Ese perro sigue allí

Uruguay no dijo no a la reforma. Montevideo lo hizo. De no ser por la capital, en el resto del país la propuesta habría obtenido la mayoría para ser aprobada. La concentración del rechazo en el sur repite la tendencia de consultas directas anteriores que desnudaron un voto de izquierda cada vez más lejos del Interior. A pesar del desplante, la reforma obtuvo más de un millón de votos y –con un Parlamento renovado– nada impide que resucite por la vía parlamentaria.

Venancio Acosta

Brecha, 1-11-2019

Correspondencia de Prensa, 1-11-2019

Las victorias, a veces, pueden ser perturbadoras. La reforma no salió. Pero más de un millón de personas le dio el sí a la ocurrencia punitiva de un Jorge Larrañaga (1) que el domingo de noche se presentó airoso y sonriente, aparentando serenidad frente a las cámaras de televisión.

¿De qué se ríe Larrañaga? Aun sin haberlo votado directamente para que mantuviera su banca en la Cámara alta –cosa que logró, de todos modos–, el 46,7 por ciento del electorado que optó por el Sí parece haber contribuido a sostener la suerte del caudillo en el campo electoral. Luego de haber sorteado una serie de derrotas que parecían haber dañado sus posibilidades de prosperar en el ruedo, Larrañaga –ahora, el resiliente– ha recompuesto su lugar en el tablero.

Vivir sin miedo II
Jorge Larrañaga, Partido Nacional, promotor de la reforma constitucional para crear, entre otras medidas represivas, una Guardia Nacional militarizada

“Estamos felices y contentos, porque, a nuestro juicio, hemos jugado un papel importantísimo para este excepcional y estupendo resultado que tiene hoy el Partido Nacional.” Esto dijo el senador sanducero (del departamento de Paysandú) en una conferencia de prensa apenas se hicieron públicos los resultados; destacó, además, la densidad de los sufragios obtenidos, sobre todo en el interior del país. Lo escoltaban –parejamente sonrientes– Silvia Ferreira Sienra y Jorge Gandini, dos de sus fieles escuderos en la empresa reformista.

Retorno de lo reprimido

Con la seguridad pública como botín electoral, el mecanismo de consulta popular se reveló como un recurso posible para gritar presencia en el ajedrez político. Cuando Pedro Bordaberry (Partido Colorado), en 2014, a través de un plebiscito, quiso bajar la edad de imputabilidad penal, obtuvo un resultado casi idéntico: 46,8 por ciento de apoyo. A la vez, conservó su banca como senador y obtuvo visibilidad como uno de los portadores del discurso de la mano dura en el Parlamento. Lo hizo, sin embargo, encabezando un Partido Colorado con una interna conturbada y en medio de la peor racha electoral de su historia. Larrañaga acabó por comer del fruto de esa estrategia política (luego de que, en 2014, despotricara contra ella). Pero el contexto, en su caso, es sensiblemente distinto.

Además de haber logrado llenar con claridad el espacio vacío de la mano dura, Larrañaga no sólo puso a resguardo su pellejo en el mapa político, sino que captó un apoyo del electorado que es interpretado como una legitimación, a futuro, de las eventuales políticas de seguridad que ponga en práctica un eventual gobierno de coalición. Parece un hecho que el escenario resultante de la primera vuelta notoriamente hace propicio el regreso, por la vía parlamentaria, de lo reprimido en las urnas.

El Partido Nacional quedó en la antesala de ocupar el gobierno nacional. Y es dable suponer que, vista la composición legislativa del próximo período, no habrá pruritos en profundizar las medidas represivas que el consenso interpartidario que funcionaba desde 2010 (bajo égida del Frente Amplio) había comenzado a impulsar discretamente. No ha de descartarse, por otro lado, que Larrañaga vaya a ocupar cargos de relevancia en el Ejecutivo del nuevo gobierno, en áreas afines a la seguridad pública. Sobre todo teniendo en cuenta el segundo lugar de Alianza Nacional en la interna nacionalista y la perseverancia del senador con el tema: al menos desde 2009, Larrañaga viene dando forma a una serie de medidas, compartidas por Luis Lacalle Pou, como la flexibilización de la legítima defensa policial. Esta misma semana, de hecho, Lacalle anticipó que busca poner en práctica aspectos contenidos en la reforma Vivir sin Miedo, como la cadena perpetua.

Las palabras que Luis Eduardo Morás escribía en estas páginas una semana después del plebiscito de 2014 resuenan a esta altura de 2019 con un eco particular: “Los democráticos temores y las pragmáticas ‘razones de seguridad’ parecen llevar a un probable consenso: descartada la desmesura de la vía constitucional para incrementar los castigos y poner orden (…) se abre el camino de los acuerdos parlamentarios hacia una legislación más rigurosa para enfrentar el problema. En definitiva, el rechazo a la reforma constitucional se reduciría apenas a un pronunciamiento sobre lo controvertido del instrumento elegido, dejando intactos los fundamentos ideológicos de la propuesta”.(2)

Triunfo de los vencidos

Más de 1,1 millones de personas votaron a favor de la reforma.(3) La propuesta ganó en 14 departamentos y hegemonizó con holgura el voto en el Interior. La opción por Vivir sin Miedo hizo punta fundamentalmente en dos: Artigas y Rivera –la franja norte, más lejana a la capital– votaron por encima del 61 por ciento de sus respectivos padrones y articularon el grito más estridente en favor de la mano dura (también Lavalleja, donde alcanzó el 60 por ciento). Asimismo, en 12 de esos departamentos la propuesta se impuso con un apoyo promedio que ronda el 55 por ciento. (4) Si de estos compatriotas dependiera, la tal reforma sería un hecho consumado.

La excepción fueron sólo cinco departamentos del suroeste, donde el Sí no llegó a los votos necesarios. En dos de ellos (que corresponden a jurisdicciones que aglutinan la mayor cantidad de electores) el voto afirmativo estuvo lejos de ser mayoría: en Montevideo votó afirmativamente alrededor del 38 por ciento y en Canelones el 43. En los otros tres departamentos donde la reforma no prosperó –San José (49 por ciento), Colonia (48) y Soriano (49,5)– la distancia fue, más bien, de un puñado de votos.

La distribución geográfica de la votación del plebiscito revela un antagonismo marcado entre el polo norteño, que sostiene el voto conservador, y el polo suroeste, que continúa siendo un reducto de la izquierda. Esto no es una novedad. Quizás lo más relevante, en cambio, sea la constatación de que el caudal electoral de los departamentos del sur (pero fundamentalmente de Montevideo) inclinó la balanza de forma determinante para que la reforma no fuera aprobada. Sin los votos de la capital –aun contando los de Canelones– la reforma tendría la mayoría en la suma de los votos del resto del país.

Este último dato no es menor si tenemos en cuenta el escenario del último plebiscito, por la baja de la edad de imputabilidad. En 2014 el apoyo a la propuesta de Bordaberry alcanzó un 46,8 por ciento en todo el país, superando el 50 por ciento en sólo diez departamentos (cuatro menos que ahora). Sin embargo, entonces, de por sí los resultados en todo el Interior, aunque por la mínima diferencia (49 por ciento), alcanzaban para rechazar la propuesta, sin necesidad de que el electorado de Montevideo fuera un factor determinante en el resultado. Esta vez el proyecto de Larrañaga habría obtenido más del 50 por ciento de no haber sido por el electorado de la capital, que inclinó la balanza hacia abajo. La concentración del voto de izquierda en el sur se agudizó. Ganó Montevideo.

Cuestión de relato

El esfuerzo de la contracampaña, nucleada en la Articulación Nacional No a la Reforma, dio sus frutos en la capital, donde el Sí murió arrinconado contra la costa este. Una vez más, el voto por la mano dura en Montevideo recaló en los barrios con mejores indicadores socioeconómicos: Pocitos, Punta Carretas, Carrasco y Punta Gorda. En el Interior, el caudal de militantes contra la propuesta fue más escuálido. Y, cuándo no, tendió a confundirse con la campaña del oficialismo. Lo cual, según algunos integrantes de la Articulación, probablemente acabó por producir tendencias inversas.

En los últimos años, cada vez que la izquierda se lanzó –o fue empujada– al terreno de la democracia directa, en lances electorales en los que a los sectores medios más politizados pareciera írseles la vida, más tarde o más temprano se dio de bruces con la vieja indiferencia de la gente común (valga la imprecisión del término): su mundo simbólico y su vida concreta. Y la indiferencia en el terreno político –todos lo saben– ha dado muestras de haberse convertido en algo más que una simple desatención. Sobre todo cuando se le anteponen eslóganes o narrativas heroicas. Más aún cuando se cargan a su cuenta los peores males de ocasión. Faltan datos del escrutinio. Hay voces que aún no se pronunciaron. Queda el último envión de la campaña. Pero hay preguntas que no callan.

Notas

1) Senador del Partido Nacional, impulsor de la reforma constitucional plebiscitada el 27 de octubre. Previamente, la campaña “Vivir sin Miedo”, había recolectado 405 mil firmas que permitieron la realización del plebiscito. La reforma proponía: creación de una Guardia Nacional incorporando 2 mil efectivos militares para tareas de seguridad pública; la habilitación de allanamientos nocturnos a los hogares, hoy prohibidos por la Constitución desde 1830; el cumplimiento efectivo de las penas, eliminando las posibilidades de redimirlas o de acceder a libertades anticipadas en ciertos delitos por trabajo, estudio o buena conducta; la cadena perpetua revisable a los 30 años en ciertos delitos agravados.  (Redacción Correspondencia de Prensa]

2) Véase Brecha, 6‑11‑14.

3) Según la Corte Electoral, un total de 1.129.780 personas apoyaron la reforma en todo el país.

4) En esta franja media se encuentran los departamentos de Maldonado, Rocha, Lavalleja, Flores, Florida, Tacuarembó, Treinta y Tres, Cerro Largo, Durazno, Salto, Paysandú y Río Negro.