Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal, en el juicio contra Jair Bolsonaro, en Brasilia, el 3 de setiembre. Xinhua, Lucio Tavora
Marcelo Aguilar desde San Pablo
Brecha, 12-9-2025
Correspondencia de Prensa, 13-9-2025
En un fallo histórico, el Supremo Tribunal Federal brasileño condenó al expresidente Jair Bolsonaro y a exmandos civiles y militares por tentativa de golpe de Estado. Pero las presiones internas y externas para revertir el proceso no son nada desdeñables.
En Brasil se viven horas históricas. En la noche de este jueves, 11 de setiembre –vaya fecha para condenar un golpe de Estado–, los jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) confirmaron lo que parecía un destino sellado: Jair Bolsonaro irá a prisión. La condena que recibió es de 27 años y tres meses de reclusión. Es la primera vez que un expresidente es condenado por atentar contra la democracia y liderar una organización criminal con ese fin. Los jueces de la máxima instancia judicial formaron mayoría para condenarlo –por cuatro votos a favor y uno en contra–, al igual que a otras altas autoridades civiles y militares, por tratar de desconocer la derrota electoral de 2022 y permanecer en el poder. Según la denuncia de la fiscalía, los otros acusados integraron el «núcleo principal» de la organización criminal liderada por Bolsonaro. Entre ellos figuran Augusto Heleno, que dirigía el Gabinete de Seguridad Institucional bajo el gobierno de Bolsonaro, Walter Braga Netto, exministro de Defensa y candidato a vice en 2022, el exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia Alexandre Ramagem y el exministro de Defensa Paulo Sérgio Nogueira. También integran la lista el exministro de Justicia Anderson Torres y Almir Garnier, comandante de la Marina durante la gestión del ultraderechista. El fiscal general, Paulo Gonet, narró con detallada cronología un proceso que ocurrió frente a los ojos del país y que tuvo su punto más alto en la asonada contra los edificios de los poderes públicos en Brasilia, del 8 de enero de 2023.
Thiago Bottino, profesor de Derecho Penal de la Fundación Getulio Vargas, de Río de Janeiro, comentó a Brechaque «dada la historia brasileña, turbulenta en términos de democracia, es extremadamente importante poder investigar, procesar y condenar a personas que atentan contra la democracia», y que esta condena es aún más significativa: «Ya pasamos por varias dictaduras, todas, sin excepción, apoyadas en el poder militar. No es solamente un presidente el que está siendo condenado, sino también excomandantes militares, y eso es muy importante para delimitar el papel de esas fuerzas en la democracia, que no es sustituir a la población en la conducción del país».
Al banquillo
En la tarde de ayer, jueves, el voto de la ministra Carmen Lúcia Antunes selló definitivamente la suerte de Bolsonaro. El de Cristiano Zanin, más tarde, la confirmó. «Hoy Brasil está frente a su pasado, presente y futuro», dijo la magistrada al comenzar la fundamentación de su decisión. «Hay pruebas cabales de que un grupo liderado por Jair Messias Bolsonaro, compuesto por figuras claves del gobierno, de las Fuerzas Armadas y de órganos de inteligencia, desarrollaron e implementaron un plan progresivo y sistemático de ataque a las instituciones democráticas, con la finalidad de perjudicar la alternancia legítima del poder en 2022, minar el libre ejercicio de los poderes constitucionales, en especial del Poder Judicial», agregó.
El juicio había comenzado el 2 de setiembre, con los alegatos de las defensas de los acusados. «No hay una sola prueba» que demuestre que el exmandatario atentó contra el Estado democrático de derecho, dijeron entonces, apostando sus fichas a atacar la credibilidad de uno de los testimonios centrales en su contra, el de Mauro Cid, exsecretario personal y parte del círculo más estrecho de Bolsonaro, que negoció declarar en contra de su expatrón. Cid está preso, y en su teléfono fueron encontrados documentos importantes, como un borrador de decreto de Garantía de la Ley y el Orden, considerada el preludio de un golpe. Además, en su computadora la Policía Federal halló el video de una reunión ministerial en la que Bolsonaro discute estrategias para impedir la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en la elección de 2022.
El momento más tenso de los alegatos de las defensas ocurrió cuando el abogado del exministro Nogueira dijo que su cliente había actuado para disuadir a Bolsonaro. «¿Para disuadirlo de qué?», le preguntó la magistrada Antunes. El abogado respondió: «De adoptar cualquier medida de excepción». Lapidario.
El primero de los integrantes del STF en votar, el martes 9, fue Alexandre de Moraes, relator del caso y némesis de Bolsonaro. «El líder del grupo –dijo De Moraes durante el juicio refiriéndose al expresidente– ha dejado claro, en voz alta, de forma pública, que jamás aceptaría una derrota en las urnas, una derrota democrática en las elecciones, que jamás cumpliría la voluntad popular».
In Fux we trust
El voto disidente fue el del ministro Luiz Fux, que absolvió a Bolsonaro y a la mayoría de los acusados de todos los cargos. Trece horas le llevó su fundamentación de voto, en la que sostuvo que el proceso debía ser anulado porque el tribunal sería «incompetente» para juzgar a los acusados, que ya no ejercían cargos públicos cuando intentaron impedir la asunción de Lula. Esta argumentación llamó mucho la atención, ya que el propio Fux ha participado del proceso de centenas de participantes de la asonada del 8 de enero y votado su condena. «No es que Fux no esté convencido de los hechos. En ningún momento dijo que no ocurrieron. Lo que hizo fue darle otra interpretación jurídica: optó por interpretar que una reunión con embajadores extranjeros para desacreditar el sistema electoral, o llamar a los comandantes de las fuerzas militares para presentar un proyecto que crea un estado de sitio previsto para tiempos de guerra, cuando Brasil no está en guerra, no es una tentativa de golpe», dijo Bottino a Brecha. Y agregó: «Estamos hablando de una línea del tiempo, de un conjunto de acciones que llevan al mismo potencial resultado. Mientras que el resto de los jueces observan todos esos hechos como un conjunto y van mostrando cómo las piezas encajan, Fux los aisló». El pronunciamiento del juez disidente fue rápidamente celebrado por la derecha brasileña. «Entra en la historia, porque desmonta la falsa narrativa del golpe y expone la persecución», dijo Flavio Bolsonaro, hijo de Jair y senador de la república. La confianza de la derecha política en el ministro Fux no es de hoy. Es muy recordada la afirmación escrita en inglés por el exjuez de la operación Lava Jato y exministro de Justicia de Bolsonaro, Sergio Moro, en un intercambio de mensajes con el fiscal de la operación, Deltan Dallagnol, filtrado en la Vaza Jato, que desmontó la operación conducida por Moro (véase «Operación Vaza Jato», Brecha, 14-VI-19). Cuando Dallagnol le comentó a Moro que había conversado con Fux acerca de Lava Jato, Moro le respondió: «In Fux we trust», «en Fux confiamos». Este miércoles, ya alejado de la fiscalía y dedicado a la política, Dallagnol retuiteó aquella frase.
Inédito
«Estamos frente a un expresidente condenado en un proceso por golpe de Estado, algo muy central cuando pensamos en la construcción de una democracia. Para países como Brasil y Uruguay, que tuvieron experiencias autoritarias tan recientes, eso es un marco histórico innegable. En el caso brasileño, por ser la primera vez es de una relevancia evidente», dijo a BrechaJorge Chaloub, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Federal de Río de Janeiro y analista de la derecha política. El hecho de que algunos de los principales condenados sean militares de alta graduación agrega al caso aún más importancia: «Es conocido que, a diferencia de otros países del continente, Brasil no ha juzgado a los torturadores y líderes de su dictadura militar. Aquí hay, además, cierta recurrencia histórica de acuerdos por lo alto que han impedido la condena de militares de alto grado. Y está el hecho de que la elección y trayectoria de Bolsonaro han estado marcadas por su relación con los militares». Todos esos factores, explicó Chaloub, dan a este fallo una relevancia particular. Consultado por Brecha sobre si la decisión del STF puede ser leída como un síntoma de salud de la cuestionada democracia brasileña, afirmó: «Sin dudas lo es. Pero eso no significa que la democracia brasileña esté completamente saludable. A veces los moribundos pueden presentar síntomas positivos». En la Cámara de Diputados, dijo, hay una intensa movilización a favor de una «amnistía amplia e irrestricta» para Bolsonaro y los demás golpistas. «Esto muestra que la cuestión es complicada.»
Presión interna
En la última semana, mientras se desarrollaba el juicio, el tema de la eventual amnistía fue uno de los más discutidos en la escena política y estuvo presente en las numerosas manifestaciones del domingo pasado en todo el país en favor de Bolsonaro. En el acto central, realizado en la avenida Paulista de San Pablo, Tarcísio de Freitas, actual gobernador de ese estado y uno de los candidatos mejor posicionados en filas de la ultraderecha de cara a las presidenciales de 2026, dijo que «nadie aguanta más la tiranía de Alexandre de Moraes» y reforzó la demanda de una amnistía. El miércoles 3, Valdemar Costa Neto, líder del Partido Liberal, al que pertenece Bolsonaro, declaró a Globo News que la oposición tiene los votos necesarios para aprobar la amnistía en el Congreso. En esta cuenta, incluyó los votos de los partidos Progresistas y Unión Brasil, que anunciaron la semana pasada su salida de la base de apoyo del gobierno de Lula. Y confirmó que Tarcísio está participando activamente en la articulación de la campaña proamnistía. «Hay en esto un cierto riesgo para la democracia», dijo a BrechaBottino. «Creer que una mayoría de legisladores puede perdonar un crimen de tentativa de golpe de Estado significa decir que basta tener una mayoría en el Congreso para intentar dar un golpe cada año». Hacia ese objetivo se ha movilizado durante todo este tiempo la extrema derecha, recordó. «Pretenden colocar a la población contra las instituciones, desacreditar al sistema electoral, al Parlamento, al Poder Judicial, y consolidar la idea de que solamente existe una persona pura, salvadora de la patria, que puede conducir el país.» Chaloub sostiene, a su vez, que, a pesar de que la mayoría de la sociedad está a favor de castigar estos crímenes, hay un contingente muy significativo de brasileños que piensa lo contrario. «Cuando hay una parte numerosa de la población que tolera atentados contra la democracia, no da para decir que esa democracia está con la mejor salud del mundo. La condena [a Bolsonaro y los demás golpistas] es un buen síntoma, pero hay otros que exigen mucho cuidado y son muy complicados.»
Viento norte
Y están las presiones externas. El gobierno estadounidense de Donald Trump ha tratado de interferir en el resultado del juicio. «Es una caza de brujas», ha repetido el republicano, acusando al gobierno y a la justicia de Brasil de conspirar contra el ultraderechista. Tras confirmarse la condena de su aliado, Trump dijo: «Hicieron con Bolsonaro lo que trataron de hacer conmigo». La ofensiva tiene una vertiente económica, con los famosos aranceles de 50 por ciento impuestos por Washington a los productos exportados por Brasil hacia Estados Unidos, y una ofensiva política, pautada por la inclusión de De Moraes en la Ley Magnitsky, que penaliza a personas que el gobierno estadounidense considera violadoras de derechos humanos. Además, en julio, el secretario de Estado Marco Rubio anunció la revocación de los visados de casi todos los jueces del STF. La escalada tuvo nuevos capítulos en las últimas semanas. El viernes 5 Trump dijo estar «muy irritado» con Brasil, porque el gobierno «cambió radicalmente para la izquierda y eso le está haciendo mucho daño al país», y tres días después el subsecretario de Diplomacia Pública del Departamento de Estado, Darren Beattie, afirmó que Washington continuará tomando las «medidas necesarias contra quienes atacan las libertades fundamentales». El martes, al responder a la pregunta de un periodista sobre qué haría Estados Unidos en caso de una condena a Bolsonaro, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que Trump está dispuesto a «utilizar medios económicos y medios militares para proteger la libertad de expresión alrededor del mundo». Ayer, jueves, Rubio redobló la apuesta al anunciar que su país «responderá a la altura» de lo sucedido.
Eduardo Bolsonaro, otro de los hijos del expresidente, también legislador y radicado en Miami, ha sido el principal articulador de las sanciones estadounidenses contra Brasil. Y luego en favor de una amnistía, «el precio más barato a pagar» por los demás jueces del STF si quieren evitar ser sancionados por Washington, como lo fue De Moraes, según amenazó. «En cualquier lugar del planeta lo que Eduardo Bolsonaro está haciendo es considerado un crimen de alta traición. Es muy bizarro», afirma Bottino.
La bandera estadounidense, así como la de Israel, han estado omnipresentes en las manifestaciones bolsonaristas de las últimas semanas, particularmente en el acto en la avenida Paulista, donde también abundaron las súplicas a Trump para que actúe. Para Chaloub, la condena a Bolsonaro y sus cómplices «puede representar un dique de contención contra la extrema derecha, pero no quiere decir que ese dique sea indestructible». «Lo fundamental es que la condena se mantenga firme, que no haya amnistía, que Bolsonaro y la antigua cúpula de las Fuerzas Armadas vayan presos. Solo eso desestimularía tentativas golpistas y funcionaría como una demostración de fuerza de la democracia brasileña.»
Hace un tiempo, Bolsonaro clamó a los cuatro vientos que tenía «tres alternativas» para su futuro: «Estar preso, estar muerto o la victoria». Le acertó en la primera, aunque había previsto que era la única «realmente inexistente».
Aquí están, estos son los condenados
En la noche del jueves, tras el último voto, los jueces del STF definieron las penas.
Jair Messias Bolsonaro. Expresidente de Brasil
Identificado como el jefe de la organización criminal, fue sentenciado a 27 años y tres meses de prisión, en régimen inicial cerrado, y al pago de multas.
Mauro Cid. Exsecretario de Bolsonaro
Tras haber colaborado con la investigación a través de la «delación premiada», recibió una pena de dos años de prisión en régimen abierto.
Alexandre Ramagem. Comisario de la Policía Federal, diputado federal, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia.
Condenado a 16 años y un mes, en régimen inicial cerrado, y al pago de multas.
Almir Garnier. Excomandante de la Marina.
Condenado a 24 años de prisión, en régimen inicial cerrado, y a pagar multas.
Anderson Torres. Comisario de la Policía Federal, exministro de Justicia y exsecretario de Seguridad del Distrito Federal de Brasilia.
Sentenciado a 24 años de prisión –inicio de la pena en régimen cerrado– y a pagar multas.