Portavoces oficiales chinos han negado que se hayan producido abusos; a su vez, califican dichos campos de “centros de formación profesional y formación para el empleo” para “criminales implicados en delitos menores”. Sin embargo, no permiten ninguna inspección independiente de esas instalaciones por parte de Naciones Unidas, organizaciones de derechos humanos ni medios de comunicación...