Crónica de la revuelta

Las grandes alamedas

Treinta años después de la vuelta a la democracia, el pueblo chileno se levantó contra el lastre económico y social heredado de la dictadura pinochetista y su transición. Celebrado como “modelo” por la derecha latinoamericana, el neoliberalismo trasandino, protegido por gobiernos conservadores y progresistas, consagró la desigualdad y el privilegio en casi todos los aspectos de la vida social. Al hartazgo popular, el gobierno de Sebastián Piñera ha enfrentado la prepotencia militar: estado de emergencia y toque de queda mediante, la violencia en la calle ya se ha cobrado cerca de una veintena de muertos y centenares de heridos. Sin embargo, miles continúan en las calle y el gobierno comienza a retroceder. Chile despertó.

Luis Thielemann/Nicolás Román, desde Santiago de Chile

Brecha, 24-10-2019

Correspondencia de Prensa, 24-10-2019

En algún momento del lunes 14 o el martes 15 de octubre, los estudiantes del secundario se autoconvocaron por medio de las redes sociales para saltar torniquetes de forma masiva en las líneas del tren metropolitano subterráneo de Santiago. Liceos del centro y la periferia de la ciudad se reunían con la consigna “Evadir, no pagar, otra forma de luchar”. La lucha de los secundarios ha sido una tónica del sacudimiento social en las postrimerías, de nunca acabar, de la posdictadura chilena: mochilazo en 2001, revolución pingüina en 2006 y, en 2011, el último estallido, una rebelión estudiantil que movió los sólidos cimientos de los pactos neoliberales de la administración chilena.

Al final de la semana, el gobierno metropolitano dictó la securitización del subterráneo: perros, antimotines, fusiles de balas de goma, gases por todos los túneles. Se contaban por decenas los efectivos de la policía en una guerra por un objetivo que parecía absurdo: no permitir que la desobediencia estudiantil copara el tren subterráneo para saltar los molinetes. La batalla tuvo su apoteosis el viernes 17 de octubre, cuando las autoridades del tren decidieron cerrar las puertas de las seis líneas de la red. De la evasión de los jóvenes, que pagan 230 pesos chilenos (0,32 dólares), se pasó a una crisis del transporte que desembocó en un estallido social.

La respuesta de las autoridades fue desmedida. La policialización del tren ante las evasiones masivas y las lacrimógenas lanzadas a los pies de las personas que esperaban entrar a una estación tuvieron un efecto de capilarización de la lucha política. Quienes en la tarde no podían tomar el metro para volver a sus hogares decidieron con dignidad que preferían caminar. Fue común esa tarde escuchar el apoyo a los estudiantes: “los apoyo”, “nosotros los seguiremos”, “esto se acabó”, “este país es muy caro”, “hay mucha desigualdad”. Con el boca a boca y las redes sociales la temperatura social subía.

A las seis de la tarde del viernes 18, una hora antes del cierre de las estaciones en los barrios céntricos de Santiago, el caceroleo era intenso y espontáneo, y las calles estaban salpicadas de piquetes y barricadas. La cacerola repiqueteaba con furia contenida ante un alza del boleto presuntamente administrado por un comité de expertos.

De repente todo explotó. Dos o tres horas después del cierre del subterráneo la insubordinación era general. La del viernes posiblemente será recordada como una noche de barricadas, protesta y dignidad. La movilización escaló y tanto los medios como las redes sociales informaron que la ciudad daba rienda suelta a su rabia de punta a cabo, por lo bajo. Cuatro estaciones del tren metropolitano ardieron en llamas en la incinerada remembranza de obreros que queman máquinas y fábricas en su ira contra la patronal. Al terminar el fin de semana había decenas de estaciones totalmente destruidas, casi un centenar con daños graves y muchos vagones quemados. Se estima que el sistema estará funcionando con la capacidad mínima durante medio año. Además, hubo saqueos a supermercados, ataques a comisarías e incendios de galpones. Rebelión contra los símbolos más claros del dominio neoliberal, intuitivos pero claros. Cólera patente contra los símbolos de una crisis que no se agota allí, la revuelta devino material, estallido palpable.

La consigna estudiantil inicial se volvió pasado remoto ante una sublevación cuyo único liderazgo hasta ahora es el hastío de vivir en uno de los ocho países más desiguales del mundo, el único donde el agua pertenece a privados, un país administrado por una partidocracia indolente y desafectada. La contestación viene de una nueva versión del movimiento social, organizada en torno a los polos del feminismo y la lucha por pensiones justas. La revuelta muestra así una novedad impresionante de nuevos actores del siglo XXI: trabajadoras precarias, mujeres estudiantes, jóvenes activistas y, en general, una clase trabajadora que está de vuelta del fin de la historia y la despolitización de la década del 90.

Las primeras balas

Ya empezada la noche del viernes 18, la policía no contenía las manifestaciones espontáneas, y el momento en que el presidente tomaría la palabra se hacía esperar. Sebastián Piñera, el presidente millonario, quien durante las primeras horas del estallido fue fotografiado en un restorán en el suburbio rico de Santiago, se rehusaba a salir en la pantalla con una respuesta. Sin justificar su ausencia, al cabo de cuatro o cinco horas declaró, imperturbable, el estado de emergencia –una excepción constitucional– y nombró al general Javier Iturriaga del Campo (sobrino de un represor de la dictadura procesado) jefe de la seguridad nacional y encargado de la capital de Chile. El militar tomó el micrófono, se permitió hacer una broma futbolera y enunció las condiciones del estado de emergencia. Los soldados estaban ahora en la calle, disparando a civiles desarmados.

La desdichada manu militari fue invocada, así como la posibilidad de cerrar el diálogo entre instituciones civiles. En plena crisis social, los carapintadas fueron los primeros actores en cruzar el umbral del palacio de gobierno. Filas de uniformes de campaña entraron a la casa del presidente en un desfile de ministros y militares. Antes que cualquier actor del mundo social, que cualquier congresista. El poder en su versión básica se tomaba las horas de la madrugada del sábado para afrontar la crisis.

Difícil enumerar la concentración de momentos a partir de entonces. La insubordinación se tornó general y el petitorio inicial de congelación de precios fue desbordado; poco importa ahora la dolida declaración de la rebaja hecha por el presidente millonario durante la noche. Hay violencia popular y saqueo, hay violencia por parte del Estado.

A partir del fin de semana las patrullas militares se despliegan por la ciudad cada noche. Al pasar, las ruedas de los vehículos anfibios rugen y se acoplan en las calles de Santiago, Valparaíso, Concepción, Rancagua y La Serena. Los videos de baleos a casas, civiles desarmados y personas que protestan por una detención ilegal se multiplican hasta la angustia. Si el viernes pasado los antimotines perseguían a escolares, tres noches después la ciudad estaba sitiada por el patrullaje de los carapintadas con fusiles de guerra cruzados en el pecho. De los muertos, hasta el momento apenas se conocen los números de dudosa credibilidad que entrega el gobierno (unos 18 al cierre de esta edición, N. del E.), pero nada de nombres o las formas en que murieron. Chile está en estado de excepción hace ya cinco días y bajo su manto se acumula un enorme registro de violaciones de los derechos humanos.

Como parte del estado de excepción, los militares impusieron el toque de queda. Treinta años habían pasado de la última vez que esta medida fue dictada. Aquello movilizó a las capas medias y a una inmensa mayoría que todavía tiene una posición antidictatorial. El escaso apoyo que aún mantenía Piñera en esos sectores se disolvió con esta decisión. Pasado el toque de queda del sábado, el caceroleo se volvía intenso; la gente desafiaba con ollas y la voz quebrada desde las barricadas, “fuera militares”, desobediente al llamado de restricción de circulación; los soldados, impotentes, respondían con balazos nerviosos.

Santiago ensangrentada

“El pueblo unido jamás será vencido”, “no tenemos miedo” y “Chile despertó” se convirtieron en las consignas de la revuelta. Al empezar esta semana, las organizaciones sociales y los parlamentarios de izquierda pedían que se suspendiera el estado de emergencia y se devolviera a los militares a los cuarteles. El Partido Comunista anunció que no se reuniría con el presidente en tanto los militares estuvieran en las calles. El Frente Amplio elaboró una lista de reclamos para el gobierno, pero finalmente se adhirió a la posición del PC.

Ese mismo día, los portuarios declararon el paro nacional. Los sindicatos estudiantiles y las agrupaciones feministas y de derechos humanos llamaron a la huelga. Imposible que ese fuera un día normal. Desde el fin de semana, parlantes con música de resistencia a la dictadura se estrenan en la calle con canciones que se acuerdan por medio de las redes sociales. El tiempo de la huelga se ha vuelto una síntesis de momentos diversos y divergentes, tiempos de elaboración micropolítica y análisis de los grupos de izquierda. Tras el silencio del gobierno –silencio incómodo ante sus reiteradas reuniones con el secretariado de los grandes grupos de supermercadistas–, a primera hora del lunes, el presidente, con estilo neroniano, declaró: “Estamos en guerra. Hay un enemigo coordinado”.

Nadie le creyó. El rey estaba totalmente desnudo. Pasaron los minutos y la ciudadanía respondió en la calle que no hay guerra. La estrategia comunicacional se desmanteló con el esfuerzo de los medios alternativos, los chats familiares y los tutoriales sobre la doctrina del shock. Iturriaga, el militar a cargo de la seguridad nacional, se declaró de inmediato “un hombre feliz” y aclaró no estar en guerra con nadie. Su declaración temperó el ambiente y contradijo al presidente. Sin embargo, no se condijo con el desfile de tropas por las principales ciudades del país. Los baleos a civiles desarmados y los muertos siguieron.

La peor de las postales de estas jornadas es la represión: los uniformados, rodilla en el suelo en posición de tiro, frente a una columna que sube a los suburbios adinerados de la ciudad, la parte oriente de la capital. Noches de toque de queda y simulacros de fusilamiento. Los militares no están preparados para devolver la paz, sino para llevar la guerra contra la revuelta.

¿Cuándo nos acostumbramos a esto?, ¿cuándo ese horror militar en la calle se volvió una imagen en la retina? Es real. Todo. Las calles atestadas de gente, los gritos en la noche, la protesta después del toque de queda, las declaraciones ineficientes del gobierno. Hay perplejidad en todos los chilenos por el grado de violencia inédito. En cosa de días, se develó el fracaso de los pretendidos avances en derechos humanos en los cuerpos policiales y militares del Estado.CHILE-TRANSPORT-METRO

Finalmente, el lunes de noche, surgió un llamado del gobierno para reunirse al día siguiente con todos los partidos, desoído por la mayor parte de la izquierda, aunque algunos miembros de la antigua Nueva Mayoría asistirían. Después de esa reunión, en cadena nacional Piñera anunció medidas de reforma que, aunque no tocan el corazón del modelo y tal vez sólo son una base de negociación espinosa y difícil, demostraron inmediatamente que su programa de profundización neoliberal está muerto.

Renacerá mi pueblo

Sin salida política visible, la protesta se expande y grita, pulsa a su ritmo. Pueden ser así las revueltas, alucinantes y desgarradoras, fervientes, un tiempo robado y un presente solidario ante la precariedad neoliberal. El último 8 de marzo esa fue la consigna: contra la precarización de la vida. El feminismo allí demostró, pacíficamente que las masas querían dignidad para vivir.

El miércoles 23 hubo una protesta nacional, con una huelga general y una movilización en los centros de las ciudades. Aunque la izquierda y los movimientos organizados recuperaron así algo de conducción sobre la rabia de las masas, en la periferia la protesta masiva se retiró y la revuelta va quedando cada vez más apagada. Pero nada volverá a ser normal. Lo que se viene será largo e impredecible, aunque ya se delinean ciertos marcos y términos, en la propuesta de Piñera. Pero no será pacífico ni simple su camino en el Parlamento.

Esta revuelta se va a acabar, tal vez ya lo está haciendo, pero las masas movilizadas difícilmente se retirarán de la lucha. Hay una mayoría popular que le perdió el miedo a la violencia y el respeto total a la autoridad, y, frente a ella, una autoridad que ni con balas puede reimponer su legitimidad, sólo el terror. El mito del neoliberalismo modelo y en democracia del calmo Chile está destruido, y el duopolio político gobernante de las últimas tres décadas, que tambaleaba trizado hace un tiempo, no tiene capacidad de nada. Sólo existe la violencia del Estado y una economía que aún funciona. No es poco. Pero los términos cambiaron. De aquí en más es muy difícil que el neoliberalismo pueda avanzar, y la baraja política está totalmente abierta. Hay mucha confusión y poca claridad política entre las fuerzas de cambio, pero la certeza más importante y alegre es que, luego de décadas de estar desahuciada por políticos y académicos, hay una intuitiva disposición de las masas al conflicto de clase.

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“No son 30 pesos, son 30 años”

Karol Morales *

Brecha, 24-10-2019

Tal como se ha difundido ampliamente, el alza de la tarifa del metro –el principal medio de transporte público en la capital– sumado a las insultantes declaraciones de los ministros de gobierno en torno a las necesidades sociales fueron la gota que colmó el vaso de la sociedad chilena. Con ella comenzaron las manifestaciones hace más de una semana en las calles de varias ciudades del país.

No son 30 pesos, son 30 años. Así reza uno de los múltiples virales compartidos en las redes sociales, en referencia a los 30 pesos de aumento del pasaje de metro versus los 30 años de “transición a la democracia”, pactada en el plebiscito de reforma a la Constitución de 1989 entre los partidos políticos (todos menos el Partido Comunista, por entonces todavía ilegalizado) y el régimen militar. Es precisamente esa democracia pactada, tutelada y amarrada a los pilares dictatoriales consagrados en la Constitución pinochetista aún vigente en el país la causa del enorme malestar contenido, que ahora explota con una fuerza inusitada.

La superexplotación de la fuerza de trabajo, con bajos salarios sostenidos por la negación de la negociación colectiva sectorial y el derecho a huelga efectiva; la privatización de los recursos naturales y el caso único en el mundo en que el agua es un bien privado; la inexistencia de un sistema de seguridad social que se expresa en la administración privada y lucrativa de los ahorros individuales para pensiones vía las Administradoras de Fondos de Pensiones (Afp); el desmantelamiento de la educación pública y la enorme deuda educativa para acceder a la educación superior son algunos de esos pilares dictatoriales sostenidos y profundizados por los gobiernos del duopolio, (1) que dan como resultado un Chile con índices macroeconómicos que lo sitúan en el club de los países de altos ingresos, pero con una enorme y dolorosa desigualdad.

Esa desigualdad no es sólo económica, sino también jurídica. La consolidación progresiva de una justicia para pobres y otra para ricos queda expresada una y otra vez en los continuos “perdonazos” tributarios y penas irrisorias a la elite empresarial y política. Ninguno de los recientes condenados por el financiamiento ilegal de los partidos o las colusiones empresariales recibió pena de cárcel, sino sólo multas mucho menores a las ganancias obtenidas del delito. La figura del presidente de la república refleja mejor que nadie esta realidad: un empresario que ha hecho su fortuna a costa de evasión tributaria y que jamás ha pagado por ello.

¿Una luz de esperanza?

Y entonces comenzaron las evasiones del metro por parte de los estudiantes secundarios, los mismos actores que en la revolución pingüina de 2006 y el movimiento estudiantil de 2011 fueron protagonistas de las primeras protestas, que luego se extendieron a amplios sectores de la población y a todas las regiones del país.

El estallido social de estos días expresa la rabia acumulada por tanto tiempo, y por todo. Es una rabia contra el abuso, contra la injusticia cotidiana y contra la frustración del bienestar que se supone nos traería el consumo, pero que no llega; porque lo cierto es que “el modelo” sólo se sostiene sobre la base de una enorme y constante presión sobre los trabajadores y las familias que se endeudan para satisfacer las necesidades más básicas. Como se ha afirmado por diversas académicas y especialistas estos días, la presión ya era excesiva y sólo podía estallar: “Las elites apretaron la tuerca demasiado”.

La deslegitimación de la autoridad del Estado se manifiesta hoy en el desacato al toque de queda, donde los barrios siguieron en pie manifestando su rechazo a la militarización y a la criminalización de la protesta social. Y esto parece una luz de esperanza, de que de esta crisis se puede salir dando un paso hacia una mayor justicia social.

También puede ser lo contrario. La protesta popular es desorganizada, como lo es la explosión de la rabia. No tiene una dirección clara, ni un programa reivindicativo, y ningún actor político, ni siquiera los partidos de izquierda tradicionales (Partido Comunista) o nuevos (Frente Amplio) están legitimados para erigirse en representantes de ese malestar.

Lo más preocupante es que el manejo de la crisis por parte de las élites –ya sea por incapacidad o por voluntad activa– busca crear un escenario de caos y de construcción de un enemigo interno como fantasma y justificación para el actuar belicista, en aras del reestablecimiento del orden público como objetivo superior al que subordinar cualquier otra legítima demanda popular. Las declaraciones de Piñera afirmando que “estamos en guerra” no pueden ser más elocuentes de esta voluntad de terminar la protesta popular por la fuerza.

En esa línea, nuevamente los medios de comunicación masiva hacen una contribución inestimable al poner el énfasis exclusivo en los saqueos y propagar la sensación de inseguridad en los propios barrios, alimentando la versión oficialista del conflicto. El resultado previsible de insistir por esta vía es una situación política nacional en la que la ultraderecha sale fortalecida y se desactiva la crisis estructural, aunque sólo temporalmente, con un saldo elevado de víctimas mortales.

En el quinto día de las protestas masivas, la convulsión no parece todavía tener una dirección clara. Está todo por definirse. Las convocatorias de los estudiantes y la coordinadora feminista 8M a movilizarse, las huelgas de los trabajadores portuarios y sectores mineros que ya están en curso, los llamados a paros sectoriales y generales en los sucesivos días serán determinantes en el curso de los hechos.

Los actores constituidos y que han protagonizado las demandas estructurales de la población en los últimos años, como el movimiento por las pensiones, por la educación pública, por la salud, por la recuperación del agua, entre otros, tienen la posibilidad de erigirse en los representantes legitimados socialmente para abordar un programa mínimo y una hoja de ruta, junto con las fuerzas políticas antineoliberales, que permita una salida hacia una mayor justicia social o, en otras palabras, terminar con la herencia dictatorial. Si seremos capaces de avanzar hacia allá, todavía está por verse.

* Investigadora chilena del Instituto Universitario de Investigación para el Desarrollo Social Sostenible de la Universidad de Cádiz y miembro de la Coordinadora No Más Afp.

Nota

1) Refiere a las dos coaliciones de partidos políticos (la derecha, Alianza por Chile, y la ex Concertación, de centroizquierda) que participaron de los pactos transicionales y que garantizaron la administración del modelo heredado de la dictadura mediante el sistema electoral binominal.

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Ingreso medio de la población chilena

De la rabia popular a la alternativa revolucionaria

Igor Goicovic Donoso *

Brecha, 24-10-2019

El 18 de julio de 2019 el Instituto Nacional de Estadísticas informó al país que el ingreso medio de la población chilena asciende a 379.673 pesos, es decir, la mitad de los chilenos sobrevive de manera precaria con no más de 520 dólares mensuales. A contrapelo de lo anterior, el 1 por ciento más rico de la población (no más de 170 mil personas) concentra el 33 por ciento de la riqueza total. Este mismo 1 por ciento más rico de Chile recibe 2,6 veces más ingresos que el 1 por ciento más rico en países como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Japón, España y Suecia.

Pero, como si la inequidad no fuera suficiente, las autoridades del gobierno se encargaron de enrostrarles a los más humildes todo su desprecio y su falta de escrúpulos. De esta manera, el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, en el momento de comunicar, a comienzos de octubre, el alza en el pasaje del metro, recomendó a los trabajadores “levantarse más temprano”, a fin de acceder a tarifas reducidas, y su par de Hacienda, Felipe Larraín, les sugirió “comprar flores”, ya que estas habían bajado de precio en setiembre.

Esta actitud displicente frente a los pobres contrasta ampliamente con la postura genuflexa que normalmente adopta la clase política frente a los delitos cometidos por los poderosos. Así, toda la población ha sido testigo del “juicio abreviado” que benefició a los empresarios y los dirigentes de la Unión Demócrata Independiente en el caso de fraude al fisco conocido como Penta (2013‑2015), que culminó con penas que consistían en que los principales inculpados tomaran clases de ética. Ha sido testigo, también, de los millonarios desfalcos de fondos públicos protagonizados por los altos mandos de Carabineros y el Ejército (2017), así como de las colusiones empresariales de la industria farmacéutica, del papel higiénico y de procesadoras de pollos, entre muchas otras. Todo ello en una sociedad en la que los derechos sociales de los más humildes (educación, salud, vivienda, previsión social, etcétera) se encuentran sistemáticamente negados.Chile2410 III

Pero los trabajadores y el resto del pueblo se cansaron. Se cansaron de la explotación, la miseria, el maltrato, la discriminación, el abuso y la burla. Como en muchas otras ocasiones, fueron los jóvenes los primeros en salir a las calles, ocupar las estaciones de metro, desbordar los torniquetes y evadir el pago de los pasajes del transporte público. Pero luego sus madres y padres, y sus abuelos y abuelas se tomaron la noche al ritmo de las cacerolas y al calor de las barricadas. Manifestaciones multitudinarias y bulliciosas ocuparon el espacio público y superaron completamente la capacidad represiva del Estado. El sátrapa de turno decretó –como probablemente lo hubiese hecho cualquier otro representante de las clases dominantes– el estado de emergencia, sacó –al igual que la dictadura en su momento– a los militares a las calles e impuso un estricto toque de queda. Más de 1.200 detenidos, más de 88 personas heridas y aproximadamente 18 fallecidas (varias de ellas asesinadas por la maquinaria represiva) es el balance parcial de las movilizaciones.

La prensa oficial, vergonzosamente alineada con los poderosos, ha puesto el acento en los desbordes delictuales, sin discutir ni analizar las causas profundas que incubaron y detonaron el malestar social. Ni siquiera ha intentado profundizar en las circunstancias en las que perdieron la vida las personas caídas, cuyas identidades, incluso, se desconocen hasta el momento. Para esta prensa basura, los partes oficiales son un antecedente suficiente.

A pesar de la represión, a pesar de la desinformación, a pesar de las maniobras espurias de quienes administraron el sistema en el pasado y hoy pretenden obtener réditos de las protestas, los trabajadores y el resto del pueblo continúan movilizados. Las reivindicaciones son amplias y se encuentran escasamente formalizadas. Son parte de una intuición extendida, que pone de manifiesto que las cosas no andan bien, que es necesario cambiarlas, pero sin mayor claridad respecto de la orientación y la extensión de dicho cambio. Se hace imprescindible que las organizaciones populares, aquellas que se han articulado en torno a la Central Clasista de Trabajadores, asuman roles más protagónicos en la vertebración local, regional y nacional de la protesta. No basta con coordinar acciones a través de las redes sociales: es imprescindible coordinar políticamente los objetivos de corto y mediano plazo que debe tener la movilización popular. Esta, como ha quedado ampliamente demostrado en la historia, tiene fases: incubación, explosión, desarrollo y agotamiento. Podemos extender la fase de desarrollo, pero esta no es sostenible en el mediano o largo plazo y, como también indica la historia, las resacas de las derrotas suelen ser amargas y profundas.

Esta explosión de rabia y movilización popular nos deja varias lecciones. Primero, que, pese a todas las campañas de intoxicación mediática, el sistema neoliberal sólo se ha arraigado superficialmente en los sectores populares. Para los trabajadores y el resto del pueblo, el modelo económico y social impuesto por la dictadura y reafirmado por los sucesivos gobiernos civiles es sólo un cascarón vacío, carente de soluciones para sus anhelos y necesidades. Segundo, que las prácticas legalistas inveteradas, sobre las cuales se construyó históricamente la izquierda, están obsoletas. Ni la parlamentarización de la política ni los espacios de la legalidad burguesa tienen nada para ofrecerles a los sectores populares. Sólo la movilización radical de masas y, en especial, las diferentes formas de acción directa trastocan el escenario político, dividen y atemorizan a la burguesía, y obligan a sus lacayos a retroceder. Tercero, que sin organización y dirección revolucionaria del proceso político la revuelta sólo se traduce en una explosión de descontento que, circunstancialmente, obliga a un reajuste del sistema de dominación, pero que, en rigor, no modifica sus rasgos estructurales. Una salida de esta naturaleza no sólo nos devuelve a la marginalidad política, sino que también acentúa la desarticulación, el desarme y la desmovilización del campo popular.

Las tareas son múltiples y urgentes, y la más relevante, sin lugar a dudas, es acompañar a los trabajadores y al resto del pueblo en sus movilizaciones y demandas, pero teniendo claro que depende de los revolucionarios y sus organizaciones la posibilidad de generar las condiciones políticas para avanzar hacia el cambio estructural que el país y la región necesitan.

* Historiador de la Universidad de Santiago de Chile.