Fotomontaje, Plan V
En la sombra del Estado
Cómo Ecuador llegó a ser el país más violento de América Latina
Unidad de Investigación Plan V, desde Quito
Brecha, 19-1-2024
Correspondencia de Prensa, 20-1-2024
Una serie de factores se sumaron en las últimas décadas para crear en Ecuador la tormenta perfecta para la expansión del narcotráfico. La falta de controles en los puertos y en lo referido al lavado de activos, la debilidad institucional, la apuesta por las megacárceles y una compleja situación política regional son algunos de los factores clave.
Esta fue la pregunta más recurrente tras la violenta incursión en TC Televisión el 9 de enero, un hecho al que se sumaron motines carcelarios, toma de rehenes, secuestros y asesinatos de policías e incendios de vehículos con explosivos. No existe una sola explicación. En el fondo, hay una serie de factores estrechamente relacionados que van desde las condiciones geográficas del país hasta la debilidad institucional. Ecuador, al parecer, ha cumplido con todos los requisitos para liderar la violencia en la región.
El país se ubica entre Colombia y Perú, los dos mayores productores de cocaína del mundo. El primero es considerado el mayor exportador global de cocaína. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) reportó que en 2023 Colombia aumentó sus cultivos hasta alcanzar un récord de 230 mil hectáreas. La zona con el mayor incremento fue el Putumayo, un departamento fronterizo con Ecuador. Se estima que entre 70 y 80 por ciento de la cocaína producida en los departamentos del sur de Colombia ingresa por la frontera norte ecuatoriana. Es decir, en 2021, llegaron a Ecuador entre 400 y 460 toneladas.
Los gobiernos ecuatorianos instalaron, a lo largo de los años, el mito de que Ecuador es «una isla de paz», porque el país no tuvo en el pasado los altos niveles de violencia de sus vecinos. Sin embargo, el impacto del conflicto armado colombiano siempre le pasó factura a Ecuador. Uno de los hechos más trágicos ocurrió en 1993, cuando se produjo una masacre en el río Putumayo por parte de las FARC a una patrulla ecuatoriana que dejó 8 muertos y 30 heridos. En 1998, la revista Vistazo develó los alcances de la llamada narcoguerrilla con un reportaje sobre cómo el Frente 48 de las FARC se encargaba de la vigilancia y la logística de grandes plantaciones de coca en la frontera común. En 2018, el diario El Comercio publicó la antología Periodistas en la frontera norte, que recupera reportajes periodísticos que narran la violencia en esa zona desde hace 20 años. De igual manera, las FARC usaron a Ecuador como lugar de descanso y protección. El bombardeo colombiano a la zona ecuatoriana de Angostura destapó esa relación en 2008. La presencia de grupos colombianos en Ecuador ha sido permanente. 2018 se convirtió en el año de la mayor crisis de seguridad en la frontera norte. Tras la desmovilización de las FARC, grupos disidentes entraron en disputa por los territorios que dominaba la guerrilla, entre ellos los ubicados en la frontera con Ecuador. Ese año se registró por primera vez la explosión de un coche bomba contra un destacamento policial en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, y el asesinato del equipo periodístico del diario capitalino El Comercio que llegó a esa zona a cubrir la ola de violencia. Para 2022 ya se habían asentado siete disidencias de las FARC en la frontera común para controlar las rutas del narcotráfico. Estas disidencias han hecho negocios con grupos ecuatorianos y han sido otro factor para el aumento de la violencia.
Puertos y debilidad institucional
Sin duda, los puertos ecuatorianos tienen una posición estratégica en el Pacífico Sur y sus exportaciones facilitan el camuflaje de la droga. Este es uno de los aspectos más cotizados por las organizaciones criminales del narcotráfico internacional. Manta, por ejemplo, es el centro de la pesca industrial del país. Es el puerto con la mayor flota pesquera del Pacífico Sur. Eso permite camuflar en una actividad legal una pieza clave para el narcotráfico: el abastecimiento de combustible a las lanchas que llevan droga a México. El puerto de Guayaquil, por donde pasa 90 por ciento de la carga del sistema de puertos ecuatoriano, es una pieza clave en el envío de grandes cargamentos de droga, sobre todo hacia Europa. Al ser uno de los principales exportadores de banano, Ecuador envía miles de contenedores con ese destino en los que se camufla la droga. 46 por ciento de la droga incautada en puertos ecuatorianos ha sido en contenedores con esta fruta, según datos de la Unidad Nacional de Investigación de Puertos y Aeropuertos de la Policía. Los narcotraficantes usan ese tipo de exportaciones porque son perecederas y necesitan salir rápidamente de los puertos. Los puertos de Amberes y Róterdam son los puntos focales de tráfico para Europa.
El narcotráfico en Ecuador ha avanzado rápidamente gracias a ciertas condiciones. Una de ellas es la permanente crisis institucional y política que ha debilitado las entidades relacionadas con la seguridad. El ejemplo más dramático es la eliminación del Ministerio de Justicia en 2018, que manejaba las cárceles. Esta cartera de Estado fue dividida y de ahí salió el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, que quedó reducida a una institución únicamente administrativa. En la actualidad, Ecuador es el único país de la Comunidad Andina sin un Ministerio de Justicia.
Otro de los factores es la corrupción del sistema judicial. En Ecuador han ocurrido casos de jueces que se niegan a pasar exámenes de confianza como el polígrafo o la revisión de su patrimonio. La penetración de los grupos criminales en la Justicia beneficia al crimen con la rebaja de penas o la falta de sentencias. Uno de los casos más polémicos tuvo que ver con el intento de rebajar las penas para la banda de alias Gerald, considerado el Pablo Escobar ecuatoriano.
Recientemente, el caso Metástasis reveló la red de Leandro Norero en la Justicia y otros sectores. En diciembre pasado, la Fiscalía difundió el contenido de los celulares de Norero, quien fuera uno de los narcotraficantes más poderosos del país, especialmente chats que detallan su relación con jueces, fiscales, policías, agentes investigadores, un periodista y políticos. «Hoy el término narcopolítica en el Ecuador ha sido evidenciado y ya no es lejano porque podemos ver cómo las estructuras delincuenciales han permeado las instituciones para alcanzar sus objetivos», dijo la fiscal Diana Salazar durante la presentación del caso.
En 2003, con la Operación Aniversario se incautó, en el aeropuerto de Portoviejo, 428 quilos de cocaína de una avioneta de bandera mexicana y se detuvo a 14 personas de diferentes nacionalidades, entre ellos, al exgobernador de Manabí César Fernández. El político fue detenido nuevamente en 2012. Se lo vinculó con el cártel de Sinaloa. En 2007 y 2008 se ejecutaron los operativos Huracán Verde y Huracán de la Frontera en la provincia de Esmeraldas. Ambos casos tuvieron como protagonistas a los hermanos narcotraficantes Ostaiza Amay, vinculados a las FARC, y a los cárteles de Sinaloa y Cali. A los Ostaiza se los relacionó con el exsubsecretario del Ministerio de Gobierno de Rafael Correa José Ignacio Chauvín. En la campaña presidencial de 2017, Édison Ostaiza apareció en un video en la red social entonces llamada Twitter y habló de presuntos aportes a la campaña de Correa en 2006. Por el caso Huracán de la Frontera fueron destituidos siete jueces debido a irregularidades en el juicio de los Ostaiza.
El problema actual también pasa por la falta de una política de inteligencia criminal que permita la detección de grupos narcotraficantes y sus conexiones. La inteligencia fue debilitada durante el gobierno de Correa (2007-2017), quien estableció un sistema de inteligencia política. A partir de 2015, con la filtración de la empresa italiana Hacking Team se descubrió que la Secretaría Nacional de Inteligencia había usado esa tecnología para espiar a políticos y periodistas. Los sucesivos gobiernos no hicieron sino ahondar en esa deficiencia.
Después de la pandemia, el país se consolidó como una ruta para el tráfico internacional hacia Europa. En un informe de 2023, la UNODC confirma que Ecuador se convirtió en el principal país de origen de los cargamentos de cocaína que llegan al Viejo Continente, incluso por encima de Brasil. La mafia albanesa ha sido señalada como la principal organización distribuidora de drogas en gran parte de Europa. De acuerdo a investigaciones periodísticas, los primeros grandes operadores de esta mafia llegaron en 2009.
Es que además de la presencia histórica de grupos delictivos colombianos, en Ecuador se ha registrado la presencia de emisarios de cárteles mexicanos y de los Balcanes que han incidido en la violencia interna. El concepto de ciudadanía universal de la Constitución del Ecuador de 2008 permitió que se levantara la exigencia de una visa de turismo hasta por 90 días para los ciudadanos de todos los países. Por ejemplo, los ciudadanos albaneses tuvieron entrada libre hasta el 24 de agosto de 2022, fecha en la que Ecuador les impuso una visa. De igual manera, las oficinas de Migración en Ecuador no tienen la capacidad de identificar si el nombre de un pasaporte es falso. «Ecuador es uno de los pocos países que no alimentan una base de datos con el ingreso de los visitantes, con sus huellas y fotografías», dijo una fuente antinarcóticos.
Dolarización, lavado de dinero y cárceles
Ecuador adoptó el dólar en el año 2000, tras una crisis bancaria. Si bien el país tiene una moneda fuerte, existe un bajo nivel de bancarización. En 2018, 48,1 por ciento de los ecuatorianos no usó ningún servicio financiero, según una encuesta del Banco Central del Ecuador. En el país no existe un estudio que se aproxime a una cifra sobre cuánto dinero producto del narcotráfico se lava y pasa a la economía formal. El gobierno de Guillermo Lasso hizo una estimación en los anexos de la consulta popular sobre la extradición de criminales realizada en febrero de 2023, con errores de cálculo. Tras hacer las correcciones con expertos, Plan V estimó que en 2020 se habrían lavado 3.458 millones de dólares (el PBI del Ecuador es de 100.000 millones, aproximadamente). Aunque la cifra está en discusión y hay quienes hablan de hasta 8.000 millones de dólares de lavado de activos, el crecimiento de sectores como la construcción ha llamado la atención de los investigadores.
La sobrepoblación carcelaria y el fallido modelo de cárceles son elementos clave. En 2013, el gobierno de Rafael Correa implementó reformas al sistema penitenciario que incluyeron la construcción de las llamadas megacárceles. El objetivo fue reducir el hacinamiento y mejorar las condiciones de los presos. Sin embargo, el endurecimiento de las penas y el abuso de la prisión preventiva volvieron a sobrepoblar los centros de detención. En 2019, Ecuador llegó a tener casi 40 mil privados de libertad. En 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que los niveles de hacinamiento serían más altos que los reportados oficialmente. El año pasado, el Instituto Nacional de Estadística y Censos registró en su censo penitenciario a 31.321 presos. En las megacárceles se han concentrado las peores masacres carcelarias. Más de 500 personas han sido asesinadas en su interior. Uno de los principales errores ha sido que la ubicación de los presos no dependa de su nivel de peligrosidad, sino de las bandas a las que pertenecen. Ahora, el Estado es ineficaz en el control de las cárceles, que se han convertido en centros de operación de bandas criminales y sus negocios ilegales.
Esto ha sido acompañado por la explosión del fenómeno de las extorsiones, que primero tuvieron como blanco a familias de presos. Esta modalidad fue registrada inicialmente en las cárceles como una forma de financiamiento ilegal para las bandas carcelarias. En 2021, Plan V publicó los rubros que los internos debían pagar a las mafias para tener protección o acceder a un teléfono, comida y medicinas. Las llamadas vacunas pronto se extendieron fuera de las prisiones. A octubre de 2022 se habían registrado casi 3 mil denuncias. Estas amenazas han sido uno de los motivos más importantes para que miles de ecuatorianos migren hacia Estados Unidos.
Explosión de Violencia
La salida de la base estadounidense de Manta, entre 2008 y 2009, es un antecedente importante del rol de Ecuador para el narcotráfico, según expertos. Desde esa base se realizaron operaciones para el control aéreo y marítimo del narcotráfico durante diez años. Su salida facilitó la llegada de estructuras criminales para desarrollar sus actividades sin la presión de Estados Unidos. Además, 2008 y 2009 fueron años clave para Ecuador y para la región en relación al negocio del narcotráfico y esa fue una puerta de ingreso a grupos de los Balcanes, Medio Oriente y Asia. También en esa época creció Édison Washington Prado Álava, alias Gerald, quien se convirtió en uno de los principales narcotraficantes del Pacífico Sur. Dominó el mar y acuñó una modalidad para el envío exitoso de droga hacia Centroamérica: las gasolineras (barcos) del mar. Fue extraditado en 2018 a Estados Unidos, donde cumple una sentencia.
Tras la salida de la base de Manta y durante el gobierno de Correa, la violencia en el país cayó drásticamente. Ecuador pasó de 18,7 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2009 a 5,8 homicidios en 2016. El grupo académico Orden, Conflicto y Violencia estudió esta inusual reducción de las cifras de violencia. Reconoció que Correa implementó «políticas de seguridad ciudadana que combinaron estrategias punitivas con medidas de prevención social». Estas políticas fueron eficientes para la delincuencia común, pero no para el crimen organizado que se acentúa en las estructuras empresariales que operan mercados ilícitos con algún grado de protección del Estado. De ahí que sostiene lo siguiente: «Durante el gobierno de Rafael Correa, además de las políticas de seguridad ciudadana ya referidas, se tejió una red extorsiva con apoyo estatal para proteger a ciertos grupos del crimen organizado. Así se garantizó una “paz mafiosa” que facilitó la expansión del narcotráfico».
El terremoto de abril de 2016 aceleró la expansión de los grupos criminales. Por la catástrofe, todo el Estado se asentó en Manabí, la provincia más afectada. De esa manera, según las fuentes, esto derivó en el desplazamiento de bandas delictivas como Los Choneros, cuyo nombre hace referencia al cantón manabita Chone. Frente a los obstáculos que se presentaban en todo el sector de la costa, las bandas se trasladaron hacia zonas en las que no había afectación. El primer lugar fue Guayaquil. Entre 2016 y 2019, estos desplazamientos provocaron un aumento de la violencia. Las bandas se quedaron en los nuevos territorios y aumentaron su logística y miembros. A partir de ese momento, todas las organizaciones delictivas entraron en disputa.
Esta inestabilidad dentro de las organizaciones criminales ha sido determinante. El asesinato de Jorge Luis Zambrano, alias J. L. o Rasquiña, desató una pugna en el interior de Los Choneros, la agrupación criminal que había liderado por una década. Mientras estuvo en la cárcel, consolidó a Los Choneros como una banda carcelaria. Pero Zambrano consiguió una «prelibertad» después de polémicas resoluciones de la Justicia. A los seis meses fue acribillado. El crimen ocurrió en diciembre de 2020 y el 23 de febrero de 2021 ya se produjo la primera masacre carcelaria. En este episodio, Los Tiguerones, Lobos y Chone Killers se separaron de Los Choneros y se volvieron sus enemigos. Pero luego se dieron nuevas alianzas, que se han caracterizado por su inestabilidad, cuando José Adolfo Villamar, alias Fito, y Junior Roldán, alias J. R., asumieron el liderazgo de la banda. La violencia continuó en las cárceles. Las 14 masacres que ocurrieron entre 2021 y 2023 dejaron más de 460 muertos. Fito es el único líder tradicional de Los Choneros que sigue vivo.
En el decreto 110, del 8 de enero, del presidente Daniel Noboa, apareció por primera vez la cifra consolidada de homicidios durante 2023: 8.008. Eso equivale a una tasa superior a 47 homicidios por cada 100 mil habitantes. Una cifra alarmante si es comparada con las 40 muertes por cada 100 mil habitantes que registró Venezuela en 2022, cuando se convirtió en el país más violento de la región. El pasado 26 de setiembre, el país pasó del puesto 31 al número 11 en el índice global de crimen organizado. Esto confirma que Ecuador se ha convertido en uno de los países más afectados por las mafias en el mundo, solo por detrás de Myanmar, Colombia, México, Paraguay, República Democrática del Congo, Nigeria, Sudáfrica, Irak, Afganistán y Líbano. Dentro de esa ola de homicidios está el asesinato del candidato presidencial y periodista de investigación Fernando Villavicencio, el 9 de agosto del 2023, que marcó una nueva etapa de violencia en el país. Antes de candidatearse, Villavicencio fue asambleísta y desde su curul denunció la incursión del narcotráfico en la política y sus nexos con grupos criminales. Fue el blanco de reiteradas amenazas de muerte, pero su seguridad tuvo graves fallas. Este miércoles 17, César Suárez, uno de los fiscales que investigaban el asalto armado al canal de televisión sucedido la semana pasada, junto con varios casos de corrupción, fue asesinado a tiros en Guayaquil.
(Una versión anterior de este artículo se publicó en Plan V.)
Microtráfico y consumo
El informe Evaluación situacional del entorno estratégico del narcotráfico en Ecuador, 2019-2022, realizado por la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas de la Policía con el apoyo del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, reportó que entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2022 se incautaron 619 toneladas de drogas. De esta cantidad, 13 por ciento (66 toneladas) derivó al consumo interno. Expertos y agentes han explicado que el pago de los servicios logísticos para el traslado y el envío de drogas a mercados internacionales se hace también con droga. Eso ha incrementado el microtráfico: las bandas buscan aumentar la cantidad de personas consumidoras en el país. «Este fenómeno ha provocado un aumento considerable de consumo», dice el reporte. En 2015 hubo 130 mil atenciones por trastornos debido al uso de drogas. En 2021, estas atenciones se redujeron a 53.609 debido a la falta de presupuesto.