El terrorismo de Estado sigue vivo, y su manera de ser trascendido por la poliarquía restaurada en 1985 –a través de la impunidad– ha sido un motivo cultural central para entender inquietantes comportamientos colectivos.
La evidencia de que 50 años no es nada y de que ciertamente no es esa historia que se lee sin pasiones radica en el hecho de que en este país de viejos, los viejos que eran jóvenes hace 50 años se emperran en justificar sus procederes y en secundar las decisiones de sus relevos para que todo quede como está, es decir, oculto.
Nadie sabe bien cuál será el próximo movimiento de Ortega y eso es parte de su poder.
Organizaciones sociales afirman que los “promotores ideológicos de la impunidad” pretenden hacer una “reinterpretación” de la historia y “justificar” los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado para consagrar la “cultura de la impunidad”.
“No soy tapadera de nadie” ha dicho muchas veces el presidente Andrés Manuel López Obrador (Amlo). Y señala de inmediato uno a uno a los expresidentes desde Salinas de Gortari hasta Peña Nieto pasando por Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón siempre mencionando alguno de los tantos crímenes que cometieron durante sus gobiernos. Y continúa diciendo, por eso es necesaria una “consulta” para preguntar al pueblo si se les castiga “si o no”. Después de estas palabras en un giro abrupto termina añadiendo “pero yo no participaré” en la consulta.
Era el 2 de diciembre de 2018, en la ciudad de Hermosillo, capital del estado de Sonora, al norte de México. Jesús Ramón Martínez Delgado se disponía a cerrar el negocio que le llevaba a su madre, Cecilia Delgado Grijalva, cuando llegó al lugar la patrulla 073, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP). De ella descendieron un par de oficiales. Subieron a Jesús, y a otro joven que se encontraba en el lugar, a un vehículo blanco que venía con ellos. Desde ese día Cecilia no supo más de su hijo.