Los responsables del rompimiento del dique de la minera Vale, que el año pasado mató a 272 personas y destruyó la cuenca del río Paraopeba, en Minas Gerais, permanecen impunes. En el aniversario del crimen, Brecha volvió a la zona y acompañó a la caravana de más de 300 quilómetros que realizaron los afectados para pedir justicia.
Brecha, 31-1-2020
Correspondencia de Prensa, 31-1-2020
Cuando Brecha estuvo por primera vez en Brumadinho, Minas Gerais, exactamente diez días después de que ocurriera uno de los más graves crímenes socioambientales de la historia, Cleiton Cândido da Silva, de 38 años, dijo algo premonitorio sobre el futuro de la comunidad: “Yo me quedo pensando cómo será después de que acabe todo, después de que se acabe el ruido y venga el silencio. ¿Cómo quedará la psiquis de las personas? Muchos precisarán cuidado especial. Y es ahí que nos va a caer la ficha. Porque ahora hay movimiento para acá y para allá, pero cuando venga el silencio es ahí que va a ser duro. Cuando se den cuenta de los estragos que han hecho por ahí. En cualquier lugar de la región por el que andes vas a encontrar marcas de alguna cosa. Todo te hará recordar de nuevo. Y ese será el problema: cuando venga el silencio”.
El tiempo mostró que Cleiton tenía razón. La comunidad de Córrego do Feijão, barrio rural destrozado por el barro que el 25 de enero de 2019 a la hora del almuerzo fue liberado por el rompimiento de un dique minero de aguas residuales, realmente cayó en un lugar recurrente de los medios: el olvido. Brasil vive hoy una lógica perversa. Los que tienen palabras dignas para decir están silenciados, y los que no las tienen monopolizan todos los micrófonos. Y el dinero.
Según una investigación de la periodista Rafaella Dotta, del periódico Brasil de Fato, en la primera semana después del rompimiento, los periódicos O Tempo y Estado de Minas recibieron cerca de 475 mil dólares de la minera Vale SA, responsable por el crimen. Fueron apenas dos de los periódicos beneficiados: en total, la estimación es que la empresa gastó cerca de 830 mil dólares en publicidad y reportajes en los primeros siete días que siguieron al crimen.
Cosas como esta quizás expliquen la ausencia de la mayoría de los grandes medios en las ceremonias en Córrego do Feijão, el 25 de enero, en memoria de las 272 víctimas fatales del siniestro, entre ellas 27 residentes de la localidad. Celso Henrique de Oliveira, de 21 años, vive allí y también lo notó: “Acá en mi casa, desde que ustedes se fueron, nadie más volvió. Sólo ahora que ustedes volvieron. Yo no sé decir si vinieron a las casas de las otras personas. Pero yo mismo hace mucho tiempo que no veo a ningún periodista en la calle reporteando”.
Celso escapó de la muerte por casualidad. Trabajaba en una empresa llamada Brasanitas, cuarterizada de la Vale y responsable por la limpieza de los carros del tren de la Mrs Logística SA, encargada del transporte de minerales. Él no estaba en su turno cuando el dique cedió, pero perdió a dos compañeros de trabajo enterrados en el barro: Cláudio y Levi.
También perdió a su primo, a amigos y vecinos. El año pasado, quiso hacer la entrevista con Brecha en la casa que pretendía terminar para irse a vivir con su novia, antes del rompimiento del dique. En este nuevo encuentro, sin embargo, prefiere conversar en la casa de sus padres, donde vive: “Desde aquella casa podíamos ver todo el barro. Por eso no queremos irnos más para allá. Si hago una terraza, por ejemplo, nos quedaríamos mirando hacia abajo, siempre recordando lo que pasó”.
Esta vez lo acompañó Laíssa Carvalho da Silva Oliveira, de 17 años, ahora su esposa. Entre los dos cuentan que se casaron dos meses después del colapso, pero la fiesta la pospusieron debido al luto de las personas más próximas y de la comunidad. “Yo me quería casar en la iglesia. Celso tiene una familia grande y yo también. Mi voluntad era reunir a todo el mundo, pero las cosas sucedieron y no hubo cómo. Por eso la dejamos de lado”, recuerda Laíssa.
Trabajo y despido
Después de la tragedia, Celso continuó recibiendo un sueldo de Brasanitas hasta agosto de 2019, cuando lo echaron. “La Mrs envió una carta a la Brasanitas, con la exigencia de que echasen a la gente. La abogada del sindicato está buscando a ver si consigue aquello de los tres años de estabilidad, pero la cosa está un poco parada”, explica Celso. Con “aquello” se refiere al acuerdo de indemnización, firmado el 15 de julio de 2019, entre Vale y el Ministerio Público del Trabajo de Minas Gerais (Mpt-MG), que determinó la estabilidad laboral para los trabajadores propios y tercerizados, que trabajan o trabajaban en la mina de Córrego do Feijão antes del rompimiento. Además, el acuerdo contemplaba un depósito de 95 millones de dólares de daño moral colectivo, que se pagó a los trabajadores afectados en agosto pasado.
De acuerdo con los datos divulgados por el Mpt-MG, de las 270 personas muertas, 250 eran trabajadores. De ellos, 131 eran empleados propios de Vale y 119 eran tercerizados. Hasta entonces, el mayor crimen de la historia de Brasil era la caída del techo de un edificio en Belo Horizonte, Minas Gerais, en 1971, durante la construcción de un parque de exposiciones. En aquel episodio murieron 69 trabajadores de la construcción civil.
Con la pérdida de su antiguo empleo, Celso se vio obligado a salir en la búsqueda de otra ocupación. Hace dos meses volvió a trabajar en la minería, pero para la empresa Mineração Ibirité Ltda.
De comunidades y fantasmas
No fueron solamente los medios los que se fueron de las calles de Córrego do Feijão. Laíssa cuenta que una parte considerable de las cerca de seiscientas personas que vivían en la comunidad ya dejaron sus casas: “Cuando ocurrió [el colapso del dique], muchas personas continuaron acá por algunos meses. Pero después se fue uno, dos… Algunos a casas alquiladas, otros a hoteles. La tía de Celso se fue hace poco, la Conceição perdió a su compañero. Nuestra amiga Sirlene también se fue”.
Los espacios comunes, que antes se llenaban los fines de semana, actualmente están vacíos. Dice Laíssa:“La mayoría se fue o se queda adentro de la casa. No es como antes que veíamos la plaza llena. Hasta los bares se llenaban. Ahora no se ve a nadie”. De acuerdo con estimaciones de la Asociación de Vecinos de Córrego do Feijão, cerca de cincuenta familias ya dejaron la comunidad.
Celso relata que todavía es difícil continuar en la misma casa, sabiendo que al lado no estará su primo y mejor amigo, Rodrigo Henrique de Oliveira, muerto a los 28 años cuando trabajaba en la mina. Extraña los fines de semana, cuando Rodrigo le cantaba con la guitarra: “Por estos días le decía a mi madre que me acuerdo todo el tiempo de mi primo cantando. Él nos alegraba”.
Todavía no saben a dónde irán a parar, pero difícilmente sigan su vida en la comunidad: “Va a ser difícil continuar acá, cerró hasta el almacén. Ahora para comprar cualquier cosa tenemos que tomar un ómnibus hasta la ciudad. Es una herida que no se va a curar nunca”, dice Laíssa. Si dependiera de Vale, no hay dudas: Celso, Laíssa y todas las personas que sobrevivieron saldrían pronto de sus casas. Si hasta el centro de atención a las víctimas en Córrego fue cerrado por la empresa.
Barrio rural fantasma de un lado, centro urbano inflado del otro. A pesar del retiro en masa de los habitantes de Córrego do Feijão, el centro de la ciudad se llenó de gente desde el rompimiento. Estimaciones de la alcaldía apuntan un crecimiento de 35 a 70 mil del número de la población en Brumadinho. Muchos de ellos atraídos con la plata de las indemnizaciones, que inflaron los precios del alquiler y de la comida, y por las nuevas oportunidades de trabajo que surgieron después del rompimiento.
El crimen se tornó un buen negocio para la empresa. Un año después de la catástrofe, Vale recuperó su valor de mercado. En los primeros días, las pérdidas en las bolsas de valores llegaron a cerca de 18.000 millones de dólares. El 25 de enero de 2019, el valor de la minera era de 68.000 millones. Llegó a ser de 50.000 millones y ahora volvió a 65. Además, la corporación distribuirá 1.720 millones de dólares por concepto de dividendos a los accionistas. Un valor que supera los 1.550 millones que gastó, a un año del rompimiento, en acciones de reparación a los afectados.
Las otras muertes
“No. Yo no te voy a mentir y decir que estoy durmiendo bien, porque no lo estoy. Me acuesto, pero no consigo parar de pensar en lo que le hicieron a nuestro río, en lo que nos hicieron. No estaba pudiendo ni comer. Pienso en la desgracia. Nos mataron. No mataron sólo el río, nos mataron a nosotros”, dice a Brecha Seu Sebastião, de mirada profunda y hablar parsimonioso. Su rostro recuerda al de Raúl “Bebe” Sendic. De sus 76 años, 40 los pasó en Betim, Minas Gerais, donde se encuentra desde 1921 la colonia Santa Isabel, un leprosario, que llegó a albergar a casi 4 mil pacientes, a orillas del río Paraopeba, donde Sebastião pescaba, donde buscaba su pan.
Así como él, otros 48 pescadores se quedaron sin nada tras el rompimiento. “Lo que los pescadores estamos pidiendo es que limpien el río, que lo dejen como estaba, para que tengamos alegría de nuevo en la vida. El río es nuestra vida. Sin él no podemos vivir. Nosotros vivimos sin todo, hasta sin comida, pero sin agua, no. Se acabó. Mi alegría se acabó”, dice, y lo que dice se parece mucho más a un sueño que a un futuro próximo. El río corre a sus espaldas lleno de barro tóxico, inerte. Si hasta el pescado tienen que comprar ahora. Pero ¿dónde, y con qué dinero?
Por diez meses, hasta enero de este año, Vale fue obligada a pagar un auxilio emergencial a 108 mil personas, como forma de mitigar parte de los daños socioeconómicos causados. Los adultos recibieron un valor equivalente a un salario mínimo (1.045 reales, equivalentes a 248 dólares o 9.500 pesos uruguayos), los adolescentes, medio salario mínimo (522 reales, que son unos 124 dólares o 4.250 pesos) y un cuarto de salario mínimo a los niños (261 reales, 62 dólares o 2.375 pesos). Pero, a partir de febrero, estos valores serán cortados a la mitad para la mayoría de los afectados.
Entre 93 y 98 mil personas que no están dentro del “área caliente” –territorio que abarca las comunidades de Córrego do Feijão, Parque da Cachoeira, Alberto Flores, Cantagalo y Pires– pasarán a recibir la mitad de la compensación. O sea, medio salario mínimo para los adultos, un cuarto para adolescentes y sólo un octavo para los niños (130 reales: 31 dólares, 1.187 pesos). Pero ni siquiera esto está recibiendo Sebastião. El pescador comenzó percibiendo un salario mínimo, y cuando fue a buscar el dinero este mes no había ni un real. Nada. Le cortaron el auxilio y ni le avisaron. “Vamos a la sede de la Vale acá en la ciudad a decir lo que está ocurriendo y los funcionaron nos demoran, nos dicen que van a resolver, pero no resuelven nada. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Pelearnos con ellos? Si son funcionarios, no son los dueños. Quedamos en un camino sin salida, no tenemos contra quién pelear”, dice.
Además de no recibir más el auxilio, aumentaron sus gastos en comida y en agua. Gasta aproximadamente 30 reales por semana en agua, cosa que nunca le había pasado antes del rompimiento. Se revuelve, dice, porque hace cosas con madera, y con eso le da para sobrevivir. Pero piensa en el resto, en los que no tienen cómo, y se queda un rato en silencio.
Mientras mira el Paraopeba lleno de barro tóxico crecer rápidamente, y avisa que de ahí a unas horas inundará varias casas de la zona –cosa que efectivamente terminará sucediendo– dice: “Muchas personas aquí están llorando, penando en la miseria. Porque era de aquí que sacábamos nuestro pan de cada día. ¿Y ahora? ¿De dónde lo vamos a sacar? Yo no estoy pasando hambre porque tengo mi tallercito, pero si fuera por la Vale ya estaría todo el mundo muriendo de hambre”.
Hace un nuevo silencio, mira firme a los ojos y pregunta: “¿Será que a ellos no les duele el corazón? ¿Será posible que esas personas dueñas de la Vale no piensen en la desgracia que están haciendo con el pueblo? ¿Será que ponen la cabeza en la almohada y duermen tranquilos?”.
***
“A ver, ¿quién de la prensa está acá para contar mi historia?”, pregunta Elisabeth de Fátima Cordeiro de Oliveira, de 51 años. Vive en el asentamiento Queima Fogo, en la zona rural de Pompéu, en el estado de Minas Gerais, y por 200 metros se quedó afuera del registro para el auxilio de emergencia de Vale. Esto porque su propiedad se encuentra a 1,2 quilómetros del río Paraopeba, mientras la minera reconoce apenas a las poblaciones que están a no más de un quilómetro de distancia de la orilla.
“Yo viví mi vida entera en este río, pero después de que llegó el barro ningún turista apareció más por la Cachoeira do Choro”, relata Elisabeth, que vendía queso, leche y otros alimentos derivados de su producción cerca de esa cascada. Actualmente, la agricultora necesita moverse a las ferias de la ciudad más cercana y está ganando alrededor de 100 reales por semana, menos de 25 dólares. Con la disminución de su renta, Elisabeth no consigue mantener el equipamiento auditivo de su hijo José, de 32 años. “Él no está escuchando más nada, hasta la convivencia está difícil”, lamenta. Por eso, dice, se sumó a la Marcha de los Afectados, que partió el 20 de enero de Belo Horizonte: “Voy a luchar hasta que todos los afectados seamos resarcidos por la Vale, por todo lo que hemos perdido”.
Crimen consciente
Instalada en abril de 2019, la Comisión Parlamentaria de Investigación del Rompimiento del Dique de Brumadinho, de la Cámara de Diputados de Brasil, divulgó los resultados de su trabajo en noviembre. Sugirió por unanimidad imputar a la empresa Vale y a la alemana Tüv Süd –que se encargaba de los laudos de estabilidad de las minas– por crimen ambiental, y a 22 individuos por homicidio doloso y lesión corporal dolosa. Según el informe, “de las pruebas recogidas por esta comisión, no quedan dudas de que el crimen de Brumadinho fue ocasionado por la omisión de aquellos que, en ejercicio de sus atribuciones profesionales, tenían conocimiento de la condición de inestabilidad del dique B1 y no adoptaron ninguna providencia para intentar evitar la pérdida de vidas y los daños al medioambiente”. El diputado federal Rogerio Correia, del Partido de los Trabajadores y redactor del informe de la comisión, dijo a Brecha en Belo Horizonte que “la previsión de que podía ocurrir un rompimiento era obvia, y a lo largo del tiempo eso fue quedando demostrado a los responsables, que prefirieron seguir adelante con los riesgos para garantizar el lucro. Por eso son criminales”. A pesar del informe de la comisión y de cuatro proyectos de ley aprobados en Diputados, no hubo todavía resultados concretos en lo judicial. Los proyectos están parados en el Senado, que según Correia “no los larga por presión de las mineras”. Correia hace un análisis general sobre el contexto en el que ocurren este tipo de crímenes: “El problema es la forma de hacer minería en Minas Gerais y en todo el Brasil. Se hace sólo para exportar el mineral bruto. Esa exportación es de gran escala, en presas inmensas y no seguras. Aquí no se industrializa. Lo correcto sería generar industria, empleo y desarrollo para el país. Pero la Vale fue privatizada, y las empresas privatizadas sólo quieren distribuir dividendos. Por eso precisamos estatizar la Vale y todo el proceso de minería en Brasil, y hacer que el país piense estratégicamente lo que hace con sus recursos. Si seguimos en este camino neoliberal, ocurrirán nuevas tragedias criminales como esta, hijas de la lógica del lucro”.
De la ley
Helder Magno da Silva es integrante de la fuerza de tareas del Ministerio Público Federal para el crimen en el río Doce, ocurrido en 2015 cuando se rompió otro dique de Vale, esta vez en la localidad minera de Mariana. En su calidad de fiscal, Da Silva, que también sigue de cerca el caso de Brumadinho, dijo a Brecha en Betim que los procesos están demorados y todavía están en juego “vanidades institucionales” que los atrasan todavía más. Sin embargo, lo que sí se sabe es que hay un patrón que se repite: la falta de participación de las víctimas. “Estamos en un momento muy difícil, tanto en el caso de Mariana como en el de Brumadinho, porque la postura del Estado de Minas Gerais es de negociación con las empresas sin la participación de las personas afectadas. Están creando un sistema de gobernanza sin la presencia de las víctimas y definiendo prioridades sobre el asunto sin los principales involucrados. Eso contradice los acuerdos que el propio Estado y la propia Vale firmaron para el caso del río Doce”, afirma Magno. Lo peor, agrega, es que “el argumento usado es triste y se basa en que las personas afectadas no tendrían condiciones de acompañar determinadas discusiones, y que por eso retrasarían el proceso. Es una visión aristocrática que no debería prevalecer”.
El fiscal dice que uno de los principales factores que explican esta situación es la influencia de la empresa en las estructuras institucionales: “Vale tiene escritorios de abogados muy activos, con una cantidad de profesionales y lobbistas muy fuertes. Tiene además un gran poderío económico y una gran ascendencia con relación al Estado de Minas Gerais. Eso abre este camino de impunidad”. Con la llegada al poder del actual gobierno estatal (a cargo del neoliberal Romeu Zema, del Partido Novo) y del gobierno federal de Jair Bolsonaro, “la empresa comenzó a expandir su narrativa de los hechos, aquello de que los afectados sólo demoran el proceso, que las cosas no ocurren porque los afectados crean dificultades. Ese tipo de visión les arranca a los afectados su condición de sujeto de derecho, su dignidad. Eso es algo muy grave”, se lamentó Da Silva.
Al mismo tiempo, alertó: “Hoy vivimos en la incertidumbre de si tendremos un nuevo Mariana o un nuevo Brumadinho en Congonhas, Itabira, Barão de Cocais, Nova Lima, Macacos, Itabirito, Ouro Preto [todas ciudades de Minas Gerais con represas de minería en riesgo de ruptura], precisamente por la conjunción de estos intereses”.
El lucro no Vale la vida
A pesar de la desolación, todavía hay resistencia y lucha. Durante siete días, cerca de 350 afectados por el crimen marcharon más de 300 quilómetros, pasaron por siete ciudades y juntaron miles de personas por el camino. La caravana, denominada “Un año del crimen de la Vale en Brumadinho: el lucro no Vale la vida”, fue organizada por el Movimiento de los Afectados por Represas (Mab, por sus siglas en portugués) y contó con el apoyo de afectados por el modelo minero-energético provenientes de 17 países.
Soniamara Maranho, de la coordinación nacional del Mab, explica el porqué: “Marchamos porque precisamos mantener viva la denuncia sobre la forma en la que se está realizando todo el proceso de privatización de los derechos de los afectados. No es posible que sea la empresa criminal la que decida quién es o no afectado y la que dirija el proceso de reparación. Y decimos que es criminal no sólo porque asesinó personas y destruyó el ambiente, sino sobre todo porque sabía que el dique se iba a romper. Esa irresponsabilidad coloca a millones de personas en riesgo todos los días”. Marcharon también para exigir que no paren las búsquedas de los que todavía no aparecieron.
Llovió todos los días, salvo el 25. Las lluvias fueron tan fuertes en la localidad de Juatuba que el local donde los afectados dormían se inundó parcialmente y fue necesario evacuarlo. Soniamara advierte de un nuevo peligro: “Existe un gran problema, que es la acumulación de desechos en los ríos, generados por los crímenes de Mariana y Brumadinho. Esto, sumado a la falta de inversión y ausencia de infraestructura adecuada, genera un panorama de mucha incertidumbre. Las consecuencias de las lluvias de los últimos días muestran que en cualquier momento las familias afectadas por el barro serán afectadas de nuevo por el agua y los desechos mineros que contiene. Dos cuencas están completamente contaminadas y los efectos de esta problemática todavía son difíciles de dimensionar”. La caravana partió de Belo Horizonte, capital minera, el lunes 20 de enero, rumbo a Pompéu; luego pasó por Juatuba, São Joaquim de Bicas, Betim, Mário Campos, y finalizó en Brumadinho, el día en que el crimen cumplió un año.