Todo conduce a pensar que el gobierno cree que “lo que es bueno para una empresa trasnacional es bueno para los uruguayos”. Una concreción más de la política de que “el mercado decide”. Por el contrario, este proyecto no es beneficioso para Uruguay. La cláusula 4.5 del contrato dice: “Ninguna de las partes incurrirá en responsabilidad alguna de cualquier naturaleza bajo o en relación con este contrato antes de la fecha de definición final de inversión (incluso con respecto a cualquier incumplimiento de obligaciones)”...