Policías detienen a un manifestante frente a un restaurante en Buenos Aires, el 12 de junio. Foto: Luis Robayo, AFP
Las consecuencias de protestar en la Argentina de Milei
Adrián Pérez Duarte, desde Buenos Aires
La Diaria, 22-6-2024
Correspondencia de Prensa, 22-6-2024
Una de las personas detenidas durante las manifestaciones contra la “ley bases”, Ramona Tolaba, relata lo que vivieron después de la represión en torno al Congreso argentino, y Agustín Hartridge, testigo del ataque de encapuchados a un auto, describe lo que pudo presenciar.
Ramona Tolaba está angustiada, pero quiere decir su verdad. Las palabras brotan. La voz mantiene un tono suave durante una hora de charla hasta que la emoción gana la pulseada cuando recuerda los seis días que vivió privada de su libertad por hechos de los que se la acusa, pero con los que –jura y perjura– no tuvo nada que ver. Es una de las personas que fueron detenidas durante las protestas contra la llamada “ley bases”, el 12 de junio, cuando el proyecto era tratado en el Senado argentino.
“Nos dicen delincuentes y terroristas, pero el primer terrorista es él”, apunta la mujer, en alusión al presidente de Argentina, Javier Milei. “Dice que es un topo, que quiere destruir al Estado. Que a la sociedad no le parezca indignante eso me parece demasiado. Sin pruebas nos acusan de violentos, cuando el primer violento es él y su gobierno”, argumenta la trabajadora de casas particulares, que dejó hace 30 años su San Pedro natal, en la provincia de Jujuy, para radicarse en Buenos Aires.
Es jueves por la mañana. Ramona conversa con la diaria, 40 horas después de haber sido liberada del Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres de Ezeiza, luego de que la jueza María Servini determinara falta de mérito para ella y para otras personas imputadas por el fiscal Carlos Stornelli -sin describir pruebas ni hechos-, que fueron cazadas, al voleo, por las fuerzas de seguridad en Buenos Aires.
Nuevamente, la represión tuvo lugar en las cercanías del Congreso, donde la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de la Ciudad actuaron como ese herbicida que limpia el terreno de la maleza indeseable -en este caso, de manifestantes-, de forma tal que la ley bases pudiera debatirse al interior de la Cámara alta sin más molestias que los estruendos de las balas de goma, los gases lacrimógenos o el ruido enloquecedor del Grupo de Operaciones Motorizadas Federales y del Grupo de Acción Motorizada de la Policía de la Ciudad.
Fuerzas de Seguridad cuya actuación fue reconocida, desde el gobierno de Milei, por su “excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que, con palos, piedras e incluso granadas, intentaron perpetrar un golpe de Estado, atentando contra el normal funcionamiento del Congreso de la Nación Argentina”.
El compromiso de Ramona
Con 56 años, Ramona dice que estuvo en seis o siete movilizaciones. Antes del 12 de junio había asistido a la Marcha Universitaria Federal de abril, que reunió en Buenos Aires a 800.000 personas, para denunciar el ahogo presupuestario a las casas de estudio. Dice que fue porque una de sus hijas, que iba a una universidad pública, no pudo continuar por temas de trabajo; también por los jóvenes que, para costearse sus estudios, necesitan de la ayuda del Estado. Apoya la educación y la salud pública porque piensa en personas que, como ella, atraviesan una situación de vulnerabilidad, ganan poco y no pueden acceder a un servicio privado.
Sin filiación política ni amigos partidarios, se define como una persona simple, preocupada por el país. Busca aportar y visibilizar la lucha por una Argentina más justa; uno de los pocos países donde -sostiene- los niños, durante la escuela primaria, quieren ser abogados, contadores, astronautas o ingenieros, porque gozan del acceso a la educación pública.
Ella, que desembarcó en Buenos Aires detrás de su sueño: ser abogada. Que convivió, durante algún tiempo, con esa chispa, porque, en su fuero interno, siempre estuvo eso de la justicia para todas las personas, de la justicia social. “Nunca pude continuar estudiando, me estanqué, quedé en la situación en la que estoy. Pero admiro demasiado a la gente que estudia, que lucha por seguir adelante”, comenta. No sabe si estudiaría ahora. Cree que su hora ya pasó.
“¡Cómo puede ser que salga la ley bases!”
El 12 de junio se levantó a las seis de la mañana. Desayunó y salió para uno de los cuatro trabajos en los que realiza tareas de limpieza. Tomó el colectivo para el barrio porteño de Devoto. Fue al banco Galicia de San Martín y Beiró. Tenía claro que iría a la zona del Congreso. Subió a otro colectivo que la dejó en Callao y Corrientes. Se quedó chusmeando, como siempre, porque no es de estar en un solo lugar. En la Plaza de los Dos Congresos almorzó unas porciones de pizza. Se sentó a mirar. Eran cerca de las 15.30 cuando cruzó la plaza. En Hipólito Yrigoyen y Solís vio gente protestando. Como pudo se cobijó del efecto de los gases.
Habrá estado entre 20 y 30 minutos. Se retiró hacia la mitad de la plaza. Después al Burger King de Libertad y Corrientes. Se compró un café con leche y medialunas. Caminó hacia la parada del ómnibus que la llevaba a su casa. Desvió su camino. “Ese fue mi error, volver a la plaza”, se lamenta. Se preguntaba por la manifestación. Agarró su celular para filmar. Habrán pasado 15, 20 minutos. Se sentó en un banco a hablar con un hombre mayor.
-¡Qué situación tan fea! ¡Cómo puede ser que salga esta ley bases! -alcanzó a decirle el jubilado.
El zumbido de las balas selló la conversación. Ramona corrió hasta Avenida de Mayo y Santiago del Estero. Con Lucía Puglia se metieron detrás de un auto porque la Policía apuntaba sus balas de goma a la cara. Quedaron rodeadas por un pelotón de motos. Las arrojaron contra una pared hedionda junto a otros tres hombres. A Nicolás Munafó, periodista de C5N, lo sacaron a empujones cuando quiso acercarse. Además del tufo a orín que los detenidos sentían en su propio cuerpo, algo comenzaba a amasarse -y tampoco olía bien- a las 18.15 de la tarde del miércoles 12 de junio.
Amenazas policiales
Ramona calcula que estuvieron dos horas allí. Llevaba su bandera argentina colgada en la espalda. Las manos atadas con un precinto. Las de Lucía tenían tres. Había intentado hablar por teléfono para advertir a sus familiares de la situación. Uno de los policías comentó que la ley bases había salido. Estaba contento.
-¿Te gusta la ley? -quiso saber Ramona.
-Sí, igual tengo que trabajar -contestó tajante el oficial.
-¿Por qué no tenemos testigos? ¿Por qué no tenemos una cámara? -preguntó ella cuando los canales de televisión ya no estaban. Temía que le pusieran algo en el bolso, entre la ropa.
-¡Ah, querés cámaras! Ahora te traigo una -replicó el policía. Un compañero suyo filmó y fotografió a los detenidos.
-Tengo derecho a protestar, a manifestarme -indicó la trabajadora.
-¡Va a ser la última vez! -soltó el policía. A ella, que no es de confrontar, le pareció muy fuerte la amenaza del policía.
Lucía intentó cuestionar la detención. Ramona escuchó que otro policía amenazaba a la estudiante de Letras de la Universidad de Hurlingham. “¿Querés ver cómo te descargo esto en la cabeza o en el cuerpo?”, le dijeron a la joven. Y le mostraron un arma.
Peregrinar por las comisarías porteñas
Los subieron a un camión celular. Las mujeres fueron a parar al centro de monitoreo de la Policía de la Ciudad, al lado del Obelisco. Las juntaron con otras cinco mujeres detenidas durante la manifestación. Aunque el tiempo le pareció interminable, calcula que habrán estado dos horas más en ese lugar. Todas permanecieron esposadas a las bancas del móvil. El teléfono celular de Ramona comenzó a sonar. Su familia la buscaba. No la dejaron responder la llamada.
Las llevaron a la Alcaldía 15 de la Policía de la Ciudad, llegaron en la madrugada del jueves 13 de junio. El Defensor del Pueblo de la Ciudad pidió que las dejaran bajar del camión celular. En el medio se rompió el móvil de traslado. Estuvieron otras dos o tres horas más. Siempre engrilladas. Las dejaron bajar del móvil porque todas querían ir al baño. En la celda donde las alojaron había presas que gritaban. Durmieron en el piso gélido. Se taparon con los pocos abrigos que llevaban. Recién el jueves a la noche llegaron unas mantas acercadas por sus familiares. Casi no comieron ni tomaron agua.
Ramona tiene el recuerdo vívido del móvil. Como se había caído previamente, permanecer esposada a la banca del camión fue un padecimiento. El dolor en la zona lumbar era fuerte. “Sentí que era una tortura, un sufrimiento porque no podía levantarme a caminar, a estirarme. Después nos metieron a la comisaría y ahí sí pudimos movernos un poco. Siempre esposadas. Tuve la oportunidad de pararme, moverme un poco. Siempre esposadas. Estuvimos mucho tiempo hasta que nos llevaron a Comodoro Py el viernes a la mañana”, relata.
Llegaron a los tribunales porteños temprano, esposadas, para declarar. Esperaron en el camión, esposadas al banco. No probaron bocado durante la mañana. También las sometieron a una revisión médica. Las llevaron a un lugar oscuro. Pasaron de a una. Había una persona filmando para ver si tenían moretones. Les hicieron sacar la ropa, que se agacharan y se abrieran las nalgas con las dos manos. “Eso sí me pareció muy fuerte, muy traumático, invasivo de la dignidad. Es de locos que pase eso. ¿Qué puedo esconder ahí si estuve todo el tiempo esposada?”, se pregunta Ramona.
Al mediodía fueron recibidas en el juzgado de Servini. Luego, las siete mujeres fueron enviadas a una celda. Querían lavarse las manos, pero no había agua. Las llamaron una por una, nuevamente. Sofía Belén Ottogali salió en libertad. A Ramona y a las otras chicas les negaron la excarcelación. Una señora alta y delgada, que estaba con otras personas, fue la emisaria de la mala nueva.
Fueron muchas horas sentadas en el móvil, esposadas. Ramona no puede calcular cuántas. El traslado al Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres de Ezeiza fue entrada la noche. El arribo al Pabellón 3 del penal lo vivió como parte de una película, “donde te ponen el nombre y te sacan una foto”. Siempre estuvieron las seis solas. En la celda pudieron acceder a teléfonos. A veces lograban comunicarse; otras, la llamada no prosperaba. La primera noche no hubo frazadas. Ramona sufrió mucho el frío. Nadie durmió. A la mañana siguiente, les dieron el desayuno.
“Yo también quiero tener derechos”
Se pregunta cuándo va a pasar la pesadilla. Siente que la persiguen. Sostiene que debe hacerse fuerte en lo mental, que no puede dejarse caer. No descarta pedir ayuda psicológica. “Pensé que me agarraban, averiguaban mis antecedentes y me iban a soltar. En mi vida imaginé que iba a estar seis días detenida, interminables, que fueron una tortura. Más allá de que no sufrí violencia policial física, pero sí violencia moral”, señala. Hoy quiere olvidarse de todo. Sabe que debe seguir adelante con su vida.
“Soy una persona humilde, no puedo estar encerrada en casa todo el tiempo, tengo que salir a trabajar, ahora mismo estoy angustiada por el estrés que me generó esta situación”, dice. Aún no se comunicó con las personas para las que trabaja. “Tal vez me van a decir que no venga por todo esto de los antecedentes o se imaginen que voy a tirar piedras, qué sé yo. Pensaba comunicarme hoy [por el jueves], pero prefiero priorizar mi salud y mi familia”, asegura.
Ramona pide visibilizar el tema de las empleadas domésticas. “Siempre trabajé en negro. Hay que lograr algo para nosotras, que no tenemos derechos de ningún tipo. Cuando la gente se enferma tiene un hospital y una obra social atrás. No es mi caso. Eso me genera ganas de luchar, de decir yo también quiero tener derechos, pero como te digo, por ahora, yo no hablé con ninguno de mis empleadores”.
El incendio del móvil de Cadena 3
Agustín Hartridge tiene 40 años, se desempeña como abogado en la Fiscalía General ante la Cámara Comercial y es subsecretario letrado del Ministerio Público Fiscal, donde trabaja hace 20 años. El delegado gremial en la Fiscalía por la Unión de Empleados Judiciales de la Nación pudo ver, durante el debate de la ley bases en el Senado, cuando un grupo de encapuchados se abalanzó sobre el móvil de Cadena 3 -conducido por el periodista Orlando Morales-, zarandeó el auto hasta darlo vuelta y lo prendió fuego.
A las 15.30 del 12 de junio, aproximadamente, cruzó por la mitad de la Plaza de los Dos Congresos, desde Avenida de Mayo, y llegó caminando con su compañera hasta la esquina de Hipólito Yrigoyen y Solís, donde registraron la situación que se vivía con sus teléfonos celulares. Era un ambiente distendido, pacífico, la gente se manifestaba, cantaba, había agrupaciones, gente autoconvocada, adultos mayores, movimientos sociales.
A las 16.00 el ambiente se tensó. El abogado ubica los primeros incidentes que vio en la intersección de Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen. “Gendarmería avanzó con infantería y empezó a tirar gases lacrimógenos sobre la gente que estaba más al interior de la plaza, hacia Solís e Yrigoyen, pacíficamente; a 100 metros de donde estaban teniendo un encontronazo con un sector minúsculo de manifestantes”, relata a la diaria.
Hartridge destaca que los gases se dispararon no hacia el grupo más revoltoso y cercano a la valla, sino hacia el lugar que ocupaban las agrupaciones políticas y los autoconvocados. Entre las 16.00 y las 16.30, se adelantó porque su pareja tenía una llamada telefónica. Entonces, observó cómo seis personas -todas con las caras cubiertas, encapuchadas- comenzaron a mover el móvil de Cadena 3, con la intención de voltearlo.
Les gritó que no lo hicieran, que era el auto de un laburante. “No me dieron pelota, se sumaron algunas personas más, también encapuchadas o con el rostro semicubierto. Voltearon el auto, y en cuestión de segundos, el coche estaba prendido fuego. Tiraron algo que a los dos segundos prendió con mucha fuerza”, relata el abogado. “Fue todo un tumulto y los que hicieron eso se dispersaron inmediatamente”.
“En ese momento, cuando el auto se prende fuego, inmediatamente me doy vuelta y voy a buscar a mi pareja, que estaba más atrás, para retirarnos de ahí, porque lo lógico era que las fuerzas de seguridad iban a reprimir o a intentar frenar esa situación. Pero nada de eso sucedió”, dice. Las fuerzas de seguridad estaban a unos 50 o 60 metros, agrega.
-¿Pudo observar algún tipo de coordinación entre los encapuchados, en sus movimientos?
-Los cinco encapuchados que vi primero fueron juntos sobre el auto. Después veo los videos de Cadena 3. Es como que se hablan y se dicen algo entre ellos y van sobre el auto. En el video se ve como que es el coche que está más alejado de ellos, no es el auto que está más próximo. Pasan por al lado de otro y después está el de Cadena 3. Creo que hay otro auto en el video. Pero bueno, voltean el de Cadena 3 y lo prenden fuego rápidamente.
Hartridge compartió en un grupo de Whatsapp que había sido testigo de la quema del auto y el secretario general de su sindicato, Julio Piumato, le recomendó hacer la denuncia. Además, se decidió a denunciar porque “ya estaba al tanto de que habían detenido gente inocente, los estaban acusando de cualquier cosa y los iban a trasladar a cárceles comunes”.
-¿Cuál es su opinión sobre las imputaciones por saltar una valla o tirar piedras?
-Es un impulso de querer contrarrestar o devolver la agresión cuando uno está pacíficamente manifestándose. Por lo cual entiendo también que hay gente detenida por tirar piedras o por querer saltar una valla, y eso no justifica que se nos acuse de terroristas. Tendrán que responder por los daños que generaron, pero no les cabe la figura del terrorismo, desde ya. Es muy lógico reaccionar violentamente cuando te están atacando y vos no hiciste absolutamente nada.
Desde hace algún tiempo, Ramona Tolaba amasa otro sueño: irse a vivir al campo, a una parcela de tierra que su padre tiene en Bolivia, lindante con Jujuy. La ciudad que la recibió hace 30 años hoy la estresa, la expulsa. Como el taller de su exmarido empezó a sufrir los embates de una economía en recesión, tuvo que quedarse para apoyar a sus hijas. Dice que su trabajo también flaquea. En algunos lugares le dijeron que ya no vaya porque no hay plata. Ramona saluda y cierra la videollamada. Sale con Paola, una de sus dos hijas, a dar una caminata para despejar la cabeza, para hacer el intento de retomar su vida, la que tenía antes del 12 de junio.
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La brutalidad como arma política
Con Facundo Merlán, integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional de Argentina
Julieta Núñez Tomas
Brecha, 21-6-2024
Durante la aprobación por el Senado de la ley bases de Milei, el gobierno argentino decidió lanzar una intensa represión contra los miles de personas que se manifestaban frente al Congreso. La campaña para liberar a todos los detenidos continúa, mientras las organizaciones de derechos humanos denuncian una estrategia de detenciones indiscriminadas y la violación de las garantías constitucionales.
«Nunca más» es una exigencia que, desde el fin de las dictaduras del Cono Sur, se postuló como estándar mínimo de democracia. Pero ¿a qué se le niega repetirse en esa consigna? En Argentina varias de las acciones que caracterizan a los regímenes autoritarios del pasado volvieron con renovada violencia. Detenciones arbitrarias, disciplinamiento social, persecución ideológica, ostentación de la violencia estatal y confabulación entre los poderes político, armado y judicial; todo esto en medio de una situación económica y social que lleva a la población a manifestarse de forma creciente en las calles.
—Treinta y tres personas fueron detenidas durante las manifestaciones en contra de la ley bases y cinco de ellas siguen aún detenidas. ¿En qué contexto se dieron estas detenciones?
—Se dieron en el contexto de una movilización masiva que se convocó para el 12 de junio en las inmediaciones del Congreso, en el momento en que se discutía en Senadores la aprobación de la llamada ley de bases. Esta ley es una modificación del primer proyecto que envió el gobierno a cargo de Javier Milei: la ley ómnibus. Ese proyecto, en combinación con el decreto de necesidad y urgencia 70 [Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina], la hacía ser casi una reforma constitucional. En enero, el gobierno no pudo aprobar la ley ómnibus por el rechazo de distintos bloques legislativos. En ese momento la discusión se dio con movilizaciones fuera del Congreso y una fuerte represión. Pero el 12 vimos una escalada mayor. El gobierno decidió involucrar a distintas fuerzas de seguridad, tanto nacionales como locales de la Ciudad de Buenos Aires, en un dispositivo para reprimir y contener la movilización popular. De hecho, se intentó evitar que mucha gente llegara a la plaza [del Congreso] para que la movilización sea menos masiva de lo que se pensaba. La represión se empezó a dar desde temprano con hechos puntuales cerca del Congreso. Entre las 4 y las 5 de la tarde, no casualmente en el horario en que la mayoría de la gente sale de trabajar y, probablemente, muchas personas se proponían acercarse a la plaza –porque iba a ser una jornada que duraría hasta la noche–, hubo una decisión del gobierno de avanzar en un desalojo de la plaza con una represión brutal. Lo que sucedió en una zona del Congreso y en las inmediaciones fue lo que nosotros llamamos una cacería, las fuerzas de seguridad salieron a detener gente al voleo. Gente que andaba por la zona, que estaba o no en la marcha, y que fue detenida con una serie de figuras legales sumamente graves. Hasta ahora, en contextos de estas características, generalmente asociados a gobiernos de derecha, usaban la represión como un mecanismo habitual. En este caso eso se repite, ya que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es la misma que ocupó esa cartera en el gobierno de Mauricio Macri. Lo que se puede ver ahora es una escalada también en el sentido legal porque en ese momento se usaban las figuras de «atentado» y de «resistencia a la autoridad» [para las detenciones] y hoy en día vemos que, además de eso, se intenta crear alrededor de toda esta situación un relato de «golpe de Estado» y «asociaciones terroristas» que se traduce en las figuras legales que les pusieron a todas las personas que fueron detenidas.
—¿Hay respaldo a estos actos represivos por parte de la población?
—Hay sectores de la sociedad que avalan este tipo de accionar. Pero la combinación entre la situación social y económica que se vive y los hechos que pudimos ver el otro día ha generado cierta empatía con muchas de las personas detenidas. Más allá de que manifestarse es un derecho consagrado en nuestro país y muchas de esas personas lo estaban ejerciendo, el hecho de que sean personas que integran grupos sociales diversos –docentes, trabajadores, estudiantes, personas que estaban vendiendo comida en la movilización, jubilados y demás– produjo un cimbronazo. Principalmente acerca de esta idea en la que Milei montó su campaña electoral, y que dio frutos, que es la de la casta. Se empieza a desmoronar ese relato porque, como vemos, no solamente las medidas que se están tomando son perjudiciales para quienes no somos casta, sino que la represión también recayó con una brutalidad inusitada sobre personas que no tienen nada que ver con lo que podríamos considerar casta. Más allá del apoyo popular que todavía conserva el gobierno, se está dando una discusión abierta respecto de esta situación represiva.
—¿Cómo avanzan las causas de las 33 personas detenidas durante la movilización?
—Inicialmente, 11 de las 33 personas fueron detenidas en el marco de la Justicia federal y 22 bajo la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Una vez detenidas hubo un pedido de un fiscal muy cuestionado –[Carlos] Stornelli, que tiene causas en su contra bastante graves y por las que nunca ha sido juzgado– de que todas las causas contra las personas detenidas fueran parte de la Justicia federal. El juez de la Ciudad de Buenos Aires se declaró incompetente, por lo que efectivamente pasaron las 33 a la Justicia federal. Después de tomarles declaración a todas las personas detenidas, [estas] fueron trasladadas a unidades penitenciarias del servicio federal, donde las condiciones de detención son distintas. No es lo mismo una comisaría o una alcaldía que el servicio penitenciario. El viernes por la noche, a partir de las primeras resoluciones de la jueza [federal María Servini] producto de los pedidos de excarcelación que hicimos las organizaciones de derechos humanos, se les brindó la excarcelación a 17 personas y se decidió mantener presas a otras 16. Esto se extendió durante el fin de semana, pero antes de que se resolviera sobre las otras excarcelaciones, la jueza actuó sobre el pedido que había hecho el fiscal de prisión preventiva y cambio de carátulas. Ahí fue cuando se modificaron las causas de «atentado» y de «resistencia a la autoridad» por «atentado contra el orden público», «incitación a la violencia», «atentado y daños a la fuerza de seguridad» y más, que implican penas mucho mayores. Ante esto la jueza decretó falta de mérito para las 17 personas que ya habían salido en libertad y para 11 de las 16 que seguían detenidas, lo que los liberó. En este mismo acto decidió mantener en prisión preventiva y procesar a cinco de ellos. Actualmente tenemos a 28 personas en libertad con las causas abiertas en la figura de «falta de mérito», que quiere decir que la Justicia todavía no tiene elementos para condenarlos, pero tampoco para sobreseerlos, y cinco que sí fueron procesados porque la Justicia considera que sí tiene elementos para que continúen en prisión preventiva.
—¿Cómo interactúan las fuerzas de seguridad y la Justicia en este proceso posterior a la represión?
—Reviste un alto grado de arbitrariedad porque se está tomando como verdad la versión policial. Eso representa un problema, porque la versión policial tiene una orientación política en función del contexto en que se produjeron las detenciones. De hecho, este miércoles al mediodía, junto con diputados y diputadas de distintas fuerzas políticas y organismos de derechos humanos, acercamos al juzgado un petitorio firmado por dirigentes y personalidades del ámbito nacional e internacional. Le planteamos al secretario de la jueza la preocupación que nos causaba que se tome como versión probatoria la de la Policía, cuando debería estar acompañada de otras pruebas. Hay una red conformada por familiares de las personas detenidas, y periodistas y fotógrafos que cubrieron la manifestación para aportar pruebas que demuestren que efectivamente la situación de la que se los acusa no tiene nada que ver con la realidad. Ante esta especie de connivencia entre la Justicia y las fuerzas de seguridad, intentamos aportar de nuestro lado todo el material que podamos para probar lo contrario al relato que se está instalando.
—¿Evalúan la posibilidad de presentar algún tipo de denuncia por la represión policial?
—Evaluamos que ahora el foco tiene que estar en la libertad de las cinco personas que aún continúan detenidas y en cerrar las causas de las 33. Llegado el caso en que hagamos una evaluación que nos permita determinar que una denuncia de ese tipo sería un paso realmente conducente, entonces, avanzaremos en una instancia de esas características.