Catalunya – Indulto, concordia y democracia. [Martí Caussa]

Viento Sur, 26-6-2021

Correspondencia de Prensa, 27-6-2021

El indulto que ha aprobado el gobierno de Pedro Sánchez afecta sólo a las nueve personas condenadas por el Tribunal Supremo, es parcial porque no elimina la inhabilitación para ejercer cargos públicos y está condicionado a que las personas indultadas no vuelvan a cometer un delito.

En este sentido no es la medida que reclama una gran mayoría de la sociedad catalana, que quiere que vuelvan Puigdemont y los otros exiliados, que se levanten los cargos contra las más de 3.300 personas investigadas o ya condenadas, incluidas las recientemente acusadas por el Tribunal de Cuentas. También se quiere que la anulación de las condenas sea total y no condicionada. En definitiva lo que se reclama es una amnistía.

A pesar de todas estas graves insuficiencias, el indulto es un paso adelante que hay que anotar como un mérito del gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Una medida inimaginable con un gobierno con presencia de Ciudadanos (C’s) y mucho menos aún con un gobierno presidido por el PP, tanto si gobernara solo como con otros socios. Pero no se trata de una medida dictada por el espíritu de justicia de Pedro Sánchez, sino que ha sido condicionada por varios factores: por la movilización ciudadana constante que durante casi cuatro años no ha cesado de reclamar la amnistía; por las victorias electorales repetidas del independentismo; por las críticas de numerosos organismos internacionales a las condenas y al encarcelamiento de los líderes independentistas; por el derrumbe absoluto de C’s, un partido nacido y promocionado para combatir las reivindicaciones catalanas; y, por último, por la necesidad que tiene el PSOE de los votos independentistas y soberanistas si quiere mantenerse en el gobierno y no ser destrozado por la alianza de PP y Vox.

Hay que añadir que este indulto limitado no está plenamente consolidado. Hay que ver todavía qué pasará con los diversos recursos presentados o anunciados y qué actitud tendrá el Tribunal Supremo.

También está por ver si el indulto inaugura una desescalada en la represión o ha sido una flor de verano. Por ejemplo, es posible que las medidas que tome el Tribunal de Cuentas arruinen los efectos positivos del indulto. Del poder judicial se puede esperar cualquier medida reaccionaria, dada su politización y la afinidad con las posiciones de PP, C’s y Vox. Por otra parte, una reforma del delito de sedición que evitara penas de prisión desmesuradas por la organización de concentraciones o referéndums pacíficos podría ampliar y consolidar los efectos positivos del indulto, pero esta reforma ni siquiera ha sido presentada.

¿Concordia sin democracia?

Pedro Sánchez ha justificado el indulto como una medida para restablecer la convivencia y la concordia entre los catalanes y para dar una oportunidad a un nuevo comienzo de las relaciones entre Catalunya y España. Pero nunca ha cuestionado la sentencia, nunca consideró desproporcionadas las penas, nunca ha admitido que la calificación de sedición aplicada a acciones pacíficas como concentraciones, manifestaciones y la organización de un referéndum significaban un retorcimiento de la ley y una limitación inadmisible de derechos fundamentales. Nunca ha hecho un acercamiento a las tesis de los jueces de Bélgica, Alemania y Gran Bretaña que han negado la extradición de los exiliados; o a las de Amnistía Internacional, al voto particular de dos magistrados del Tribunal Constitucional o, más recientemente, a la resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Su posición instrumental de la democracia queda reflejada en su reciente frase: «lo útil en el pasado fue el castigo y lo útil hoy es el perdón». La democracia es lo que convenga al gobierno.

Por eso ahora reitera, sabiendo que es falso, que no son posibles ni la amnistía ni el referéndum. No se limita a defender la Constitución, sino que quiere presentar una interpretación reaccionaria de la misma como la única posible. Si persiste en esta actitud significará que la concordia que proclama se basa en imponer una democracia vigilada, es decir, una democracia nominal que niega la esencia de la democracia: el respeto a la voluntad del pueblo en todos los asuntos .

La reunión entre Sánchez y Aragonés el próximo día 29 será un primer indicador de si está abierta la vía de sentarse y hablar de unas nuevas relaciones entre Catalunya y España. En las próximas semanas sabremos si podemos esperar una mesa de diálogo con perspectivas positivas, sin líneas rojas o, como en otras ocasiones, todo es comedia .

Está por ver si el gobierno del PSOE y Unidas Podemos es capaz de resistir la presión reaccionaria de la derecha, de la cúpula judicial y de sectores del propio PSOE. O si la concordia que propone es un sinónimo de rendición. Si es esto último tendrá que hacer frente a una movilización sostenida en Catalunya y a una erosión de su recuperación electoral en este territorio. Las demandas de amnistía y autodeterminación son muy mayoritarias en Catalunya y no parece posible una nueva relación que las deje de lado.

Pero el gobierno independentista también tiene que hacer frente a dificultades importantes. Por un lado la ANC y el Consell de la República creen que el diálogo con el gobierno español conducirá inevitablemente al fracaso, que la única vía realista es la unilateralidad y el cumplimiento del mandato del 1 de octubre haciendo efectiva la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) que proclamó simbólicamente el Parlament. Las críticas de estas entidades no afectan sólo a ERC por el hecho de que Junqueras haya escrito que no ve viables ni aceptables las vías diferentes al referéndum acordado, sino que se dirigen también a Jordi Sánchez, secretario nacional de JuntsXCat. Éste es un partido en construcción, con dos sectores bien diferenciados, y no es fácil prever cómo resolverá las tensiones entre la fidelidad a Puigdemont, el realismo político que empuja a abandonar la herencia de Torra, y la necesidad de evitar que el PDeCAT y otros competidores acentúen su declive electoral.

El pacto de gobierno entre ERC y JuntsXCat se basa en aceptar el diálogo con el gobierno español (en principio durante dos años, porque este es el plazo que Aragonés pactó con la CUP para someterse a una moción de confianza) y, paralelamente, diseñar un nuevo embate democrático contra el Estado por si el diálogo se demuestra estéril.

Diálogo, democracia y programa de urgencia social

Las posibilidades del diálogo entre los gobiernos español y catalán son débiles, pero radican en que los dos lo necesitan, al menos a corto plazo. El PSOE para continuar la legislatura y tener posibilidades de ganar unas nuevas elecciones. ERC y JuntsXCat porque son conscientes de que la alternativa de un nuevo embate democrático no está claro en qué consiste. En todo caso, ahora no hay relación de fuerzas para hacer este embate, y para conseguirla hay que hacer la experiencia del diálogo.

La mayoría de la sociedad catalana, después de casi cuatro años con los líderes independentistas en prisión o en el exilio, de muchos meses de Covid, y de una situación económica catastrófica, quiere que sus gobiernos se sienten, hablen y articulen medidas concretas para satisfacer las necesidades sociales urgentes.

En términos políticos el éxito del diálogo dependerá de si se aborda en la perspectiva de una democracia reforzada. En términos sociales ningún gobierno, ni en Catalunya ni en el Estado, se legitimará si no hace frente a las profundas desigualdades derivadas de la actual crisis. El éxito o el fracaso del diálogo no afectará sólo a Catalunya, sino a todos los pueblos del Estado porque la crisis es global y las salidas están relacionadas. Por eso vale la pena explorar sus posibilidades.

Para hacerlo hay que dejar de lado los debates más coyunturales, poner las luces largas, ampliar las perspectivas y no fijarse tanto en los plazos como en las relaciones de fuerzas que hay que construir.

En el momento actual las perspectivas del movimiento independentista se polarizan entre: 1) un diálogo con el Estado combinado con un buen gobierno interno que aumente el número de partidarios de la independencia y haga imposible que el Estado se niegue a un referéndum de autodeterminación; 2) iniciar el diálogo con el convencimiento de que el Estado nunca accederá a la autodeterminación e ir preparando un embate democrático que, para algunos, es hacer efectiva la DUI, y para otros, un nuevo referéndum unilateral defendido con una movilización superior a la del 1 de octubre de 2017. En ambos casos se trata de un embate de Catalunya contra el Estado, sin preparar las condiciones de un apoyo importante de los otros pueblos de la península, que tanto se echó en falta en octubre de 2017.

Para ampliar las perspectivas valdría la pena considerar al menos otra posibilidad: un embate democrático y social dentro del Estado, sin contraponerlo ni hacerlo depender del diálogo. Aceptar que el 1 de octubre no legitima una DUI y poner todo el acento en una solución democrática, en el derecho a decidir del pueblo de Catalunya. Impulsar un embate político y social coordinado con el resto de pueblos del Estado para: profundizar la democracia, que incluye el derecho de todos los pueblos a decidir su futuro y las relaciones que quieren mantener; y por un programa de urgencia contra los efectos de la crisis económica, ecológica y social. Sin posponer las medidas sociales hasta que se haya resuelto la crisis política, ni las demandas democráticas para después de la salida de la crisis económica.

Es una perspectiva difícil, como todas, pero no ilusoria. Es muy improbable que podamos ganar el embate sólo desde Catalunya, nosotros solos . No es verdad que no podamos construir luchas compartidas y encontrar apoyo en los otros pueblos del Estado. Históricamente este tipo de embate conjunto se ha dado, por ejemplo en 1931 o contra la dictadura franquista. Es posible repetirlo y esta vez no dejar de lado, como sucedió en el pasado tanto por parte de partidos españoles como catalanes, el derecho de autodeterminación como parte imprescindible de la democracia.

* Martí Caussa es miembro del Consejo Asesor de Viento Sur.