David Carden, Coordinador Regional Humanitario Adjunto, llega con una delegación de la ONU el 14 de febrero de 2023 a Sarmada (Idlib), la primera tras el terremoto.
Raya Jalabi, desde Beirut
A l’encontre, 9-3-2023
Traducción de Correspondencia de Prensa, 10-3-2023
Este artículo del FT valida objetivamente las dos cartas abiertas publicadas en este sitio el 8 de marzo, antes de la “conferencia de donantes de la Unión Europea” del 16 de marzo. (Véase Conférence des donateurs. «Le Croissant Rouge Arabe Syrien (CRAS) est-il un partenaire crédible pour l’aide humanitaire en Syrie?») El reconocido fracaso de la ONU en el norte de Siria tras el devastador terremoto del mes pasado pone de manifiesto su enmarañada relación con el régimen de Damasco. Entre las personas más destacadas, el régimen contrató a la hija del jefe de la Inteligencia General -que está bajo sanciones internacionales- para trabajar en la oficina de una agencia de ayuda.
La lentitud con la que llega la ayuda internacional a las zonas opositoras empobrecidas de Siria tras el terremoto -reconocida por altos funcionarios de la ONU- arroja luz sobre la forma en que la ayuda humanitaria es manipulada habitualmente por el régimen del presidente Bashar al-Assad. Según especialistas y personas que trabajan en el sector de la ayuda humanitaria, la ONU y otros organismos de asistencia se ven obligados a hacer concesiones que benefician al dirigente sirio y a sus socios.
Por ejemplo, una hija de Hussam Muhammad Louka, jefe de la Inteligencia General siria [nombrado por Bashar en julio de 2019] -bajo sanciones emitidas por EEUU, Canadá, la Unión Europea y el Reino Unido por crímenes y violaciones de los derechos humanos- trabajó en la oficina del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF) de la ONU en Damasco, según cuatro personas conocedoras de la situación. El CERF es un fondo de emergencia que responde rápidamente a catástrofes naturales y conflictos armados. 1 por las Naciones Unidas (ONU) para permitir el despliegue de una ayuda humanitaria rápida y fiable a las personas afectadas por catástrofes y emergencias […]. El apoyo del CERF se basa en el concepto de asistencia prioritaria “para salvar vidas” a las personas necesitadas. Para garantizar el cumplimiento de su mandato, el CERF define el término ” rescate ” basándose en los principios humanitarios de humanidad, neutralidad e imparcialidad, y centrándose en las personas afectadas. Con ello, el CERF aplica a la acción humanitaria un enfoque centrado en la protección. El CERF define las intervenciones de rescate como aquellas que, en un corto periodo de tiempo, remedian, atenúan o evitan la pérdida directa de vidas y daños a las personas, y protegen su dignidad. También están autorizados los servicios humanitarios comunes necesarios para estas actividades vitales”]
Un portavoz de la agencia [CERF] dijo que la ONU no divulga información privada sobre el personal y añadió que “todos los miembros son contratados a través de procesos de selección muy estrictos”. El Financial Times optó por no nombrar a la joven porque no está acusada de ningún delito.
La mujer, que tendría unos 20 años, trabajó anteriormente para el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), según confirmó el CICR, aunque negó que se hubiera ocupado de casos delicados de detenidos.
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Documentos filtrados en 2016 mostraron que la ONU ya había contratado a familiares de altos funcionarios del régimen. Un trabajador humanitario con base en Oriente Medio declaró: “No puedo decirle la cantidad de veces que un funcionario del gobierno sirio entró en nuestras oficinas y nos presionó para que contratáramos a uno de sus hijos”.
Las prácticas de contratación sugieren que las agencias de la ONU y de las organizaciones internacionales que operan en las zonas controladas por el gobierno sirio pueden contar entre sus filas con familiares de partidarios del régimen, lo que, según los profesionales, provoca un “efecto aterrador” en parte del personal local.
Las agencias de la ONU también han suscrito acuerdos delicados con el régimen sobre cuestiones operativas de rutina. La ONU paga millones de dólares -11,5 millones en 2022, y 81,6 millones en total desde 2014, según sus propios datos- en alojamiento de su personal en el hotel Four Seasons de Damasco. El mismo pertenece en su mayor parte al empresario Samer Foz [el que ha desarrollado en gran medida sus “negocios” durante la guerra del régimen contra la población en sectores como el inmobiliario, la distribución, los productos farmacéuticos, la telefonía, la venta de coches, la banca, etc.]. Samer Foz y el propio hotel [en el que el gobierno es el segundo accionista] fueron objeto de sanciones por parte de EE.UU. en 2019 debido a sus vínculos financieros con Bashar al-Assad.
Francesco Galtieri, que hasta este mes era un alto funcionario de la ONU en Damasco [Head of Resident Coordinator’s Office in Syria], dijo que el alojamiento es “uno de los servicios para los que la ONU no tiene muchas alternativas, debido a la falta de disponibilidad de infraestructuras”. La ONU solicita regularmente autorización al régimen para utilizar diferentes alojamientos, pero esta autorización no le ha sido acordada, añadió.
El régimen también desvía millones de dólares de ayuda humanitaria al obligar a las agencias de ayuda internacional a utilizar un tipo de cambio oficial desfavorable, mientras que, habitualmente, se utiliza el mercado paralelo. El dinero recaudado de esta manera es utilizado para alimentar las reservas de divisas del banco central, según las estimaciones de los especialistas. Desde que la libra siria comenzó una espiral descendente en 2019, la ONU afirma que ha presionado para obtener un tipo de cambio más favorable para la ayuda internacional, algo que sólo le ha sido concedido en tres ocasiones.
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La cooperación entre el gobierno sirio y los organismos de ayuda data del inicio de la guerra civil del país en 2011. La ONU y las agencias internacionales aumentaron rápidamente su presencia en el país, con la esperanza de que Bashar al-Assad cayera. Fue una solución temporal, pero que le costó a Occidente miles de millones de dólares y requirió concesiones a Damasco contrarias a los principios humanitarios.
Pero Assad sobrevivió y acabó recuperando el control de la mayor parte del país, apoyado militarmente por Rusia e Irán. Sin embargo, las concesiones ofrecidas por las organizaciones humanitarias no han sido renegociadas. A lo largo de los años, las agencias han cedido sistemáticamente a las exigencias del régimen, ya que temen perder el acceso y sufren presiones para que la ayuda humanitaria siga llegando. Esto pone de manifiesto el difícil dilema moral al que se han enfrentado: o ceden a las exigencias del gobierno o impiden que los sirios necesitados reciban la ayuda necesaria.
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Según fuentes sirias, trabajadores humanitarios y especialistas, las agencias de la ONU y los organismos de ayuda están obligados a asociarse con agencias afiliadas al gobierno. Los principales grupos vinculados al gobierno son la Media Luna Roja árabe Siria, dirigida por Khaled Hboubati, un estrecho colaborador de Assad, y el Syria Trust for Development (SARC), fundado por Asma al-Assad, la esposa del presidente, que sigue ejerciendo una gran influencia sobre sus operaciones.
El SARC es el principal interlocutor de la ONU en Siria y ejerce un control considerable sobre las ONG internacionales. Sus programas de ayuda -que, como todos los programas de ayuda en Siria, deben ser aprobados por un comité gubernamental formado por representantes de varios ministerios y los Servicios de inteligencia- han recibido la aprobación adicional del aparato de seguridad del Estado, lo que deja a entender que están contribuyendo a orientar los esfuerzos de ayuda. Pero los organismos humanitarios afirman que la obtención de estas aprobaciones constituye un serio obstáculo para su misión.
Ambas organizaciones dirigen los esfuerzos de ayuda tras el terremoto en Siria. Ninguna de las dos respondió a los requerimientos escritos de comentarios por parte del Financial Times.
Alrededor de una cuarta parte de los 100 principales contratistas que figuran en la lista de receptores de fondos para adquisiciones de la ONU entre 2019 y 2021 eran empresas sujetas a sanciones por parte de Estados Unidos, la UE o el Reino Unido, o propiedad de personas sujetas a sanciones, según un informe del que es coautor Karam Shaar, economista político del grupo de reflexión [con sede en Washington D.C.] Middle East Institute. El informe concluye que las agencias de la ONU “no incorporan suficientemente las garantías en materia de derechos humanos en sus prácticas de adjudicación de contratos […] Esto las expone a un riesgo significativo de reputación y de resultados al financiar a actores de carácter insidioso”.
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La ONU dijo que ninguna empresa o persona incluida en las listas de sanciones internacionales había sido contratada por sus entidades en Siria. La ONU precisó que la propiedad de empresas por parte de personas implicadas en violaciones de los derechos humanos u otros delitos graves “representa un motivo para que la ONU descalifique a un proveedor”. Aunque añadió que exigía un “nivel de pruebas más allá de toda duda razonable” sobre la implicación en prácticas prohibidas. Los “organismos correspondientes de la ONU” están estudiando algunas de las acusaciones específicas mencionadas en el informe. Las Naciones Unidas declararon que han adoptado procedimientos más rigurosos desde el período cubierto por los datos, e incluso han rescindido algunos contratos. En 12 años de guerra cruenta, se distribuyeron miles de millones de dólares de ayuda a través de organizaciones como la ONU. El dominio del régimen sobre el sector de la ayuda es un “secreto a voces”, según un trabajador humanitario que trabajaba antes en Damasco.
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Los sobrevivientes del terremoto en las regiones del noroeste de Siria, controladas por grupos rebeldes y por Turquía -que apoya a la oposición- se han visto obligados a tratar de sacar a sus familias de entre los escombros, ya que no ha llegado ninguna ayuda internacional desde hace casi una semana. Esta lentitud se debe a que Damasco y sus aliados en el Consejo de Seguridad de la ONU habían prohibido el paso por todos los puestos fronterizos excepto uno, que resultó dañado por el terremoto. Finalmente, otros cruces fronterizos fueron abiertos.
Las ONG y los organismos de ayuda habían “cruzado todas [sus propias] líneas rojas en su esfuerzo por aportar una ayuda de principios al pueblo sirio”, declaró un trabajador humanitario. “El gobierno sabía que podía presionarnos. Y casi facilitamos su comportamiento”.
El régimen de Assad restringe regularmente el acceso a las zonas necesitadas, redirige la ayuda a sus comunidades preferidas y acosa al personal de las ONG, según informes separados de Natasha Hall, investigadora principal del programa para el Medio Oriente del Center for Strategic and International Studies y de Human Rights Watch. Los informes se basan en decenas de entrevistas y documentos accesibles al público. Las organizaciones que tratan de evitar las restricciones son en general penalizadas a través de restricciones de visados y de acceso del personal, según los informes.
La afluencia de fondos y de ayuda a Siria desde el terremoto que mató a casi 6.000 personas en Siria y a casi 46.000 en la vecina Turquía, no ha hecho más que acrecentar la preocupación ante un régimen capaz de aprovecharse de los fallos del sistema. Los especialistas también han informado de casos de restricciones de ayuda o de su incautación en los puestos de control del régimen, así como de casos de convoyes que se dirigían hacia el noroeste o al noreste de Siria, y que fueron detenidos.
Emma Beals, investigadora no permanente del Middle East Institute, dijo que temía que Damasco estuviera aprovechando los daños causados por el terremoto para demoler aún más propiedades en zonas políticamente sensibles y expropiar tierras a quienes considera disidentes. Emma Hall declaró que Damasco había “conseguido una vez más convertir la preocupación del mundo por el sufrimiento de su pueblo en un medio para obtener beneficios”.
(Artículo publicado en Financial Times, 8-3-2023)
Nota de A l’encontre:.
- Según el documento oficial de la ONU: “El Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF) fue creado [en diciembre de 2005 ↩