Plaza San Lucas de la favela Vila Cruzeiro, el 29 de octubre, en el complejo Penha de Río de Janeiro. Foto: Pablo Porciúncula, AFP
La Diaria, 30-10-2025
Correspondencia de Prensa, 30-10-2025
Luego de la matanza en Río de Janeiro en la operación contra el Comando Vermelho, el mandatario quiere que haya “un trabajo coordinado” contra las raíces del problema.
Este jueves fue publicada en el Diario Oficial de la Unión la ley aprobada por el Congreso Nacional brasileño y sancionada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva que endurece la lucha contra el crimen organizado y amplía la protección de las autoridades y funcionarios públicos involucrados en esta área.
La medida entra en vigor apenas dos días después de la megaoperación de la Policía de Río contra el Comando Vermelho, que dejó un saldo de al menos 132 muertos y 113 detenidos.
La nueva ley define dos nuevos tipos de delitos para quienes “impidan, obstaculicen o tomen represalias contra el curso ordinario de los procedimientos o investigaciones de delitos cometidos por organizaciones criminales, o la aprobación de cualquier medida contra el crimen organizado”, de acuerdo con lo que consignó el portal Metrópoles.
La normativa se centra en la seguridad personal de las autoridades que participan en la lucha contra el crimen y amplía la protección a jueces, fiscales, policías y militares –incluidos los que ya están retirados–, y sus familias, cuando corren peligro en el ejercicio de sus funciones.
El proyecto de ley cobró impulso en el Congreso Nacional tras la muerte del exjefe de Policía de San Pablo Ruy Ferraz, quien fue asesinado a tiros en la ciudad de Praia Grande, en el litoral paulista, el 15 de setiembre.
Ferraz era considerado uno de los principales objetivos de la facción Primeiro Comando da Capital (PCC), debido a que fue uno de los pioneros en emprender acciones para combatir a la organización delictiva.
¿Éxito policial o masacre?
Mientras sigue el impacto tanto dentro como fuera de Brasil por la magnitud y la violencia de la operación, la más sangrienta de la historia de Río de Janeiro, y una de las peores en la vida moderna del país, la Policía de Río de Janeiro sigue defendiendo su accionar.
El secretario de la Policía Civil del estado, Felipe Curi, describió la operación como “el mayor golpe en la historia del Comando Vermelho”. Tanto él como el secretario de Seguridad Pública afirmaron que todas las personas que murieron durante el operativo eran miembros armados de la facción y que la planificación policial buscaba evitar víctimas inocentes. “Quienes optaron por la confrontación fueron neutralizados”, declaró Curi en una conferencia de prensa.
Contraponiéndose a esta postura, los residentes de las zonas en las que se realizó el operativo y organizaciones de derechos humanos señalaron excesos de parte de las fuerzas de seguridad, calificando la acción como una “masacre” y exigiendo investigaciones independientes sobre posibles ejecuciones.
Desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el secretario general de la entidad, el portugués António Guterres, declaró estar “extremadamente preocupado” por la gran cantidad de muertes. En un mensaje transmitido por su portavoz, Stephane Dujarric, el titular de la ONU enfatizó que el uso de la fuerza de las autoridades policiales debe alinearse con las leyes internacionales de derechos humanos, y pidió que se lleve a cabo una investigación inmediata sobre el episodio.
Por su parte, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, solicitó también “una reforma integral de los métodos de la Policía en Brasil”. Obviamente, también se expresó sobre el caso el presidente Lula, quien en una publicación que subió a sus redes sociales en la noche del miércoles detalló que tuvo reuniones con las autoridades, criticó duramente al crimen organizado y defendió el “trabajo coordinado” para atacar las raíces del problema.
Lula aludió a la reciente operación Carbón Oculto, que, pacíficamente, tuvo como objetivo el PCC en San Pablo, contrastando la acción con la megaoperación ordenada por el gobernador del estado de Río de Janeiro, Cláudio Castro.
Lula también defendió en su publicación la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) de Seguridad Pública, elaborada por el gobierno federal, que busca integrar los estados y el gobierno federal en la lucha contra el crimen. “Con la aprobación de la PEC que hemos enviado al Congreso Nacional garantizaremos que las diferentes fuerzas policiales actúen conjuntamente para enfrentar a las facciones criminales”, expresó el mandatario.