Aunque la población logró el retiro de una impopular reforma tributaria, persisten demandas que siguen sin ser escuchadas. Una de las más urgentes es el reclamo contra la violencia policial, que viene dejando cientos de heridos y 37 jóvenes asesinados por manifestarse.
Las protestas masivas comenzaron el pasado 28 de abril contra un proyecto de reforma tributaria. Fruto de la represión policial al menos 19 personas murieron y más de 800 resultaron heridas. Continúan desaparecidas 89 personas.
Fue la segunda alocución en tres días, en medio de la crisis más aguda de su Gobierno. Al mismo tiempo, en múltiples puntos de decenas de ciudades, había movilizaciones andando. El país cumplió ayer siete días protestando, hoy hay una nueva manifestación nacional convocada por el Comité del Paro.
El presidente de Colombia, Iván Duque, ha decidido sacar a los militares a las calles de las principales ciudades del país para contener las protestas contra la reforma tributaria. La intensidad de las manifestaciones ha escalado desde el miércoles, cuando se convocó un paro en todo el país, que ha tenido más seguimiento del esperado, en la medida en que Colombia vive el peor momento de la pandemia.
La profundamente impopular reforma tributaria promovida por Iván Duque desató la furia en Colombia. Tras la huelga general del 28 de abril, las protestas siguen creciendo, al igual que el desafío al régimen neoliberal autoritario de Duque.
En la selva a lo largo de la frontera colombo-venezolana, guerrilleros, criminales y elementos oscuros del Estado se disputan el control de los negocios ilícitos. La reciente arremetida de Venezuela contra uno de los grupos armados ha aumentado las tensiones. Bogotá y Caracas deben moderar su guerra de palabras y trabajar para prevenir una escalada bilateral indeseada.
El presidente presentó en el Congreso un proyecto de reforma tributaria con dos ejes centrales: aumento del IVA y ampliación de la base impositiva sobre los salarios. La medida generó el rechazo de entidades sindicales, organizaciones sociales, estudiantiles.
Militares venezolanos y guerrilleros colombianos vienen enfrentándose con un saldo de decenas de muertos y detenidos, al que se suman denuncias de crímenes graves contra la población civil. Por detrás de los combates, distintos grupos se disputan las ganancias de una floreciente economía ilegal.
En contraste con las falaces imágenes creadas por las élites y alimentadas por los medios de comunicación hegemónicos, Colombia es hoy un país al borde del estallido social, con crudas cifras de desigualdad, pobreza, desempleo y asesinatos políticos.
En Colombia la violencia está lejos de haber desaparecido con los acuerdos de paz. En regiones portuarias en las que abunda la pobreza de grupos étnicos históricamente relegados, la presencia de multinacionales extractivas se combina con la de bandas armadas. El Estado solo parece tener una respuesta: la militarización.
Del trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz se desprende que la cifra de víctimas es el triple de lo que se creía. Casi todas las muertes ocurrieron durante la presidencia de Álvaro Uribe.
Las noticias sobre el Bajo Cauca, en Antioquia, tienen algo en común en el último tiempo: el conflicto armado que nunca se fue y las víctimas que sigue cobrando.
En Estados Unidos hay más de cinco mil víctimas acreditadas de esa empresa bananera, que financió grupos paramilitares en el Urabá antioqueño. La abogada de Earthrights International, uno de los equipos que representa a las víctimas colombianas, se refiere a la alianza entre Chiquita, las Convivir, los paramilitares y el despojo de tierras.
El célebre y premiado periodista investigativo revela un secreto que el Estado colombiano ha guardado celosamente durante 34 años: la propuesta de un agente israelí que condujo al exterminio de miles de militantes de izquierda y la aprobación que impartió el presidente Virgilio Barco al criminal proyecto.
Representar a las víctimas en territorio hostil: del falso positivo a la Mesa de Víctimas de Rioblanco.
Ana Meira Castro perdió la custodia de dos de sus hijos: el gobierno colombiano se los quitó con el argumento de que no podía garantizarles sus derechos. El mayor, de 14 años, se ahorcó en un instituto de menores, según las autoridades. Al menos hace más de un año que no puede verlo.
Esta semana, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, llamó al Estado colombiano a detener «la horrenda violencia» a manos de grupos armados y el abandono que padecen amplios sectores de ese país. El organismo denuncia la ejecución sistemática de masacres y el asesinato de centenares de líderes sociales. La siguiente historia refleja la situación que se vive en las zonas rurales colombianas
En total, fueron asesinadas más de 350 personas, entre ellas 291 activistas por los derechos humanos.
Durante la jornada se conmemoró el aniversario de las históricas protestas que tuvieron lugar en noviembre pasado. Las movilizaciones fueron convocadas por centrales de trabajadores, organizaciones sociales, campesinas y de estudiantes.
Cerca de 2.000 firmantes del acuerdo de paz protestan para llamar la atención sobre los homicidios de 236 excombatientes desde su desmovilización.
Amnistía Internacional advierte de que las medidas adoptadas para evitar los constantes asesinatos de defensores de los derechos humanos no son efectivas.
Son ya siete días continuos de protestas no solo en las plazas y avenidas, sino también en la virtualidad, donde crece el llamado a la renuncia del Ministro de Defensa de Iván Duque, Carlos Holmes, y a la reforma estructural al cuerpo policial.
Bogotá arde y en las calles agentes persiguen a manifestantes para golpearlos entre varios. Los patean en el piso. “¡Asesinos!” gritan los testigos.
Esta masacre, a diferencia de las otras que ha vivido el país, ocurre en plena capital, no en un rincón aislado, y es una masacre atribuible a la Alcaldía y también a la Presidencia del país.
Las movilizaciones del 9 de Septiembre fueron mayoritariamente juveniles. Grafican no tan solo la rabia en contra la represión policial, sino, igualmente, el repudio a la marginalidad social a la que han sido sometidos millones de jóvenes que carecen de estudio y trabajo.
Frente al incumplimiento del Estado, grupos armados ligados al narcotráfico recurren al asesinato de campesinos e indígenas.
Recuerdo que un alto oficial del ejército nos dijo ‘Nuestra tarea es lograr la paz una fórmula para el Cese del Fuego y la Dejación de las Armas de las FARC-EP’.
Además de los fallecidos por covid, este mes de agosto ha sido de luto en el país por una serie de masacres que han estremecido y golpeado -como casi siempre pasa- sobre todo a la Colombia rural, profunda y vulnerable...
El mensaje implícito en el desarrollo de esta política va dirigido a la tecnocracia internacional que determina la “gobernanza monetaria mundial”, demostrándoles que aún en los tiempos difíciles de la pandemia imponen una ortodoxia monetaria que ofrece garantías a los intermediarios financieros. Indica, igualmente obediencia, en momentos en que las imposiciones fondomonetaristas obligan a los gobiernos de la periferia, a absorber una parte de los excedentes de liquidez causados por la emisión excesiva de los bancos centrales de los países metropolitanos en desarrollo de sus operaciones de salvamento interno (...) Actualmente, y a pesar de que la curva epidemiológica sigue en ascenso, la presión de las corporaciones patronales logró terminar en gran medida con el confinamiento, mientras que los hospitales y centros de salud continúan desabastecidos incluyendo al personal de la salud que no han recibido los elementos de bioseguridad ni los testes que detectan los contagios continúan siendo insuficientes.
Líder de la extrema derecha en Colombia y opositor al acuerdo de paz con las FARC, Uribe es el primer exmandatario de ese país en ser detenido por la Justicia. A pesar del apoyo que recibe del gobierno de Iván Duque, los profusos vínculos de su entorno con el paramilitarismo y los escándalos que rodean sus gobiernos lo han puesto bajo la mira de los tribunales...
En los últimos 20 años, el Ejército colombiano ha matado, al menos, a 6.000 civiles para inflar las cifras de su política antiterrorista. Tras la firma de los Acuerdos de Paz en 2016, los testimonios de estas matanzas comienzan a ver la luz, pero los crímenes de Estado continúan...
José, líder comunitario del resguardo indígena Tamaquito II, recuerda a su abuelo contarle el momento en que la empresa empezó a realizar las labores de exploración, a finales de los años setenta del siglo pasado: “Decía que, cuando veía los huecos pequeños, nunca pensó en la magnitud que tendría luego el proyecto, un hueco inmenso de más de 65 mil hectáreas. En ese entonces todavía era nuestro territorio”.