Ni Estado Paralelo/Ni Régimen Inconstitucional

Por la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución: Edgardo Lander – Santiago Arconada – Oly Millán – Juan García – Héctor Navarro – Gustavo Márquez M. – Gonzalo Gómez – Ana Elisa Osorio

Aporrea, 17-1-2019

https://www.aporrea.org

Correspondencia de Prensa, 18-1-2019

-No al Estado paralelo impulsado por EEUU, UE, y el Grupo de Lima

-Rechazamos el régimen entreguista e inconstitucional de Nicolás Maduro

-Referéndum para renovar todos los poderes públicos

Desde la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución hemos venido tomando iniciativas y denunciando el régimen autoritario e inconstitucional del Presidente Maduro, quien a raíz de perder el control de la AN luego de la aplastante derrota en las elecciones parlamentarias de 2015, comenzó a gobernar al margen de la Constitución mediante la aplicación de un estado de excepción permanente, para evadir y neutralizar el control del Parlamento Nacional y facilitar la entrega al gran capital corporativo transnacional, la explotación primaria de nuestros recursos naturales, mineros y petroleros. Optó por avanzar en la profundización del modelo rentístico extractivista depredador, lesionando la soberanía nacional y el patrimonio social, natural y económico de la Nación. El Arco Minero del Orinoco, los Acuerdos de Servicios Conjuntos de PDVSA en términos viles, que nos retrotraen al régimen de concesiones de Gómez y a los contratos operativos de la apertura petrolera de Luis Giusti, son la muestra de la clara orientación entreguista de un gobierno cada vez más autoritario y opaco, que sustenta su poder en el control político clientelar y en la represión y coacción policial, violando los derechos humanos, con la falsa bandera de la lucha antiimperialista.y la defensa de la revolución bolivariana.

Habiendo perdido la base social de apoyo heredada del liderazgo de Chávez, por su connivencia y tolerancia con la corrupción y, su incapacidad para corregir errores en el manejo de la política económica y en la conducción del proceso, el gobierno de Maduro optó por preservar el poder a toda costa sin importarle los graves daños causados al pueblo de Venezuela y sus instituciones, echando por tierra los logros políticos y sociales alcanzados por la revolución bolivariana, para lo cual no dudó en llevarse por delante su logro histórico fundamental, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela parida por un proceso constituyente inédito, que sentó las bases del protagonismo popular a través de la profundización de la democracia y de su ejercicio directo y referendario. La instrumentalización del poder electoral para “legitimar” la suspensión del referéndum revocatorio presidencial convocado por la oposición (2016) y la posterior convocatoria a la elección de una Asamblea Nacional Constituyente (2017) otorgándole poderes “supraconstitucionales y plenipotenciarios, sustituyendo de facto la Asamblea Nacional y usurpando la soberanía popular que reside intransferiblemente en el pueblo, fueron rechazados y denunciados en su momento por esta Plataforma, como evidencia incontrovertible del carácter autoritario e inconstitucional del gobierno de Maduro.

El 20 de mayo de 2018, el presidente Maduro resultó electo para un nuevo período constitucional de seis años, en unas elecciones adelantadas caracterizadas por un claro ventajismo e irregularidades en las cuales se produjo una abstención del 52%, superando en 30% la abstención promedio de los tres últimos procesos electorales presidenciales, en lo cual tuvo un peso importante el llamado a no participar que hizo un sector de la oposición, con el propósito de evidenciar la ilegitimidad del régimen madurista, al cual se sumó el escepticismo derivado de la fragmentación de los opositores y la desconfianza en el manejo del proceso por el CNE. En esa oportunidad, la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución llamó a participar en el proceso electoral, por considerar que la abstención, además de dejarle el campo libre a Maduro para atornillarse en el poder, también se lo abría al gobierno de EEUU y sus aliados, interesados en imponer la tesis del “estado fallido” al demostrarse, según ellos, la “ilegitimidad de origen” del Presidente, para luego justificar su intervención en Venezuela, siguiendo la ruta de la creación de un “Estado Paralelo”, como hicieron en Libia. No es casual que el vocero más conspicuo de Trump en la OEA, Luis Almagro, haya participado directamente en la campaña electoral llamando a no votar, presumiendo que una alta abstención permitiría declarar la “ilegitimidad de origen” del presidente electo, con el fin de desconocer su mandato y proclamar el “vacío de poder” a fin de darle “legitimidad” a un gobierno paralelo impuesto por EEUU.

Reconocemos que en la alta abstención ocurrida en el proceso electoral del 20M (20 de mayo 2018) jugó un papel importante la pérdida de credibilidad del liderazgo político y el escepticismo de amplios sectores de la población en la eficacia de la participación electoral, como medio para cambiar la situación del país, también, debido a la desconfianza en el CNE y la fragmentación del liderazgo opositor. Sin embargo, independientemente de que algunos sectores opositores acompañaron de buena fe la abstención para demostrar su rechazo al gobierno de Maduro, los efectos prácticos de ésta y de la política abstencionista impulsada por el Departamento de Estado y asumida por algunos sectores de la oposición extremista pro-yankee, ha sido la desmovilización del pueblo venezolano, sacándolo del juego, evitando que asumiera su condición de decisor fundamental en la salida a la crisis transitando la vía pacífica y constitucional. De ese modo EEUU y sus aliados pasaron a ser actores de primera línea bajo el paraguas de la “comunidad internacional” para imponer un desenlace por la vía violenta o a través de una negociación injerencista con el gobierno de Maduro, funcional a sus intereses económicos y geopolíticos, hiriendo gravemente la soberanía del Estado Nación venezolano. Los hechos que se han venido suscitando antes y después de la juramentación del Presidente Maduro ante el TSJ, especialmente el pronunciamiento del llamado Grupo de Lima y de EEUU, marchan en esa dirección.

Creemos que la ilegitimidad del presidente Maduro proviene del rechazo de una mayoría aplastante (1) de venezolanos y venezolanas, que consideran a su gobierno el principal responsable de la terrible crisis que los agobia, de la masificación de la pobreza, del colapso de los servicios públicos, de la parálisis económica, de la hiperinflación y de la destrucción del tejido social y productivo del país, además de muy graves violaciones persistentes de la Constitución, incluida la violación sistemática de los derechos humanos. Igualmente, también hay un rechazo a la violencia y a la injerencia externa. Esa mayoría considera de igual modo, que la vía para restaurar el estado de derecho y la institucionalidad perdida, es la movilización pacífica sustentada en los mecanismos constitucionales. En ese sentido, respaldamos las luchas y reclamos de los trabajadores y trabajadoras venezolanas por la defensa de su salario y de sus condiciones de vida y de trabajo, hoy, terriblemente afectados por la caída del ingreso, el desconocimiento por parte del gobierno de la contratación colectiva y demás conquistas laborales y socioeconómicas. Esas luchas deben articularse con la lucha por la restauración de la Constitución.

Rechazamos la creación de un Estado paralelo centrado en la Asamblea Nacional y el TSJ en el exilio apoyado por EEUU y el Grupo de Lima, porque conduciría a la profundización de la crisis y a un “choque de trenes” que podría derivar en un conflicto interno de consecuencias impredecibles, comprometiendo la soberanía e integridad de la Nación.

Más allá de la calificación y el pronunciamiento que puedan hacer gobiernos extranjeros sobre la legitimidad del Jefe de Estado venezolano, sólo el pueblo de Venezuela, apoyándose en la Constitución y conforme a su derecho inalienable a la autodeterminación, debe ser quién decida sobre la salida a la crisis política. Por ello, rechazamos firmemente la intención del gobierno de EEUU y el llamado Grupo de Lima de atropellar la dignidad del pueblo venezolano, al pretender imponer como solución a la crisis, un gobierno paralelo que equivaldría a un golpe de estado parlamentario.

El Grupo de Lima marca la “ruta de Trump” para intervenir en Venezuela

El pronunciamiento del Grupo de Lima (GL) sintetiza la hoja de ruta trazada por el gobierno de Donald Trump para tensar la cuerda al límite, con el fin de darle “jaque mate” al gobierno de Maduro, para colocarlo frente al dilema de negociar su rendición o enfrentar la ofensiva final de la alianza EEUU-UE-Grupo de Lima en marcha, eufemísticamente llamada “comunidad internacional”, a través del estrangulamiento económico seguido de una “intervención humanitaria” tipo Libia, articulada con la puesta en escena de la disputa territorial por el Esequibo y del reclamo del gobierno colombiano por la presencia en Venezuela de la guerrilla del ELN, como detonantes de conflictos en los flancos occidental y oriental,

La ficha clave en esta jugada que ha venido preparando minuciosamente el Departamento de Estado y el Comando Sur junto al Grupo de Limal, con la cual esos poderes fácticos pretenden rebasar la soberanía y autodeterminación del pueblo venezolano, para imponer un gobierno tutelado desde Washington y condicionado a los intereses del gran capital transnacional comprometiendo la existencia misma de la Nación, es la derecha apátrida que fuera y dentro del país, ha hecho suya esa estrategia intervencionista, plasmada en el referido pronunciamiento, asumiéndola como la única opción para lograr un cambio político en el país, desechando de plano que sea el propio pueblo venezolano el que protagonice el restablecimiento de la Constitución derogada de facto por el gobierno de Maduro, y la salida a la crisis por la vía pacífica y constitucional. El pronunciamiento del Grupo de Lima es también un emplazamiento dilemático para los movimientos y organizaciones políticas que hacen vida en el país, frente al cual solo puede haber dos posiciones: o se rechaza por injerencista y violador de la soberanía nacional y popular o se apoya por acción u omisión dándole luz verde a la intervención extranjera. Por nuestra parte, rechazamos en todo su contenido ese pronunciamiento intervencionista violatorio del derecho internacional y ofensivo a la dignidad del pueblo venezolano, con base en las siguientes consideraciones:

  1. El Grupo de Lima es un grupo informal de presión creado bajo los auspicios de EEUU, a partir de los cambios de gobierno hacia la derecha que ocurrieron en la región en los últimos años, ante la imposibilidad de lograr una mayoría en la OEA para imponer la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en contra del gobierno de Venezuela. La creación de ese grupo se produjo en el contexto de la deserción y reducción de la participación de algunos de sus países miembros en la UNASUR, siguiendo la política estadounidense de dinamitar la arquitectura de integración latinoamericana que se construyó en los primeros tres lustros del siglo XXI, con el fin de devolverle a la OEA el protagonismo perdido como foro regional y su condición de “ministerio de colonias”, operador de la Doctrina Monroe.  No son razones humanitarias sino políticas y económicas, las que animan a ese bloque de gobiernos, en el que participa EEUU como dueño del circo, y lo que está de por medio son las ambicionadas riquezas naturales y la primera reserva petrolera del mundo.
  2. Al asumir de manera arbitraria y unilateral la facultad de calificar la legitimidad de los órganos del Poder Público venezolano, renunciando al escenario multilateral, a la mediación y al diálogo como el instrumento fundamental para dirimir pacíficamente las diferencias y conflictos entre los Estados y al interior de los países, lo hacen para darle sustento a la política del gobierno de Trump, de bloquear cualquier salida que surja de la decisión autónoma y soberana de los venezolanos. De ahí su política de impulsar el abstencionismo y la insurrección violenta desmovilizadora, de la cual se abanderó la derecha extremista, dándole al gobierno la oportunidad de justificar la aplicación de un “estado de excepción” de facto, que aunque inconstitucional, le ha servido de coartada para gobernar al margen de la constitución e imponer un régimen represivo para supuestamente “garantizar la paz” y atornillarse en el poder. Al reconocer la legitimidad al TSJ en el “exilio”, desconocer el nuevo mandato del Presidente Maduro y reconocer a la AN como el único poder legítimo, el Grupo de Lima presiona hacia la constitución de un Estado Paralelo, hacia un conflicto de poderes, hacia una confrontación de alcance internacional de consecuencias impredecibles, entre el gobierno de Maduro respaldado por la FANB y la oposición extremista atrincherada en la AN respaldada por EEUU y el Grupo de Lima.
  3. El guión seguido por una mayoría de la AN liderada por su nuevo Presidente, Juan Guaidó (VP) sigue la misma estructura y letra del pronunciamiento del Grupo de Lima y del Jefe de la Diplomacia estadounidense, tanto en cuanto al desconocimiento del mandato de Nicolás Maduro, como en lo referido al carácter plenipotenciario que asume la AN para designar un Presidente interino o Consejo de Transición, que ejercería la “coordinación con la FANB, la designación de representantes ante instancias internacionales y la conducción de un proceso de transición, todo ello presumiendo que el cargo de Presidente estaría vacante. De esta manera, se plantean abiertamente la dualidad de poderes que promueven EEUU y sus aliados, que como ya señalamos, podría conducirnos a un conflicto donde las víctimas seremos los venezolanos y el poder de decisión quedará a merced de los intereses geopolíticos y económicos de EEUU y sus aliados.
  4. Superando al gobierno de EEUU en materia de sanciones a Venezuela, el Grupo de Lima se dispone a elaborar, a discreción y sin definir un criterio preciso, listas de personas naturales y jurídicas a las cuales se le impedirá interactuar con instituciones financieras y bancarias de los países miembros e incluso congelar sus fondos y activos. Por otra parte, anuncia que “evaluará la aplicación de restricciones en el otorgamiento de créditos al Estado venezolano, en los organismos financieros internacionales y regionales de los que son parte”. Estas son el tipo de medidas que suele tomar EEUU aplicando leyes extraterritoriales que vulneran la soberanía de los Estados, las cuales supuestamente van dirigidas a golpear a funcionarios gubernamentales, pero que inexorablemente recaen sobre el pueblo. Son medidas que en el marco de la grave crisis económica y social del país, contribuyen a profundizar el sufrimiento de las grandes mayorías que padecen los embates de la crisis.  Al supeditar en términos absolutos la cooperación humanitaria al logro del objetivo político, en este caso, del cambio de gobierno, queda al descubierto el chantaje detrás del ofrecimiento de la ayuda humanitaria a cambio de ceder la soberanía. Muy diferente sería ofrecer incondicionalmente la cooperación para atender la emergencia humanitaria, siempre y cuando esta no sea manejada por el gobierno sino por la comunidad organizada.
  5. El hecho de que 10 de los 12 gobiernos del Grupo de Lima se retractaron del espaldarazo que le dieron a Guyana, en su reclamo a Venezuela por la expulsión de una embarcación extranjera que, con la autorización de ese país, penetraron aguas venezolanas en el Delta del Orinoco, no le quita relevancia al cipayismo vergonzoso de los gobiernos que integran ese Grupo. Ese es solo un movimiento “táctico”, lo que cuenta es su intención y voluntad demostrada de adhesión total, incondicional e inédita a la posición de EEUU de reconocerle a Guyana soberanía plena sobre el Esequibo y una porción importante de la plataforma continental del Delta del Orinoco, como si este fuera algo coyuntural vinculado al gobierno de Maduro, y no un asunto de Estado de carácter histórico, altamente sensible para los venezolanos, porque afecta la integridad del territorio nacional. Para colmo del irrespeto, se atrevieron a calificar a las FANB como “provocadores” y “violadores de los derechos humanos de los países vecinos”, refiriéndose a Guyana, cuando una nave patrullera de la Armada Nacional Bolivariana interceptó y desalojó a un buque que realizaba estudios exploratorios para la ExxonMobil con el permiso írrito del gobierno guyanés, porque cumplieron con su deber de garantizar el ejercicio de la soberanía territorial en la plataforma continental del Delta del Orinoco, apegándose a las normas internacionales.
  6. Adicionalmente, ese incidente lo utilizan para justificar la suspensión de la cooperación militar en general y el posible establecimiento de una zona de exclusión aérea mediante la suspensión de los “permisos de sobrevuelo de aviones militares venezolanos en caso de asistencia humanitaria”. Estas son señales que anuncian la preparación para un conflicto bélico, lo cual resulta mucho más preocupante si tenemos en cuenta que en ese grupo están Brasil, Colombia y Guyana, países que tienen frontera con Venezuela y con los dos últimos mantenemos diferendos territoriales.
  7. En razón de que un sector extremista de la oposición encabezado por el nuevo Presidente de la AN, decidió adherirse al Pronunciamiento del Grupo de Lima y del gobierno de EEUU, de declarar unilateralmente vacante la Jefatura del Estado Venezolano, argumentando la ilegitimidad de origen de la elección de Nicolás Maduro para el período 2019-2025, y no reconociéndolo como tal y en consecuencia procedió a conformar un Estado Paralelo en el que la AN asume las funciones del Poder Ejecutivo y se reconoce como legítimo al llamado TSJ en el exilio, crea las condiciones para que se desencadene un conflicto interno que agravará la crisis y podría conducir a una guerra civil con participación internacional o en el mejor de los casos, a una negociación, impuesta desde afuera, amenazando la integridad territorial y la soberanía nacional, desde esta Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución proponemos:

¿Qué hacer?

Para el Pueblo de Venezuela, la primera tarea es garantizar la preservación de la Patria, porque sin ella, ningún proyecto nacional sería posible para construir el futuro. El suicidio, sea individual o colectivo, no es una opción. De allí que cualquier propuesta, idea, decisión planteadas en términos de lesionar nuestra herencia, nuestra integridad territorial, nuestra identidad nacional, nuestro derecho a la autodeterminación, incluyendo los derechos de nuestros pueblos originarios, debe ser combatida con absoluta firmeza y es por ello que, desde la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, denunciamos y rechazamos como injerencistas las acciones del llamado “Grupo de Lima” y cualquier venezolano, más allá de su opinión política, está en la obligación de sumarse a ese rechazo.

Así mismo, rechazamos la tesis que internacionalmente viene siendo manejada por un sector extremista de la oposición, siguiendo las instrucciones del gobierno estadounidense, acerca del “vacío de poder” y de la necesidad, en consecuencia, de una intervención extranjera. Tal idea, al final, busca limpiar el camino para la disolución de la República, para la repartición de lo que es de los venezolanos, para convertir a Venezuela, esa de las ocho estrellas, esa del Libertador, esa de donde surgió la libertad para buena parte del continente, en un grupo de pequeñas republiquetas: un proceso de fragmentación, al estilo de lo ocurrido históricamente con la disolución de la Gran Colombia y posteriormente con Panamá. Pero eso no implica, de ninguna manera, que defendamos el actual gobierno, responsable de la gran crisis que nos agobia y responsable también, por acción u omisión, de poner en peligro a la República. Asumimos que en Venezuela sí existe un gobierno pero el mismo es ilegítimo porque actúa al margen de la Constitución y, porque sus acciones son absolutamente contrarias al interés general. Por tanto, debe ser reemplazado pero no a través de un inconstitucional golpe de estado con el apoyo de EEUU y sus aliados, sino a través de una acción coherente y sostenida de participación y movilización popular en el marco de la propia Constitución. La profundidad de la crisis requiere, sin dudas, de un acuerdo general, un acuerdo de sociedad, no un simple acuerdo de cúpulas y para ello, insistimos, la Constitución tiene previstos los caminos. No se trata de reemplazar una cúpula por otra, se trata de que el pueblo, quien ejerce la soberanía (A-5), se manifieste acerca de lo que verdaderamente quiere (Artículos 70 y 71).

Es necesario reinstitucionalizar la República pero ello no es posible mientras las instituciones sigan siendo manejadas por los responsables de la crisis. Se trata de que, a partir de un acuerdo de patria, un acuerdo con visión de futuro, un acuerdo responsable, que prevea la renuncia de absolutamente todos los poderes, en forma ordenada y frente al pueblo, con el fin de llamar, en tiempo perentorio, a un nuevo proceso general de elecciones que relegitime todos los poderes, para adelantar un plan que atienda la emergencia humanitaria y le abra el camino a una nueva Venezuela. Se trata, en definitiva, de poner las decisiones en manos del soberano, como reza nuestra Constitución. De lo contrario, la deriva de la crisis nos conducirá inexorablemente a una guerra civil con participación internacional, la instalación directamente del fascismo, con todo lo que ello implica para las generaciones presentes y futuras de venezolanos, o la instalación, a partir de componendas, de un gobierno que no represente los intereses de los venezolanos.

La AN liderada por la oposición extremista, avanza en la ejecución del proyecto del estado paralelo promovido por EEUU-UE-Grupo de Lima para desplazar a Maduro del gobierno, mientras éste con el apoyo de la FANB acaricia la idea de disolver la AN y convocar unas elecciones anticipadas. Esta confrontación podría desembocar en una guerra civil con participación internacional o en una negociación cupular forzada por intereses foráneos. En estas circunstancias, cuando está en juego la existencia de la Nación, es que el pueblo debe ser el protagonista de su propia historia para decidir el destino de la República, ejerciendo plenamente su derecho a la autodeterminación. Por esa razón, proponemos que la disputa entre el Gobierno y la AN debe resolverse mediante el diálogo y la negociación, tomando como punto de partida la convocatoria a un referéndum consultivo vinculante, en el que los venezolanos decidamos en elecciones transparentes y con base en los artículo 70 y 71 de la Constitución, si queremos o no renovar todos los poderes públicos.

La salida debe ser soberana, pacífica y constitucional a través de la Consulta Popular!!!

Rechazamos el Pronunciamiento Intervencionista del Grupo de Lima!!!

Todos contra el despojo territorial imperialista en el Esequibo!!!

Nota

1) Maduro obtuvo 67.84% de los votos, lo que equivale al 30.44% del Registro Electoral, con un 52% de abstención.

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Entrevista con Manuel Sutherland

¿A dónde va Venezuela? (si es que va a alguna parte)

Como en la Cuba del «Periodo Especial», la oposición venezolana, fuertemente dividida, espera un desmoronamiento del poder que nunca llega, mientras el gobierno sigue denunciando conspiraciones externas y muchos venezolanos votan con los pies y abandonan el país. El economista Manuel Sutherland explica la situación en diálogo con Nueva Sociedad.

Pablo Stefanoni

Nueva Sociedad, enero 2019

http://nuso.org/

La reciente asunción de Nicolás Maduro para un segundo mandato de seis años volvió a poner el foco en Venezuela y su crisis. Con la Asamblea Nacional en manos de la oposición y declarada en «desacato», el presidente juró ante una Asamblea Constituyente que, más que redactar una Constitución, actúa como una suerte de supragobierno. Entretanto, el escalamiento de la crisis no ha logrado fortalecer a la oposición que, con un nuevo líder de la Asamblea Nacional, busca renacer de su fragmentación y sus cenizas. El economista Manuel Sutherland brinda algunas claves de lectura de la coyuntura venezolana, con una mirada más amplia sobre una Revolución Bolivariana que ya está por cumplir dos décadas.

-Nicolás Maduro propuso en su asunción «un nuevo comienzo». Dado que el chavismo ya lleva dos décadas en el poder, ¿qué significado tiene eso?

En el acto de asunción de Nicolás Maduro escuchamos una promesa que nos retumba en los oídos. El presidente prometió, en efecto, un «nuevo comienzo», y adornó sus ofrendas con frases como: «ahora sí», «esta vez sí». Dichas frases podrían dar la esperanza a millones de sus seguidores sobre la posibilidad de políticas de cambio estructural, que permitirían de algún modo elevar el precario nivel de vida que sufre la población. Sin embargo, Maduro lleva cinco años seguidos prometiendo exactamente lo mismo: un cambio, y demandando más poder para tener la capacidad de hacer «más cosas por el pueblo». En plena hiperinflación, Maduro sigue prometiendo que «esta vez sí va a controlar los precios» y que tratará con «mano dura» a quienes se atrevan a incrementarlos más allá de unas listas de precios regulados que son básicamente el hazmerreír de la población. Cada año que promete que «esta vez sí» va a derrotar a la fementida «guerra económica», la gente no hace más que mirar hacia el suelo y suspirar. Las promesas mueren inmediatamente después de nacer. La sonrisa con sorna de algunos de sus adláteres en el acto de asunción de Maduro al oírlo prometer fue de real antología.venezuela ii

Pero mientras tanto el quinquenio 2014-2018 se caracterizó por cinco caídas sucesivas en el PIB, algo nunca antes visto en nuestra economía. Los millones de bombas y el genocidio perpetrado por los nazis en Polonia causaron una caída de 44% del PIB (1939-1943). La caída del PIB en Venezuela ronda el 50% en los últimos cinco años, un récord absoluto para el continente, una tragedia sin parangón. Para los años 2017 y 2018, se vio el agravamiento de la crisis con el penoso protagonismo de una hiperinflación que ha roto varias marcas históricas en el mundo. La hiperinflación en Venezuela ya lleva alrededor de 14 meses consecutivos y se erige como la octava hiperinflación más larga de la historia.

-Las preguntas del millón: ¿por qué la catástrofe económica no parece erosionar el poder del gobierno como imaginaba la oposición? ¿Por qué los sectores populares no bajan de los cerros? ¿O bajan para migrar?

De manera similar a la oposición cubana en pleno «Período Especial», después del derrumbe de la Unión Soviética y los gobiernos de Europa oriental, los más connotados líderes opositores venezolanos esperan que una voraz crisis económica obligue a la gente a salir a la calle y a hacer una «revuelta de hambre» que barra con el gobierno de alguna forma. En el exilio, presa o muy lejos de las bases empobrecidas de la nación, la mayoría de la elite opositora aspira a un desmoronamiento del presunto castillo de naipes bolivariano. Cuando ello no ocurre, confía en que el tiempo hará que las cosas empeoren y provoquen al fin la ansiada rebelión. Lo que parecen no entender, aunque lo dicen todo el tiempo, es que el gobierno de alguna forma desarrolla un plan muy amplio de dádivas, prebendas y asistencias sociales masivas que contienen de manera relativamente efectiva a la población más abiertamente empobrecida. De tal forma, el gobierno atiende a los sectores de las barriadas con bolsas de comida (mediante los llamados Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP), dinero en efectivo en sus cuentas (Bonos de la Patria), servicios de electricidad, agua, aseo, transporte público ampliamente subsidiado, gasolina casi gratuita. Ni hablar de sus políticas muy permisivas con la delincuencia barrial, el tráfico de drogas, el comercio de bienes subsidiados y el contrabando. El gobierno entrega infinidad de mercancías a precios muy bajos, que son revendidas en el mercado negro con enormes márgenes de beneficio. Así las cosas, a través de empleados del gobierno, se obtienen ilegalmente beneficios que pueden ir desde una casa o un auto hasta unos 500 gramos de carne de cerdo. Con muy poco dinero el gobierno desarrolló una red política clientelar de gran magnitud, que logró profundizar un proceso de lumpenización social de amplios sectores de la población. Todo ello contiene el estallido de las capas más empobrecidas de la sociedad.

Aunque la emigración de venezolanos de las capas más pobres lleva al menos tres años, no es lo más común en las barriadas. Las formas de conseguir dinero de manera subrepticia o abiertamente ilegal son muchas, lo que generalmente desestimula una emigración aún mayor. Y cabe destacar que la oposición no tiene prácticamente ningún trabajo político en las barriadas. Aparte de ser peligroso hacer política en contra del gobierno en muchas zonas populares, la oposición ha abandonado por completo la tarea de organizar a esas bases sociales que, desgraciadamente, se van con quienes tienen los recursos a la mano para «resolver» problemas cotidianos. Dicho músculo solo lo tienen organizaciones estatales o delincuenciales. Por ende, las barriadas populares están totalmente desconectadas de la política opositora que ha encontrado su nicho en Twitter.

-Esa oposición no logra hasta ahora resultados en la calle, ni en las urnas, ni en las instituciones que conquista, ¿qué podría hacer entonces?

El gobierno ha sido tremendamente exitoso en colocar el mote de «fracasada» a la oposición. De tal forma, ha venido proyectando entre sus líderes una sensación de derrota y frustración. A pesar de su enorme e inusitado éxito electoral en 2015, cuando obtiene la mayoría en la Asamblea Nacional, el bloque opositor se ha ido desintegrando con extrema velocidad. En plena desbandada, han deshecho la Mesa de Unidad Democrática (MUD) y se han dedicado a usar las redes sociales para atacarse entre sí de la manera más chocarrera posible. En ese tortuoso devenir, la oposición ha optado por presentar todo proceso electoral como fraudulento, con razón, pero con una postura derrotista que ni siquiera le permite pelear por defender los votos.

A partir de ello se ha desarrollado una política de abstención que ha logrado despolitizar aún más a las bases opositoras. La oposición se ha abstenido sucesivamente y se ha alejado de manera poco astuta de ámbitos políticamente útiles para sus fines, lo que la ha debilitado de manera dramática, hasta el punto de parecer formalmente disuelta. En ese contexto, han emergido al primer plano sus querubines más extremistas y, por ende, más antipolíticos. A pesar de que estos últimos son muy buenos para encender las redes sociales y atraer el entusiasmo de quienes no hacen política real, en la práctica tienden a ser los menos inteligentes y hábiles en el arte de construir alianzas y consensos. Todo esto hace a la oposición aún más inoperativa y estéril. El tiempo parece indicar que no le queda otra opción que tratar de reimpulsar un proceso de articulación política cada vez más complicado. Cuando se requiere hacer más trabajo de hormiga, decide apelar a una diatriba maximalista: enfrentar al llamado gobierno «usurpador» desde una absoluta desventaja y esperando que llegue un milagro desde Estados Unidos. o desaparecer a la luz de sus propias promesas irrealizables.

-Ahora el país tiene casi dos presidentes, si tomamos en serio la proclama, aún confusa, de la Asamblea Nacional.

La oposición venezolana llevaba meses diciendo que Maduro dejaría de ser presidente legítimo luego del 10 de enero. Habían desconocido la elección del 20 de mayo de 2018 –en la que solo participó el ex-gobernador Henry Falcón– y, por ende, Maduro iba a convertirse en un «usurpador». Entonces comenzaron a a discutir qué hacer el 10 de enero. Las corrientes más moderadas dijeron que nada nuevo iba a pasar. Las más radicales auguraban el advenimiento de los marines y los paramilitares colombianos en aras de «liberar» el país.

Pero el 10 de enero pasó sin sobresaltos en cuanto a protestas o posibles enfrentamientos en la calle. La nota la dio el joven presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, quien con cierta timidez ofreció una concurrida rueda de prensa en la que, de una manera sorprendente, dio el paso de desconocer a Maduro como presidente de la República y aseguró estar listo para asumir la Presidencia interina del país, ante lo que la oposición considera como una usurpación de funciones por parte de Maduro. Acto seguido, calificó la asunción de Maduro como nula y llamó a las Fuerzas Armadas y a la comunidad internacional a actuar ante lo que denominó un fraude electoral.

En la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Caracas, Guaidó habló en un acto que concentró a unas 3.000 personas y donde estuvo a punto de autoproclamarse presidente de la nación, pero no lo hizo del todo. Blandiendo el artículo 233 de la Constitución, alegó que si el presidente electo no llegaba a asumir sus funciones, el presidente de la Asamblea Nacional quedaría como encargado para dicha labor. Guaidó dijo que se está preparando una Ley de la Transición y una posible amnistía general para los militares que se plieguen al nuevo gobierno de transición que en 30 días convocaría a nuevas elecciones generales. Guaidó, del partido Voluntad Popular, insistió en que requiere un apoyo popular masivo en las calles y un soporte sólido de la comunidad internacional para hacer realidad sus proclamas. Hacia el final de su discurso, dijo que asumiría «las competencias para una encargaduría de la Presidencia de la República», en el marco de una propuesta confusa y cargada de supuestos poco claros. La forma esópica de su perorata parece deberse al imperativo de evitar que las fuerzas de seguridad del gobierno lo encarcelen por protagonizar un golpe de Estado.

-¿Y cómo reaccionó el gobierno?

La soflama de Guaidó deja muchos cabos sueltos. Lo que sí es cierto es que la Organización de Estados Americanos (OEA) y los gobiernos de Brasil y Estados Unidos pasaron inmediatamente a reconocerlo como presidente legítimo. El Tribunal Supremo de Justicia (en el exilio) emitió un comunicado de respaldo a Guaidó y lo exhortó a que se juramente de una vez como presidente.

Ante esta situación, Maduro activó el ejército de propaganda de redes sociales del gobierno y salieron 1.000 burlas y guasas contra el «presidente de Twitter», por decir lo más decoroso. La oposición que dirige el plan que Guaidó protagoniza espera exactamente que el gobierno reaccione para ver si puede patear el tablero, sacudir de alguna manera el terreno y obligar a los militares o a la «comunidad internacional» (especialmente Estados Unidos y consortes) a ejercer alguna acción más decidida. Entre tanto, los gobiernos de China y Rusia salieron rápidamente a confirmar a Maduro como presidente y a asegurarle apoyo ante cualquier «injerencia externa».

La Asamblea Nacional busca generar una especie de «doble poder» o dualidad gubernamental. De manera abierta, discuten que si Washington y sus aliados –como el Grupo de Lima– reconocen plenamente al «nuevo presidente», este podría de una vez tomar posesión de activos de la nación en el extranjero (como sucedió en el caso de la invasión a Libia) incluyendo el cobro de facturas, fondos estatales y empresas como la enorme petrolera CITGO situada en Estados Unidos, que es una potente fuente de generación de divisas. Obviamente, eso incluiría el oro que el Banco de Inglaterra no quiere devolver a la nación y otros bienes congelados como producto de las sanciones impuestas al país. Los fondos que pueda recoger irían para «ayuda humanitaria», aunque en realidad serían para pagar una milicia nacional para combatir al gobierno.

Lo más probable es que el gobierno no disuelva la Asamblea Nacional, que declarada en «desacato», no tiene ningún poder real en el país. Es factible que se amenace con la cárcel a Guaidó y de alguna manera se lo «incentive» a huir a Brasil o a Colombia para conformar un gobierno en el exilio al estilo del ya conocido Tribunal Supremo de Justicia venezolano que sesiona en Colombia y que ya ha destituido a Maduro varias veces. La efectividad de un gobierno criollo en el exilio parece ser nula y entra a formar parte de los chistes sobre la ineficacia política vernácula. La acción inmediata propuesta por la Asamblea Nacional fue la convocatoria a una gran marcha insurreccional el 23 de enero, fecha histórica de la lucha por la democracia en el país. Nada más. Hay un fuerte rumor de que se llevan a cabo negociaciones secretas entre la oposición y el gobierno para lograr acuerdos mutuos de cooperación en caso de que la situación empeore. Los próximos días serán de enorme tensión.

Las dudas que surgieron inmediatamente después del cabildo abierto que organizó el líder opositor son gigantescas. La primera es por qué Guaidó no se envistió como presidente de la República en la misma Asamblea Nacional. Si jurídicamente lo asiste el artículo 233 de la Constitución, en ese caso debería ser proclamado en solemne acto en el Parlamento. Este debería haber redactado una «Ley de Transición», declarar usurpación o vacancia en el Poder Ejecutivo y nombrarlo de una vez, que es lo que clama el ala radical de la oposición interna y externa. Pero en los «cabildos» que ha hecho ni siquiera asume de manera informal la Presidencia.

El sector más duro de la oposición está ya atacándolo y tachándolo de «blandengue» y «lerdo». Le reprochan no asumir la Presidencia y lo acusan incluso de «omisión administrativa» y de evadir su responsabilidad concreta, además de defraudar a las personas que tenían una esperanza firme en él. Más aún, se escandalizan de oírlo llamar a los militares para que estos le den la Presidencia, cuando en su interpretación de la ley él debería dar las órdenes a los militares y estos obedecer. Ofrecer ese arbitrio a las Fuerzas Armadas parece un retroceso histórico sin precedentes. El llamado a hacer más «cabildos» les suena a muchos como un gesto tímido, apocado e incluso cobarde. Los más encarnizadamente antichavistas creen que está «escurriendo el bulto» porque que teme ir preso. Les parece demasiado lejana la convocatoria a la marcha del 23 de enero y ven cómo la expectativa de conflicto inmediato se va desinflando. Fue llamativo que tres de los cuatros partidos políticos de oposición más importantes no estuvieran en el cabildo caraqueño. En efecto, Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ), Un Nuevo Tiempo (UNT) y otras organizaciones no asistieron o mandaron a funcionarios de menor rango. No participaron y no han hecho nada para impulsar leyes que envistan con la banda presidencial a Guaidó.

Y el domingo 13 pasó algo increíble. El Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), interceptó el carro donde viajaba Guaidó y lo capturó a plena luz del día. En pocos minutos, las redes sociales explotaban con la noticia del «secuestro» del «presidente Guaidó». A los pocos minutos de esta acción, que pudo ser filmada por un aficionado, el SEBIN también apresó a dos periodistas de medios de comunicación de Estados Unidos y Colombia. En plena elucubración del paradero del Guaidó, se publicaron noticias de su liberación que señalaban que ya iba en camino al «cabildo» en Vargas, como lo tenía planeado.

Poco tiempo después, el gobierno salió a decir que la operación del SEBIN había sido «irregular» y que hubo una especie de «infiltración» u actuación independiente de un funcionario que tomó esa iniciativa saltando a la autoridad y con la oscura intención de dejar en entredicho a la gestión del gobierno. Toda la culpa parece ser del comisario Hildemaro Rodríguez, a quien se le han descubierto «nexos conspirativos con la ultraderecha» y que luego de acometer esa acción fue puesto a la orden de la Fiscalía número 126 de Caracas. Así las cosas, el gobierno parece haber quedado en un ridículo histórico, que podría evidenciar una importante fractura interna y una gran descoordinación, más propia de una vecindad arruinada que de un gobierno formal. Es evidente que a Maduro no le convenía apresar a Guaidó y obviamente alguna tecla se movió para, de alguna manera, dejar en ridículo al gobierno o quizás intentar precipitar hechos de violencia al impulsar una agresión grave al presidente del Parlamento. Todo ello entra en el campo de lo posible en un escenario enrarecido.

-¿Qué pasó con la llamada «izquierda crítica»?

Quizás la víctima más sufrida del proceso bolivariano ha sido la denominada «izquierda crítica». Chávez en 2007 prometió convertir en «polvo cósmico» a las bases de apoyo del proceso que no se adhirieran al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que recién estaba creando. En este caso, esa promesa se cumplió a cabalidad. La «izquierda crítica» que en masa apoyó al chavismo en los primeros años, y que poco a poco se ha ido distanciando del proceso, ha desaparecido casi por completo. Tras años de fallido entrismo en las filas de la mediana burocracia y del partido con el objetivo de izquierdizar «desde adentro» un proceso fundamentalmente dirigido por militares, ha optado por emigrar, pasarse a las filas de la derecha decimonónica o simplemente mimetizarse en el gobierno con el repetido argumento de «no hacerle el juego a la derecha».

La extrema dependencia de la población respecto al Estado también ha alcanzado a esta izquierda dispersa, que en muchos casos expresa el miedo a confrontar al gobierno por el temor de perder el empleo o una mínima prebenda adquirida. El número de quienes han resistido, más los despidos, la represión y la pobreza, es demasiado pequeño para hacerle sombra al gobierno. Los sindicatos, centros universitarios y gremios están desapareciendo por completo al desvanecerse la producción en todos los ámbitos y haberse trasformado la emigración en el sino de millones de jóvenes. Otra parte de la izquierda crítica de Maduro carga el lastre ideológico de reivindicar a Chávez y tratar de contraponer a ambos gobiernos, cosa que pareciera ser un gancho para atraer a las amplias bases chavistas descontentas, pero que al final resulta confuso y contradictorio para la mayoría de la población que no encuentra referentes políticos consolidados.

-¿Por qué la izquierda latinoamericana está en una suerte de negacionismo hacia Venezuela?

La izquierda latinoamericana en general ha «vivido» del chavismo, es decir, infinidad de referentes de izquierda han desfilado por el país recibiendo jugosos viáticos, entrevistas y asesorías. Centenares de líderes de pequeños partidos y organizaciones han recibido generosa ayuda del gobierno bolivariano, en muchos casos desde las embajadas. Esa izquierda está en deuda con el gobierno y le cuesta separarse a estas alturas de un régimen al que aplaudieron y defendieron a rabiar, aun si saber muy bien cómo funcionaba en realidad, ya que los pocos viajes realizados fueron cuidadosos tours políticos que reflejaban una realidad acomodada a la vista de quienes, con toda fe, buscaban creer en una luz al final del túnel frente al neoliberalismo o la derecha internacional. A ellos les cuesta mucho dar una opinión distinta de la que dieron antes, para no recibir acusaciones de «incoherentes» o de «traidores». Divorciarse de otro proceso, como fue con la URSS, tiene un costo elevado.

Por otra parte, una gran porción de la izquierda de América Latina trata honestamente de distanciarse de sus gobiernos de la derecha o de las críticas al proceso bolivariano de las cancillerías de Mauricio Macri, Jair Bolsonaro o Iván Duque. En ese devenir se pierden los análisis concretos de la realidad concreta, sin tantos apasionamientos y sesgos ideológicos. De esta forma, patinan tratando de justificar honestamente políticas claramente erróneas y con consecuencias catastróficas para la clase obrera y el pueblo venezolanos, quienes a la sazón deberían ser el centro de su solidaridad. Como un avestruz, se niegan a ver los hechos más evidentes y se reemplaza el análisis por delirios «geopolíticos».

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Rechazamos al gobierno antiobrero de Nicolás Maduro

Repudiamos la injerencia de Estados Unidos y los gobiernos patronales de la región

Orlando Chirino y José Bodas

La Clase.info, 11-1-2019

https://laclase.info

En la capital peruana, el pasado 4 de enero, los cancilleres de trece Estados de América Latina organizados en el llamado Grupo de Lima firmaron y emitieron una declaración injerencista por órdenes del gobierno norteamericano, donde asumieron la potestad política para calificar la legitimidad del gobierno venezolano y liderar un cambio gubernamental en Venezuela. Luego, el 10 de enero, diecinueve Estados del continente aprobaron en la Organización de Estados Americanos (OEA) una resolución intervencionista para declarar como ilegítimo al nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro.

En ese marco, la mayoría de la oposición patronal desde la Asamblea Nacional declaró que Nicolás Maduro a partir del 10 de enero se encuentra usurpando el cargo de Presidente de la República, y por eso le han pedido que renuncie y conceda una transición gubernamental. Pero, además, han solicitado la intervención de los militares en el conflicto institucional, porque supuestamente son los garantes del cumplimiento de la Constitución Nacional y las leyes.

Las dos medidas diplomáticas injerencistas ejecutadas por Estados Unidos y los gobiernos pro imperialistas de la región, y las acciones de la oposición patronal en la Asamblea Nacional, son parte de las presiones extranjeras y locales para lograr la salida del gobierno de Nicolás Maduro mediante una transición negociada y ordenada. Esa transición tendría como objetivo la constitución de un denominado gobierno de unidad nacional, en el que participen grupos disidentes del chavismo, sectores empresariales, y los partidos patronales de la MUD/Frente Amplio, que evite la movilización obrera y popular autónoma, y que incluya la impunidad penal de los crímenes cometidos por militares y civiles en medio de la restricción a las libertades democráticas, permita el resguardo de los recursos económicos obtenidos en actos de corrupción por altos burócratas oficialistas y empresarios, y continúe aplicando un paquete de medidas económicas que beneficie al capital transnacional y local en detrimento de las condiciones de vida del pueblo trabajador venezolano.

Desde el Partido Socialismo y Libertad (PSL) rechazamos categóricamente al gobierno de Nicolás Maduro, pero igualmente repudiamos la injerencia de Estados Unidos y los gobiernos patronales y pro imperialistas de la región en los asuntos internos de Venezuela, y denunciamos que la oposición patronal desde la Asamblea Nacional tiene como único propósito crear las condiciones políticas necesarias para el inicio de una nueva negociación con el gobierno de Nicolás Maduro.venezuela iii

El PSL considera que solo las luchas unitarias, organizadas y con independencia de clase del pueblo trabajador garantizarán la derrota del gobierno autoritario de Nicolás Maduro, el cual, a través de fraudes electorales como el efectuado el 20 de mayo de 2018 y la represión permanente, se mantiene en Miraflores aplicando un paquete anti obrero y capitalista, que favorece abiertamente a los intereses de las empresas transnacionales y la burguesía local.

Debemos seguir el ejemplo de los trabajadores y trabajadoras del Hospital Universitario de Caracas, quienes, con su movilización masiva y unitaria, dividieron a sectores del chavismo que se sumaron a la lucha contra la directiva corrupta del hospital, por la recuperación de los recursos que se robaron y por salarios igual a la canasta básica.

Es necesario que las trabajadoras y trabajadores continuemos la lucha iniciada el año pasado por salarios dignos indexados mensualmente, en defensa de las contrataciones colectivas, y contra las tablas salariales impuestas por el gobierno en el sector público. Que cada vez más sectores se sumen a la lucha, como ya hacen los docentes en todos los estados del país, y que la movilización de las trabajadoras y trabajadores empalme con la lucha que en las comunidades comienzan a desarrollar los sectores populares por comida y servicios públicos, masificando y generalizando la protesta en la calle contra el gobierno y su paquete de ajuste anti obrero y antipopular.

El Partido Socialismo y Libertad (PSL) y su corriente sindical C-cura, desde la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela, y otras instancias unitarias en las distintas regiones, seguirán promoviendo la movilización obrera y popular para conquistar un Plan Económico Popular que parta de lograr un salario igual a la canasta básica indexado mensualmente, un plan de importación de alimentos y medicinas, el no pago de la deuda externa, que el petróleo sea 100% estatal sin empresas mixtas ni transnacionales, confiscación de los bienes de los corruptos e importadores fraudulentos, y que todos esos recursos se utilicen para salud, educación, salarios, jubilaciones, vivienda, recuperación de Pdvsa y las empresas básicas, y para el impulso de una reforma agraria que otorgue tierras, insumos y apoyo técnico a los campesinos pobres, siempre teniendo como perspectiva la necesidad de un gobierno de la clase trabajadora.