Foto: Mark Kerrison (In Pictures/Getty Images)
Antonio Lorenzo Castellanos*
El País, 14-11-2024
Correspondencia de Prensa, 14-11-2024
La nueva legislación representa un grave retroceso en la protección de los derechos humanos, no solo en este país, sino en todo el Sahel, una región sumida en tensiones políticas y sociales
En medio de un largo proceso de reformas legales y administrativas, Malí ha dado un paso que muchos consideran regresivo al adoptar un nuevo código penal que condena la homosexualidad en todas sus formas y persigue cualquier muestra de apoyo o defensa de la comunidad LGTBIQ+. Esta legislación, propuesta por el ministro de Justicia, Mahamadou Kassogué, y respaldada por el Consejo Nacional de Transición (CNT) el pasado 31 de octubre de 2024, ha sido promovida como parte de una reestructuración del sistema judicial en un contexto de “refundación del Estado”. Sin embargo, activistas nacionales e internacionales denuncian que estas medidas, que todavía deben ser aprobadas por la cúpula militar que tomó el poder en 2021, violan los principios fundamentales de igualdad y no discriminación, y constituyen un claro retroceso en el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBIQ+ en el país.
La sesión plenaria del CNT, presidida por Malick Diaw, culminó con la ratificación de las ordenanzas 2023-61 y 2023-62, cuyo objetivo es adaptar la legislación maliense a lo que el Gobierno de transición denomina las “realidades sociales actuales”. Sin embargo, esta reforma legal ha sido recibida por la comunidad LGTBIQ+ con preocupación, ya que la tipificación de la homosexualidad como delito se asemeja más a una concesión a sectores conservadores que a una verdadera adaptación de los compromisos sociales actuales.
Este giro legislativo en Malí marca un punto de inflexión en la política del país respecto a los derechos LGTBIQ+, ya que no solo agrava la vulnerabilidad de las personas LGTBIQ+, sino que también refleja las profundas desigualdades y la discriminación estructural que enfrentan ante la sociedad maliense.
Una regresión
La Agenda 2030 impulsa un mundo en el que “nadie quede atrás”, un objetivo que exige un compromiso firme con la protección de los derechos de todas las personas, sin importar su orientación sexual, identidad o expresión de género. Precisamente, el nuevo código penal maliense contradice de facto este principio, ya que no solo criminaliza las relaciones entre personas del mismo sexo, sino que también, de ahora en adelante, cualquiera que promueva o presente la homosexualidad como una acción positiva se expone a duras sanciones legales.
Así, el ministro de Justicia anunció que se implementarán medidas estrictas para asegurar el cumplimiento de estas nuevas disposiciones, lo que ha generado un aumento de la preocupación en el seno de la comunidad LGTBIQ+ ante las terribles consecuencias que podría tener la aplicación de dichas sanciones. Mientras que algunos sectores conservadores han aplaudido esta legislación, numerosos defensores de derechos humanos, tanto dentro como fuera de Malí, han manifestado su conmoción ante este retroceso, advirtiendo que las nuevas leyes podrían intensificar la discriminación y la violencia en contra de las personas LGTBIQ+ y limitar aún más sus libertades fundamentales.
La aprobación de este código penal pone además en entredicho el compromiso de Malí con los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. Como signatario de tratados regionales e internacionales, el país tiene la responsabilidad de proteger los derechos fundamentales y asegurar la igualdad de todos sus ciudadanos. Sin embargo, al criminalizar la homosexualidad y penalizar su defensa, el país está incumpliendo las obligaciones adquiridas en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumentos que prohíben de manera explícita cualquier tipo de discriminación.
Malí no es el único país del Sahel que enfrenta críticas por el cambio de postura en materia de derechos de las personas LGTBIQ+. En una región marcada por los conflictos armados y las constantes tensiones políticas, el debilitamiento de los derechos individuales se perfila como una tendencia inquietante. Burkina Faso y Níger, países que componen desde 2023 la Alianza de Estados del Sahel (AES), también han experimentado en los últimos meses importantes retrocesos en los derechos y libertades de la comunidad LGTBIQ+, en gran parte debido a la creciente influencia de líderes religiosos radicales y a la expansión de ideologías conservadoras que rechazan valores esenciales como la igualdad y la dignidad.
En este contexto, en el que los derechos de la comunidad LGTBIQ+ ya sufren un fuerte estigma social, las nuevas medidas regionales agravan aún más su situación, dejando al colectivo en una posición de extrema vulnerabilidad y exclusión. La criminalización de las identidades no solo frena cualquier posibilidad de avance en el reconocimiento de sus derechos, sino que también amenaza con institucionalizar la discriminación, consolidando una narrativa de rechazo que fragmenta aún más a la sociedad del Sahel en un momento en que la cohesión social es esencial para enfrentar los desafíos venideros.
El futuro del Sahel debe construirse sobre marcos legales que protejan las libertades individuales y promuevan la integración, respetando los derechos de todos, e incluyendo a las personas LGTBIQ+. Sin embargo, este vuelco hacia la penalización de la homosexualidad y la represión de los derechos LGTBIQ+ pone en evidencia un peligroso retroceso que no solo socava los avances en derechos humanos, sino que también podría tener repercusiones fatales para el desarrollo en la región.
*Antonio Lorenzo Castellanos es especialista en Cooperación para el Desarrollo con África subsahariana y experto en Derechos Humanos y Desarrollo Sostenible por la Universidad de Jaén (UJA).