Consuelo Ferrer desde Santiago de Chile
La Diaria, 8-5-2024
Correspondencia de Prensa, 9-5-2024
La crisis de seguridad que atemoriza a la ciudadanía ha incidido en la modificación de la agenda que había prometido en campaña.
En Chile, de un tiempo a esta parte, todos los perros negros son, un poco, un mismo perro: quiltro –callejero, sin raza–, temerario y con un pañuelo rojo amarrado al cuello. Es una imagen icónica que trascendió a murales, afiches, letreros en protestas, y hasta llegó a convertirse en una estatua homenaje de tres metros.
El perro “matapacos” se hizo conocido por ladrarle a la Policía –de ahí su nombre, ya que a los Carabineros se les dice popularmente “pacos”– en las protestas estudiantiles de 2011 en las calles de Santiago, pero murió antes de que su figura fuera adoptada por el movimiento social que protagonizó el estallido de 2019.
Los noticieros no se atrevían a pronunciar su nombre, pero en las marchas reivindicaban su figura como un héroe popular que encarnaba el espíritu del movimiento. Su cara, con la lengua afuera y los ojos sonrientes, es una postal del convulso, sorpresivo y alguna vez esperanzador 2019 chileno. Desde ese octubre han pasado casi cinco años, con dos procesos constitucionales fallidos y una pandemia de por medio.
Sebastián Piñera, el presidente en ejercicio durante las movilizaciones, falleció en un accidente aéreo en febrero de este año. Alguna vez, en 2021 y en medio de la campaña presidencial, el entonces candidato Gabriel Boric dijo en un debate televisado: “Señor Piñera, está avisado, se le va a perseguir por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas bajo su mandato”.
Ya en setiembre de 2023, el ahora presidente Boric aclaraba que no creía que su antecesor hubiera “ordenado específicamente algún tipo de violación a los derechos humanos”. “Defendió ideas diferentes a las de nuestro sector y también tuvo una interpretación del estallido social de 2019 que fue diferente a la mía, y actuó en ocasiones de una manera con la que discrepé, pero usando siempre, repito, siempre, los mecanismos de la democracia y la Constitución”, dijo luego, en su funeral.
Por eso es que no todos se sorprendieron con la declaración del presidente Boric en una entrevista a la Asociación de Radiodifusores de Chile, el jueves, cuando se le preguntó por un nuevo episodio de la crisis de seguridad que atraviesa el país: el asesinato de tres carabineros, que tuvo lugar en el sur a fines de abril.
“Yo jamás festiné ni me hizo ningún sentido la imagen burda del perro aquel, del perro ‘matapacos’, como le llamaban. Ustedes jamás van a encontrar una declaración mía festinando o haciendo gala de aquello”, dijo el mandatario. Pero algunos registros aparecieron: una vieja foto de su computadora con un sticker del perro, por ejemplo.
No se puede afirmar que haya sido por eso, pero este lunes la encuesta Plaza Pública divulgada por la consultora Cadem, una de las más respetadas en el país, mostró una baja de 6 puntos en la aprobación de la figura del presidente, que llegó a su peor registro (24%).
“Creo que el presidente cuenta con menos apoyo que con el que fue elegido. Probablemente personas que votaron por él y son de izquierdas no estarán de acuerdo en cómo se ha gestionado el gobierno. No veo, por el momento, algún apoyo que se haya sumado”, comenta la académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Mireya Dávila, mientras que Marco Moreno, profesor de la Universidad Central, enfatiza en que Boric tiene una base de apoyo duro que no ha menguado. “Es una aprobación dura, consistente, sin embargo, no es suficiente para poder gobernar: tiene que romper con ese cerco de aprobación acotado sólo a sus seguidores”, afirma.
“Este apoyo más sostenido tiene que ver con cuestiones de carácter más estructural, como las reformas propuestas por su gobierno al sistema de pensiones. Son precisamente acciones que son polémicas y generan debate, pero que, al mismo tiempo, tienden a consolidar un núcleo estable de apoyo entre quienes ven estas iniciativas como necesarias para el cambio estructural en Chile”, acota Susana Riquelme, académica del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Concepción.
Es que el gobierno de Boric se ha anotado también triunfos simbólicos e inauditos: la aprobación de la ley que baja las horas semanales de trabajo de 45 a 40 y la del salario mínimo que ascenderá a 532 dólares, ambas con gradualidad. También la ley que obliga al pago de la pensión de alimentos a los padres y otra medida, conocida como “copago cero”, que permite a los ciudadanos adscritos al Fondo Nacional de Salud acceder a atenciones médicas de forma totalmente gratuita.
Asimismo, consiguió aprobar el royalty minero, que por fin redestina parte de las ganancias obtenidas por las empresas mineras a las comunas afectadas por su operación, además de a otras localidades con mayor vulnerabilidad social.
El gobierno de Boric, además, ha creado 500.000 nuevos puestos de trabajo, ha reducido la tendencia inflacionaria y los índices de pobreza. Pero persiste, en paralelo, el asunto discursivo.
Riquelme recalca, también, que el descenso actual coincide con “situaciones adversas y decisiones que han acaparado la opinión pública y los diferentes debates políticos, cuestiones de alto impacto mediático y tragedias que han ido aumentando el nivel de shock a la opinión pública”, como el homicidio de los tres policías.
En cuanto a sus dichos sobre la figura del perro, la analista dice que “ha generado críticas y distanciamiento dentro de parte de su base de apoyo, porque se observa reticencia frente a lo que perciben como cambios en su postura o abandono de los símbolos populares que son parte de las movilizaciones sociales”.
Pero tampoco se trata solamente del perro, sino de lo que su figura encarnaba: la oposición a una Policía represiva y cuestionada, que el mismo Boric prometía “refundar”. Desde su llegada a La Moneda, no se ha presentado formalmente ningún proyecto específico, ni de refundación ni de reforma.
Esta falta de respuesta a la demanda de su base de apoyo derivada de los movimientos sociales convive con una delicada situación de seguridad que mantiene a la población atemorizada: la misma encuesta de la consultora Cadem muestra que las dos instituciones mejor evaluadas por la ciudadanía son los Carabineros (79%) y las Fuerzas Armadas (68%), y en noviembre pasado la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Chilena evidenció que la percepción de inseguridad en el país llegaba al 90%, la más alta en una década. El tema acapara conversaciones, noticieros, columnas de opinión, charlas en el trabajo y las reuniones familiares.
Se esperaba, también, que el general director de Carabineros nombrado en medio del estallido, Ricardo Yáñez, fuera formalizado este martes por la responsabilidad que se le atribuye en las violaciones a los derechos humanos durante dicho período. Se trataría de un hito que podría haber marcado el inicio del segundo tiempo del gobierno, que cumplió su segundo de cuatro años en marzo, pero la audiencia fue pospuesta para octubre.
Se habló, también, de que se concretaría su renuncia al cargo una semana después del Día del Carabinero, que tiene lugar todos los 27 de abril, pero ese fue el día en que el país amaneció con la noticia del triple asesinato. “En esto todos somos necesarios, y por cierto también el general Yáñez”, dijo el presidente Boric en una conferencia de prensa que brindó junto a la autoridad policial.
Gabriel Boric, explican los expertos, está en una encrucijada: o cumplir sus promesas de campaña y tomar acciones con las policías, o dar más respaldo a las instituciones encargadas de gestionar la seguridad que amenazan la sensación de bienestar de la ciudadanía. Ambas, de algún modo, se oponen entre sí.
La mitad de su mandato y la inminencia de su segunda cuenta pública –que ocurrirá en el Congreso Nacional el jueves 1º de junio y que, además, le significó el año pasado un repunte en las encuestas– podrían ser un punto clave para esa decisión.