un hecho punible: tanto para la familia de albergue, como para la familia de origen. “Es posible que la familia de origen no sepa a qué se expone, hay que analizar las particularidades. Se trataría de un fino trabajo, de evaluación caso por caso, para no recaer en la judicialización de la pobreza”, concluye. Da así en la tecla de un verdadero debate.
¿Criminalización como camino a la erradicación?
En la CDIA están en contra de tipificar el criadazgo, ya que lo entienden como una forma de “tipificar la pobreza”. “No se puede meter a todas las familias receptoras y de origen a la cárcel. ¿Con quién se quedarían los niños, niñas y adolescentes? ¿Irían todos a albergues? ¿Existe esa capacidad? ¿Sería lo mejor?”, son algunas de las preguntas que se hace Aníbal Cabrera Echeverría. En cambio, propone girar la mirada hacia el Estado. De la misma manera, no le parece que la práctica pueda enmarcarse como trata, que tiene un marco normativo específico, expuesto en la ley N°4388 de 2012.
En Global Infancia comprobaron que el criadazgo funciona como una ventana a la trata y la explotación sexual en los recorridos vitales posteriores de personas que han sido criaditas. Pero no abogan por una igualación entre ambas prácticas. Como declara Mabel Benegas, coordinadora de proyectos: “Las familias que buscan oportunidades para sus hijos deban ser penalizadas. Las causas del criadazgo responden a problemas estructurales y allí tiene que estar la lupa”.
La experta no solo se dedica a estudiar el presente del criadazgo, sino que sitúa su arraigo histórico, sus características sistémicas. Complejizando la mirada, muestra que no se puede mirar hacia adelante, sin entender los cimientos de la problemática, más antiguos que el propio Estado nación paraguayo.
Conocer la historia para cambiar el futuro
Contra el relato romantizado (adoptado por el sistema escolar) de un encuentro de culturas, las investigadoras han indagado en las especificidades de la colonización en Paraguay. “En un territorio carente de metales preciosos, rápidamente los extranjeros notaron que el control de las mujeres era fundamental, ya que ellas manejaban el alimento, la medicina, la agricultura”, enseña la socióloga de la Universidad Católica de Asunción, Ana Portillo.
Los españoles no tardaron en implantar las “rancheadas” o incursiones en tierras indígenas en busca mujeres a modo de “botín”, quienes eran obligadas a trabajar como esclavas domésticas para los secuestradores. Esto impactó directamente en las relaciones de poder entre conquistadores y conquistados, así como en las relaciones de poder entre los sexos.
“Ese es el origen maldito, no reconocido de la nación”, sintetiza Portillo. Algunas estudiosas, marcan que el régimen de la naboria –un tipo de encomienda que implicaba el repartimiento de niños y niñas indígenas en calidad de criados o “naboríes” para el servicio personal– sería el inicio del criadazgo institucionalizado en el Paraguay.
Mabel Benegas explica que el criadazgo florece durante los períodos más sangrientos y dolorosos de la historia del país: la colonización, las Guerra de la Triple Alianza (1864-1870), la Guerra del Chaco (1932-1935). Los conflictos bélicos tuvieron, sin dudas, un efecto directo en la forma de concebir la sexualidad y la reproducción de las mujeres, su rol en la sociedad y el de su descendencia (de la cual debía hacerse cargo, muchas veces, en soledad).
En este contexto, surgió el impulso de las familias de confiar a sus hijos e hijas a familiares y padrinos –al menos en un principio– con mayor capacidad económica. Esta práctica, corriente en la colonia, respondía a la búsqueda de mayores oportunidades para los más pequeños.
Como señala Benegas, muchos dramas que surgieron tempranamente se replican en la actualidad. Desde el incumplimiento de brindar techo, comida y educación a los menores; su explotación laboral y sexual; hasta el la doble marginación sobre niños y niñas provenientes de las comunidades que no tienen el castellano como primera lengua.
Las sucesivas dictaduras del Paraguay también tuvieron un rol en afianzar esta práctica. “También hay que pensar en el tráfico y comercio de niñas y adolescentes durante el gobierno de Alfredo Stroessner”, puntualiza Portillo. Durante aquel gobierno de facto –el más largo de Sudamérica–, se inauguraron casas de reclusión y violación de menores, adonde acudían los jerarcas militares.
Stroessner, que promovía un discurso en torno a la familia tradicional, tenía relaciones forzadas con menores de edad. Muchos de estos vínculos eran públicos. “De esta forma, legitimaba la explotación infantil y la doble moral”, agrega la socióloga.
El silencio no es un concepto abstracto. Se ejerce y tiene responsables, que nunca son las víctimas. Este recuento histórico está cruzado por un paradigma obligado de secretos que recae sobre los cuerpos de las mujeres, niñas y adolescentes. Como subraya Portillo, la complicidad de la Iglesia Católica fue fundamental para este pacto de sumisión, que reduce a la mujer paraguaya a un arquetipo servicial, que nunca se queja.
Marta Benítez, también vocera y activista de Global Infancia, aporta un contrapunto importante: la historia “desde abajo”. En otras palabras, cómo el eslabón más débil de la sociedad paraguaya siempre debió desarrollar estrategias de solución ante los problemas derivados de la ausencia del Estado. “Si no hay alternativas, cada uno apela a la memoria, a los recursos que conoce”.
No duda en apelar al patriarcado como raíz del fenómeno. “Es parte del engranaje cultural que sostiene esta práctica”. Para Benítez, sin atacar el entramado de valores machistas no se conseguirán cambios. El contexto no ayuda: ahora mismo, existe una “pugna respecto a acuerdos sociales”, un cuestionamiento a convenios internacionales de derechos humanos, que no es ajeno al futuro del criadazgo, ya que empuja a su naturalización y falta de detección.
Abrir camino a las infancias libres
Muchas cosas han cambiado en las últimas décadas: conquistas en materia legislativa, suscripción a tratados internacionales, recambio generacional, políticas de transferencia económica, programas para niñeces y adolescentes, campañas de concientización y un aumento significativo de la escolarización primaria desde la reforma educativa de los noventa. ¿Alcanzó para hacer mermar la práctica?
O, como lo formula Tina Alvarenga, ¿es posible que el criadazgo se haya transformado en algo más o que adquiera nuevas modalidades? Marta Benítez advierte: “La gente se cuida a la hora de justificar al criadazgo. Quizás cambió la configuración de la práctica, pero, si queremos cambiar las cosas, no podemos estar a ciegas”.
“Tenemos que desterrar la noción de que los menores tienen que trabajar para tener derechos básicos”, resume Verónica Heilborn. Ella es especialista en evaluación de políticas públicas y gestión de proyectos en la sede paraguaya del Fondo de Población de las Naciones Unidas, el organismo de las Naciones Unidas para la salud sexual y reproductiva.
Propone pensar cómo impacta el criadazgo en los trayectos vitales de aquellos futuros adultos y adultas, que están expuestos a todo tipo de violencias. “¿Cómo podemos aceptar que haya ‘personitas de segunda’?”. El cuestionamiento interpela.
Entre todas las incógnitas que rodean al criadazgo –por estigmas, por ocultamiento, por justificación cultural, por debates sobre cómo abordarlo, por la ineficacia de las autoridades en ver y actuar–, hay una realidad: en este mismo momento, hay una niña (tal vez en el hogar de una persona cercana) que duerme con un ojo abierto, por si el patrón entra a su cuarto; que mañana madruga para cocinar y planchar; que juega solamente en sus sueños entrecortados. Por ella y por los miles de chicos, chicas y adolescentes que, a lo largo del tiempo estuvieron en esa situación, es imprescindible exigir un compromiso para atacar al criadazgo de una vez y para siempre.
-Esta historia fue apoyada por el Centro Pulitzer.
-Reportaje Jazmin Bazán · Edición Jazmín Acuña