Las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, según oficiales

El comandante del ejército de Colombia, frustrado por los vacilantes esfuerzos de la nación para preservar la paz, les ha ordenado a sus tropas que dupliquen la cantidad de criminales y rebeldes que matan, capturan u obligan a rendirse en batalla; y posiblemente acepte un aumento de las bajas civiles en el proceso, según consta en órdenes escritas y entrevistas con altos oficiales.

The New York Times, 18-5-2019

Correspondencia de Prensa, 20-5-2019

A inicios de año, los generales y coroneles colombianos se reunieron y se les pidió que firmaran un compromiso por escrito para intensificar los ataques. Las presentaciones internas diarias ahora muestran el número de días que las brigadas han pasado sin estar en combate, y los comandantes son amonestados cuando no realizan operaciones con la frecuencia suficiente, dijeron los oficiales.

Una orden que causa especial preocupación instruye a los soldados que no “exijan perfección” al momento de ejecutar ataques letales, incluso si tienen preguntas significativas sobre los objetivos que están atacando. Algunos militares dicen que esa orden implica que reduzcan sus normas para proteger a civiles inocentes de ser asesinados, y que ya ha ocasionado muertes sospechosas o innecesarias.

Los militares implementaron una estrategia similar para derrotar a los grupos rebeldes y paramilitares de Colombia a mediados de la década de los 2000, antes de que se firmara un acuerdo de paz histórico que finalizó con décadas de conflicto.

Pero esas tácticas causaron la indignación nacional cuando se supo que los soldados, con el objetivo de cumplir sus cuotas, cometieron asesinatos generalizados y desapariciones de civiles.

Ahora, otra encarnación de esa política está siendo impulsada por el nuevo gobierno contra los grupos criminales, guerrilleros y paramilitares del país, según las órdenes revisadas por The New York Times y tres oficiales de alto rango que hablaron sobre esas medidas.

Las nuevas órdenes han generado incomodidad entre los militares. El ejército de Colombia sigue siendo investigado por la serie de asesinatos ilegales ocurridos a mediados de la década de 2000, conocidos como “falsos positivos”.

Los soldados mataban a campesinos y afirmaban que eran guerrilleros, a veces incluso vistiéndolos con uniforme y plantando armas cerca de sus cuerpos. Las tácticas surgieron de los superiores que exigían un mayor número de cuerpos, de acuerdo con los fiscales.

En largas entrevistas, dos oficiales dijeron que los soldados colombianos vuelven a estar bajo una intensa presión y que este año ha comenzado a surgir un patrón de asesinatos sospechosos y encubrimientos.

En una reunión relatada por uno de los oficiales, un general ordenó a los comandantes “hacer lo que sea” para mejorar sus resultados, incluso si eso significaba “aliarse” con grupos criminales armados para obtener información sobre objetivos, una estrategia de dividir y conquistar.

Más allá de eso, dijeron los oficiales, a los soldados que aumentan sus muertes en combate se les ofrecen incentivos como vacaciones extra, un patrón que —temen— es notablemente similar al de los asesinatos ilegales ocurridos a mediados de la década de los 2000.

“Hemos regresado a lo que estábamos haciendo antes”, dijo uno de los oficiales, quienes hablaron con la condición de mantener su anonimato por temor a las represalias de sus superiores.

El mayor general Nicacio Martínez Espinel, comandante del ejército de Colombia, reconoció haber emitido las nuevas órdenes y exigir que los oficiales establezcan objetivos concretos para matar, capturar o forzar la rendición de los grupos criminales y rebeldes.

Dijo que había emitido una orden por escrito que instruía a los principales comandantes a “doblar los resultados”, explicando que había llegado a esa decisión debido a la amenaza que Colombia sigue enfrentando por parte de las organizaciones guerrilleras, paramilitares y criminales.

“La amenaza criminal se incrementó”, dijo. “Si seguimos al ritmo que veníamos anteriormente no vamos a cumplir los objetivos”.

Aun así, el general cuestionó cómo los oficiales han interpretado sus instrucciones.

“La orden que hay es de ser operacionalmente efectivos”, dijo. “Unos me dijeron superar el 10 por ciento. Listo, usted quiere  superar el 10. Otros dijeron: ‘Yo quiero hacer el 50 por ciento más de las afectaciones, pero nunca de muertos’. Otros: ‘Yo quiero hacer el 100 por ciento’. Hay unos que la han cumplido, otros que no la han cumplido”.

También reconoció que las órdenes instruyen a los comandantes para que realicen operaciones cuando todavía no están seguros de sus objetivos.

Sin embargo, el general Martínez argumentó que las instrucciones solo se referían a la planificación de las misiones, no a su ejecución.

“El respeto absoluto a los derechos humanos es lo más importante”, dijo. “Todo lo que hagamos tiene que estar en el marco de la ley”.

Pero la orden misma dice: “Hay que lanzar operaciones con un 60-70 por ciento de credibilidad y exactitud”, lo que deja suficiente margen de error como para que esa política ya haya ocasionado asesinatos cuestionables, dijeron dos oficiales.

Las nuevas órdenes indican un aumento en las campañas militares contra la guerrilla y los grupos paramilitares en Colombia, un país que hace apenas dos años logró firmar un acuerdo de paz con el mayor grupo guerrillero de la nación, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

La paz ha sido difícil de alcanzar. Muchos excombatientes han regresado a la lucha armada, mientras que otros grupos criminales y paramilitares han ampliado su control sobre diversas regiones del país.

El Ejército de Liberación Nacional, un grupo rebelde que no ha firmado ningún un acuerdo de paz, ejecutó un atentado con un coche bomba en Bogotá en enero.

Colombia también está bajo la presión del gobierno de Donald Trump para mostrar resultados en la lucha contra el narcotráfico, una estrategia que ha tenido pocos progresos a pesar de los 10.000 millones de dólares de ayuda estadounidense que recibe el gobierno colombiano.

Para responder a las exigencias de Washington, el presidente Iván Duque, un líder conservador que hizo campaña contra el acuerdo de paz porque creía que era demasiado blando con los rebeldes, remplazó a los principales comandantes del ejército en diciembre pasado.

El gobierno de Duque nombró a nueve oficiales vinculados a asesinatos a mediados de la década de los 2000, incluidos algunos que ahora ocupan los cargos más altos dirigiendo ofensivas militares en toda Colombia, según documentos publicados por Human Rights Watch, una organización de derechos humanos. Según ese grupo, uno de los oficiales vinculados a los asesinatos es el general Martínez, quien fue el segundo comandante de la Décima Brigada Blindada.

Martínez dice que no participó en ninguno de los homicidios y que no está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación.

Las homicidios ilegales conocidos como “falsos positivos” son un capítulo particularmente polémico en la historia reciente de Colombia. De 2002 a 2008, un estimado de cinco mil civiles o guerrilleros fueron asesinados fuera de combate, según las Naciones Unidas. Las autoridades sostienen que al menos 1600 soldados han sido condenados por delitos relacionados con las muertes ilegales.

Dos de los oficiales que hablaron con el Times dijeron que estaban activos durante la época de los asesinatos y fueron ascendidos de rango en períodos subsiguientes.

También dijeron que hubo un cambio importante cuando el general Martínez convocó a una reunión de sus principales oficiales en enero, un mes después de asumir el mando.

La reunión incluyó a los cincuenta principales generales y coroneles del país, quienes se reunieron en un hangar en las montañas afuera de Bogotá. Muchos estaban ansiosos por saber si habría cambios con el nuevo liderazgo.

Después de un descanso, los comandantes regresaron a las mesas donde encontraron un formulario para cada uno de ellos, dijeron los oficiales. El documento tenía el título de Planteamiento de Objetivos 2019 en la parte superior y había un espacio para que cada comandante firmara en la parte inferior.

El formulario les pedía a los comandantes que enumeraran en una columna la “suma aritmética de presentaciones voluntarias, capturas y muertes en desarrollo de operaciones militares” de varios grupos armados durante el año anterior, y luego debían establecer una meta para el año siguiente.

Algunos de los comandantes parecían confundidos, hasta que recibieron la instrucción de duplicar su número este año, dijeron los oficiales.

Poco después, recibieron la misma orden del general Martínez por escrito.

“La meta es doblar los resultados operacionales en todos los niveles del mando”, dicen las órdenes, que tienen su firma.

Tres días después de la reunión cerca de Bogotá, un grupo de oficiales de inteligencia militar y comandantes regionales se reunieron en la ciudad de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, dijeron los oficiales.

Según los militares, en la reunión les dijeron que tenían “que hacer lo que sea”, incluyendo usar grupos paramilitares que proporcionen información sobre bandas armadas rivales “para generar resultados”.

La sugerencia de trabajar con un grupo armado para derrotar a otro creó un silencio entre los asistentes de la reunión, dijo uno de los oficiales.

El 19 de febrero surgió un nuevo documento titulado Cincuenta Órdenes de Comando. Una instrucción exigía “operaciones oportunas y masivas” contra el enemigo.

Pero las instrucciones sobre el umbral requerido para ordenar ataques letales fueron el mayor cambio respecto de la política anterior, dijeron los oficiales.

En el pasado, argumentaron, las operaciones militares debían llevarse a cabo con al menos el 85 por ciento de la certeza del objetivo, después de una serie de reuniones entre los comandantes y los agentes de inteligencia para aprobar la estrategia. La nueva orden exigía un estándar más bajo.

Los oficiales afirman que, poco después, comenzaron a identificar asesinatos sospechosos o arrestos.

Uno de los oficiales citó un asesinato que un informe del ejército simplemente calificó como la muerte de un miembro del grupo paramilitar Clan del Golfo, el 25 de febrero. En el documento se decía que tres miembros del grupo habían luchado contra un pelotón del ejército, y que el combate terminó en una muerte y dos arrestos. Una pistola y un revólver fueron encontrados con los hombres.

El informe fue proporcionado al Times por un oficial que cree que es poco probable que tres delincuentes con armas ligeras se enfrentaran a un pelotón de 41 hombres.

Quizás el asesinato más controversial desde que el general Martínez tomó el mando sucedió alrededor del 22 de abril, cuando el cuerpo de Dimar Torres, un excombatiente que había dejado las armas bajo el acuerdo de paz, fue encontrado en las afueras de un pueblo cerca de la frontera con Venezuela.

Un video tomado con un teléfono celular por los vecinos muestra el cuerpo de Torres con un disparo en la cabeza. Se puede escuchar a los campesinos gritando contra el ejército, acusando a los militares de actuar en nombre de grupos paramilitares.

El ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, al principio dijo que Torres había muerto durante un forcejeo con un cabo del ejército, al que supuestamente intentaba desarmar. Pero, días después, el general a cargo de la región ofreció una disculpa pública.

Si bien el caso de Torres se ha convertido en una controversia nacional, los oficiales dijeron que es probable que otros asesinatos pasen inadvertidos.

Los militares hicieron una copia de una presentación de febrero que llevaba el título Días sin combate. En ella se enumeraban las brigadas y fuerzas operativas y se contaba el tiempo que habían pasado sin tener enfrentamientos. Según los oficiales, las instrucciones eran claras: aumentar las muertes, capturas y rendiciones.

Nota

1) El periodista Nicholas Casey, debió salir de Colombia ayer tras recibir amenazadas y acusaciones falsas. “He tomado la medida de mantenerme fuera del país por las acusaciones falsas que fueron lanzadas ayer en Twitter por (la senadora oficialista) María Fernanda Cabal y replicadas por varios políticos en las últimas 24 horas”, señaló Casey en un mensaje enviado a los medios. (Redacción de Correspondencia de Prensa)

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Entrevista a José Miguel Vivanco

“No me sorprendería que volvieran los falsos positivos”

Revista Semana, 18-5-2019

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, habló con Semana.com sobre las denuncias de esa organización que fueron indicio para la investigación del New York Times de este sábado. El prestigioso periódico alerta sobre la política de incentivos que podría estar aplicando el Ejército y que hace años dio lugar a los falsos positivos.

 

-SEMANA: El Artículo de ‘The New York Times‘ cita a Human Rights Watch como la principal fuente sobre la impunidad de los actuales generales de la cúpula del gobierno. ¿que gravedad tiene lo que denunció este sábado el diario estadounidense?

J.M.V: El artículo  denuncia que habría un esfuerzo por parte del comandante del Ejército y el Ministerio de Defensa por reinstalar las políticas de incentivos que llevaron a los falsos positivos durante el gobierno de Uribe. Ello sugiere que las actuales autoridades militares no han aprendido nada de uno de los capítulos más oscuros de la historia de Colombia—el de los falsos positivos— y podría poner en serio riesgo a la población civil.Es más, a mí no me sorprendería que volvieran los falsos positivos. De hecho, el Ejército nunca ha purgado plenamente a los oficiales creíblemente implicados en estos crímenes. En tal sentido preocupa que muchos de ellos han sido ascendidos y hoy ocupan altos cargos en el Ejército.Colombia2005 II

-SEMANA: Human Rights Watch le hizo saber al presidente Iván Duque su preocupación sobre el nombramiento de nueve oficiales relacionados con falsos positivos. ¿En qué consistió esa advertencia?

J.M.V: Efectivamente, en el mes de febrero publicamos un informe con pruebas que podrían vincular de forma creíble a nueve mandos del actual Ejército en la práctica de los falsos positivos. Hace pocos días se hizo pública una carta de tres influyentes senadores de EEUU que respaldan nuestra investigación y le piden al presidente Duque que reforme la cúpula militar, advirtiéndole que podría afectar los programas de asistencia de EEUU a Colombia.Los generales que denunciamos incluyen, entre otros, al comandante del Ejército Nicacio de Jesús Martínez Espinel y a dos de los jefes del estado mayor: el general Jorge Enrique Navarrete Jadeth y el general Raúl Antonio Rodríguez Arévalo.

-SEMANA: El artículo de ‘The New York Times‘ hace especial referencia al señor Nicacio Martínez, comandante del Ejército. ¿Cuáles son los antecedentes, según Human Rights Watch, que complican al señor Martínez en este asunto?

J.M.V: Como denunciamos en nuestro informe, el comandante del ejército, Martínez Espinel, fue el segundo comandante de la Décima Brigada Blindada (que operó en Cesar y La Guajira) entre octubre de 2004 y enero de 2006. La Fiscalía abrió investigación sobre 23 ejecuciones perpetradas por soldados de la Décima Brigada Blindada en 2005.

Hay un caso muy preocupante: en febrero de 2005 las tropas de la Décima Brigada Blindada, en particular del batallón La Popa asesinaron a una niña indígena de 13 años. Las tropas reportaron que se trataba de guerrilleros de las FARC. El propio Martínez Espinel firmó un documento aprobando un pago de 1,000,00 de pesos colombianos por los “excelentes resultados” de esa operación. Pero los tribunales han concluido que se trataba de una menor inocente, que fue ejecutada a sangre fría para inflar los resultados operacionales.

-SEMANA: ¿Qué similitudes tiene la denuncia del ‘New York Times‘ con el caso del general Montoya, investigado por falsos positivos?

J.M.V: Durante el gobierno de Uribe, y en especial cuando el general Montoya fue comandante del Ejercito, se estableció un sistema perverso de incentivos. El factor más importante para evaluar el rendimiento de los comandantes era el número de muertos en combate que reportaban sus tropas. Los comandantes que no cumplían con las metas establecidas por los altos mandos podían perder sus cargos. Quienes cumplían con las metas, en cambio, recibían distintos premios, incluyendo beneficios económicos, vacaciones, comisiones en el exterior y felicitaciones.

El sistema de incentivos que denuncia la publicación tiene elementos muy similares, puesto que al parecer se incluyen cuotas en el número de bajas y habría vacaciones adicionales para los oficiales que logren estos resultados.