El presidente Gabriel Boric durante la apertura del Congreso Futuro 23, en el Teatro Oriente, en Santiago de Chile, el 16 de enero. Foto: AFP, JAVIER TORRES
Comienza el segundo proceso constituyente
Los cabos del amarre
Tres órganos participarán en el trazado de una nueva Constitución, cuyo diseño da lugar a más dudas que certezas. Los partidos políticos y el desacreditado parlamento tendrán un protagonismo del que carecían en la constituyente del año pasado.
Cristian González Farfán, desde Valparaíso
Brecha, 3-2-2023
Correspondencia de Prensa, 3-2-2023
El nuevo proceso constituyente en Chile entraña una paradoja: la propuesta de nueva Constitución ya partió redactada, aunque todavía nadie se sienta a la mesa. El 12 de diciembre de 2022, la mayoría de los partidos políticos con representación en el Congreso suscribieron el Acuerdo por Chile para habilitar una segunda ruta hacia una carta magna, y en ese documento se establecieron bases a las que deberá ceñirse el texto constitucional que se someterá a un nuevo plebiscito. En lenguaje más informal, sin embargo, no se habla de bases, sino de bordes o Amarres.
«Chile es una república democrática, cuya soberanía reside en el pueblo», «la Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible», «Chile tiene tres poderes separados e independientes entre sí» y «Chile protege y garantiza derechos y libertades fundamentales como el derecho a la vida» figuran entre las 12 bases constitucionales fijadas de antemano por las fuerzas políticas que firmaron el acuerdo.
«Los bordes tratan de establecer una especie de frontera sobre la que no pueden pasar las discusiones, pero, a mi juicio, hay que mirar el nuevo proceso en su conjunto. Esta es la última oportunidad para cambiar la Constitución en los términos actuales. Los sectores transformadores llegaron muy disminuidos en legitimidad y fuerza electoral tras la derrota del Apruebo. Eso se volcó en una mesa más favorable a los sectores más conservadores del país. Este proceso tiene un carácter superelitista y fue diseñado como una respuesta desde el Congreso. Ojo, yo no hablo de una “cocina”, yo reivindico el papel del Congreso en darnos dos veces una solución a un conflicto político», analiza a Brecha la cientista política Javiera Arce-Riffo.
El «proceso en su conjunto» atañe a las fases del nuevo itinerario constituyente. En él participarán tres órganos, cuyos representantes se regirán bajo criterios de paridad de género: un consejo constitucional (50 personas electas por votación popular que discutirán y aprobarán una nueva propuesta de carta magna), una comisión experta (24 personas designadas por la Cámara de Diputados y el Senado, cuyo mandato es redactar y entregar al consejo un anteproyecto de texto constitucional) y un comité técnico de admisibilidad (14 personas, también nombradas por el Congreso, que revisarán que las normas aprobadas no contravengan las bases o bordes ya definidos de antemano). Cada norma que se apruebe, en los dos primeros órganos, deberá contar con un cuórum de tres quintos.
«Este acuerdo claudicó la aspiración de quienes queremos cambios en Chile. El proceso quedó en manos de 24 personas designadas por las cúpulas de los partidos políticos. Es una traición a quienes levantaron estas reivindicaciones desde el estallido social, porque la derecha tendrá la mitad de los expertos, y con ello podrá bloquear todos los cambios. El consejo constitucional no tendrá ninguna incidencia, porque la comisión experta completará el proceso», plantea a este medio el diputado del Partido Ecologista Verde Félix González, cuya colectividad no suscribió el Acuerdo por Chile.
La nueva ruta constituyente
Los partidos ya dieron a conocer los nombres de la comisión experta. De las 24 personas designadas (12 por la Cámara de Diputados y 12 por el Senado), 21 son abogadas o abogados; los tres restantes son un sociólogo, una ingeniera comercial y una periodista. Dicha comisión tiene tres meses de plazo para diseñar el anteproyecto de texto constitucional, mientras que los 14 miembros del comité de admisibilidad también fueron anunciados. Ambos órganos comenzarán a sesionar el próximo 6 de marzo.
En tanto, los partidos políticos tienen plazo para enviar los nombres de sus candidaturas al consejo constitucional hasta este lunes 6 de febrero. La elección de los consejeros será el 7 de mayo, bajo el mismo sistema que rige para la votación de senadores (es decir, con candidaturas presentadas en 16 circunscripciones del país). Un mes después, el 7 de junio, el consejo se instalará para recibir y analizar el anteproyecto salido de la comisión experta. Dicho consejo tendrá cinco meses para debatir. El plebiscito ratificatorio se celebrará el 17 de diciembre, con voto obligatorio (por Apruebo o por Rechazo).
«Me hubiera gustado una mayor presencia de otras disciplinas en la comisión experta. Ahora bien, era importante tener un número significativo de abogadas y abogados con trayectoria destacada en sus áreas. Eso puede ayudar a facilitar que el consenso técnico se convierta en un consenso político y que eso derive en un acuerdo social cuando el soberano se pronuncie en las urnas», indica a Brecha Alexis Cortés, miembro de la comisión experta designado por el Partido Comunista, quien aceptó la invitación aun reconociendo que «el carácter de experto, sin duda, es susceptible de controversias». Sociólogo de profesión, será uno de los tres comisionados no abogados.
Cortés asegura que el nuevo proceso ganará legitimidad en la medida en que se conecte con los anhelos de cambios de la sociedad que se expresaron durante la revuelta social. Desde su lugar como experto («la expertise no puede reemplazar a la soberanía popular», aclara el militante comunista), prevé que su papel será «intentar facilitar lo máximo posible la deliberación política» que, según él, recaerá en el consejo constitucional, al ser este el órgano llamado a cumplir un mandato a través de una elección popular. «Hay un consenso, al menos entre los comisionados del oficialismo, en que el protagonismo debe ser de las y los consejeros elegidos democráticamente», añade Cortés, académico del Departamento de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado.
En tanto, la politóloga Arce-Riffo percibe un punto importante en la función que deberán cumplir los expertos de los sectores progresistas en los llamados bordes: «Se la tienen que jugar para que a ese “derecho a la vida” de los “bordes” no se le añada el apellido “del que está por nacer”, porque eso iría en contra de los derechos de las mujeres. Hay que apelar al buen juicio no solo de los representantes progresistas en el consejo; ver, por ejemplo, cómo se puede trabajar en coaliciones de mujeres».
Por su parte, el diputado socialista Daniel Melo cree que los bordes pueden jugar a favor de sus huestes, en tanto sean un «piso» desde donde se puede avanzar en derechos sociales. Cita el ejemplo del punto consensuado que consagra a Chile como un «Estado social y democrático de derecho»: «El solo hecho de partir con un consenso en torno a la superación del Estado subsidiario es sumamente significativo toda vez que permite garantizar una serie de derechos sociales e instalar un diálogo respecto del modelo de desarrollo».
Cortés coincide con este análisis, y cree que el referido «Estado social y democrático de derecho» no solo es «una conquista social», sino «una señal de que los cambios pueden ser posibles». No obstante, agrega Cortés, «es probable que la propuesta de Constitución no sea tan de avanzada como la que se rechazó el 4 de setiembre, pero sí que sea la llave que pueda abrir las puertas a las transformaciones».
Sin embargo, al abogado y exintegrante de la Convención Constitucional Manuel Woldarsky, el proceso se le presenta «decepcionante», cooptado por los partidos políticos y sin garantías de participación del mundo independiente vinculado a las demandas más sentidas por la sociedad chilena: «No es un proceso constituyente del pueblo, sino de los partidos, y ya empezó con varios puntos en contra. Sé que hay mecanismos habilitados de participación ciudadana, pero no son suficientes ni cumplen con lo que buscábamos en la Convención Constitucional: que fueran mecanismos territoriales acompañados por los municipios, las organizaciones sociales y otras».
En términos de participación en el actual proceso, los pueblos originarios no tendrán escaños reservados, a la inversa de lo que ocurrió en la Convención Constitucional. La única opción que tienen las candidaturas indígenas para obtener un cupo extra a los 50 del consejo constitucional es configurar una lista propia cuya suma de votos sea igual o superior al 1,5 por ciento respecto de los sufragios válidamente emitidos en el resto de las 16 circunscripciones no indígenas. En ese caso, la candidatura electa sería la más votada de la lista. Si esta votación general es dos puntos porcentuales superior al 1,5 por ciento, se agregará un segundo escaño y así sucesivamente.
¿Juntos o separados?
La elección del consejo constitucional funcionará con las mismas reglas que la votación de los senadores, lo que favorece a quienes se presentan en listas con mayor amplitud. Sin embargo, al cierre de esta edición, ni el oficialismo ni la oposición tenían definido aún si irán a los comicios del 7 de mayo con una lista unitaria o en listas divididas.
La situación más delicada corre por cuenta del oficialismo, cuyas coaliciones de apoyo –Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático– se han enfrascado en ardorosas confrontaciones sobre el tema. El problema estriba en que el Partido por la Democracia (miembro de Socialismo Democrático y exmiembro de la Concertación) quiere ir en una lista separada con la Democracia Cristiana, mientras que en el último comité político del Partido Socialista (también parte de Socialismo Democrático), celebrado este miércoles 1 de febrero, se pidió un «último esfuerzo por la unidad» de todo el oficialismo.
«He planteado con mucho énfasis que lo más inteligente es que todas las fuerzas progresistas confluyan en una sola lista que exprese un consenso en torno a los temas pendientes del país. Ir separados debilita esa posibilidad», complementa el diputado Melo.
El consejero Larraín y Colonia Dignidad
Una decisión que provocó estupor entre las fuerzas transformadoras fue la designación como representante en la comisión experta de Hernán Larraín, exsenador y ministro de Justicia en el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Nominado por el partido derechista Unión Demócrata Independiente, Larraín es acusado de proteger el enclave alemán Colonia Dignidad y a su líder, Paul Schäfer. Instalado en el centro-sur de Chile, este asentamiento se convirtió en un centro de detención, tortura y exterminio durante la dictadura de Pinochet, donde además se cometieron otros delitos, como abusos sexuales a menores y tráfico de armas.
El nombramiento de Larraín gatilló una inmediata reacción de la Red de Sobrevivientes a Abusos Sexuales a las Niñeces en Entornos Institucionales. «Durante décadas [Larraín] ha sido un acérrimo defensor del violador de infancias Paul Schäfer, desacreditando relatos de niños abusados por el jerarca de Colonia Dignidad, lo cual fortaleció la cultura de la impunidad y la violación de los derechos humanos», publicó la organización a través de un comunicado.
El tema es muy sensible para el comisionado Cortés, quien se toma unos segundos antes de responder si le hace ruido sentarse en la misma mesa con Larraín. El abuelo materno de Cortés es el exmilitante comunista Víctor Hugo Morales Mazuela, quien figura como detenido desaparecido desde 1976.
«Yo tengo muy claro de dónde vengo y el dolor familiar que cargamos. También me consta que los distintos partidos buscaron las mejores personas que representaran sus principios y convicciones. No me corresponde dudar de los criterios que usaron los otros partidos para definir a sus expertos. Lo que hay que priorizar en este caso, creo, es redactar una Constitución que permita habilitar los cambios sociales, y con esa convicción me voy a sentar en la mesa con todos los comisionados», concluye Cortés.
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El calendario constituyente
-6 de febrero: plazo para enviar candidaturas al consejo constitucional.
-6 de marzo: instalación de la comisión experta y del comité de admisibilidad.
-7 de mayo: elección del consejo constitucional.
-7 de junio: instalación del consejo constitucional.
-7 de noviembre: entrega de la propuesta constitucional.
-17 de diciembre: plebiscito ratificatorio.