Alexander Lukashenko, presidente bielorruso, el 6-7-2023 en Minsk. Foto Alexander Nemenov
Bielorrusia, la represión previa a las elecciones.
El régimen de Alexander Lukashenko ha bloqueado el proceso electoral antes de las elecciones parlamentarias del 25 de febrero. La sociedad civil ha sido aplastada, e incluso la oposición en el exilio no concibe la reanudación de las protestas durante estas elecciones
Nelly Didelot
Libération, 8-2-2024
Traducción de Correspondencia de Prensa, 8-2-2024
El 25 de febrero se celebrarán nuevas elecciones parlamentarias en Bielorrusia. Los preparativos son metódicos. En primer lugar, los partidos políticos tuvieron que volver a registrarse ante las autoridades electorales, para separar la paja del trigo. De los quince partidos que aún existían oficialmente en 2023, sólo cuatro, fieles al régimen, siguen estando autorizados. Posteriormente, los observadores electorales de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa fueron informados de que no se les permitiría la entrada en el país. El escrutinio se celebrará «bajo el control exclusivo de las autoridades y libre de influencias destructivas», explicó el jefe de la comisión electoral, Ihar Karpenka. Para preparar aún más el ánimo de los votantes, una oleada masiva de detenciones y allanamientos tuvo como objetivo a cientos de familiares de algunos de los 1.422 presos políticos del país.
En estos primeros comicios desde las elecciones presidenciales fraudulentas de 2020, el régimen ha elevado las medidas represivas del país a un nivel sin precedentes. «En Bielorrusia, las elecciones siempre se han celebrado siguiendo reglas específicas. En 2016 y 2019, los medios de comunicación independientes predijeron la composición del futuro parlamento con una precisión del 96%, mucho antes de que tuvieran lugar las votaciones. Pero a pesar de estos estándares ya de por sí muy bajos, la campaña electoral de 2024 pasará a la historia como la más estéril y la más represiva hasta la fecha», escribe el ex diplomático Pavel Slunkin en una nota para el European Council on Foreign Relations.
Cabinas de votación abiertas
Las contadas brechas en el control del régimen sobre el proceso electoral, explotadas por la oposición unificada en 2020, han sido sistemáticamente selladas. Ahora está prohibido sacar fotos de su papeleta de voto, lo que en 2020 sirvió para alimentar la aplicación «Golos» y demostrar el fraude electoral. Para asegurarse de que nadie se atreve a burlar la prohibición, las cortinas de las cabinas de votación han sido retiradas. El voto en el exterior también ha sido eliminado, siendo que incluso las cifras oficiales reconocen que la mayoría de la diáspora votó por la dirigente opositora, Svetlana Tikhanovskaya, en 2020.
Todas estas precauciones han sido adoptadas para una votación que, sin embargo, es bastante menor. Quienes, con o sin ganas, vayan a votar el 25 de febrero elegirán a los 1.200 representantes de la Asamblea del pueblo bielorruso. Teóricamente, las atribuciones de esta nueva asamblea son bastante considerables. Será la encargada de nombrar a los miembros de la Comisión Electoral y a los directores de los tribunales, certificará los resultados de las elecciones y podría incluso destituir al presidente.
Pero todos los observadores anticipan que la misma no será más que otra herramienta en manos de Lukashenko. «Va a estar dirigida por un presidium de diez a quince miembros. El puesto de presidente va a ser ocupado probablemente por Lukashenko, y los nueve a catorce miembros restantes serán miembros del círculo de sus colaboradores más fiables, de entre los cuales podría surgir eventualmente su sucesor», explica Pavel Slunkin.
Nadie, ni siquiera los círculos de la oposición en el exilio, cree que estas elecciones permitan reavivar las protestas que tanta fuerza tuvieron en el verano de 2020, pero que desde entonces han sido brutalmente reprimidas. El régimen ya no deja ningún margen a la disidencia. Los bielorrusos corrientes siguen siendo detenidos y enviados a prisión si al registrar sus teléfonos las autoridades descubren que siguen canales de Telegram considerados extremistas. Desde 2020, más de 950 organizaciones han sido desmanteladas por este motivo, desde grupos de defensa de los derechos hasta centros culturales.
La caza a los manifestantes de 2020
«El régimen sigue haciendo pagar a quienes apoyaron a Svetlana Tikhanovskaya», explicó en enero Tatyana Shukan, investigadora en ciencias políticas de la Universidad de Burdeos, en una mesa redonda organizada por la comunidad bielorrusa en Francia. La policía persigue sin tregua a quienes hayan hecho pequeñas donaciones a organizaciones calificadas posteriormente de extremistas. Cuando la policía encuentra a los donantes, los obliga a pagar multas a las organizaciones estatales. Por el equivalente a 10 euros donados en 2020, hoy puede ser condenado a hacer donaciones forzosas de 500, o incluso 1.000 euros, a organizaciones caritativas del régimen».
En el mismo orden de cosas, la última oleada masiva de detenciones, los días 23 y 24 de enero, tuvo como objetivo a más de 200 familiares de presos políticos. «Varias personas fueron condenadas en virtud del artículo 24.15 del código administrativo, que contempla «el uso de ayuda exterior gratuita para llevar a cabo actividades extremistas». Nunca se había utilizado antes», afirma Viasna, la principal organización bielorrusa de defensa de los derechos, que ha sido calificada a su vez de «extremista».
Por lo visto, la policía apunta a quienes han recibido ayuda de INeedHelpBY, una iniciativa lanzada en 2020 para prestar apoyo financiero a los familiares de los presos políticos, a menudo privados de trabajo. Los bielorrusos en el exilio pueden así financiar la entrega de paquetes de comida a las familias de los presos o a personas en arresto domiciliario. «Los agentes buscaban rastros de pagos efectuados desde el extranjero», explica Viasna. Esta redada se saldó con nuevos presos políticos. Como Marina Adamovich, condenada a catorce días de detención administrativa por «conducta desordenada». Su marido, Mikalai Statkevich, opositor de 67 años, cumple una condena de catorce años por «haber organizado revueltas».
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Bielorrusia – Mujeres sindicalistas en la cárcel
RSISL,12-1-2024
Traducción de Correspondencia de Prensa
Durante casi tres décadas, Bielorrusia ha sido el campeón mundial en violaciones de los derechos humanos fundamentales, en particular del derecho a la libertad sindical de los trabajadores. Bielorrusia figura entre los 10 peores países para los trabajadores y trabajadoras. Durante el levantamiento masivo de Bielorrusia contra Lukashenko y su régimen en 2020, los trabajadores desafiaron a la dictadura amenazando con una huelga general. El régimen desplegó una represión excepcional contra la sociedad civil, los trabajadores y sus sindicatos. Además, Lukashenko involucró a Bielorrusia en la guerra al apoyar a otro dictador, Putin, contra el pueblo ucraniano. La organización democrática de los trabajadores, a través del Congreso Bielorruso de Sindicatos Democráticos expresó la firme postura antibélica de los trabajadores bielorrusos. Las consecuencias fueron detenciones masivas y acusaciones penales contra dirigentes sindicales y trabajadores en abril de 2022. Por otra parte, Bielorrusia se convirtió en un país sin sindicatos desde julio de 2022, cuando fueron liquidados todos los sindicatos democráticos. La dictadura de Bielorrusia, donde cualquier actividad es tachada de extremismo y terrorismo, ejerce una represión sin límites contra la sociedad civil.
Sindicalistas presos
47 de nuestros camaradas bielorrusos se encuentran en prisiones y colonias penales, condenados por alta traición, difamación del Estado, participación y apoyo a actividades extremistas, con penas de hasta 15 años de prisión. Entre ellos se encuentran conocidas figuras sindicales como Aliaksandr Yarashuk, presidente del BKDP, vicepresidente de la CSI y miembro del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, OIT.
Entre las personas encarceladas hay mujeres sindicalistas y personas mayores. Muchas de ellas son calificadas de extremistas, incluso de terroristas. Los vestidos de las presas políticas llevan etiquetas amarillas. Las presas políticas son constantemente torturadas y severamente castigadas en celdas de aislamiento heladas. El trabajo forzado de las presas políticas, sin tener en cuenta su salud ni la seguridad laboral, a menudo en las industrias maderera y textil, se utiliza mucho en las colonias penales para convertir a las presas en ciudadanas obedientes a la ley, según el Estado.
Mujeres sindicalistas, presas políticas
Según la organización de derechos humanos Viasna, el 25 de diciembre de 2023 había 1.496 presos políticos en Bielorrusia, entre ellos 174 mujeres. Desde 2020, al menos 895 mujeres han sido procesadas por motivos políticos.
Actualmente, entre estas mujeres presas políticas, activistas y dirigentes de sindicatos independientes, hay al menos ocho recluidas en prisiones y colonias penales: Hanna Ablab, Zinaida Mikhniuk, Volha Brytsikava, Volha Barushka, Hanna Karneyenka, Sviatlana Sakovich, Palina Sharenda-Panasiuk y Halina Smirnova.
Perdieron su libertad a causa de sus actividades. Como muchas mujeres bielorrusas, se rebelaron contra la injusticia y la dictadura. En 2020, muchas mujeres estuvieron en primera línea de las manifestaciones tras las elecciones fraudulentas, en las manifestaciones contra el fraude electoral, en la lucha contra el dictador, en la lucha por la libertad. Reclamaban no sólo elecciones libres, sino también la abolición de las estructuras autoritarias, el fin del virilismo represivo que forma parte de la ideología y la base de poder de Lukashenko. Protestaban por la igualdad, el respeto y la autodeterminación.
Fueron condenados a penas de cárcel de entre 2 y 11 años por haber protestado. Nuestra solidaridad y apoyo en todo el mundo las ayuda, a ellas y a sus familias, en estos difíciles momentos, mientras el régimen las encierra en prisión y pretende nada menos que el mundo se olvide de ellas y de sus nombres.
Compartimos aquí las historias de nuestras hermanas
Palina Sharenda-Panasiuk
Palina es una activista sindical de Brest (oeste del país, cerca de la frontera polaca) que fue detenida el 3 de enero de 2021. Esta madre de dos hijos menores fue condenada en virtud de varios artículos del código penal. A finales de febrero de 2022, se abrieron contra ella causas penales en virtud de la parte 2 del artículo 411 del Código Penal (desobediencia malintencionada a la administración de la colonia). El 9 de octubre de 2023, el tribunal declaró a Palina culpable en virtud de la parte 2 del artículo 411 del Código Penal y la condenó a un año más de colonia penal, además de los tres años a los que había sido condenada en 2021. En la primera vista ante el tribunal, declaró que fue golpeada en la colonia penal de Zarečanskaya: su cara y sus órganos internos resultaron gravemente afectados.
La familia de Palina tuvo que abandonar Bielorrusia y refugiarse en Lituania. Lucha para que su caso se haga público y para que sea liberada más rápidamente.
Existen pruebas de que las presas políticas son internadas periódicamente en un centro penitenciario, en una celda a baja temperatura donde se les priva de correspondencia, paquetes de la familia u objetos personales, ropa de abrigo y ropa de cama. Aunque no siempre se conocen los detalles exactos y a veces no es posible hablar de ellos públicamente, la información logra salir fuera de la cárcel.
El estatus que se le ha otorgado a Paline -el de «malintencionada»- le impone restricciones adicionales, la principal de las cuales es la reducción de las «compras en prisión» a dos valores básicos (74 rublos o 20 euros al mes). Como señalan los presos, es muy difícil sobrevivir sin dinero, sin sueldo y sin recibir paquetes de la familia.
Hanna Karneyenka
Hanna es miembro del Sindicato libre de trabajadores metalúrgicos y antigua contable de la planta electrotécnica Vavilov de Minsk. Fue despedida tras unas manifestaciones en su lugar de trabajo en 2020, y su sindicato llevó a la empresa ante los tribunales por despido ilegal. Hanna fue condenada a cinco años en una colonia penal por revelar datos personales sobre funcionarios del Estado. Fue detenida cuando su bebé recién nacido tenía tres meses. Su marido hace todo lo posible por cuidar solo sus dos hijos. Hanna figura en la lista de terroristas.
Volha Brytsikava
Volha es la presidenta del sindicato bielorruso independiente de mineros y trabajadores químicos de la refinería de petróleo Naftan. En 2022, al comienzo de la guerra en Ucrania, Volha fue detenida por su postura contra la guerra y encarcelada. Durante su encarcelamiento, fue condenada 5 veces a 15 días de prisión cada vez.
Una vez liberada, siguió ayudando a sus camaradas. Cuando todos los sindicatos independientes fueron liquidados, ella fue una de las pocas dirigentes sindicales que no abandonó el país. En agosto de 2023, el régimen la detuvo junto a otras camaradas. Hoy, es objeto de una investigación criminal en una prisión del KGB en Minsk y podría ser condenada a al menos 6 años de prisión. Desde entonces, se tiene poca información sobre ella. Las detenciones de trabajadores de Naftan continúan y los camaradas de Volha están relacionadas con su caso.
Hanna Ablab
De entre nuestras camaradas, Hanna es la que recibió la condena más severa: 11 años por alta traición y difamación del Estado. Trabajaba para los Ferrocarriles Bielorrusos y era miembro de la Iniciativa Obrera Rabochy Rukh. Hanna negó toda culpabilidad durante la audiencia. Madre de tres hijos, fue trasladada recientemente de la prisión preventiva a una de las colonias penales para mujeres.
Colonias penales o campos de trabajo forzado
Los lugares donde están detenidas las presas políticas son colonias penales en las que se supone que deben trabajar. El trabajo de las presas políticas debe calificarse como trabajo forzado, sin normas de seguridad e higiene y sin una remuneración adecuada (a menudo menos de un euro al mes), por lo general en la industria textil. En el caso de las mujeres presas, esto significa trabajar ocho horas en un taller de costura confeccionando uniformes para el ejército, muy probablemente el ejército ruso, o para la policía bielorrusa.
Sindicato en el exilio
Muchos sindicalistas han tenido que huir del régimen dictatorial y continuar su actividad en el exilio. En la ciudad libre de Bremen, en Alemania, por ejemplo, han fundado una asociación llamada Salidarnast (solidaridad en bielorruso) para apoyar a los sindicalistas detenidos y condenados por el régimen de Lukashenko. Su lema es «La militancia sindical no es extremismo». Llevan adelante campañas a favor de la liberación de sus compañeros, difunden noticias sobre Bielorrusia, recogen donaciones para un fondo de solidaridad destinado a ayudar a las familias y a los hijos de los compañeros bielorrusos, mantienen redes y comienzan a realizar cursos de formación sindical.
La libertad no es algo que se pueda dar por sentado. Debemos luchar constantemente por ella. Lo mismo puede decirse de la libertad de asociación. Es un gran reto para los bielorrusos y para el movimiento internacional de trabajadores y trabajadoras actuar junto con los empresarios y sus respectivos gobiernos para presionar al régimen bielorruso. La liberación de todos los presos políticos debe ser una condición previa para cualquier diálogo con Lukashenko.
–Publicado originalmente en Salidarnast, 15-1-2024
–La asociación Salidarnast fue fundada por dirigentes y militantes sindicales bielorrusos que tuvieron que abandonar el país tras la liquidación y la represión de los sindicatos democráticos. La asociación tiene su sede en Bremen, Alemania.