El transporte y la generación eléctrica cubanas están otra vez en una situación de emergencia, que se suma a una larga crisis económica. Las medidas estadounidenses complican las estrategias comerciales del gobierno y aumentan la asfixia.
Las protestas de los días 11 y 12 de julio de 2021 fueron un test fiable del estado de las estructuras de oposición al Gobierno, o de su endeblez y nula capacidad política para convocar, o al menos intentar de alguna forma capitalizar un acontecimiento de tal magnitud.
Los días posteriores a los hechos de julio no anunciaban una respuesta legal ajustada a Derecho. Tampoco lo hacían las cientos de detenciones arbitrarias del 11, 12 y días venideros.
Los delitos de ‘sedición’ no pueden ser utilizados para juzgar una protesta callejera. El ‘ultraje’ de símbolos no puede justificar penas de cárcel. No deberíamos crear ‘zonas de excepción’.
A la Cumbre de las Américas convocada por Joe Biden a realizarse en Los Ángeles del 6 al 10 de junio, a una semana antes que se realizara, AMLO todavía no decidía si iba o no a participar. Ya si va o no va su decisión será sin peso por todo el fiasco diplomático en que finalmente ha terminado esta situación.
Funcionarios del estadounidense Departamento de Estado, de la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid) y diplomáticos de Washington “han acudido a autoridades nacionales, como en Guatemala, para inquirir de forma perentoria y sospechosa, datos precisos de la cooperación médica cubana con el objetivo de encontrar la manera de eliminarla”...