Los narcos Devis Leonel Maradiaga, Carlos “Negro” Lobo, Ramón Matta Waldurraga y Héctor Fernández Rosa –“Don H”– discutiendo con Carlos Zelaya sobornos supuestamente destinados a Manuel Zelaya Rosales, esposo de Xiomara Castro.
El narcotráfico y su penetración en el sistema político hondureño
Estado concesionario
Brecha, 27-9-2024
Correspondencia de Prensa, 27-9-2024
Hace ya tiempo que el historiador hondureño Darío Euraque reflexiona sobre las raíces históricas y las implicancias actuales de lo que llama Estado concesionario. Su perspectiva de larga duración explica lo que sucede actualmente en su país, donde el poder del narcotráfico parece haber infiltrado toda la institucionalidad.
Aunque no es una novedad en la intrincada política centroamericana, el pasado agosto fue particularmente agitado para Honduras. Ante la visita del secretario de Defensa hondureño y el jefe del Estado Mayor conjunto de ese país a Venezuela, donde mantuvieron una reunión con su par Vladimir Padrino, señalado por la justicia estadounidense por presuntos vínculos con el narcotráfico, Estados Unidos –un actor siempre importante para el país– no dejó pasar la ocasión para manifestar públicamente su sorpresa. Los comentarios de la embajadora estadounidense Laura Dogu produjeron la inmediata reacción de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien calificó como «intolerable» la injerencia y el «intervencionismo» estadounidenses. Acto seguido, la mandataria ordenó a su canciller dar por terminado el tratado de extradición entre ambos países, vigente desde 1912, pero profundizado un siglo más tarde. A primera vista, tal escalamiento de tensiones y la denuncia del tratado no parecían razonables. Por un lado, por la campaña electoral estadounidense, en la que el gobierno no parece proclive a generar un escenario más de disputa con un país que forma parte del alud migratorio hacia el norte, un movimiento que se procura impedir insistentemente. Por otro, porque fue gracias al tratado, apenas finalizado su mandato, que el expresidente Juan Orlando Hernández fue extraditado a Estados Unidos, donde a inicios de marzo de este mismo año fue juzgado por el delito de narcotráfico con una pena de 45 años de prisión. Respecto de esto, debe tomarse en cuenta que el hastío ciudadano y el compromiso de la presidenta Castro con la lucha contra la corrupción y el narcotráfico habían sido clave durante su campaña presidencial.
Sin embargo, Castro pareció adelantarse a lo que estaba por venir: Jeff Ernst, uno de los más incisivos periodistas de investigación del medio alternativo InSight Crime, reveló –el 3 de setiembre– un video en el que aparecía un miembro de la familia presidencial de Honduras gestionando el cobro de 650 mil dólares de manos de reconocidos narcotraficantes. El video de media hora fue filmado clandestinamente con un reloj por uno de los sicarios que participaron en la reunión durante la campaña electoral de 2013. El material deja poco lugar a la especulación: junto a los varios participantes, todos vinculados al narcotráfico, aparece Carlos Zelaya, hermano del expresidente Manuel Zelaya (derrocado en 2009) y esposo de la actual gobernante. Como puede verse y escucharse, allí se explicitan las motivaciones que llevan al narco a intervenir financieramente en la política hondureña –procura incidir en el nombramiento de funcionarios para evitar la persecución–, se conversa sobre el reparto de los fondos para alquiler de vehículos en la campaña electoral del Partido Libre y hay referencias a los destinatarios del dinero. «Mel», «el hombre» y «el comandante» parecen decir que el expresidente Manuel Zelaya estaba al tanto de la reunión en la que participaba su hermano Carlos y de los pormenores del asunto.
La revelación generó un comprensible terremoto político. El cuñado de Castro convocó rápidamente a una conferencia de prensa para hablar con «la verdad». Debe tenerse presente que entonces este hombre ocupaba una banca como diputado nacional y a la vez era el secretario del Congreso hondureño. Durante su comparecencia ante las cámaras confirmó la veracidad del video difundido. Sin embargo, señaló, entre otras, tres cuestiones que procuraban matizar los efectos políticos. Primero, que había actuado solo y a título personal, por lo cual tanto su hermano como su cuñada no estarían al tanto de lo sucedido. Segundo, que desconocía las actividades de esas personas, que se hicieron pasar por «inversionistas» interesados en apoyar su campaña electoral en 2013. Tercero, renunció como funcionario público y se puso a disposición de la Justicia. No sería el único: su hijo, que ocupaba, como se indicó, el cargo de secretario de Defensa, también hizo lo propio y dio un paso al costado.
Posteriormente habló el expresidente Mel Zelaya, quien actualmente ocupa un lugar de primer orden en el Ejecutivo, pues acompaña a Castro en sus reuniones de gabinete, por ejemplo, e incluso en representaciones en el exterior. «No tengo delitos ni dinero proveniente del narcotráfico en mis 72 años de vida.
Quien afirme lo contrario lo hace con un mezquino interés y está mintiendo», indicó, y añadió que no podía responder por el comportamiento «abominable» de otras personas aunque fueran, como era el caso, sus familiares directos.
En filas de la castigada oposición política, la divulgación del video también generó movimientos. Cabe destacar el caso de la ex primera dama Ana García (esposa del expresidente Juan Orlando Hernández), quien ya ha manifestado su intención de ser candidata a la presidencia por el Partido Nacional con el objetivo de «lavar» la imagen de su marido, «injustamente condenado». Por eso mismo, pretendiendo emplear a su favor el contexto, señaló la inocencia del expresidente, quien cayó en desgracia como parte de una negociación del gobierno hondureño con Estados Unidos dirigida a quitarlo del poder. En esa línea, desde el propio Partido Nacional cuestionaron el doble rasero del gobierno de Castro, quien denunció recién ahí el tratado de extradición vigente como forma de blindar a su familia, acusación, naturalmente, desmentida desde filas oficialistas.
A propósito de esto se sucedieron diversas movilizaciones. Grupos opositores ganaron las calles protestando contra el gobierno, cuya popularidad venía ya en caída en función de varias promesas de campaña incumplidas. Otra movilización importante ocurrió días después, en este caso como respaldo a la presidenta. Castro, para movilizar aún más a su base social, aprovechó para resaltar un pronunciamiento judicial que declaró inconstitucionales las denominadas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, también conocidas como ciudades modelo, cuyo origen se remonta a 2013, momento en el que Juan Orlando Hernández lideraba el Congreso hondureño.
El escenario luce abierto, cambiante y con fuertes disputas, en una campaña política interna que parece adelantarse. Sin embargo, al colocarse en una perspectiva larga, los hechos derivados de este intrincado proceso político hondureño no sorprenden: en los últimos 15 años más de medio centenar de funcionarios políticos, policiales, judiciales y militares han sido extraditados a Estados Unidos en función de acusaciones por participar en conspiraciones vinculadas al narcotráfico, el lavado de dinero y actividades comerciales ilegales como la venta de armas.
Regresando a los incisivos trabajos del historiador Darío Euraque, cualquier análisis serio sobre la cultura política hondureña y sus profundas raíces caudillistas debe ponderar lo que él ha denominado Estado concesionario, cuyos atributos fundamentales no provienen del establecimiento de regímenes impositivos y arancelarios, sino de la comercialización y la venta de privilegios concesionales. En 2013, el año del video que fue noticia estas semanas, un estudio mostró que las exenciones impositivas en Honduras equivalían a 7 por ciento del PBI. En este sentido, el ejercicio del poder se parece más a un ritual con el que «asegurar la riqueza y el estatus» que a un «servicio civil».