Colombia. Bandas criminales: el combo paramilitar

Colombia

El combo paramilitar

Las llaman “Bacrim” (bandas criminales). Llegan a 17, surgieron de la desmovilización de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), en 2006, y constituyen actualmente la mayor amenaza para la paz.

 

Iván M García, desde Bogotá

Brecha, Montevideo, 15-4-2016 http://brecha.com.uy/

Según el informe “Presencia de grupos narcoparamilitares”, del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), esas bandas están presentes prácticamente en la totalidad del país. “Se financian a través del narcotráfico. Bien con laboratorios donde procesan la cocaína, bien facilitando la puesta en frontera de pasta básica de coca”, explica Camilo Gómez, director de Indepaz. “Pero no es la actividad más rentable. Deja más réditos el tráfico de oro, por ejemplo. O el de gasolina en la frontera con Venezuela. Y sobre todo copar los cargos públicos en las alcaldías y municipios para asignarle a una empresa determinada las obras públicas, engrosar los presupuestos y repartirse la plata”, añade.

La aparición de las Bacrim se remonta a 2006, durante el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez. Algunos mandos medios de los paramilitares estuvieron entonces en desacuerdo con la negociación y terminaron formando nuevos grupos armados. Y junto al armamento y los uniformes conservaron también el dominio de las rutas del narcotráfico. Además, el desmantelamiento del cártel del Norte del Valle a partir de 2007 propició la aparición de nuevas organizaciones dedicadas no sólo al narcotráfico sino también a la extorsión, lavado de activos, tráfico de armas y acaparamiento de tierras destinadas a proyectos extractivos.

De los 38 bloques de las Auc y del cártel del Norte del Valle surgieron 33 grupos criminales que se enzarzaron en guerras territoriales que continúan hasta hoy. Las disputas han llevado a la desaparición de algunas organizaciones y a la absorción de otras por las más poderosas. La más importante es Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), conocida también como “Urabeños” o “Clan Úsuga”, fuerte en las costas del Pacífico y el Atlántico. Las tres siguientes son Los Rastrojos, con presencia en 111 municipios, el Bloque Meta y Libertadores del Vichada.

Según Indepaz, el 31,5 por ciento del país está afectado por las actividades de estas bandas, integradas por entre 7 mil y 10 mil hombres. Las Farc cuentan con 8 mil guerrilleros.

El dinero que mueven anualmente equivale, según el ex director de Indepaz, en dos puntos del Pbi de Colombia. Cada punto son unos 4.000 millones de dólares. “Los gaitanistas cobran un impuesto a las salidas del narcotráfico. Se quedan con un millón de pesos de los 4,5 millones que cuesta un quilo de coca puesto en el puerto”, asegura el “Mono”, que se presenta como cercano a la cúpula de las Agc y facilitador de la tregua que éstas mantienen en Medellín con la banda La Oficina. “Hay otro impuesto a los cultivadores de coca y para la minería ilegal. A cambio se les protege y asegura la venta de la mercancía”, añade, mientras revisa una y otra vez los tres celulares que lleva consigo. El Mono reconoce también que los gaitanistas sacan réditos de las rutas por las que transitan inmigrantes ilegales de Asia y África desde Brasil o Argentina hasta Colombia. Y de allí, por el Golfo del Urabá (zona fronteriza con Panamá) a Centroamérica y Estados Unidos.

“No sabría decirle si les cobran un impuesto o qué actividad desarrollan. Como le digo, yo no soy parte de la organización”, dice, tras señalar a su hombre de confianza que aguarde en el pequeño balcón de la sala donde se lleva a cabo la entrevista.

Las Agc han declarado que los guerrilleros desmovilizados serán considerados objetivo militar. “Todo el que se desmovilice está expuesto”, señala el Mono. “Mientras exista una fuerza armada ilegal, con capacidad logística y de ataque, cualquier desmovilizado quedará expuesto.”

Muchos han visto en este tipo de declaraciones un viraje en el discurso de los gaitanistas, que pretenderían ser considerados un actor político por el gobierno y no como una mera organización criminal, y así poder entrar en las negociaciones de paz. “Es hora de hablar de reconciliación. Pero si el gobierno no habla con todos los actores armados le aseguro que el 70 por ciento de los guerrilleros formarán parte de las Agc o de cualquier otra organización”, dice.

Un periodista de investigación de Medellín que prefiere ocultar su nombre señala que “los cabecillas que están en el punto de mira se entregan. La organización se reestructura, cambia de nombre y sigue operando. Es un modo de quitarse presión. Y siempre hay alguien en el gobierno que permite que siga funcionando”.

Territorios y Combos

Los tentáculos de estas organizaciones no abarcan sólo las zonas rurales ni los corredores de coca hacia Centroamérica y los que salen de Venezuela. Han hecho suyos también los barrios populares de ciudades como Medellín y Cali. “Están utilizando como franquicias a los combos de delincuentes que han existido siempre aquí –señala el periodista de El Colombiano Nelson Matta–. Unas veces absorbiendo a la banda directamente y otras matando a su líder para poner un hombre de confianza al mando y ganar territorios.”

Según la Fiscalía, en 2015 se detectaron 1.940 bandas locales en Colombia. La Comuna 8, de Medellín, es una de las zonas donde a través de estos combos operan las Agc y La Oficina. El barrio es un manto de casas de ladrillo rojo, recovecos y calles empinadas y mal asfaltadas que permanece encorsetado entre la sierra y la ciudad de Medellín. “Ellos controlan todo aquí. Los negocios pagan ‘vacuna’ (cuota) por la seguridad. Un quiosco puede pagar unos 20 mil pesos semanales”, indica Jairo Maya, uno de los líderes comunales del barrio.

Las pandillas también manejan el negocio de los autobuses locales, están detrás de talleres y lavaderos de automóviles ilegales, hacen préstamos a altísimo interés, lucran con el tráfico de drogas y mantienen “untada” a la policía. “¿Ve aquellos muchachos allá abajo?”, pregunta Maya mientras señala a un grupo de jóvenes de no más de 17 o 18 años. “Eso es una plaza. Un lugar donde se vende ‘perico’ (cocaína) y marihuana. Acá el gramo de perico cuesta unos 3 mil pesos. Una buena plaza puede dejar al mes unos 6 millones de pesos limpios.”

La misma edad tienen los dos adolescentes que pasan con cervezas en la mano conduciendo un automóvil blanco, casi rozando al líder comunal. “Son la gente de los Urabeños aquí”, apunta.

Maya explica que la tasa de desempleo en la comuna es del 35 por ciento. Y la de abandono escolar del 17, porque “a los niños los sacan del colegio para trabajar y que aporten en casa. No hay alternativas laborales ni de educación. Las ‘peladas’ (las muchachas) quieren ser esteticistas y ellos mecánicos. Pero esa oferta educativa no llega hasta aquí. Así que la alternativa es el combo”.

La alcaldía de Medellín está construyendo un Jardín Circunvalar que engloba viviendas nuevas, zonas verdes y parques infantiles. “¿Pero de qué nos sirve si aquí seguimos con el desempleo y tasas altísimas de desnutrición? –cuestiona Maya–. Lo que necesitamos es inversión estatal en alianza con la comunidad, para crear empleo. Hay mucha iniciativa. La comunidad afro, por ejemplo, es excelente trabajando la madera, se pueden formar cooperativas de construcción. O cooperativas artesanas con las mujeres. Y educar a los jóvenes en gestión ambiental y que cuiden el entorno, que estamos rodeados de naturaleza.”

Según Maya, mientras no se solucionen los problemas de base los jóvenes seguirán siendo carne de cañón para las mafias. Byron, un chico de 17 años de Itagüí, un municipio de Medellín, va en el mismo sentido. “A los 8 años fumaba marihuana, a los 9 iba armado y a los 10 mi primo me entregó medio barrio para que lo controlara. También obligaba a mi prima a prostituirse. Luego a los 11, boleaba bala de parrillero (los sicarios que van en el puesto de atrás de la moto, la parrilla, y ejecutan a las víctimas), hasta que me encanaron en una cárcel de menores”, cuenta. “Ya salí de todo eso. A los 15 me metí en un grupo de la parroquia y dejé la calle. Ahora quiero estudiar. Las matemáticas se me dan bien; pero ningún colegio me deja matricularme. Todos saben de dónde vengo.”

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