Además de luchar contra el neofascismo, que es imprescindible, hay que avanzar en el debate de las reformas estructurales que necesita el país, que también son imprescindibles para romper con el ciclo de miseria y desigualdad que hemos vivido históricamente.
No es mi intención decir mucho del supuesto anticapitalismo del nuevo megaéxito coreano El juego del calamar. Gente mucho más relevante, ya han escrito sobre las supuestas virtudes edificantes de la que ya es la serie más vista de Netflix de todos los tiempos.
A quienes firmamos este texto nos llama la atención el silencio de algunas izquierdas ante la deriva antidemocrática en Nicaragua.
En las movilizaciones callejeras del 2 de octubre acumulamos fuerza, y una esperanza permanece viva en el movimiento, pero no superamos los límites que la campaña Fuera Bolsonaro ha conocido hasta ahora, lo que nos deja en una encrucijada.
Dedicada a la coordinación internacional y la captación de «jóvenes líderes», se extiende una pléyade de institutos y think tanks obsesionados con una supuesta «hegemonía zurda» a la que llaman a combatir.
A pocas horas de la derrota electoral del oficialismo se ha desatado una profunda crisis política. La vicepresidente presiona al Gobierno mediante la renuncia de los ministros y altos funcionarios alineados con ella.
La situación política nacional está en punto muerto. Bolsonaro no es lo suficientemente fuerte como para ejecutar un golpe victorioso en este momento, pero no es lo suficientemente débil como para caer inmediatamente.
Bolsonaro amenaza al pueblo brasileño. Mientras el hambre avanza, la inflación se dispara, el desempleo es récord y el Covid sigue cobrando vidas, los fanáticos seguidores de Bolsonaro son convocados a un golpe de Estado el 7 de septiembre.
Durante más de un siglo, una de las ideas más persistentes en la política de EE UU ha sido que la educación es la mejor solución frente a la desigualdad. Pero no es persistente porque sea cierta, sino que lo es porque constituye un mito útil para las élites políticas y económicas que custodian celosamente su dinero y su poder.
Debilitado, Jair Bolsonaro se radicaliza hacia la extrema derecha. El objetivo del giro es el sistema electoral. Bolsonaro afirma -sin ninguna prueba y con muchas mentiras- que habrá fraude en las elecciones de 2022 para derrotarlo. Ha dicho en varias ocasiones que si no hay un voto "impreso y auditable", no habrá elecciones.
Un partido político que gobierne en solitario, no compita con otra organización, ni deba presentarse a un proceso electoral para ser ratificado, pareciera tener una gran ventaja. Paradójicamente, esa prerrogativa es, al mismo tiempo, su mayor debilidad.
La extensión de la revuelta del hambre se mide en las cifras: 161 centros comerciales saqueados e incendiados, 11 grandes almacenes, 8 fábricas y 161 tiendas de alcohol.
La jornada nacional del 3 de julio fue una victoria y dejó tres lecciones.
Estamos viviendo un momento decisivo en la historia del país. Brasil se aproxima a la terrible marca de 500.000 vidas perdidas por el covid-19. El gobierno de Bolsonaro, por las acciones y omisiones ya comprobadas por la Corte Penal Internacional ante el Covid, como el criminal retraso en la compra de vacunas, es directamente responsable de esta catástrofe de proporciones bíblicas. Pero, para el genocida no es bastante.
Más allá del respaldo de la prensa tradicional y de los grandes grupos empresariales y de la buena imagen que le concede una encuestadora alineada con sus propuestas, el gobierno de Guillermo Lasso inicia con una cierta debilidad política.
En el presente artículo presentamos un breve repaso por el ajuste gubernamental que envidia Domingo Cavallo y una polémica sobre la apariencia y realidad de las disputas de gabinete en el marco de una estructura del ajuste permanente, las estrategias alternativas y la izquierda.
En la izquierda existen tres evaluaciones diferentes sobre las decisiones del Supremo Tribunal Federal sobre la anulación de las condenas a Lula. La cuestión es de gran importancia, porque es central para la interpretación del nuevo momento de la coyuntura.
La elección de la Asamblea Constitucional, en los términos en que se hará, y a la vista de sus resultados posibles, constituye la más profunda derrota para las izquierdas en Chile en los últimos treinta años.
El Ecuador, pequeño país andino de 17 millones de habitantes, no se encuentra muy a menudo bajo los proyectores de la actualidad internacional. Sin embargo, tanto la inserción de su trayectoria político-estatal en la “marea rosa” de gobiernos progresistas latinoamericanos bajo los mandatos de Rafael Correa entre 2007 y 2017 como el dinamismo cíclico de sus luchas sociales, y en particular de las movilizaciones del poderoso movimiento indígena reagrupado en las filas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), ha logrado esporádicamente atraer la atención de la opinión publica progresista fuera de sus fronteras.
Voces del actual gobierno plantearon durante la campaña electoral que la Policía tenía “las manos atadas”; sin embargo, a lo largo de los cinco años de la gestión anterior (Frente Amplio) murieron 70 personas como consecuencia de la acción policial.
La llegada a la presidencia de Guillermo Lasso, un político y banquero conservador, marca un giro a la derecha en el país. El resultado muestra la resistencia al correísmo y el peso del voto nulo impulsado por el movimiento indígena, y abre un complejo escenario con un presidente alineado ideológicamente con el neoliberalismo.
El rechazo a los partidos, la expansión de candidaturas independientes y la fragmentación del bloque progresista puede dar lugar a una Convención Constitucional en la que la derecha opuesta a una nueva Constitución tenga poder de veto.
En el año 2020, en medio de la pandemia del COVID-19, se realizaron elecciones para renovar los curules de la Asamblea Nacional. Estas elecciones se efectuaron en medio de unas condiciones materiales especialmente difíciles. Por un lado, las criminales medidas coercitivas sobre el comercio internacional venezolano afectaron todos los ámbitos de la vida nacional, generando un deterioro sin precedentes en las condiciones de vida de la clase trabajadora. Por otro lado, la pérdida de calidad revolucionaria de las políticas públicas entraban abiertamente en contraste con las exigencias populares.
Debido a la gravedad y la dinámica de la crisis nacional, es posible que la crisis política evolucione a pasos agigantados en los próximos meses, abriendo quizás las condiciones para la caída del gobierno. La izquierda debe estar atenta a esta situación crítica, actuando de manera conjunta y decisiva para el derrocamiento de Bolsonaro.
Se ha abierto un debate que tiene como eje, después de que Lula recuperara sus derechos políticos, la necesidad de que el PSOL (Partido Socialismo y Libertad) deje claro que presentará su propia candidatura en 2022. En este análisis, el mayor problema de la izquierda radical es no ceder a la presión por una candidatura de izquierda unificada.
Escritores y medios de comunicación de dudosa reputación, que a menudo se jactan de practicar un periodismo independiente con opiniones supuestamente de izquierdas, difunden una propaganda corrosiva y una desinformación que pretende despojar al pueblo sirio de toda capacidad de acción política.
El 18 de marzo de 1871, los artesanos y los obreros tomaron el poder en la ciudad de París; mantuvieron el control durante 71 días. Aunque no respondió a un plan premeditado, la Comuna de París quedó asociada a la Internacional y la raíz común de «comuna» y «comunismo» favoreció el deslizamiento de sentidos.
Tras la caída de sus condenas, el expresidente brasileño se transformó otra vez en protagonista indiscutido de los destinos de su país. El tablero político comienza a reacomodarse.