Éste, y no el de 1979, es el Ortega que hoy gobierna Nicaragua. Su deriva, tanto más amarga cuanto que viene de un pasado memorable, pone a la izquierda latinoamericana ante una incomodidad parecida a la que producen Cuba y Venezuela.
Estamos viviendo un momento decisivo en la historia del país. Brasil se aproxima a la terrible marca de 500.000 vidas perdidas por el covid-19. El gobierno de Bolsonaro, por las acciones y omisiones ya comprobadas por la Corte Penal Internacional ante el Covid, como el criminal retraso en la compra de vacunas, es directamente responsable de esta catástrofe de proporciones bíblicas. Pero, para el genocida no es bastante.
En la izquierda existen tres evaluaciones diferentes sobre las decisiones del Supremo Tribunal Federal sobre la anulación de las condenas a Lula. La cuestión es de gran importancia, porque es central para la interpretación del nuevo momento de la coyuntura.
El Ecuador, pequeño país andino de 17 millones de habitantes, no se encuentra muy a menudo bajo los proyectores de la actualidad internacional. Sin embargo, tanto la inserción de su trayectoria político-estatal en la “marea rosa” de gobiernos progresistas latinoamericanos bajo los mandatos de Rafael Correa entre 2007 y 2017 como el dinamismo cíclico de sus luchas sociales, y en particular de las movilizaciones del poderoso movimiento indígena reagrupado en las filas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), ha logrado esporádicamente atraer la atención de la opinión publica progresista fuera de sus fronteras.
Lulismo y bolsonarismo: mientras unos pisan el freno, otros pisan el acelerador. Pero nadie cuestiona el carril.
Es una ironía de la historia que Lula haya recuperado sus derechos políticos en la tarde del 15 de abril, casi en la misma fecha. Se confirmó en el pleno del STF (Supremos Tribunal Federal) la mayor victoria democrática desde entonces.
El deterioro económico, social y político provocado por el bolsonarismo es tan grande, que incluso sectores de las clases dominantes evalúan si no sería conveniente un esquema de dominación política con un poco más de mediación.
Debido a la gravedad y la dinámica de la crisis nacional, es posible que la crisis política evolucione a pasos agigantados en los próximos meses, abriendo quizás las condiciones para la caída del gobierno. La izquierda debe estar atenta a esta situación crítica, actuando de manera conjunta y decisiva para el derrocamiento de Bolsonaro.
La semana comenzó con una rotunda derrota del presidente brasileño tras la renuncia de su canciller, el más ultra de sus ministros. Pero el epicentro de la crisis se trasladó enseguida al campo militar.
Tras la caída de sus condenas, el expresidente brasileño se transformó otra vez en protagonista indiscutido de los destinos de su país. El tablero político comienza a reacomodarse.
Sólo los ingenuos creen que en la segunda vuelta la gelatina de centro dará su voto a Lula.
Ninguna sociedad se sumerge en el precipicio de la decadencia histórica sin reacción, sin lucha, sin agitación social.
La primera sensación es de alivio y victoria. Pero además de intentar preservar el Lava Jato, la decisión de ayer puede generar una dinámica política similar a la que eligió a Bolsonaro. El ex presidente tendrá ¿cómo evitarla?
La reaparición de Lula adquiere aires divinos en medio de la tragedia de la "nueva era". La derecha lúcida parece capitular.
La decisión del magistrado del Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin de anular las condenas de Lula da Silva por el caso Lava-Jato y restablecer sus derechos políticos representa una gran victoria democrática, sin duda la más importante de los últimos años
El juez Fachin, un partidario de la causa del Lava Jato, sorprendió a todos anulando el fallo armado por el ex juez y ex ministro Sergio Moro. La furia de Bolsonaro, el vuelco en las encuestas y la opinión de la derecha expresada con una caída de la Bolsa.
Debemos correr el riesgo de intentar movilizarnos contra Bolsonaro. No tomar riesgos no es una opción.
La incorporación de la Amazonia, tal como se ha procesado en las últimas décadas, implica la cristalización de la condición de complementariedad económica del país como un fin en sí mismo. La destrucción programada de la Amazonia sólo puede ocurrir en un país accesorio y puesto premeditadamente a la deriva.