Brasil – «Crisis de confianza». Lula destituyó al jefe del ejército. [Naiara Galarraga Gortázar]

El presidente Lula destituye al jefe del Ejército de Brasil en plena crisis de confianza

El mandatario elige como sustituto a un general que esta semana defendió en un discurso el respeto al resultado electoral y que las Fuerzas Armadas son una institución del Estado.

Naiara Galarraga Gortázar, desde São Paulo

El País, 21-1-2023

Correspondencia de Prensa, 22-1-2023

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha destituido este sábado de manera imprevista al comandante del Ejército (la rama terrestre de las Fuerzas Armadas), el general Júlio Cesar de Arruda, en medio de una crisis de confianza con los militares tras el asalto a las sedes de los tres poderes el pasado día 8 en Brasilia. El militar recibió la noticia este mismo sábado, informa el diario Folha de São Paulo.. El destituido se reunió este viernes con Lula junto a los jefes de la Armada y la Aeronáutica, además del ministro de Defensa. Arruda llegó al cargo a finales de diciembre, con el relevo en la Presidencia. Como es tradición, el mandatario ascendió al más veterano de cada armada.

La persona elegida para sustituir al comandante del Ejército es el general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, que está al frente de la región militar del sudeste, que incluye el Estado de São Paulo. Paiva se ha hecho conocido entre los brasileños esta semana gracias a un discurso que ha circulado en redes en el que defendía con ardor que las Fuerzas Armadas son una institución del Estado y reclamaba el respeto a los resultados electorales, “gusten o no gusten”. “Ser militar es ser profesional, respetar la jerarquía y la disciplina (…) Es ser una institución del Estado, apolítica y apartidista. No importa quién esté a cargo, cumpliremos la misión de la misma manera”, proclamó el miércoles en un acto oficial.

Lula, que quiere limpiar el Gobierno de bolsonaristas radicales, se quejó esta semana en su primera entrevista como presidente de que los servicios de inteligencia no le avisaron de que se estaba gestando un asalto violento a las instituciones. Más de 1.500 personas han sido detenidas ―con cerca de un millar, enviadas a la cárcel― y el Tribunal Supremo investiga si Bolsonaro alentó la invasión.

Miles de fanáticos bolsonaristas asaltaron hace 12 días las sedes de la Presidencia, del Congreso y del Tribunal Supremo, en el ataque más grave contra la democracia desde el fin de la dictadura (1964-1985). Tras la intentona golpista, Lula destituyó a más de 80 militares del círculo presidencial tras quejarse de que los asaltantes del palacio donde se ubica su despacho no necesitaron ni romper la puerta porque alguien les abrió desde dentro.

El Ejército, al que perteneció durante décadas el anterior presidente, Jair Bolsonaro, es el colectivo más numeroso de las Fuerzas Armadas ―formadas, además, por la Marina y la Fuerza Aérea― y donde más hondo ha calado el bolsonarismo durante los últimos años, un sentimiento más arraigado en la tropa que en los comandantes, según los expertos.

El citado diario asegura que el relevo fue decidido por el mandatario después de que, en la reunión del viernes, el general Arruda no demostrara disposición a tomar las medidas deseadas por Lula para reducir su desconfianza hacia los uniformados.

Eduardo Heleno, profesor del Instituto de Estudios Estratégicos de la Universidad Federal Fluminense, explica que la destitución de Arruda “está directamente relacionada con las maniobras de obstrucción por parte del Éjército en la operación policial para detener bolsonaristas en los campamentos tras el intento de golpe” en Brasilia. Añade que también puede estar vinculada al debate sobre cómo castigar a detenidos tras el asalto, especialmente, los militares, y, en concreto, de qué delitos deben ser acusados. El politólogo sostiene que la destitución no pone fin a la crisis institucional, prevé que las próximas semanas pueden ser determinantes.

Con Bolsonaro, los militares llegaron a tener un poder y una presencia desconocidos desde la redemocratización. El anterior presidente, que sigue en EE UU, es un capitán del Ejército, institución que abandonó por la puerta de atrás tras planear un ataque con bomba en protesta por los bajos salarios, que entró en política y fue diputado durante casi tres décadas. Durante su mandato presidencial, las Fuerzas Armadas se han politizado notablemente. Llenó su consejo de ministros de generales retirados, nombró a un general en activo como titular de Salud en plena pandemia y duplicó hasta más de 6.000 los uniformados en cargos civiles de la Administración.

La destitución del jefe militar ha trascendido mientras Lula, que ostenta la presidencia desde el 1 de enero, está de visita en la ciudad amazónica de Boa Vista (Estado de Roraima) para interesarse por la grave situación que sufren los indígenas yanomami, que viven en la frontera con Venezuela. Acosados por los mineros ilegales, que buscan oro en sus tierras ancestrales, esta comunidad padece unos índices de malnutrición y malaria realmente alarmantes que han llevado al Ministerio de Salud a decretar una emergencia sanitaria.

Crisis de confianza

La crisis de confianza de Lula con los militares viene gestándose desde hace tiempo. El actual ministro de Defensa, José Múcio, es un veterano político con aversión al conflicto, según el propio Lula. Múcio lleva tres semanas en el cargo intentando disminuir la hostilidad de los uniformados hacia el nuevo presidente. Su nombre fue uno de los primeros anunciados por el presidente electo con la vista puesta en calmar los ánimos dentro de los cuarteles.

Durante los dos meses transcurridos desde las elecciones que Lula ganó por la mínima a Bolsonaro y su toma de posesión, miles de seguidores del derrotado mandatario acamparon ante cuarteles repartidos por todo Brasil, reclamando a los militares que intervinieran para cortar el paso de Lula al poder. Protestas que el entonces presidente Bolsonaro bendijo y alentó siempre que fueran pacíficas.

Aunque Lula hubiera preferido una solución dialogada antes de iniciar su mandato el 1 de enero, no fue hasta el día siguiente del asalto a Brasilia que los propios militares, con apoyo de las fuerzas de seguridad, desmantelaron las protestas golpistas ante los cuarteles. Buena parte de los invasores de los poderes caminó tranquilamente escoltada por la Policía Militar hasta el corazón político de Brasil, que después tomaron a las bravas destruyendo los edificios, el mobiliario y obras de arte.

En los primeros dos mandatos de Lula (2003-2010), hubo una especie de tregua entre el presidente y las Fuerzas Armadas, gracias a que el Gobierno impulsó importantes proyectos de inversión en áreas de interés de los militares. Pero esa relación se agrió con la llegada del poder de su sucesora, Dilma Rousseff, que instauró la Comisión de la Verdad para investigar los crímenes de la dictadura.