Jeferson Miola*
Nodal, 11-11-2024
Correspondencia de Prensa, 11-11-2024
La magnífica victoria de Donald Trump en Estaos Unidosha superado muchas expectativas y verdades cristalizadas, entre ellas el que el buen estado de la economía es un factor determinante para éxito electoral. Si este postulado valiera la pena como una ley del comportamiento del electorado, la candidata Kamala Harris habría sido elegida para la presidencia de ese país.
En el actual gobierno de Estados Unidos, de la que la candidata demócrata es vicepresidenta, el Producto Interno Bruto (PIB) ha aumentado 2.9 por ciento en el último año, el desempleo se encuentra en 4.1 por ciento, y los salarios han crecido 3.9 por ciento.
En la victoria del “hombre naranja”, la sensación económica concreta del pueblo y el malestar con la difícil condición material de la vida hablaban más alto que el miedo con respecto a las aberraciones que él defendió en la campaña y que deberá materializarse en su gobierno.
En el Brasil de Lula 3 la situación económica no es muy diferente: el PIB crece alrededor del 3%, el desempleo está en uno de los niveles más bajos de las últimas décadas (6,4%), aumentan los ingresos de los trabajadores empobrecidos -formales, informales y cuentapropistas- y crecen las ganancias de los jubilados, y de los beneficiarios del BPC y Bolsa Familia.
A pesar de ello, sin embargo, y del enorme compromiso con la reconstrucción de las políticas estatales permanentes de Estado, las encuestas muestran la aprobación del gobierno empantanadas. Y, por otro lado, las elecciones municipales mostraron que los votantes lulistas, incluidos los beneficiarios de Bolsa Família, votaron masivamente por candidatos de derecha y extrema derecha.
Lo que parece ser una paradoja sociológica puede, sin embargo, encontrar una explicación en la frase de la economista Maria da Conceiáo Tavares, quien hace años dijo que “nadie come PIB, come alimentos”. Debería modificarse: el pueblo tampoco se alimenta del ajuste neoliberal.
Desde el punto de vista de la clase trabajadora, en la gran mayoría empobrecidos, excluida y sujeta a empleos y salarios precarios, no les importa ver el crecimiento del PIB, es necesario que ese crecimiento se materialice en capacidad de consumo y en la oportunidad de una vida decente.
El costo de la vida, la escasez de alimentos y productos de necesidad de consumo como la energía, la gasolina, la medicina, el transporte, la educación, etc., neutralizan los efectos positivos de la economía para la mayoría pobre, porque son los ricos, los rentistas y los segmentos de ingresos más altos los que se apropian de los frutos del crecimiento del PIB.
Si todo lo que ya está haciendo (y es mucho) por parte del gobierno de Lula para aumentar los ingresos de las mayorías sociales ha sido insuficiente para ganar el apoyo popular y la gratitud electoral, será un error peligroso que el gobierno adopte políticas austericidas y de ajuste neoliberal que sólo reducirán la conexión del gobierno y la izquierda con la mayoría del pueblo brasileño, y cuyos efectos se sentirán en las elecciones de 2026.
La realidad indica, por lo tanto, que es necesario hacer más de lo que se está haciendo, y no menos.
Esto significa aumentar considerablemente el poder adquisitivo de los salarios, especialmente del salario mínimo, y también ampliar la protección social con un ingreso mínimo compatible con la vida decente de millones de trabajadores expulsados para siempre del mundo del trabajo y la producción por el neoliberalismo.
Será un grave error si el gobierno sacrifica los presupuestos del SUS y la educación y ataca las pensiones, el salario por desempleo, el salario mínimo, el BPC y los programas sociales, en nombre del equilibrio fiscal.
Como declaró el propio presidente Lula, es inaceptable que alrededor de 640 mil millones de reales sean drenados del presupuesto para beneficiar a empresarios y grupos privados con exenciones fiscales que aumentan la concentración de ingresos y retraso en el desarrollo.
Otros 800.000 millones de reales son saqueados del presupuesto de la Unión para alimentar la codicia de rentistas, financistas e inversores que parasitan la renta nacional a través de intereses y servicios de deuda, al tiempo que están exentos de impuestos sobre sus ingresos y fortunas.
En lugar de sacrificar a decenas de millones de trabajadores brasileños con el ajuste neoliberal, el gobierno debería proponer a la sociedad y al Congreso la discusión sobre privilegios indecentes de las castas burocrácse incrustadas en el Estado y que se apropian de porciones significativas de impuestos pagados por la población.
El poder judicial brasileño, por ejemplo, consume el 1,6% del PIB al año, uno de los costos más altos del mundo. Lo mismo para el Legislativo, el Ministerio Público y a otras oficinas del Ejecutivo que se mueven con inventos creativos para aumentar el valor de la nómina. En el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), por ejemplo, los mecanismos ingeniosos permiten a los ministros ganar más de 1,3 millones de reales anuales (nos 240 mil dólares)..
Sólo en pensiones vitalicias para esposas e hijas de militares, la más antigua de estas pensiones pagadas desde el año 1930 del siglo pasado, Brasil debe disponer de más de 25.000 millones de reales al año. En total, no hay más de 210.000 pensionistas, la mayoría (144.000, datos de 2022) hijas de militares, que consumen el equivalente a medio Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) al año.
Como dijo el Presidente Lula, “nosotros no podemos jugar, cada vez que tenemos que cortar algo, es en el hombro de la gente más necesitadas”. Lula tiene razón. Hay otras alternativas para cobrar la factura de los que más pueden pagar.
*Jeferson Miola, miembro del Instituto de Debates, Estudios y Alternativas de Porto Alegre (Idea), fue coordinador ejecutivo del V Foro Social Mundial. Colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)