Mouin Rabbani
A l’encontre, 7-9-2021
Traducción de Ruben Navarro – Correspondencia de Prensa, 11-9-2021
Después de la Eurocopa 2020 de la UEFA y de la Copa América de la CONMEBOL, durante el verano, los partidos de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA -que tendrá lugar en Qatar de noviembre a diciembre de 2022- se reanudan en septiembre de 2021. La Copa Mundial de Qatar lleva, más que los campeonatos precedentes, la impronta de la polémica. Además de los numerosos informes sobre intrigas y corrupción que surgen habitualmente sobre la selección del país anfitrión, los derechos y el trato que reciben los trabajadores migrantes de la construcción ocupan un lugar destacado. Mouin Rabbani, redactor en jefe de Quick Thoughts y coeditor de Jadaliyya, habló con Hiba Zayadin, investigadora sobre el Golfo en Human Rights Watch, para entender mejor lo que está en juego en este Mundial de fútbol. [Red. Jadaliyya].
-Mouin Rabbani (MR): ¿Quiénes son los trabajadores que participan en la construcción de las instalaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Qatar? ¿Existen datos fidedignos sobre la cantidad, el país de origen, el salario medio, la duración de su presencia, la situación legal en Qatar, los accidentes y muertes de estos trabajadores?
Hiba Zayadin (HZ): Qatar depende casi por completo de alrededor de dos millones de inmigrantes, que constituyen el 95% de la mano de obra del país en sectores que van desde la construcción hasta los servicios y el trabajo doméstico. Los trabajadores migrantes en Qatar vienen principalmente de la India, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Kenia y Filipinas.
Vienen a trabajar a Qatar porque no tienen oportunidades de empleo estable en sus países de origen, o porque piensan que pueden ganar más dinero trabajando en el extranjero. Muchos dejan en su país a familias que dependen económicamente de ellos. Qatar es el país con la mayor proporción de inmigrantes por ciudadano del mundo. Sin estos trabajadores, su economía quedaría paralizada.
Lamentablemente, los datos del censo de Qatar no reparten la población por naciones de origen. El país no publica estadísticas periódicas y verificables de forma independiente sobre el salario medio, la duración de la estadía o la situación legal en el país. En septiembre de 2020, Qatar aprobó una ley que fija un salario mínimo básico de 1.000 QAR (274 dólares), que se aplica a todos los trabajadores, independientemente de su nacionalidad o sector de empleo.
A lo largo de los últimos cuatro años, Human Rights Watch exhortó en repetidas ocasiones a las autoridades qataríes a que investigaran las causas de las muertes imprevistas o inexplicadas de trabajadores migrantes, a menudo jóvenes y en buena salud, y a que hicieran regularmente públicos ese tipo de datos, desglosados por edad, sexo, ocupación y causa de la muerte. Human Rights Watch instó también a Qatar a adoptar y aplicar restricciones adecuadas al trabajo al aire libre para proteger a los trabajadores de los riesgos potencialmente mortales relacionados con el calor. Lamentablemente, Qatar se niega a hacer públicos datos significativos sobre las muertes de los trabajadores inmigrantes. La normativa sobre el calor, diseñada para proteger a los trabajadores de los peligros del calor y la humedad extremos, es por ahora lamentablemente inadecuada.
-MR: ¿Cuáles son las principales dificultades a las que se enfrentan los trabajadores inmigrantes en el sector de la construcción en Qatar, en particular en relación con las instalaciones que se están construyendo para la Copa Mundial de la FIFA en 2022?
HZ: Los trabajadores inmigrantes que van a Qatar y a otros países de la región del Golfo son objeto de abusos a lo largo de su ciclo migratorio. Los abusos comienzan en sus países de origen, donde a menudo deben pagar comisiones de contratación exorbitantes sólo para conseguir un trabajo en Qatar. Por otra parte y en general, se endeudan para conseguirlo. Cuando llegan a Qatar, los contratos que se les presentan están muchas veces por debajo de lo que les habían prometido.
Las investigaciones de Human Rights Watch demuestran también que las violaciones de los derechos de los trabajadores migrantes en Qatar son graves y sistémicas. En muchos casos, estas violaciones se deben a la kafala (apadrinamiento), un sistema de «gobernanza» laboral que vincula el estatuto legal de los trabajadores inmigrantes a sus empleadores en el país. Este sistema criminaliza la «fuga», es decir, el abandono de un empleador sin permiso del mismo para, por ejemplo, cambiar de trabajo. Además, los trabajadores inmigrantes suelen sufrir la confiscación sistemática de sus pasaportes por parte de sus empleadores y tienen que pagar derechos de contratación para conseguir un trabajo en el Golfo, lo que puede conducirlos a un endeudamiento durante varios años.
Estos factores, junto con la prohibición de las huelgas y la ineficacia en la aplicación y en el cumplimiento de las leyes destinadas a proteger los derechos de los trabajadores inmigrantes, contribuyen al abuso, la explotación e incluso al trabajo forzado. Entre las quejas más comunes de los trabajadores inmigrantes figuran el no pago o el retraso en el pago de los salarios, las condiciones de vida en «viviendas» superpobladas e insalubres y la cantidad excesiva de horas de trabajo. Los trabajadores de la construcción y los trabajadores de servicios inmigrantes, incluidos los limpiadores y los guardias de seguridad, son los fundamentales para la organización de una Copa del Mundo exitosa y, sin embargo, se encuentran entre los más afectados por los abusos y a la explotación.
El Supreme Committee for Delivery and Legacy -el organismo nacional responsable de supervisar la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Qatar- estableció protecciones extras para los trabajadores migrantes de la construcción empleados en las obras de los estadios, las que mejoraron las condiciones de trabajo. Pero estas protecciones sólo se aplican a unos 28.000 trabajadores, es decir, algo menos del 1,5% de la población inmigrante total de Qatar. No se aplican a los trabajadores que construyen la red de metro, las autopistas, los estacionamientos, los puentes, los hoteles y otros proyectos de infraestructura esenciales para hospedar a los millones de visitantes que van a asistir a la Copa del Mundo. También quedan excluidos los limpiadores, el personal de hostelería, los guardias de seguridad, los conductores y los auxiliares de vuelo de las empresas aéreas, hombres y mujeres que tendrán que realizar los esfuerzos del sector de la hostelería para dar cabida a la afluencia de personas que van a llegar al país. Pero incluso en las obras de los estadios, los trabajadores denuncian violaciones de la legislación qatarí y de las protecciones complementarias del Supreme Committee for Delivery and Legacy.
-MR: ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno qatarí, de la FIFA y de otras partes interesadas en la Copa del Mundo 2022 a las diversas críticas sobre el trato a los trabajadores inmigrantes que participan en la construcción de las instalaciones de la Copa del Mundo? Las medidas adoptadas, ¿han tenido un impacto significativo?
HZ: En octubre de 2017, tras varios años de presión por parte de organizaciones internacionales de derechos humanos, de medios de comunicación y de los sindicatos, Qatar se comprometió a desmantelar el sistema de la kafala, que otorga a los empresarios un control excesivo sobre el estatuto legal de los trabajadores inmigrantes, y a aplicar otras reformas de la legislación laboral como parte de un acuerdo de cooperación técnica de tres años con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Desde esa fecha, Qatar introdujo varias reformas que reducen los aspectos abusivos del sistema de kafala y brindan mayor protección a los trabajadores. Las reformas más significativas fueron la supresión del requisito de permiso de salida («fuga») abusivo para la mayoría de los trabajadores, que impedía a los inmigrantes abandonar el país sin el permiso de su empleador, y la autorización para que los trabajadores inmigrantes puedan cambiar de trabajo antes de que finalice su contrato sin obtener antes el consentimiento de su empleador. Una nueva ley establece un salario mínimo básico no discriminatorio para todos los trabajadores. Qatar creó también comités de resolución de conflictos laborales para que los trabajadores dispongan de un medio más eficaz y oportuno para presentar sus reclamaciones contra sus empleadores. El país adoptó una ley que lleva a la creación de un fondo de apoyo y seguro para los trabajadores, destinado en parte a garantizar que los trabajadores reciban los salarios no reclamados cuando las empresas no los pagan. Por último, introdujo enmiendas que prevén sanciones más estrictas para los empresarios que no paguen los salarios de sus trabajadores.
Sin embargo, los trabajadores inmigrantes siguen siendo vulnerables a los abusos y la explotación. La aplicación y el control inadecuados de las disposiciones legales vigentes hacen que éstas se traduzcan rara vez, en la práctica, en protecciones para los trabajadores. Los empresarios pueden elegir impunemente qué protecciones van a aplicar.
Otros elementos abusivos del sistema de kafala permanecen también intactos. Por ejemplo, el salario mínimo y el aumento de las sanciones por abuso en la fijación de los salarios, aunque resulten positivos, no van lo suficientemente lejos como para eliminar los incumplimientos salariales. Un informe de Human Rights Watch de agosto de 2020 constató que los empleadores de Qatar violan con frecuencia los derechos salariales de los trabajadores y que el sistema de protección de salarios -introducido en 2015 y diseñado para garantizar que los trabajadores migrantes cobren correctamente y en fecha- no protege a los trabajadores de los abusos. Puede describirse como un sistema de control salarial con importantes lagunas en su capacidad de control y vigilancia. Las medidas de protección salarial protegen muy poco a los trabajadores de los abusos de los que son víctimas.
-MR: ¿Qué medidas claves deberían aplicarse para garantizar los derechos y la seguridad de estos trabajadores inmigrantes?
HZ: Mientras Qatar no desmantele el sistema de kafala en su totalidad y les permita a los trabajadores inmigrantes afiliarse a sindicatos y defender sus propios derechos, es probable que los trabajadores sigan sufriendo abusos y sobreexplotación. Si bien es cierto que se han introducido algunas reformas, siguen existiendo elementos esenciales que facilitan los abusos.
Los trabajadores inmigrantes siguen dependiendo íntegramente de sus empleadores para entrar, quedarse y trabajar en el país, ya que son los patrones quienes se encargan de solicitar y renovar los permisos de residencia y trabajo de los trabajadores. Los empresarios son responsables de la solicitud y de la renovación de los permisos de residencia y trabajo, por lo que los trabajadores pueden convertirse en «indocumentados» si los empleadores no cumplen con esas obligaciones, y son los trabajadores, no sus empleadores, los que sufren las consecuencias.
Qatar también sigue imponiendo severas sanciones por «fuga» cuando un trabajador migrante abandona a su empleador sin permiso o permanece en el país más allá del periodo de gracia permitido tras la expiración o retiro de su permiso de residencia. Las sanciones incluyen multas, detención, deportación y prohibición de regresar al país.
Son disposiciones que siguen favoreciendo los abusos, la explotación y las prácticas de trabajo forzoso, sobre todo porque los trabajadores, incluidos los obreros y los empleados domésticos, depende en general de sus patrones no sólo para el empleo, sino también para el alojamiento y la alimentación. Además, la confiscación de pasaportes, los derechos de contratación y las prácticas de reclutamiento engañosas siguen aplicándose con total impunidad. Por otra parte, los trabajadores no pueden afiliarse a un sindicato ni hacer huelga.
-MR: ¿Cómo se compara la situación de los trabajadores migrantes de la construcción en Qatar con la de los trabajadores de la construcción en otros Estados del Consejo de Cooperación del Golfo [CCG, que incluye a Arabia Saudta, Omán, Kuwait, Bahréin, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos]?
HZ: Qatar no es el único que utiliza el sistema de kafala para controlar y gestionar su mano de obra inmigrante. Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Omán, Bahréin y Kuwait tienen también una población muy numerosa de trabajadores inmigrantes y les imponen diversas variantes de este sistema. El proceso de reforma de Qatar ha sido destacado a nivel internacional y otros gobiernos han manifestado su intención de reestructurar o de reformar sus leyes laborales. Sin embargo, son reformas que no hacen más que poner parches al sistema y que no tienen como objetivo el de desmantelarlo.
En la actualidad, los trabajadores migrantes de estos seis países siguen vinculados a sus empleadores en cuanto a la entrada en el país. La aplicación de las reformas ya adoptadas sigue siendo desigual según los países. Una de las violaciones más comunes de los derechos de los trabajadores inmigrantes en los países del Golfo es que los empleadores no les pagan los salarios a tiempo y en su totalidad. Son trabajadores que siguen siendo extremadamente vulnerables a las violaciones de los derechos humanos en toda la región.
En 2015, Qatar hizo un intento para abordar el problema frecuente de los abusos sobre los salarios, introdujo modificaciones en la legislación laboral y dio a conocer el tan criticado Sistema de Protección Salarial (SPS, WPS-Wage Protection System en inglés), que fue diseñado, en principio, para garantizar que los empleadores les pagaran los salarios a los trabajadores de acuerdo con las leyes vigentes. El WPS fue creado originalmente por los Emiratos Árabes Unidos en 2009 y en la actualidad todos los países del CCG, excepto Bahréin, aplican variantes del mismo, pero se trata de sistemas cuyos límites han quedado más que claros.
Otro problema en los seis países del CCG -que afecta específicamente a los trabajadores de la construcción y de otras actividades al aire libre- es la falta de normativas adecuadas sobre el calor para proteger la vida de millones de trabajadores inmigrantes que realizan trabajos extenuantes y que deben soportar calores extremos e índices elevados de humedad hasta 12 horas por día, durante seis o incluso los siete días a la semana.
Todos los países del CCG aplican prohibiciones similares sobre los horarios de trabajo en verano, que no están necesariamente vinculadas con las condiciones meteorológicas ni con las temperaturas reales, sino que prohíben el trabajo al aire libre a determinadas horas del día durante los meses de verano. Pero los datos climáticos muestran que las condiciones meteorológicas en Qatar y en otros países del Golfo, fuera de esas horas y de esas fechas, alcanzan frecuentemente niveles que pueden provocar enfermedades relacionadas con el calor, potencialmente mortales si los periodos de descanso no son adecuados. Los seis países deben ir más lejos en la protección de quienes construyen sus infraestructuras, desarrollan sus economías y cuidan de sus hogares y de sus hijos. El punto de partida es el desmantelamiento del sistema de kafala y el fin de la prohibición que pesa sobre los trabajadores inmigrantes de sindicalizarse. (Artículo publicado en Jadaliyya, 2-8-2021)