Estado español – La tormenta perfecta. [Manuel Garí]

Valencia, la catástrofe de la DANA

Manuel Garí*

Viento Sur, 19-11-2024

Correspondencia de Prensa, 21-11-2024                 

La tragedia de Valencia del pasado 29 de octubre ¹ ha puesto de manifiesto la coincidencia en el tiempo y lugar de varias crisis concomitantes: la climática, la del modelo urbanístico impulsado por el capital financiero e inmobiliario y la agravación del deterioro institucional del régimen del 78.

Es evidente la aceleración del calentamiento terrestre producido por el conjunto de gases de efecto invernadero -particularmente el CO₂ y el metano- con sus terribles consecuencias para la humanidad. Ya se ha alcanzado el aumento de 1, 5º C de temperatura por encima de los valores del año 1.850. Y, sin embargo, se han reforzado en el debate público las muy poderosas corrientes negacionistas aupadas por el triunfo de Trump y financiadas por las empresas más vinculadas al capital fósil que, de forma cínica y desvergonzada, controlan la COP29 reunida en Bakú. El aumento de temperaturas está en el origen del cambio de régimen de lluvias y evaporaciones de amplias zonas del planeta. Los fenómenos de desertificación y de lluvias torrenciales son dos caras de la misma moneda.

La zona cero de la DANA
El Mediterráneo (un mar cerrado) está experimentando temperaturas de 30º C en algunas zonas y, sin cesar, sube la media en el conjunto, tanto en superficie como en profundidades intermedias. Se está instalando el fenómeno de las olas de calor marinas que están produciendo anoxia y muerte de corales y peces. Tal como dice el poeta cantautor Joan Manuel Serrat en su poema “Plany al mar” (en castellano Llanto por el mar) el Mediterráneo que conocimos está herido de muerte. ²  A su vez, la atmósfera retiene un 7% más de agua por cada grado centígrado de aumento de la temperatura. A partir de los 27º C de temperatura superficial del agua la tempestad puede convertirse en huracán (con denominación propia: medican), una suerte de ciclón tropical mediterráneo. Estos dos factores (temperatura del agua y retención de vapor) son los que explican la bomba atmosférica DANA.

El fenómeno de la DANA (siglas que corresponden a Depresión Aislada en Niveles Altos) ha provocado en las pasadas dos semanas precipitaciones de lluvia en varios puntos del este español de una intensidad, volumen y violencia de las que no había constancia en registros anteriores. Y un dato sobre el que nos alertan los científicos: se ha acortado lo que denominan periodo de retorno. ³ Concretamente en el caso valenciano Félix Francés, Catedrático de Ingeniería Hidráulica en la Universidad Politécnica de Valencia, afirma que el evento fue realmente extraordinario con un periodo de retorno de entre 1.000 y 3.000 años. No es por tanto exagerado utilizar la expresión de Jeremy Rifkin cuando califica al mar Mediterráneo como zona cero del cambio climático, si bien cabría matizar que desgraciadamente son ya muchas las zonas cero en el mundo en las que, con distintas formas, se está manifestando el calentamiento global.

La DANA es un fenómeno meteorológico bien conocido en el País Valenciano, mi tierra, pero donde nunca alcanzó las dimensiones apocalípticas que hemos sufrido. Otro poeta y cantautor de la misma generación del 68 que Serrat, Raimon, en 1984 también hizo un bello poema titulado “Al meu país la pluja no sap ploure” (En mi país la lluvia no sabe llover). ⁴ El Mediterráneo a lo largo de la historia ha conocido el surgimiento de importantes civilizaciones en torno a los recursos del agua y el hundimiento de estas a causa de las sequias. Por una vez podemos coincidir con la opinión del conservador conde François-René Chateaubriand cuando afirmó “los bosques preceden a las civilizaciones, los desiertos las suceden”. Y ante esa encrucijada estamos de nuevo en España. Durante años, a la DANA se le conoció como gota fría ⁵ y durante años se dijo que se podían adoptar medidas para paliar sus efectos. No se hizo nada, ni en lo macro ni en lo micro.

La DANA del 29 de octubre pone de relieve que ese tipo de fenómenos meteorológicos van a ser más frecuentes y de mayor intensidad en un territorio como España, especialmente vulnerable al cambio climático por su posición geográfica. Es un fenómeno en el que una masa de aire polar muy frío queda aislada y comienza a circular a altitudes muy elevadas, entre 5.000 y 9.000 metros, y entra en contacto con enormes masas de vapor de agua originado por la evaporación, en este caso del mar Mediterráneo. Tal como ha expuesto sintéticamente Cristina Monge, si estas masas de aire se sitúan sobre la península ibérica, cuando llegan al Golfo de Valencia, recargan debido a la alta temperatura del Mediterráneo. Se forma así un tren lineal de tormentas que descarga en las montañas cercanas al litoral grandes cantidades de agua en un corto espacio de tiempo. A su vez, cuanta más temperatura tiene el Mediterráneo más evapora; y cuanto más se ondula el frente polar como consecuencia del incremento de temperatura, mayor es la probabilidad de que se descuelgue una masa de aire frío. Un perfecto sistema de retroalimentación. Se da la paradoja de que haya menos lluvia a lo largo del año y, sin embargo, las precipitaciones puedan ser más intensas y con mayor duración en un momento dado.

En el caso de Valencia y de gran parte de la costa mediterránea española la orografía ayuda al descenso brusco de las aguas que llueven en las cercanas montañas del litoral. Ríos y barrancos que gran parte del año tienen poco caudal de agua, o directamente están secos, de pronto son el cauce de gran cantidad de agua pluvial. Pero estos fenómenos atmosféricos, hoy agudizados por el cambio climático, producen efectos devastadores cuando se dan en un contexto sociopolítico capitalista en el que ha primado la ganancia sobre los intereses de la mayoría social en varios aspectos. Digamos que las desgracias no caen del cielo ni son un castigo divino.

Caos, especulación y negocio urbanístico
En primer lugar, han aflorado el cúmulo de decisiones urbanísticas suicidas sobre territorios inundables adoptadas en los últimos cincuenta años por motivos especulativos del capital inmobiliario. La decisión de liberalizar todo el suelo disponible con el fin de facilitar la construcción residencial, industrial y turística (escasamente controlada por otra parte por los municipios afectados) que impulsó el presidente del gobierno español Aznar, del derechista Partido Popular (PP), en los años noventa del pasado siglo facilitó la construcción de viviendas en llanuras aluviales situadas en el caso de Valencia entre las montañas y el mar. El 30% de las viviendas de la clase trabajadora construidas en España desde entonces están en terrenos inundables. Lo que supone una superficie de riesgo de 2.500 km² y tres millones de personas potencialmente expuestas a los efectos de las riadas. Y cabe constatar que los ayuntamientos gobernados por los grandes partidos, que tienen algunas competencias legales sobre el planeamiento urbanístico y las condiciones que deben tener los edificios residenciales, del sector terciario y los industriales en su municipio, no han tenido un criterio racional (o han tenido el que persigue la planificación rentable del espacio), salvo contadas excepciones; por el contrario, como su sistema de financiación es muy precario, han financiado sus actividades mediante los ingresos e impuestos municipales relacionados con la construcción y uso de edificios. A ello se suma, en toda la costa mediterránea, la construcción de autopistas y carreteras paralelas a la línea del litoral, así como de importantes urbanizaciones hoteleras, turísticas y residenciales que suponen una auténtica barrera de muchos kilómetros lineales que dificulta la llegada al mar del agua de las montañas o de la que llueve en la zona afectada, como podría comprobarse a vista de pájaro o de dron si se prefiere.

La liberalización de los suelos sin criterios urbanísticos racionales (la racionalidad del bienestar y la seguridad humanas, no del lucro) en la organización del territorio provocó, en primer lugar, la gran burbuja de la construcción con implicación de la banca y las grandes constructoras de la primera década del siglo XXI. Pero no sólo: las consecuencias sociales dramáticas están a la vista.

En el caso de la última DANA valenciana, el urbanismo sin ley ni criterio ha supuesto que los efectos fueran devastadores con pérdida de más de dos centenares de vidas humanas, casas, centros de enseñanza, destrucción de instalaciones industriales, de cultivos agrícolas, de infraestructuras como carreteras y puentes y un largo etcétera en un área de 56.000 hectáreas en la que habitan 230.000 personas en 75 municipios y dónde se encuentra el 10% de las empresas industriales y logísticas del País Valencià. Las pérdidas económicas en la industria y la agricultura están cuantificándose en estos momentos, pero las primeras estimaciones ya se elevan a miles de millones de euros. Y pese a ello, el PP valenciano se disponía a aprobar en estas semanas una ley por la que se podrían construir hoteles a 200 metros de la línea litoral en lugar de los 500 vigentes.

La política, los políticos y la negación de la evidencia
Es evidente que Carlos Mazón, miembro del PP y presidente de la Generalitat de la Comunitat Valenciana, es culpable de negligencia extrema con resultado de muertes, por no haber contribuido a un planeamiento urbano preventivo, por haber desinvertido en el equipos de emergencias y por no establecer el nivel de emergencia correspondiente ni enviar alertas a la población, como era su obligación legal, hasta bien entrada la tarde cuando ya el desastre había materializado la tragedia. Tiene responsabilidades políticas, pero deberá dar cuenta de sus responsabilidades penales por su actuación criminal.

A su vez, gran parte de los empresarios, auténticos propietarios y dirigentes en la sombra del PP en todo el Estado español, pero particularmente en Valencia, obligaron a sus trabajadores y trabajadoras a seguir con su actividad laboral de forma inhumana y saltándose la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que explícitamente contempla que en situaciones de emergencia debe cesar la actividad. De haber cesado el trabajo se habrían salvado muchas vidas. Con ello esos patronos han incurrido también en graves responsabilidades penales.

El gobierno autonómico es producto de una alianza entre el conservador PP, que progresivamente está manifestándose como derecha extrema con piel de centrista, y Vox, una formación abiertamente trumpista sin complejos en una versión sumamente reaccionaria y autoritaria similar a la del húngaro Orban. Su mayor dirigente, Santiago Abascal, acaba de ser nombrado presidente del partido europeo más reaccionario, Patriotas por Europa. Aunque muy recientemente ambos partidos, PP y Vox, han roto sus acuerdos en València que llevaron a que el gobierno valenciano se haya alineado en la práctica con el negacionismo, sin embargo, se da un fenómeno contradictorio: progresivamente el partido conservador está incorporando o volviendo a poner de actualidad en su agenda los temas de la extrema derecha: migración, anticatalanismo, delincuencia, etc.

Vox es abiertamente negacionista del cambio climático, pero el PP alberga en su interior numerosos negacionistas vergonzantes o abiertamente estúpidos, como Nuria Montes, la consejera de Industria, Comercio y Turismo del gobierno regional conservador, que es capaz de afirmar sin rubor que el cambio climático es bueno para Valencia porque alarga la temporada estival turística. Ambos partidos desestiman el abandono de los combustibles fósiles, tienen proyectos industriales y turísticos desarrollistas sin control alguno del tipo de crecimiento, relativizan el calentamiento, han eliminado de los presupuestos regionales las partidas destinadas a emergencias -en favor de la bárbara fiesta de toros– y forman coalición en defensa de los intereses de las empresas de la construcción. En el carrusel de mentiras de Mazón y de promesas de cambios hay un dato que revela hasta qué punto hay una imbricación total entre el empresariado, las organizaciones patronales valencianas y el PP, incluida la camarilla de petimetres de Mazón, quien, tras destituir a Nuria Montes ha nombrado en su lugar como consejera y responsable de Industria a Marian Cano, presidenta de la patronal del sector del zapato. En el momento de redactar estas líneas aparecen dos nuevas sorpresas made in Mazon: por un lado el nombramiento como viceconsejero de un militar para coordinar las labores de reconstrucción (todo un guiño facha sobre la esperada autoridad competente) y, por otro, el primer contrato millonario a dedo para un amiguete del president y posiblemente vinculado a la trama Gurtel.

En la gestión de la DANA ambos partidos, PP y Vox, -como en casi todos los temas- forman una Santa Alianza que, en la práctica, incluye también a formaciones abiertamente nazis cuyo objetivo único es exculpar al presidente regional Carlos Mazón -que legalmente es quien debía haber tomado las medidas de aviso de la emergencia- que desoyó los avisos de la Agencia Española de Meteorología (AEMET) y de la Confederación Hidrográfica, que fueron dando noticia puntual de la gravedad de la situación. Mazón, mientras tanto, estaba en una larga comida con una periodista. El objetivo de esa exculpación explícita o implícita de Mazón por parte de la derecha extrema y la extrema derecha es situar las responsabilidades en el gobierno central español en su pugna por deslegitimar a Pedro Sánchez.

Esta situación es una manifestación más del pantano en el que se ha convertido la vida política pública en España y de la actual permanente crisis institucional. Es un exponente del grado de deterioro del régimen pactado entre franquistas y socialistas (más los extintos eurocomunistas) tras la muerte del dictador Franco que dio paso a la actual monarquía parlamentaria y al llamado Estado de las autonomías. Pero también es un claro exponente de la ausencia de alternativas políticas fuertes de izquierda capaces de ilusionar y movilizar a la mayoría social.

Mazón no ha dimitido como el clamor popular exigía y el conjunto del PP está -como en ocasiones anteriores-⁶ externalizando responsabilidades aún a costa no solo de la verdad, del descrédito de la política entre las gentes, o de crear una crisis en el seno de la Unión Europea a dos meses de la toma de la presidencia por parte de Trump que amenaza con los acuerdos preexistentes, sino del futuro de las libertades democráticas. Dicho de otra manera, el PP español ha trasladado al ámbito europeo sus pugnas sectarias y probablemente provocado no sólo una crisis institucional de resultados imprevisibles, sino también un paso más en la derechización del Partido Popular europeo y su acercamiento a las fuerzas autoritarias.

El PP, una vez más, ha empleado las viejas tácticas nazis, retomadas por el trumpismo, de afirmar como verdad la mentira, creando una realidad paralela. Táctica en las que se han mostrado sumamente eficaces. No es casualidad que la mayor parte de los consejeros que asesoran al PP en todos los ámbitos sean expertos en comunicación política sin formación en las materias que debe abordar un gobierno. Se trata de ganar las batallas culturales, comunicativas y de imagen.

Ello forma parte de un panorama más amplio de estancamiento y crisis permanente en el plano institucional, en el que el conjunto de las fuerzas procedentes del franquismo -al que nunca han criticado- con la connivencia de gran parte del aparato de Estado: policía paralela, jueces, etc., trabajan por judicializar la vida política para atacar al gobierno central y, también y de forma muy importante, a las organizaciones sociales, las luchas sindicales, los independentistas y a la izquierda revolucionaria utilizando una batería de medidas represivas. El objetivo estratégico es acabar con cualquier resistencia popular sin necesidad de dar un golpe violento, simplemente utilizando los mecanismos de la democracia liberal. El objetivo del este neoliberalismo autoritario es lograr una mejor correlación de fuerzas social y política para imponer nuevas agresiones a los derechos políticos y laborales y poder dar paso a una nueva fase de desregulación del trabajo para lograr mayores márgenes de plusvalía.

Frente a ello el dato fundamental de la situación es la debilidad, postración, desmovilización y desorganización de la clase trabajadora y de los movimientos sociales. El ciclo abierto el 15-M con el movimiento indignados que dio paso a la formación de organizaciones como Podemos, ha terminado con un fracaso total de los líderes políticos populistas que absorbieron electoralmente esa pujanza y con una vuelta a un bipartidismo imperfecto de las fuerzas del régimen del 78. Actualmente es muy escasa la movilización social y los grandes sindicatos han renunciado a jugar un papel organizador de esa movilización. El objetivo de las direcciones sindicales mayoritarias es lograr la concertación social con unas organizaciones empresariales cada vez agresivas y derechizadas. A la vez, cabe resaltar que el desánimo cunde en el seno de las bases electorales de izquierda, salvo en Euskal Herria, que ven cómo se consolida la influencia de la derecha extrema y en parte de la extrema derecha en la opinión pública. Y progresivamente, y es lo más peligroso, se extiende en la sociedad un rechazo a lo colectivo, a la política, lo que supone un buen caldo de cultivo para las organizaciones ultraderechistas. La idea de que se necesita un salvador, aún a costa de las libertades, es el germen de un estado autoritario.

El gobierno social liberal de Sánchez tiene una responsabilidad de fondo en esta situación. Se ha dedicado a adoptar medidas compasivas y paliativas respecto a la clase trabajadora sin abordar las cuestiones de fondo y ha incumplido sus promesas electorales (por ejemplo, la derogación de la represiva Ley Mordaza o abordar el déficit estructural de viviendas entre otras) mientras sigue aumentando la brecha salarios/beneficios en el marco de un importante crecimiento de la economía española y de un récord en las ganancias de las grandes empresas bancarias y energéticas.

Respecto a la DANA del 29 de octubre, la responsabilidad del gobierno de Sánchez no es la misma que la del gobierno valenciano del PP en cuanto a los hechos de ese día, pero sí respecto a la cuestión de fondo arriba planteada. Ni ha utilizado sus años de gobierno para erradicar el modelo urbanístico irracional, ni ha emprendido medidas urgentes contra el cambio climático. Concretamente, pese a presentarse como adalid de la transición ecológica en un pais con grandes posibilidades y logros en implantacion de energías renovables, es revelador que no haya iniciado seriamente el abandono de los combustibles fósiles. Bien al contrario, ha destinado ayudas públicas por importe de más de 10.500 millones de euros para las empresas que se lucran con los combustibles fósiles. A la vez, en el caso de esta DANA, se escuda para explicar su actuación en un discurso sobre la cuestión de las competencias que tienen el gobierno central y el autonómico. Disquisición que es lógica para los juristas, pero que en el momento del drama nadie entiende y particularmente no lo pueden entender las gentes afectadas que no se detienen a evaluar a quien corresponde buscar a sus desaparecidos, enterrar a sus muertos, buscar agua y alimentos, restablecer la electricidad o abrir el camino en las calles abarrotadas por decenas de miles de automóviles inutilizados por el agua.

Una vez más se ha puesto en evidencia que el denominado Estado de las autonomías, a medio camino entre el centralismo y el federalismo tiene importantes fallos en su funcionamiento real.

Cuestiones surgidas en la experiencia
¿Podían haber jugado otro papel los sindicatos y las organizaciones populares con audiencia de masas? Sí, sin duda. Desde el primer momento debían haber llamado a refugiarse abandonando los centros de trabajo como sí que hicieron, por ejemplo, el profesorado y el estudiantado de la Universidad de València. Tal como he indicado más arriba, los sindicatos ni siquiera utilizaron la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Y podían haber organizado de inmediato brigadas de apoyo a las poblaciones afectadas, así como haber dado un paso más llamando e impulsado a la autorganización popular para hacer frente al desastre.

Las fuerzas de izquierda podían haber impulsado desde el primer momento la expropiación de medios para atender las consecuencias de la DANA: maquinaria, instalaciones, hoteles, alimentos, etc. No lo hicieron porque de la agenda y el horizonte de la mayor parte de las fuerzas de izquierda han desaparecido conceptos elementales. El gobierno envió, a cuenta gotas y tarde, policía y militares, pero muchos de ellos se dedicaron a proteger la propiedad privada y otros no se esmeraron en las tareas logísticas apropiadas del momento. Aunque peor fue la Generalitat, que pidió que regresaran a su origen cuerpos de bomberos de otras regiones y países y el voluntariado de multitud de sitios que se brindó a ayudar.

¿Podía haber actuado con mayor prontitud los servicios de emergencia estatales? Más allá de debates leguleyos sobre las competencias de las distintas administraciones, en mi opinión sí. Aún a riesgo de incurrir en nuevas acusaciones torticeras por parte de la derecha extrema y la extrema derecha. La siguiente pregunta es ¿deben tener las fuerzas armadas (Ejército de Tierra, Aire y Marina) el monopolio de medios que tiene la Unidad Militar de Emergencias creada por el expresidente socialista Zapatero? La respuesta es inequívoca: no. Los servicios de emergencias estatales deben y pueden ser civiles como lo son, por ejemplo, el cuerpo de bomberos de cada población o región para la extinción del fuego y otros incidentes.

Sin embargo, la respuesta popular espontánea solidaria y de apoyo mutuo fue espectacular. A pesar de que sólo alguna de las organizaciones sociales y políticas tomaron la iniciativa de organizar la recogida de medios de auxilio y la presencia de voluntariado en el terreno. Miles de jóvenes, y no tan jóvenes, con particular protagonismo de las mujeres, se volcaron con escasos medios a auxiliar a sus vecinos en medio del fango.

En el seno de esa multitud de voluntarias y voluntarios, hicieron su aparición escuadristas fascistas, como las juventudes de Vox (Revuelta), y creadores de bulos reaccionarios con el propósito de ganar influencia y sembrar sus planteamientos mediante una hábil campaña publicitaria en las redes sociales apoyados también por algunos medios comunicación (prensa, televisiones y radios) derechistas. Y, con total impunidad -como ya los nazis hicieron en el pasado- intentaron sentar su concepción de pueblo y también, como sus predecesores, tuvieron la osadía de disputar lemas y consignas que hasta ese momento eran patrimonio de la izquierda. Ayer fueron palabras como socialismo o sindicalismo hoy “Solo el pueblo salva al pueblo” que fue bandera tras la crisis del 2008 de las movilizaciones sociales e incluso del lema internacional “El pueblo unido jamás será vencido”. En definitiva, plantearon una disputa en la dirección del malestar y la rabia de las gentes y en la hegemonía del discurso. En la actual coyuntura europea y mundial, no podemos minusvalorar estos signos.

Es cierto que cabe un debate de fondo: en esas circunstancias y por extensión en la transición ecosocial ¿se puede prescindir del Estado? Mi respuesta es, no; ¿hay que exigir de los gobiernos que actúen? Mi respuesta es, sí. A corto plazo, en plena crisis de la DANA, la intervención de los servicios públicos (gobierne quien gobierne) es necesaria por la movilización de medios materiales que se requiere. Sin embargo, el gobierno, aunque se ofreció, dejó en manos de Mazón la dirección de la catástrofe, y éste solo cedió cuando simplemente se vio desbordado y quiso desprenderse de la carga sobre sus hombros. Posiblemente, el Estado debiera haber operado centralizando los recursos, recogiendo y coordinando ayuda de su administración central y otras comunidades autónomas y, en colaboración con la Generalitat, haber actuado sin demora, sin caer en la trampa jugando a: haber quién es el mayor culpable.

En el horizonte de una transición ecosocial habrá que combinar la toma del poder del Estado por parte de las fuerzas de izquierda y las organizaciones populares con la autoorganización y autogestión social del pueblo trabajador. Y sólo así podrá construirse, a la vez y después, una democracia socialista autogestionaria capaz de implicar al conjunto de la sociedad en las decisiones que requiere una planificación democrática.

Y ahora en plena tragedia ¿Qué hacer?
Ante la dramática situación actual en Valencia y dada su magnitud nos planteamos ¿qué debería haber hecho y que deberá hacer en el futuro la izquierda política y social?

En primer lugar, ser solidaria y estar junto a las y los afectados, nuestra gente. Empezando por ayudar en las tareas de salvamento y supervivencia en el terreno. Y recaudar fondos para atender las necesidades urgentes para ayudar a los colectivos más desfavorecidos, porque somos conscientes de que la DANA también ha tenido efectos muy diferenciados para las distintas clases sociales. Nadie puede tener audiencia política si no parte de un principio tan elemental. Eso también lo asumieron en València diversas organizaciones sociales y algunas (pocas) organizaciones políticas de izquierda. Se produjo una auténtica movilización de la juventud para ayudar en las tareas sobre el terreno y sólo estando con ellas y ellos se podía dar cauce político a su solidaridad. Los fascistas de diversas organizaciones se han presentado en los pueblos afectados para realizar su labor de propaganda y agitación.

En segundo lugar, frente a la posición de la mayoría de las fuerzas sindicales y políticas de izquierda que afirmaban que una vez consumada la tragedia no era el momento de la denuncia política ni de impulsar la movilización popular, porque ahora, decían, sólo cabe acompañar el dolor, fue preciso abrir otra vía, otra lógica. Desde una izquierda viva y activa cabe afirmar que la ayuda material (y el acompañamiento del dolor) no es incompatible con exigir responsabilidades políticas y con movilizar al pueblo trabajador desde el minuto uno. Por ello, desde el primer momento se debía apoyar la reunión de las organizaciones sociales que preparaban una gran movilización en las calles. No debíamos dejar la palabra sólo en boca de los representantes institucionales en los grandes medios de comunicación o de los creadores de mentiras en las redes sociales impulsadas por fascistas. Dar la palabra al pueblo e intentar convertir su dolor y rabia en acción política para mí fue una cuestión fundamental.

En tercer lugar, y desde el primer momento, se hizo urgente impulsar mediante la propaganda y la agitación una serie de demandas inmediatas y transitorias en defensa del pueblo trabajador afectado y en la perspectiva del horizonte ecosocialista. Especialmente dirigida a la juventud para disputar la hegemonía en el discurso a los fascistas y dar cauce a la rabia popular convirtiéndola en empoderamiento popular.

La manifestación del 9 de noviembre en la ciudad de València representa la tarjeta roja de gran parte de la ciudadanía a las actuaciones del Gobierno Valenciano ante la tragedia de las inundaciones provocadas por la DANA. Y también una señal de aviso al gobierno español. Convocada por una veintena de pequeñas organizaciones sociales y sin el apoyo de los sindicatos obreros mayoritarios ni de los grandes partidos de izquierda, logró reunir a 200.000 valencianos y valencianas y es de destacar la asistencia de activistas solidarios del resto del Estado español. Un primer paso en la buena dirección.

–Artículo escrito originalmente para la web A l’Encontre

*Manuel Garí, economista, miembro de Anticapitalistas y del Consejo Asesor de Viento Sur 

Notas