En el país andino, al exceso de empleo de la fuerza por la Policía y la estigmatización de las protestas se suma el uso del sistema de justicia contra los manifestantes, mientras el régimen conservador de Dina Boluarte es objeto de denuncias ante la ONU y Amnistía Internacional.
Una serie de necropsias e informes balísticos que forman parte de la investigación fiscal por homicidio calificado confirman muertes de personas –no todos eran manifestantes– por armas de uso militar.
El Gobierno de Dina Boluarte se niega a renunciar. Mientras decreta el estado de emergencia en Lima y otras ciudades.
Una exjefa de gabinete, dos exministros, un congresista, un abogado de Cusco, un escritor de Puno y un taxista de Juliaca opinan sobre cómo se llegó a este punto y cuál es la salida.
Familiares de víctimas de la violencia policial marchan con ataúdes de cartón con los nombres de los asesinados. Reclaman desde el cierre del Congreso, pasando por la renuncia de Dina Boluarte y la libertad de Pedro Castillo,