El presidente boliviano Evo Morales, que llegó al poder en 2006, se postulará para un cuarto mandato en octubre. Las políticas de redistribución que ha implementado han llevado al surgimiento de una clase media heterogénea y a veces muy próspera, como los «cholos», el pueblo indígena urbanizado. Menos militantes que en el pasado, estos segmentos de la población no comparten necesariamente los valores de los dirigentes a los que deben su ascenso.
M Mariette
Le Monde Diplomatique, setiembre 2019
Traducción de Ruben Navarro – Correspondencia de Prensa
Detrás del mostrador de su cocina de estilo americano, Juan Pablo Reyes Aguilar y Diego Lionel Rodas Zurita están confeccionando el menú diario de su restaurante: lawa de chuño, una sopa hecha con papas deshidratadas, y charque frito, carne seca y salada. Dos platos que se inspiran en la dieta ordinaria del altiplano andino, basados en ingredientes que ya utilizaban los Incas. Con una gran cantidad de quinua y hierbas, los dos cocineros se proponen «revivir» estos sabores ancestrales haciendo de cada plato «una puesta en escena».
Ubicado en la calle Murillo, una arteria concurrida que lleva a los mercados de La Paz, el restaurante “Popular” ocupa el primer piso de una casa con un patio interior que alguna vez albergó apartamentos modestos. Ahora hay un torrefactor de café boliviano y un comercio de artesanías textiles. Desde su apertura en 2018, el restaurante ha tenido un éxito deslumbrante con su cocina de fusión, servida en un menú único del día (que incluye su variante vegetariana) servida por personal en camisetas negras y bufandas en aguayo, una tela tradicional andina. Todos los días los clientes esperan delante de la puerta del establecimiento, donde, a menos de haber reservado, sólo podrán entrar unas pocas personas afortunadas. Con un menú a 65 bolivianos (unos 10 euros, mientras que el salario medio mensual es de 450 euros), la clientela es menos popular de lo que sugiere el nombre del lugar: ejecutivos de traje y corbata, abogados jóvenes, empleados de las administraciones de los alrededores, así como turistas, que convergen aquí debido a las recomendaciones leídas en Internet.
El “Popular” encarna el fenómeno que se viene observando en toda la región durante los últimos quince años, incluso en Bolivia, el país más pobre de América del Sur: el surgimiento de una nueva clase media, que está perturbando las perspectivas electorales. Aunque generada por las políticas de redistribución social de los líderes progresistas, esta nueva clase media es mostrada como ejemplo por los comentaristas conservadores: «Después de un tiempo, las clases medias emergentes tienden a preferir la economía de mercado a las políticas de Estado y proteccionistas», se entusiasmaba el titular de las páginas «América Latina» del semanario The Economist en 2010. (1)
El aumento del nivel de vida suele ir acompañado de la voluntad de no cambiar el orden de las cosas, un «impulso social de conservadurismo», como resume casi diez años más tarde Raúl García Linera, consejero de la vicepresidencia de su hermano Álvaro. El cual admite: «Si el proceso revolucionario no logra responder a esto, corre el riesgo de ser destruido.» ¿Estaría entonces condenada la izquierda a ser expulsada del poder por las personas que han sido beneficiarias de sus políticas, en resumen, a dar a luz a sus sepultureros? La cuestión es tanto más urgente en Bolivia cuanto que el Presidente Evo Morales, que ha estado en el poder desde 2006, se postulará para un cuarto mandato en octubre.
La redistribución “sirve de carburante a la dinámica interna»
«Lo más importante es producir», dice el ministro de Economía Luis Alberto Arce Catacora cuando le preguntamos sobre los posibles efectos indeseables de sus políticas económicas. “La palabra ‘productivo’ es tan importante que hemos incluido en la nueva ley de educación la idea de que la educación debe ser productiva; queremos poner esta idea en la mente de los niños desde una edad temprana”. Según Arce Catacora y Álvaro García Linera, cualquier redistribución debe ir precedida de una fase de producción, que requiere, por una parte, un nivel mínimo de paz social y, por otra, un mercado interior dinámico.
En cuanto a la paz social, las cosas no fueron fáciles. Dos años después de su elección, Evo Morales se enfrentaba a un intento de golpe de Estado por parte de la oligarquía terrateniente de la región de Santa Cruz (2). Por lo tanto, el Gobierno debe tratar con una oposición que no está excesivamente preocupada por los principios democráticos y encontrar la manera de alcanzar sus objetivos sin ofenderla demasiado. Un ejemplo. En lugar de oponerse directamente al poderoso sector de los agronegocios para ayudar a los pequeños productores, el gobierno creó la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) en 2007. La institución compra arroz, trigo, soja o maíz a los pequeños agricultores a precios superiores a los del mercado cuando éstos están demasiado bajos. La agroindustria se ve entonces obligada a alinear sus precios con los de Emapa, o incluso a proponer precios más altos. «El mercado es pura especulación», dice Jorge Guillén, quien dirige Emapa para la región de Santa Cruz. La función de Emapa es regularla, aunque sólo compre el 15% de la producción total. «El papel de Emapa es ayudar a evitar que la agroindustria fije los precios por sí sola», agrega el vicepresidente Álvaro García Linera. “En definitiva, fortalecer la posición de los pequeños productores. La intervención del Estado equilibra una lucha desigual entre dos sectores que son económicamente muy desiguales”.
Una lógica de beneficio mutuo que aparece en las medidas adoptadas para estimular el mercado interior. En las calles del centro de las ciudades, los ojos de los paseantes son atraídos por pequeños letreros que indican «Esfuerzo por Bolivia». Esos carteles indican los comercios que participan en un programa lanzado en 2018 (y basado en una ley de 2013) para promover la producción local: cuando el crecimiento del producto interno bruto (PIB) supera el 4,5 por ciento, los empleadores de personas cuyos ingresos están por debajo del umbral establecido por la ley (15.000 bolivianos al mes en 2018, unos 2.000 euros, o sea más de siete veces el salario mínimo) deben pagarles un doble aguinaldo, o el doble del 13° mes. Por primera vez este año, los funcionarios públicos reciben el 15% del monto a través de una aplicación móvil que limita su uso a productos fabricados en Bolivia y al pago de artesanos locales previamente registrados.
Aunque la medida fue inicialmente rechazada por los pequeños comerciantes, que tendrían que pagar a sus empleados un mes más de salario, ahora están convencidos: «Los comerciantes de zapatos, ponchos y helados… todos fueron a registrarse», explica un cliente en un puesto de la calle Max Paredes, una de las principales calles comerciales de La Paz. “La aplicación está bien hecha: puedes introducir el nombre del producto que buscas y Google Maps te muestra dónde puedes encontrarlo. Luego le das un código al vendedor para pagar con la aplicación. La operación tiene tanto éxito que los pequeños empresarios dicen que nunca habían ganado tanto”.
«La redistribución es una cuestión de justicia social, pero también sirve como combustible para la dinámica interna», dice el vicepresidente García Linera. Redistribución, consumo, producción, crecimiento: en términos económicos, el modelo boliviano se asemeja a un círculo virtuoso. Sin embargo, estimular el consumo conduce a veces a fomentar el consumismo, con consecuencias políticas menos favorables.
Éxito reciente de los “malls” a la americana
Desde su inauguración en 2010, el centro comercial Megacenter, situado en la zona residencial de Irpavi, se ha convertido rápidamente en la cita ineludible de atardeceres y fines de semana, con sus dieciocho salas de cine (algunas de ellas en 3D, que pasan las últimas grandes producciones de Hollywood), sus numerosas franquicias internacionales, como Burger King o Hard Rock Café, su pub irlandés, sus tiendas, su bowling, su sala de deportes, sus salones VIP, su terreno de paintball, su pista de hielo y…. su parking de tres niveles. Otros centros similares están brotando en las principales ciudades del país, lo que sugiere que la cultura de los centros comerciales al estilo estadounidense -que nadie conocía aquí hasta hace unos años- ya se ha establecido en Bolivia.
No todo ha sido siempre fácil. La inauguración de una línea de teleférico que conecta los barrios populares de El Alto e Irpavi en 2014 facilitó la llegada de familias populares, reconocibles por las polleras tradicionales que usan las mujeres indígenas. Al no estar familiarizadas con las normas sociales de este tipo de ambientes, se sentaban en el suelo y compartían una botella de refresco o golosinas, o disfrutaban de los jardines circundantes tiradas en el césped. Entonces su presencia causó la afluencia de vendedores de comida barata…… «Estos indios contaminaron el megacentro y luego ofendieron a algunos residentes y clientes a través de las redes sociales. Hay basura por todas partes desde que llegaron”. «Otros esbozan una defensa bastante torpe: «Es cultural. Se sientan en el suelo para estar en contacto con la Madre Tierra” (3). La instalación de los carteles de «Prohibido hacer picnic» permitió que el templo del consumidor se convirtiera de nuevo en un lugar «agradable», donde todo el mundo puede ver una película americana mientras come maíz acaramelado, toma fotos de boda o disfruta de las «súper rebajas» y de los «precios de locos” del “Black Friday”, el evento de noviembre, llegado directamente desde los Estados Unidos y que marca el inicio de las ventas de fin de año.
«La gente que frecuenta estos lugares no sale de ellos siendo comunista», suspira Manuel Canelas, Ministro de Comunicaciones, quien está a cargo de trabajar para recuperar a las clases medias antes de las elecciones de octubre. En su opinión, el discurso del poder ha fallado al elevar el consumo al rango de virtud en sí mismo, corriendo el riesgo de borrar la dimensión política de su proyecto. «En los últimos años, ha habido una explosión de clubes de gimnasia y de fitness en Bolivia, en particular en La Paz. Esto habla a las claras de la transformación de la sociedad: con mejores condiciones de vida, tenemos más tiempo para preocuparnos por nuestros cuerpos y nuestra apariencia”.
Los «cholos» exhiben su éxito
Canelas nos cuenta el típico viaje imaginario de un «boliviano de 25 años». Al no haber crecido en el barrio periférico popular del que procedían sus padres, «se socializó en otros espacios», construyendo una identidad «en lugares donde los códigos son menos colectivos». No es más egoísta que su padre o su madre, sin embargo, este joven estará menos inclinado «a militar toda su vida en un sindicato»: «Su relación con el interés general será diferente. Al igual que sus preferencias políticas. ¿Cuál es la solución? Necesitamos mejorar la oferta y la calidad de los servicios públicos», dice Canelas, para que «el bienestar y la calidad de vida ya no se asocien con el individuo y lo privado. Esta es la única manera de desarrollar una forma de conciencia política entre esta población, compatible con las ideas de nuestra revolución”. En esta perspectiva, Canelas recomienda construir «parques, espacios públicos donde se pueda practicar deporte, venir con la familia, hablar con los vecinos, interactuar y construir la comunidad. Se adquiere otra idea de la ciudadanía cuando se puede acceder a este tipo de lugares, en lugar de cultivar la apariencia en un club privado”.
Raquel Lara, funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, identifica otra dificultad: «Mi hija, que tiene 24 años, no sabe nada de las conquistas del pasado, como por ejemplo la «guerra del gas» (4). “Los jóvenes de hoy están despolitizados, no han sido informados ni formados. Ya no hay una dictadura contra la que luchar, la lucha política tiene menos interés”. El argumento no convence a Jazmín Valdivieso, que forma parte de esta juventud de menos de 30 años: «Debemos vender algo más a los jóvenes. El discurso de que las cosas son mejores de lo que eran durante la dictadura ya no les alcanza. Los jóvenes no están rechazando el compromiso, sino que se comprometen en otras cosas. Las luchas actuales son las de la juventud urbana surgida de la clase media», lo que se explica por los cambios demográficos: «Hay muchos menos jóvenes en el campo. Viven allí hasta los 14 o 15 años, luego se vienen a estudiar o a trabajar, y luego se convierten en habitantes de la ciudad. ¿Qué luchas los movilizan? Las de los derechos de los animales, las mujeres, las personas LGBT, etc., que se llevan a cabo fuera de los partidos, por jóvenes que no son militantes, sino activistas. Para muchos de ellos, la política está manchada de corrupción; un sentimiento generalizado entre la clase media”.
Pero, ¿podemos hablar realmente de una clase media, sobre todo en Bolivia? En esta categoría se encuentran las franjas cultas de los barrios ricos, como San Miguel y Sopocachi en La Paz, los funcionarios de un sector público fortalecido por las nuevas empresas estatales, jóvenes cuyas ambiciones fueron beneficiadas por la generalización del acceso a la educación, sin que el mercado laboral siga produciendo suficientes empleos calificados. También hay comerciantes, artesanos y microempresarios que vienen de la clase trabajadora y con la piel a menudo más oscura, cuyas condiciones y nivel de vida han mejorado significativamente: los llamados “cholos”, indígenas urbanizados, menos apegadas a los valores tradicionales, que aún prevalecen en el campo, que a las formas de actividad económica y comercial poco calificadas (5). Sin embargo, no hay indicios de que la estrategia de Canelas (y la de todos aquellos que pretenden fortalecer la conciencia política de una clase a la que el gobierno ha impuesto demasiado el gusto por el consumismo) esté dando los frutos esperados con los cholos.
Estos últimos apoyaron a Morales en un primer momento. Primero por la identificación étnica: «Las cosas han cambiado aquí, hemos tenido una revolución. Con la elección de nuestro presidente Evo Morales, nuestra cultura está ahora en el centro de atención», dijo un residente de El Alto a un periodista del Financial Times en 2014 (6). Su entusiasmo también se vio fortalecido por el voluntarismo del Estado. Éste ha beneficiado enormemente a una población que ahora controla la mayor parte del comercio de distribución nacional y se ha convertido en un actor económico central. La «revolución» a la que se refería el hombre entrevistado por el Financial Times incluía una segunda parte: «Ahora puedo decir: tengo dinero, hago lo que quiero». Como si se tratara de construir un “cholet”, un término acuñado a partir de las palabras cholo y chalet, en referencia a las casas suizas que simbolizarían el éxito. En las calles de El Alto, es imposible no ver estos extraños edificios. Para la franja más rica de cholos, mostrar su éxito económico significa tener un cholet aún más extravagante que el de su vecino: cinco, seis, a veces siete pisos; paredes pintadas de colores brillantes; arquitectura donde el kitsch compite con la ostentación; grandes ventanales, una superficie que a veces supera los quinientos metros cuadrados…..
Pero, entre los cholos y el gobierno, la ruptura se ha consumado, explica Nico Tassi, antropólogo especializado en economía popular: «El primer conflicto se produjo en el momento en que el gobierno inició la lucha contra la economía informal» -que representa el 60% del PIB y a 70% de la población activa (7)- a principios de 2010. Cuando el Estado endureció los controles, los cholos lo interpretaron como «una forma de desconfianza hacia ellos». Además de la clásica resistencia a pagar más impuestos, surgió un fenómeno inesperado: la mejora de los servicios públicos no era una prioridad para una población que si bien los había descubierto con la llegada al poder de Evo Morales, se siente satisfecha con su actual nivel de funcionamiento.
Entre los cholos, la prioridad sigue siendo la comunidad local, que se vuelve más importante a medida que experimenta el éxito colectivo asociado con una fuerte identidad cultural. Para Tassi, la población chola constituye el origen de los sectores populares que no dependen de «entidades civilizadoras externas, como el Estado, el capital, las escuelas, las ONG». Con su discurso sobre el respeto de las diferencias de identidad, la revolución plurinacional de Morales los invita a «afirmarse autónomamente, a fortalecer sus propias instituciones y su propia cultura, hasta ayer denigrada». En este caso, el ingreso a la clase media no va acompañado de una ruptura con el modo de vida anterior, sino de su afirmación. Su riqueza no se manifiesta a través del consumo y los estilos de vida europeos, sino del estilo cholo.
Una población “más consumidora e individualista”
Por ejemplo, los Prestes, los festivales particularmente caros organizados por la nueva burguesía chola de origen aymara, juegan un papel decisivo en esta franja de la población. La ropa y las joyas que llevan (tan caras que a veces tienen que contratar un servicio de seguridad) muestran un éxito económico y un estatus social que rara vez se pone de relieve en otros momentos. Este nuevo orgullo de los indios con dinero también está generando un resurgimiento del odio racial por parte de la antigua élite y de la clase media blanca, sacudidas en sus privilegios.
El arraigo y el funcionamiento de la comunidad no significan cerrarse al mundo, sino todo lo contrario. Agricultor de sesenta años, con rostro cincelado y sonrisa desdentada, Don Paulino Santos nos dice con orgullo que gana «mucho dinero». Además del campo en el que trabaja, dirige un taller de sastrería con su hija y está a punto de partir hacia China para encontrar nuevas oportunidades. Los vínculos entre los comerciantes cholos y China han alcanzado un nivel tal que, cuando Morales nombró a su primer embajador en China, naturalmente se dirigió a la comunidad chola para pedirles información. Cuando se trata de iniciar negociaciones con multinacionales, los comerciantes de La Paz no necesitan al Estado. Por ejemplo, en sus negociaciones con el gigante Samsung, del que lograron que sus productos fueran distribuidos sólo en tiendas independientes. Si la empresa surcoreana tiene una tienda oficial en la calle Eloy Salmon, no tiene derecho a vender sus productos en ella.
Cuando Álvaro García Linera nos explica cómo ve el futuro del proceso político en el que ha estado trabajando desde 2006, afirma que «la suerte de Bolivia es de tener esta clase media indígena chola, con su funcionamiento comunitario y asociativo muy específico». Esta clase chola permite «pensar en la perpetuación del proceso de transformación social establecido con la llegada al poder de Evo Morales, aunque esta clase sea más consumista e individualista que la población de la que venía». Para el vicepresidente, la emergente clase media chola constituiría la columna vertebral de la economía del país, por su dominio del mercado interior: con una mezcla de eficacia y ética comunitaria, ofrecería «nuevas herramientas de reflexión para pensar y prolongar el proceso de cambio».
Si son reelectos, Evo Morales y su equipo deberán, sin embargo, demostrar habilidad táctica y flexibilidad estratégica para amarrar el futuro de su «revolución democrática y cultural» a un grupo social que, por el momento, se está construyendo al margen de este proceso.
-Maëlle Mariette es periodista.
Notas
(1) “Democracy, Latino-style”, The Economist, Londres, 11 setiembre 2010.
(2) Leer Hernando Calvo Ospina, “Petit précis de déstabilisation en Bolivie”, Le Monde Diplomatique, junio 2010.
(3) Leer “À la recherche de la Pachamama”, Le Monde Diplomatique, marzo 2018.
(4) Conflicto social importante que llevó a la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y que contribuyó a la popularidad del actual presidente Evo Morales.
(5) la porosidad de las fronteras entre economía rural y economía urbana, ha extendido el término al conjunto de poblaciones mestizas que, sin adoptar el estilo de vida y las actividades de la burguesía blanca heredera de la colonización, forman parte del desarrollo de una economía local que lleva la impronta de la informalidad y de los vínculos basados en la cercanía.
(6) Andres Schipani, “Bolivia’s indigenous people flaunt their new-found wealth”, Financial Times, Londres, 4 diciembre 2014.
(7) “Mujeres y hombres en la economía informal : un panorama estadístico”, Organisation internationale du travail (OIT), Genève, 2018; Leandro Medina et Friedrich Schneider, “Shadow economies around the world : What did we learn over the last 20 years?”, Fonds monétaire international (FMI), Washington, DC, 2018.
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Méritos y límites de una “revolución” pragmática
Maëlle Mariette
Le Monde Diplomatique, setiembre 2019
Traducción de R. Navarro – Correspondencia de Prensa
«Muchos empresarios de los agronegocios no lo dicen, pero en privado reconocen que su negocio nunca ha tenido tanto éxito desde que Evo Morales llegó al poder en 2006”. Isidoro Barrientos Flores, Presidente de la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente (Cappo) en la línea del presidente de Bolivia, continúa: «El gobierno tuvo que hacer un trato con el sector agroindustrial en Santa Cruz (la rica capital económica) después de su intento de golpe de Estado en 2008, cuando la región amenazó con la secesión. Esta es una de las razones por las que las estructuras neoliberales se mantienen en el país”.
Estas palabras de Barrientos Flores ilustran el camino político seguido por Evo Morales. Por un lado, un objetivo de redistribución de la riqueza mediante el fortalecimiento de la demanda y del mercado interior. Por otra parte, el deseo de no provocar la oposición de actores económicos capaces de amenazar la estabilidad del país.
Esta estrategia sólo es posible si el aumento de la riqueza nacional permite que todos los segmentos de la población reciban el beneficio de ésta, aunque sea en proporciones variables. Este ha sido el caso de Bolivia en los últimos años, lo que explica la longevidad de Morales, elegido en 2006 y reelegido dos veces desde entonces.
Sin embargo, este camino le pone límites a algunas ambiciones, como los objetivos de justicia social proclamados originalmente por el primer presidente indígena de América Latina y su vicepresidente, el intelectual Álvaro García Linera. Este último sostiene que la política llevada adelante contribuye a una «revolución marxista», antes de añadir que este proceso de cambio debe ser «progresivo y metódico, a fin de garantizar su éxito y su sostenibilidad». Sin embargo, algunos críticos creen que después de trece años de implementación, esta «revolución» llama la atención sobre todo por un pragmatismo que perpetúa el orden de cosas al transformarlo.
La estrategia de reconciliación de Evo Morales queda ilustrada por la moderación que ha mostrado su gobierno en la lucha contra la economía informal, que representa el 60 por ciento del producto interno bruto (PIB) y el 70 por ciento del empleo (1). Los comerciantes y microempresarios que, como muchos miembros de la clase obrera, llevaron al poder a Morales, comenzaron a distanciarse de él cuando quiso controlar su actividad combatiendo el trabajo informal. Reconocen que el Estado los ha ayudado, por ejemplo, construyendo carreteras que les han dado acceso a nuevas oportunidades en el país, fortaleciendo así el mercado interno de manera más amplia. Pero no le perdonan que los considere «como criminales capitalistas que viven en la parte trasera del país», explican. ¿La razón de su insatisfacción? El fortalecimiento de los controles fiscales sobre las mercancías. Galo Carrillo, ex dirigente de los carniceros de La Paz, lamenta: «Si no hacemos facturas, estamos sujetos a sanciones que pueden llegar hasta el cierre de nuestra tienda. El problema es que los mayoristas no nos facturan. ¡Eso no es justo! El gobierno comienza con los de abajo, como nosotros, los vendedores minoristas”.
Luego, advierte que si el gobierno «persiste» en querer aumentar la fiscalidad de los carniceros, habrá manifestaciones. «A principios de la década del 2000, cuando el presidente neoliberal Jorge «Tuto» Quiroga Ramírez quería introducir un impuesto sobre la venta al por mayor de carne, declaramos una huelga que duró más de un mes. Los puestos del país no eran abastecidos, recuerda. Logramos que el gobierno cumpliera y retiró inmediatamente su medida. «Dado que el tejido económico de Bolivia se basa en las pequeñas empresas, que controlan el mercado, el suministro y la distribución de todo el país (2), el Estado corre un gran riesgo al participar en la lucha contra la informalidad. Pero eso significaría renunciar a ingresos fiscales significativos y a oportunidades de redistribución e inversión, si renunciara a ellos.
Al tiempo que denuncia la dimensión corporativista de este tipo de movilizaciones, Eduardo Lohnhoff, funcionario público, considera que, en general, se debe dar más apoyo a la actividad local de estas pequeñas empresas en lugar de «dedicar su tiempo a ayudar a las grandes», con la idea de dar un salto industrial y tecnológico en la economía. El hecho de que el porcentaje de imposición de las pequeñas empresas siga siendo superior al de las grandes empresas significa que éstas últimas se benefician de una «especie de salvoconducto» que constituye una «inversión de valores». Sin embargo, concluye con esta observación: «Para la estabilidad del país, es necesario celebrar acuerdos con grandes empresas”.
El caso de la pobre y aislada provincia amazónica del Beni es particularmente esclarecedor para entender una acción ambigua, en la que el gobierno preserva a los grandes agricultores mientras se esfuerza por mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los pequeños agricultores, todavía reducidos, a menudo, a peones. En esta provincia de la región de Oriente, donde reinan los ganaderos, los grandes propietarios de granjas ganaderas y porcinas, el Estado interviene como nunca antes de la llegada de Morales al poder.
«Los grandes terratenientes de Oriente siguen teniendo trabajadores en situación de servidumbre, de peonaje», explica Carlos Javier Cavero, jefe de la Inspección de Trabajo de la provincia. El Ministerio de Trabajo de este gobierno ha logrado establecerse en estos lugares. Con nuestras brigadas móviles, entramos a las haciendas y escuchamos los problemas de los trabajadores. Luego vemos a los ganaderos para intentar encontrar soluciones amistosas y para hacer cumplir la legislación laboral. Estamos obligando a los propietarios a compensar a los agricultores explotados. Así, en 2018, hubo 1.152 quejas de trabajadores en Beni, y recuperamos 865.314 bolivianos (110.200 euros) a favor de ellos. Antes, la mayoría de las personas desconocían sus derechos y ni siquiera se les reconocía el derecho a trabajar en condiciones dignas”. Wilder Molina, sociólogo, confirma que «nunca antes había habido tal presencia física y financiera del Estado en el Beni». Y si los ganaderos y su federación, que ocupaban todas las posiciones del poder local antes de 2006, se movilizaron por primera vez radicalmente contra el gobierno y su plan de un Estado multinacional, las cosas han cambiado en los últimos años: la administración «inmediatamente trabajó con ellos y con la gente del sector empresarial. Han construido relaciones muy estrechas”.
Pero la llegada del ex sindicalista cocalero a la conducción del país también ha beneficiado a los pequeños agricultores -una de sus bases electorales más sólidas- a través de diversas medidas para mejorar sus granjas. Recibieron maquinaria agrícola, tractores, fertilizantes, semillas y animales reproductores, mientras el Estado construía -sobre todo en Oriente- sistemas de riego, así como carreteras y puentes que les permitían vender fácilmente su producción en los mercados. De igual manera, el gobierno de Morales creó en 2007 un «Banco de Desarrollo Productivo» a través del cual los pequeños trabajadores y productores agrícolas pueden obtener préstamos fácilmente, con intereses bajos y con plazos de pago adaptados a los ciclos agrícolas. «Estos préstamos nos han ayudado mucho. Antes no podíamos pedir prestado, porque la producción de tomates es como una lotería: se pierde, se gana, se pierde, se pierde, se pierde, se gana….», explica Valeria Mamani, agricultora de la comunidad montañosa de Khola, en la provincia sureña de La Paz. “El precio de los tomates varía mucho de un día para otro. Estos préstamos se adaptan a nosotros por los plazos de pago, y porque los intereses son bajos”. Sergio Fernández, un pequeño productor de maíz en Montero, Oriente, señala que, gracias a una ley aprobada hace cinco años, los intereses de los préstamos han sido divididos por tres en todas las instituciones bancarias para los pequeños y medianos productores agrícolas. Además, «esta ley obliga a los bancos a dedicar al menos el 60% de sus recursos a préstamos productivos o para la construcción de viviendas sociales».
Apoyar al mundo campesino no se reduce a las instalaciones materiales. Con la creación de la Empresa de Ayuda a la Producción de Alimentos (Emapa) en 2007, el gobierno quiso estabilizar el mercado interno de productos agrícolas comprando la producción de los pequeños y medianos agricultores al mejor precio, obligando así a las agroindustrias a ofrecerles una remuneración más justa. Para el vicepresidente Álvaro García Linera, «al establecer las reglas del juego, el Estado está estableciendo un nuevo equilibrio que da más poder a los pequeños productores. La riqueza se redistribuye mejor para equilibrar el peso del sector agroindustrial. Esto genera estabilidad, lo que permite una economía próspera y beneficia a todos”.
Emapa también tiene como objetivo facilitar la comercialización de la producción de los agricultores en el mercado nacional y en el extranjero. Jorge Guillén, quien encabeza la estructura en la región de Santa Cruz, explica: «Cuando hay un excedente de producción para el mercado nacional, como lo hay ahora, por ejemplo, con la carne de vacuno, se puede exportar sin derechos de aduana. Los grandes productores exportan, mientras que los pequeños se encargan del mercado interno”. Reconociendo que «esto beneficia indudablemente a los grandes productores», añade, sin embargo, que «actualmente hay agroindustrias bolivianas que exportan carne de vacuno a China o a Europa debido a esta sobreproducción».
Si bien estas medidas han mejorado considerablemente las condiciones de vida y de trabajo de los pequeños trabajadores y agricultores, la prometida gran reforma agraria, aprobada mediante referéndum por casi el 80% de la población en 2009, nunca ha visto la luz. Sin embargo, la reforma agraria debía «erradicar» el latifundismo -el sistema de grandes explotaciones- reduciendo el tamaño máximo de las propiedades sin «función económica y social» a 5.000 hectáreas, el resto debía repartirse entre pequeños productores agrícolas y trabajadores indígenas sin tierra. En 2009, el gobierno selló un pacto con el sector agroindustrial para poner fin a la presión de esta oligarquía, un pacto válido hasta la promulgación de la nueva Constitución. El acuerdo se limitaba a regularizar la situación de muchos indígenas y pequeños agricultores otorgándoles títulos de propiedad sobre las tierras que habían venido cultivando durante muchos años.
Cuando se le preguntó sobre esta estrategia de reconciliación, Raúl García Linera, que desempeña el papel de asesor del Vicepresidente, la resumió de la siguiente manera: «El gobierno ha adoptado una actitud muy pragmática, que es buena porque funciona bien. Pero sabemos que una cosa es decir que las cosas funcionan y otra decir que la situación es ideal. No ha habido una reforma agraria, pero hemos logrado mejorar las condiciones de vida, regularizar a los trabajadores, mejorar las condiciones de producción y aumentar la riqueza del país. ¡Y eso no es poca cosa!”
¿Qué pasa con el hecho de que el gobierno no haya reformado ni el código laboral, ni la fiscalidad, ni la ley de sucesiones? “El gobierno ya ha tratado temas muy delicados. Debemos negociar constantemente. La Constitución (votada en 2009) es un ejemplo perfecto. Era necesario discutir con la derecha para aprobarla, incorporando sus propios intereses. El texto aprobado no tiene nada que ver con el propuesto por la Asamblea Constituyente. Hay un conjunto de fuerzas en acción que no elegimos, y tenemos que aceptarlo.” Dado que esta Constitución es una de las únicas en el mundo que condena la discriminación por motivos de orientación sexual o de género, y que una ley posterior de 2013 establece la posibilidad de que todas las personas determinen su género sobre su documento de identidad, estas fuerzas se han opuesto menos a los avances de la sociedad que a aquellos que habrían afectado lo esencial del orden económico.
Para superar el antagonismo entre los intereses de los pequeños trabajadores y agricultores (y, en general, de las clases trabajadoras), por un lado, y los de los grandes agricultores (y, en general, de las élites bolivianas), por otro, el gobierno parece dar prioridad al desarrollo productivo, y en la medida de lo posible, minimizando su dependencia de los poderes externos. Y más precisamente al aumento de la riqueza nacional que este desarrollo permite, combinado con el estímulo de la demanda en el mercado interno.
En estas condiciones, es posible, en efecto, poner en marcha políticas de redistribución sólidas que, a su vez, contribuyan a la dinámica nacional. El desarrollo económico de Bolivia ha permitido financiar varias medidas que continúan asegurando la fuerte popularidad del gobierno: la Renta Dignidad (o edad mínima de vejez) para los mayores de 60 años; el bono Juana Azurduy (que lleva el nombre de la revolucionaria Juana Azurduy de Padilla, 1780-1862), que permite la cobertura total de los gastos médicos de las mujeres embarazadas y sus hijos hasta el primer año de vida, con el fin de reducir la mortalidad infantil; el bono Juancito Pinto (llamado así por un niño héroe de la Guerra del Pacífico, 1879-1884), la asignación pagada hasta el final de la escuela secundaria a los padres cuyos hijos están escolarizados para combatir la deserción escolar o, más recientemente (en marzo de 2019), el Sistema Único de Salud (SUS), que proporciona atención médica gratuita a todos los bolivianos.
Esta perspectiva productivista -que sirve para «superar» los antagonismos sociales- es claramente explicada por Luis Arce, Ministro de Economía desde 2006, al que a veces se denomina el arquitecto del modelo económico boliviano. «No se redistribuye la pobreza: se redistribuye la riqueza», explica. La gran virtud del modelo económico productivista puesto en marcha por el Estado es que la torta distribuida a los bolivianos se hace más grande”. Queda por ver hasta dónde es posible aumentar la parte de la torta recibida por la mayoría de los bolivianos cuando la parte de una minoría insaciable debe seguir creciendo.
Notas
(1) “Mujeres y hombres en la economia informal : un panorama estadístico” (PDF), Organización International del Trabajo (OIT), Ginebra, 2018 ; Leandro Medina y Friedrich Schneider, “Shadow economies around the world : What did we learn over the last 20 years?”, Fondo Monetario Internacional (FMI), Washington, DC, 2018.
(2) En El Alto por ejemplo, ciudad periférica de La Paz que, más que ninguna, encarna el dinamismo de la economía popular, más del 90% de las empresas tienen menos de cuatro empleados.