El 28 de septiembre de 2018, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo declaró ilegales las protestas. A partir de entonces se ha impuesto un Estado policiaco que se ha extendido contra sus propios simpatizantes sandinistas, publicaciones críticas en redes sociales y la Iglesia Católica.
Fue comandante de la revolución nicaragüense en los años 70 y ministra durante los primeros gobiernos del FSLN. Desde hace años es parte de la oposición democrática a la dictadura.
El ambiente dentro de las iglesias se ha tornado tenso ante la presencia de policías vestidos de civiles, que asisten para informar a sus superiores sobre cualquier acto considerado como subversivo.
La liberación de los presos políticos y su envío a Estados Unidos no obedece a un gesto de humanidad por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Es, más bien, el correlato de un gobierno autoritario que se siente cercado y busca alguna forma de normalización.
El posible exilio del obispo Rolando Álvarez es víctima de la estrategia de “el poder y la muerte” que la dictadura Ortega-Murillo implementa desde el 2018, pero también es producto de la orfandad estratégica de la oposición y del desamparo de los otros obispos de la Conferencia Episcopal.