Miller Dussán Calderón *
desInformémenos, 21-11-20
Correspondencia de Prensa, 22-11-2022
El «neoestractivismo» que sustentó la primera ola del progresismo en América Latina, donde los ricos se volvieron superricos y sectores pobres se integraron al consumismo, «está condenado por la crisis climática», según Boaventura de Sousa.
¿Cuál es el fundamento económico de la «nueva ola del progresismo en América Latina frente al peligro de una guerra nuclear y el «suicidio colectivo» que se impondrá de nuevo por los lobistas de las empresas transnacionales del petróleo y el carbón en la COP 27 de Egipto para obstaculizar una «transición energética justa?
La nueva «ola del progresismo» está sometida a la financierización, la deuda pública (Ver informe del Daniel Libreros Caicedo) y militarización de la naturaleza con énfasis en la bioeconomía como el sustento teórico para la apropiación de las funciones de la naturaleza (fotosíntesis, ciclo hídrico, el aire, la riqueza genética) concebidas como «servicios ecosistémicos» y activos financieros para la acumulación del capital y el control (imperial) de la naturaleza y de los territorios.
Colombia solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el marco del Convenio Interactivo de la Cumbre de las Américas (2022), un crédito para desarrollar un plan de Acción para monitorear satelitalmente la Amazonía, en el marco de la Política internacional de Norteamérica para la expansión de los mercados verdes, establecida en el documento «Executive Order on Tackling the Climate Crisis at Home and Abroad” (Orden Ejecutiva para Abordar la Crisis Climática en el Interior y en el Extranjero, 2021. donde se establece que “las consideraciones climáticas son un elemento esencial de la política exterior y la seguridad nacional de los Estados Unidos” que le permitirá ejercer su liderazgo frente a la crisis climática global a través del desarrollo de “una estrategia sobre cómo se puede usar la voz y el voto de los Estados Unidos en las instituciones financieras internacionales, incluido el Grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, para promover programas de financiamiento, paquetes de estímulo económico e iniciativas de alivio de la deuda y un Plan para promover la protección de la selva amazónica y otros ecosistemas críticos, en colaboración con el Secretario de Estado, el Administrador de USAID y el Director Ejecutivo de la DFC, que sirven como sumideros de carbono global, incluso a través de mecanismos basados en el mercado”.
La política ambiental del actual gobierno de Colombia como «cambiar deuda por acción climática» se circunscribe en la mencionada orden Ejecutiva que se evidencia con el llamado a “los gobiernos progresistas de la región para coordinar actividades bajo esta perspectiva” y, particularmente, sobre el Amazonas, al consignar en su programa de campaña a la presidencia que “usaremos al máximo los bonos de carbono con la garantía de recuperación de la selva amazónica hasta su frontera natural. Se crearán concesiones para familias campesinas actualmente residentes en la Amazonía, quienes podrán producir sosteniblemente con la condición de recuperar la selva en las áreas de praderización. Las comunidades rurales se vincularán a la rehabilitación, conservación y manejo sostenible de los bosques mediante el pago de servicios ambientales…”.
Se trata de la imposición de los “mercados verdes”, los Bonos Carbono (Ver conferencia de Miller Durán Calderón) y los «Pagos por Servicios Ambientales» bajo el supuesto de «mejorar los ingresos» de los indígenas y campesinos como los «nuevos asalariados precarizados» encargados de «cuidar los negocios» del capital financiero que se viene apropiando de sus territorios y de las funciones de la naturaleza a través del despojo para compensar sus emisiones, para lo cual se requiere “un gran mercado de carbono para acceder a los Bonos respectivos y monetizar la Amazonía”.
A lo anterior se suma la militarización para el control territorial como «elemento esencial de la seguridad nacional de los Estados Unidos” que viene avanzando no sólo con el envío de Helicopteros Black Hawk, por parte del Comando Sur, para «apagar incendios» sino la propuesta de Gustavo Petro de la intervención de la OTAN, con tecnología avanzada, bajo el supuesto de «proteger la Amazonía», cuando se ha demostrado que cualquier intervención militar ha sido para imponer la hegemonía imperial y ahora contra las resistencias populares que se han levantado por la Defensa de la Vida, los Territorios y los Bienes Naturales Comunes.
La resistencia a estas políticas de financierización y militarización de la naturaleza se ha expresado a escala internacional por parte del movimiento campesino e indígena organizado y de asociaciones ambientales al sostener que “estas estrategias empresariales deliberadas, distraen la atención de la necesidad urgente e innegable de eliminar las emisiones de combustibles fósiles y profundizan la financiarización de la naturaleza, reduciendo a carbono comercializable la increíble diversidad de los bosques, pastizales y humedales de nuestro planeta y desencadenando una nueva y masiva apropiación de recursos de los Pueblos Indígenas, campesinos y comunidades locales, principalmente en el Sur global”.
Son múltiples las alternativas que vienen surgiendo desde los movimientos ecosociales, indigenistas, de campesinos y afros, contra la financierización y militarización de la naturaleza como la transición energética justa y la agroecología como parte fundamental de la Soberanía y Seguridad Alimentaria, contra los agronegocios donde «la Justicia Socioambiental solo es posible con Justicia Epistémica» donde las resistencias son fuentes del Saber y del Poder Popular y que parten de reconocer que la supervivencia de la vida en el planeta, y de la humanidad en particular, está en contradicción con el capitalismo y el productivismo y buscan por tanto la manera de salir de este sistema destructivo e inhumano.
* Profesor Universidad Surcolombiana, Neiva, Huila, Colombia, Artículo publicado originalmente en el blog Miller Armín Dussán Calderón
****
Helicópteros y la OTAN: las dudas de la estrategia para frenar la deforestación
Aunque el gobierno dio freno a la Operación Artemisa, aún hay dudas sobre la estrategia concreta con la que espera frenar la deforestación y conservar la Amazonia. Recientemente, el presidente Gustavo Petro mencionó que ha adelantado conversaciones con la OTAN sobre una “colaboración tecnológica” para la conservación. ¿Qué tan realista es esta opción?
María Paula Lizarazo *
El Espectador, 4-11-2022
Diez helicópteros Black Hawk donados por Estados Unidos han llegado a Colombia en las últimas semanas. Su propósito es conformar “la primera unidad policial para apagar incendios de la selva amazónica”. Así lo dijo el presidente Gustavo Petro hace un mes cuando visitó EE. UU. para participar de la cumbre de la ONU.
Siete de esos diez helicópteros se entregaron el pasado 26 de octubre, en una ceremonia en la que Francisco Luis Palmieri, embajador de EE. UU en Colombia, señaló que “la protección ambiental y la lucha contra la crisis climática son prioridades clave para la administración del presidente Joe Biden”. Además de esta alianza con la Casa Blanca, el gobierno de Colombia reconoció también acercamientos con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) con el mismo fin: conservar la Amazonía.
La OTAN es una alianza militar de países de Europa y Norteamérica que existe desde 1949. Según Petro, Colombia ha adelantado conversaciones con esa organización para que presten una “colaboración tecnológica” para conservar la Amazonia. Pero, ¿qué tan viable es pensar en incluir a la OTAN, una organización militar, en la estrategia de conservación de la selva amazónica? ¿Qué tan claro es el plan para usar helicópteros donados por Estados Unidos en esa tarea ecológica?
Para Sebastián Gómez, fundador del Centro de Alternativas al Desarrollo (Cealdes), “hay una intención de ligar la lucha contra las drogas con los demás problemas que tiene Colombia, en específico, con el debate en torno a la conservación de la Amazonía”. En el discurso de Petro en la ONU hace un mes, por ejemplo, el presidente asoció la guerra contra las drogas con la protección de la selva: “La selva salvadora es vista en mi país como el enemigo a derrotar. El espacio de la coca y de los campesinos que la cultivan, porque no tienen nada más que cultivar, es demonizado”.
El problema es que se trata de una asociación a la que los datos no dan total claridad. Entre 2005 y 2014, por ejemplo, en todo el auge de la erradicación forzada, apenas el 2% de la deforestación de la Amazonia se asoció con cultivos de coca. En contraste, según el inventario nacional de gases de efecto invernadero (GEI) del Ideam, la deforestación para conversión de los suelos a pastizales para ganadería es la mayor fuente de emisión de GEI. Estimaciones del Ministerio de Ambiente apuntan que por cada hectárea deforestada para este fin se liberan 566 toneladas de dióxido de carbono (CO2) equivalente.
Lo que esta relación entre la coca y la protección de la selva y la posterior decisión del gobierno de querer vincular en esa conservación a la OTAN han creado es una ambivalencia, según Gómez, en la estrategia ambiental del gobierno: “No entendemos (desde Cealdes) si el tema de cancelar la Operación Artemisa va a implicar el reemplazo por una política distinta de seguridad de la conservación o si en serio va a haber un tratamiento distinto para los conflictos ambientales”.
La Operación Artemisa fue una estrategia militar del gobierno de Iván Duque que buscaba frenar la deforestación en áreas protegidas como Parques Nacionales Naturales, sin embargo, entre 2018 y 2022 el 14 % de la deforestación de la Amazonia se concentró en algunos de esos parques como Tinigua, La Macarena, Picachos, Chiribiquete, La Paya y la Reserva Nukak.
El 5 de agosto pasado, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, anunció su fin, señalando que este enfoque no había funcionado. “La forma como se implementó genera una resistencia social al Estado y creemos que el cambio sustancial es que el Estado debe trabajar con esas comunidades que están allí y que hoy terminan siendo la fuerza de trabajo de esa economía ilícita”, como la deforestación, explicó Muhamad.
¿Es una contradicción terminar la Operación Artemisa y meses después anunciar la llegada de helicópteros de Estados Unidos y la intención de vincular a la OTAN a la conservación de la Amazonía?
Para Jose Luis Díaz, candidato a magíster en política ambiental por la Universidad de Duke, por lo menos hay una inconsistencia: “Hay declaraciones difusas, ha hablado de más colaboración militar con Estados Unidos. La militarización ya se intentó con Artemisa, una operación altamente cuestionada, entonces no es tan difícil imaginar que es imposible controlar el Amazonas desde un enfoque de fuerza”.
Expertos como Mauricio Madrigal, director de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente de la Universidad de los Andes, también ven con duda la participación de la OTAN en la conservación de la selva. Esta colaboración, dice Madrigal, “debería estar enfocada en tener mayor precisión en las alertas tempranas de deforestación, emitir los boletines de forma ágil, oportuna y georreferenciada”.
Pero en realidad, el gobierno no ha dado muchos detalles de esa eventual asociación y tampoco de cómo se van a usar los helicópteros. Hasta ahora, se sabe que además de las “misiones ambientales”, la “lucha contra la deforestación” y “extinción de incendios” se van a implementar para evacuaciones aeromédicas, operaciones contra la minería ilegal y protección a defensores ambientales.
El Espectador consultó a la Aviación Policial, un área de la Dirección Antinarcóticos de la Policía, y explicaron que los helicópteros todavía se encuentran en periodo de mantenimiento y acondicionamiento y que el gobierno aún no les ha definido los lineamientos para usarlos con esos fines.
“Uno esperaría que al momento de cancelar una operación como Artemisa se cambie una perspectiva de tratamiento de los conflictos socioambientales y eso es lo que hasta el momento no es tan visible”, agrega Gómez. La principal pregunta, entonces, es cuál será la estrategia del gobierno para proteger la Amazonía.
El futuro de la selva
En lo que va del nuevo gobierno, el Ministerio de Ambiente ha mencionado que la deforestación se combatirá con estos componentes principales: acuerdos con comunidades en 15 núcleos de la Amazonia que podrían convertirse en núcleos de economía forestal, es decir, en zonas donde el propósito es que la economía forestal sea más atractiva que la economía ilícita; paz total para disminuir la presión que hay sobre los recursos en ciertas áreas; y control territorial, que se conseguiría con ayuda de la fuerza pública en coordinación con las instituciones civiles.
Sobre esto último Muhamad afirmó a principios de octubre en el primer Consejo Nacional de Lucha Contra la Deforestación que ya se definió “un trabajo coordinado hacia la prevención y la contención. Vamos a trabajar un plan institucional que aterrizaremos, con las demás entidades, en las regiones, priorizando por supuesto el arco de deforestación de la Amazonia”. Además, esta semana el gobierno anunció la creación de un fondo para conservar la Amazonia, financiado por “los impuestos de los colombianos”, con un presupuesto de partida de 600 mil millones.
Este fondo tendría como objetivo pagarles a las familias de los departamentos amazónicos entre 2 y 3 millones de pesos por “conservar la selva”. Sin embargo, aún no está claro cómo sería su implementación y en qué se diferencia esto del pago por servicios ambientales que actualmente opera Visión Amazonía, que entre 2016 y 2021 habría desembolsado más de 242 mil millones.
Hay también otras ideas. El Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina (CODS) de la Universidad de los Andes ha propuesto que se cree en el país una Agencia Nacional de Servicios y Oportunidades Ambientales que implemente una política nacional de negocios verdes “para dar estructura a la cadena de valor para el aprovechamiento sostenible de los bosques”.
Muhamad dice que el objetivo que concentraría los diferentes esfuerzos en materia ambiental es que en Colombia se restaure el mismo número de hectáreas que se deforesta cada año, para que así el país se convierta en un “capturador” de CO2. “Restaurar del páramo al mar”, dijo la ministra para El Espectador. Por ahora, en el país se han restaurado 500 mil hectáreas frente a 3 millones que se han deforestado.
Gómez, por su lado, insiste en que todas estas propuestas que ayudarían al fortalecimiento de economías forestales, no despegarán sin una garantía de un mercado consolidado para el aprovechamiento de los bosques, lo que quiere decir, en palabras suyas, que hasta que no se vea el mismo “esfuerzo institucional para coordinar esas acciones que podrían mitigar el conflicto ambiental”, un esfuerzo que, a su criterio, sí se está viendo “con los anuncios de securitización de la conservación”.
* Periodista de Amazonia y Ambiente. Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.