Chile – Plebiscito: la primera pieza de un camino constitucional inédito. [Consuelo Ferrer]

En una consulta reclamada desde hace años, mañana los chilenos votan si quieren una constitución que remplace la actual, heredada de la dictadura.

C. Ferrer, desde Santiago

La Diaria, 24-10-2020

Correspondencia de Prensa, 24-10-2020

Los chilenos decidirán este domingo en las urnas si quieren que se elabore una nueva constitución. También votarán si la convención encargada de redactarla debe estar integrada de forma exclusiva por representantes elegidos para esa tarea o si debería contar también con parlamentarios en ejercicio. Este hito, que puede dejar atrás la constitución heredada de la dictadura, llega a un año de la crisis social que puso en jaque al gobierno y en medio de una pandemia que ha causado más de 18.000 muertes.

El plan original era que ese domingo 26 de abril las urnas estuvieran abiertas y la ciudadanía chilena, marcando su voto en una papeleta largamente anhelada, exigida por millones en las calles a partir del estallido social de octubre del año pasado. En cambio, 12 comunas en tres regiones estaban en cuarentena y el Ministerio de Salud, encabezado por Jaime Mañalich, se dirigía a todo el país desde La Moneda para informar de 473 casos nuevos de covid-19 y ocho muertes causadas por el virus. Según las cifras del gobierno, habían muerto 189 personas durante ese primer mes de pandemia y el plebiscito constitucional, que estaba fijado para ese día, se había aplazado hasta el 25 de octubre. Provisoriamente.

“Hoy día la prioridad es combatir la pandemia, que no sabemos cuánto tiempo se va a extender. En su minuto deberemos evaluarlo [la fecha del plebiscito], conversar republicanamente en función de la realidad sanitaria. Lo primero, insisto, es cuidar la salud de las personas”, decía ese mismo domingo el ministro del Interior, Gonzalo Blumel. La vocera de Gobierno, Karla Rubilar, añadió que se trabajaba para que la votación se hiciera en octubre. “La intención del gobierno es no postergarlo, como tampoco fue nuestra intención postergarlo en abril”, dijo.

Durante todos estos meses, el plebiscito ha sido una nebulosa, pero llegada la fecha hay algunas cosas concretas: las urnas abrirán mañana y todo aquel que no esté contagiado de covid-19 o en cuarentena preventiva podrá acudir a ellas para manifestar sus preferencias sobre una nueva constitución y la manera de redactarla. Entre abril y octubre, otras cosas se supieron: que el 26 de abril no murieron ocho personas por el virus sino 13 y que el total de muertes ya ascendía a 210, 21 más de las contabilizadas. No se supo hasta junio, cuando el Ministerio de Salud ajustó las cifras y sumó 653 muertes no registradas al total de decesos. Hasta ese momento, habían fallecido 2.190 pacientes. Mañana, cuando sea el plebiscito, las muertes confirmadas habrán superado las 13.000. Si se suman aquellos sospechosos de haber muerto debido al nuevo coronavirus o sin confirmación con hisopado, el número asciende a 18.000. Otras cosas que cambiaron: Blumel no está en el Ministerio del Interior, ni Rubilar en la vocería del gobierno ni Mañalich en el Ministerio de Salud.

“La pandemia nos cambió todo el escenario”, resume la académica del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales Carolina Garrido. “Vino claramente a afectarnos el calendario constituyente en sí mismo, la forma de hacer política, y claramente va a afectar la participación electoral. Creer que no lo va a hacer es ingenuo”, dice. Un mes después de la fecha original del plebiscito, cuando más de 40% de la población del país se encontraba bajo cuarentena total, hablar de octubre todavía generaba inquietud. Hubo quienes afirmaron que la elección tendría que aplazarse hasta que el virus dejara de ser una amenaza.

“Yo soy de las que creen que este proceso no se podía atrasar más. El programa constituyente es una de las soluciones institucionales para poder empezar a dar respuesta a las demandas y las transformaciones sociales, políticas y económicas que está pidiendo Chile. Recomponer la confianza en las instituciones es un proceso de mediano a largo plazo, por lo que cuanto más se atrasa, más nos demoramos en iniciar esta vía para tratar de dar salida a la crisis. Insisto: esto recién parte con el plebiscito. Es un camino largo, pero muy necesario”, dice Garrido.

El efecto multiplicador de la pandemia

Como la de Garrido, hubo otras voces que se opusieron a volver a suspender la elección. También quienes señalaron que hacerlo desataría otro estallido. A mediados de mayo, la socióloga e investigadora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) Emmanuelle Barozet se dedicaba a entrevistar a personas que hasta antes de la revuelta no participaban en la política. “Había un empobrecimiento de la población que fue difícil de escuchar: muchas mujeres habían dejado de trabajar para cuidar de otros, había personas desvinculadas, fuera de la legalidad, con presiones para no reclamar y sin recibir ninguna ayuda estatal. En ese minuto, la gente estaba más preocupada por generar ingresos. No estaba en el horizonte el plebiscito. Lo que sí estaba era la sensación de que iba a volver a haber un estallido en algún momento”, cuenta.

La noción era común, porque bajo los embates de la pandemia el descontento social aumentó. El 18 de mayo, en la comuna de El Bosque –una localidad de 172.000 habitantes con 22% de su población bajo la línea de la pobreza multidimensional– aparecieron las primeras protestas en cuarentena. “No le tenemos miedo al virus, le tenemos miedo al hambre”, se leía en los carteles. En ese momento, el plan de apoyo del gobierno era la entrega de cajas de mercadería para las comunas en confinamiento, idea que fue criticada por la oposición por considerarla una medida paternalista y menos eficiente que una transferencia directa de dinero.

Un mes antes, el Ejecutivo había enviado al Congreso una iniciativa para dar un ingreso de emergencia a las familias inscritas en el sistema de ayuda estatal que no registraran entrada formal de dinero mensualmente. Lo que seguía pendiente era la ayuda para las clases medias, duramente golpeadas por el efecto económico de la pandemia. A mediados de julio, el gobierno de Sebastián Piñera proponía préstamos blandos, subsidios de arriendo y postergación de créditos hipotecarios. Tras las críticas, se decidió incluir un bono de aproximadamente 630 dólares para los trabajadores de ingresos medios que hubieran sufrido una caída de 30% o más en sus remuneraciones. En la primera noche, más de 850.000 personas pidieron el beneficio.

En octubre, el Servicio de Impuestos Internos notificó que 437.000 personas que accedieron al pago en realidad no cumplían con los requisitos. El gobierno anunció que tendrían que devolver el monto facilitado y que se los perseguiría penalmente. Desde la oposición señalaron que el hecho demostraba que las ayudas no daban “el ancho ante las necesidades de la gente” y pidieron un “perdonazo” para los involucrados. El término fue usado deliberadamente: dos días atrás, la Corte Suprema había rebajado la multa aplicada al ex controlador de la empresa Sociedad Química y Minera de Chile Julio Ponce Lerou por su actuación en operaciones irregulares de financiamiento a la política, de 62 millones de dólares a tres millones de dólares.

“La pandemia agudizó muchos problemas y se pudo observar que la respuesta del gobierno ha sido muy lenta. Al final, para la clase media, lo que terminó aliviando fue la entrega de 10% del fondo de pensiones, que si bien fue avalado por el Congreso, al final es una solución entre privados: entre el cotizante y la Administradora de Fondos de Pensiones”, comenta Barozet. La inédita medida generó un efecto inmediato: al mes siguiente, la morosidad de los chilenos en la banca bajó. “No solamente llegó tarde la ayuda a las poblaciones más vulnerables, sino que los amplios sectores de la clase media, que sabíamos que eran frágiles antes del estallido, resbalaron a un estatus mucho más precario”, agrega.Chile24Oc II

El retorno de las movilizaciones

No causó demasiada sorpresa que, con el levantamiento de las restricciones sanitarias, una vez que los nuevos casos diarios de covid-19 se estabilizaron en números inferiores a 2.000 –en el peor momento de la pandemia los contagios estuvieron por encima de los 6.000 por día–, las manifestaciones masivas retornaran a la plaza que fue el epicentro de las protestas en octubre, nombrada Baquedano por las autoridades y rebautizada Dignidad por la ciudadanía.

Con las concentraciones retornó otro fenómeno que estuvo en pausa durante la pandemia: la represión policial, que alcanzó su punto más grave el 2 de octubre, cuando un adolescente de 16 años fue arrojado al río Mapocho por un carabinero. El funcionario hoy se encuentra en prisión preventiva y la Fiscalía investiga el hecho.

“La gente va a protestar y termina horrorosamente reprimida”, opina la abogada de 32 años Patricia (el nombre ha sido modificado), que vive a dos cuadras de la plaza. Se unió a las protestas porque sintió que se trataban, en cierta forma, de su historia. “Nací en el sector norte de la Región Metropolitana, en una de las comunas con menos áreas verdes del país, con altas tasas de pobreza y hacinamiento, entre campamentos y narcotraficantes, donde la gente trabaja de lunes a lunes por el sueldo mínimo, con una vida precaria en la que hay que elegir si ir al médico o comer”, dice. “Creo que la pandemia y sus consecuencias económicas y de salud han agudizado más el conflicto. Si antes convivíamos con una sensación de impunidad en el quehacer diario de las autoridades y las élites, siento que esa sensación se ha incrementado en el último tiempo”.

Si en el peor momento de la pandemia el plebiscito no estaba en el horizonte de la ciudadanía, a medida que las cosas se calmaron empezó a aparecer. “Cuando comenzó la campaña observamos mayor interés”, cuenta Barozet. “Lo que nos han dicho, en general, es que van a ir a votar, y existe un relato bastante sensato: saben que cambiar la constitución no va a cambiar todo. Tienen una expectativa razonable, no desmedida”, agrega.

A fines de agosto, una encuesta realizada por Ipsos y Espacio Público señalaba que, pese a que más de la mitad de la población teme contagiarse el día de la votación, 87% asegura que irá a sufragar. La participación es un tema que preocupa porque desde 2012 el voto en Chile es voluntario, lo que ha generado una crisis significativa: en las elecciones municipales de 2016 votó solamente 35% del padrón electoral, y en las presidenciales de 2017, 49%. A la desmotivación que se arrastraba ahora se suma el virus. “Probablemente va a aumentar la participación de un sector que ha votado poco o no ha votado nada, que son los más jóvenes, y disminuirá la de las personas mayores, que son la población de riesgo y que históricamente votan más”, comenta Garrido.

El porcentaje de personas que acuda a las urnas no sólo será importante para validar la hipótesis de que el plebiscito era la salida institucional que buscaban los chilenos, sino que podría condicionar la aprobación final de un texto constitucional: la ratificación de salida sí tendrá carácter obligatorio. Si el proceso se habilita con una baja participación, el resultado final deja de aparecer como seguro, aunque para la población todo lo que pase después del 25 de octubre todavía aparece como una nebulosa.

Después del 25-O

“Hay un rechazo a la política institucional, por lo que todavía surgen dudas”, cuenta Barozet. En el plebiscito se elegirá entre una convención constitucional compuesta 100% por representantes elegidos por la ciudadanía para ese propósito y una convención mixta, con 50% de esos representantes y 50% de parlamentarios en ejercicio. “Que los partidos políticos hayan llegado a un acuerdo para implementar este proceso no quiere decir que la desconfianza se vaya a acabar de un día para otro. Esto es largo y va a depender del proceso que llevemos a cabo. El plebiscito es el inicio”, agrega Garrido.

“La gente ha dicho que la constitución la escribiremos entre todos y todas: no los mismos de siempre, no la élite. La gente quiere participar más allá de elegir a los convencionales: hay que implementar mecanismos para que la gente participe, y mientras tanto es probable que las manifestaciones sigan”, añade. La socióloga del COES está de acuerdo: “Nadie tiene la ingenuidad de pensar que basta con elegir los representantes y listo. Todos saben que existe ese desafío”, dice.

Ahí, asegura Garrido, está la clave. “Es la primera vez en Chile que el Estado le va a preguntar a la ciudadanía si quiere o no escribir una constitución. Independientemente del resultado, ese es el hito: le vamos a preguntar a la gente. Eso jamás se ha hecho. Todos los cambios constitucionales han sido por decisión de la élite, y cuando no los hubo fue porque la élite no quiso. Como probablemente va a ganar la opción Apruebo, será la primera vez que el proceso constituyente empiece con la ciudadanía”, dice. Por eso, considera que el principal desafío para la etapa que viene es el de “entender que la democracia representativa se enriquece y fortalece con más participación”, y afirma que esta “es la oportunidad de establecer mecanismos que permitan que la ciudadanía opine políticamente”.

Además del valor simbólico, Barozet destaca las condiciones que caracterizan el proceso chileno. “Por ahora estamos evitando dos escollos que ha habido en otros procesos constituyentes en América Latina: primero que todo el espectro político va a participar en el proceso, nadie se está restando, y eso es una gran noticia. Segundo: debido al estallido y al aumento de la violencia, alguna opción populista podía tomar mayor fuerza, pero hasta ahora ese discurso no está logrando capitalizar la crisis social y política. Eso nos da bastante confianza respecto de la capacidad de la ciudadanía de ser parte del proceso”, dice.

Si el Apruebo se impone mañana, comenzará un camino que podría derribar la constitución impuesta en 1980, durante la dictadura de Augusto Pinochet. En esa ruta falta conocer qué candidatos a convencionales le presentarán los partidos a la ciudadanía, cómo se garantizará la igualdad de condiciones de los independientes al momento de postular, si habrá o no escaños reservados para pueblos originarios y cuál será el reglamento que norme el funcionamiento de la convención.

El plebiscito –que tendrá lugar a un año de la marcha que congregó a más de un millón de personas en la plaza Italia– aparece como un hecho simbólico que se erigirá como un hito en sí mismo, pero en realidad es la pieza inicial de un camino constitucional que por primera vez se podrá escribir con la ciudadanía.