El Congreso del Perú aprobó una norma que anula las sentencias y los procesos contra agentes estatales por delitos cometidos en el período de guerra insurgente-contrainsurgente, entre los años 1980 y 2000. Mientras tanto, se siguen encontrando restos de desaparecidos en bases militares.
El gobierno solo registra 72 desapariciones de personas de la comunidad LGBT+ desde el año 2012. Organizaciones advierten por subregistro.
El primer 24 de marzo sin Norita Cortiñas, ni Mirta Baravalle, ni Laura Jordán, ni Otilia Acuña, ni Lita Boitano, ni tantas otras, se merecía un marco de unidad: más de 500 mil personas (400 que calcularon en CABA desde el escenario, más las que marcharon en todo el país), autoconvocadas, de asambleas, sindicatos, secundarios y organizaciones, llenaron la Plaza y la Avenida de Mayo y todos sus alrededores.
Es necesario saber quiénes se benefician del reclutamiento de jóvenes por el crimen organizado, exigir la búsqueda en vida de quienes son capturados con la promesa de falsos empleos, entender que ese rancho forma parte de un circuito desaparecedor y no dejarse llevar por el “espectáculo del horror”.
Lo que se distancia es el origen de las desapariciones y el sentido de tenerlos desaparecidos hoy. Encierran un mensaje, como lo encerraron los asesinados. Son todos mensajes mafiosos a la sociedad. De los otros falta justicia, pero de estos subsiste el crimen. Y eso es lo que no asume ni ha asumido ningún gobierno democrático, que este crimen todavía lo están cometiendo.
Familiares de personas migrantes desaparecidas instalaron un memorial frente a Palacio Nacional. El retrato de Óscar Antonio López Enamorado ocupa un lugar frente a la puerta Mariana. Es un recuerdo de la promesa que el presidente hizo de encontrar a las personas desaparecidas y que podría quedar incompleta ante la desaparición de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Iniciada en diciembre la recta final de su gobierno, para AMLO todas las señales anuncian tiempos aún más tempestuosos que los anteriores.
Si el "secuestro" de Óscar-René Vargas no fuera reconocido por las autoridades, se le estaría negando la condición de preso con todos los derechos que de ella deberían derivarse. Una situación de "desaparecido" -que recuerda los peores momentos de ciertas dictaduras- requeriría una intervención aún más decidida de una instancia propia al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), ya que la vida de Óscar-René Vargas estaría en una situación de mayor peligro que la actual.
Su voz áspera, cargada siempre de palabras indecibles, fue durante varias décadas el sonido que se escuchaba muy al fondo, ahí donde yacen las verdades incómodas, esas que nadie más se anima de decir.
Tras superar múltiples obstáculos, las comunidades afrodescendientes e indígenas lograron incluir un conjunto de garantías en el Acuerdo de Paz para proteger sus derechos y que sus territorios. Cinco años después los avances son prácticamente nulos, salvo contadas excepciones.
Son pocas las que quedan vivas y, pese al paso de los años y el silencio de los responsables, siguen siendo un bastión de la lucha por verdad y justicia.