Vehículos militares en la pista del futuro Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, noreste de Ciudad de México, México, 1 de febrero de 2022. Lisette Poole para Le Monde.
Andrés Manuel López Obrador le ha confiado al ejército megaproyectos de infraestructura civil, algo que se ha convertido en el pilar de su política de transformación del país.
F. Saliba, corresponsal en México
Le Monde, 10-2-2022
Traducción de Correspondencia de Prensa, 11-2-2022
Una nube de polvo flota sobre la enorme obra del segundo aeropuerto de Ciudad de México y, debajo, da vértigo el vals de las excavadoras. Una patrulla de soldados avanza en formación por esta antigua base aérea militar, a 45 kilómetros del centro de la megalópolis. Unos 4.700 trabajadores están trabajando en tres turnos para terminar las obras a tiempo. El presidente, Andrés Manuel López Obrador («AMLO»), fijó la fecha del 21 de marzo para la toma de posesión. Es uno de los muchos «proyectos prioritarios» encomendados por el jefe de Estado al ejército, que se ha convertido en el pilar de su «transformación de México». Las grandes obras, la seguridad pública, la lucha contra la inmigración ilegal, la sanidad, los programas sociales… Los soldados están por todas partes. La oposición, los expertos y los defensores de los derechos humanos denuncian una «militarización del país».
El ejército, conocido por su opacidad, juega la carta de la comunicación y recibió en la obra a 43 periodistas el 1° de febrero para una visita guiada conducida a toda velocidad. Los camarógrafos y fotógrafos se amontonaron en la parte trasera de tres enormes Ford Cheyenne. Las camionetas de camuflaje avanzan rápidamente hacia la imponente y flamante terminal, seguidas por un autobús fletado para la prensa. Los soldados hacen un saludo militar cuando el convoy atraviesa las 1.500 hectáreas del futuro «Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)», que lleva el nombre de un artillero que fue héroe de la revolución mexicana en 1910. La torre de control se alza en la distancia en medio de montículos de tierra. Una de las tres pistas de aterrizaje ya recibe vuelos del ejército.
«El ejército es el pueblo en uniforme»
Dentro de la terminal, con sus 55.000 metros cuadrados de triple cristal, el estruendo de los taladros puntúa la visita. «La obra está terminada en un 88%, afirma satisfecho el capitán Raúl Miranda, uno de los ingenieros del ejército encargados del proyecto, que comenzó en octubre de 2019. El aeropuerto acogerá a 19,5 millones de pasajeros al año para descongestionar el antiguo aeropuerto de Ciudad de México.» Micrófono en mano, el capitán enumera las proezas tecnológicas de de la obra en la futura sala de dirección. Una vez inaugurada, el AIFA será gestionada por los altos mandos. «AMLO» anunció que los ingresos que se obtengan serán destinados a las jubilaciones de los soldados. Un holding militar también administrará otros tres nuevos aeropuertos, construidos por el ejército en el sur del país. La empresa, denominada «Grupo Aeroportuario y Ferroviario», también gestionará el famoso tren Maya.
Este es el otro proyecto faraónico de «AMLO»: un bucle ferroviario de 1.500 kilómetros para unir las ruinas arqueológicas mayas y los balnearios e impulsar el turismo en el sureste del país, mucho más allá de Cancún. Desde 2020, el ejército está construyendo tres de los siete tramos de vía férrea que serán inaugurados en 2023. Su presupuesto pasó de 2.900 a 9.700 millones de dólares (de 2.500 a 8.500 millones de euros). En cuanto a la Marina, desde 2019 tiene a su cargo un segundo proyecto ferroviario: el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec atravesará el sur del país, uniendo la costa del Pacífico con el Golfo de México. Estos dos megaproyectos quedarán también en manos de los militares.
«El ejército es el pueblo uniformado», insiste «AMLO». El uso de soldados reduce los costos de las obras, pero también los riesgos de corrupción y de privatización en el futuro. El presidente de centro-izquierda había cancelado, a finales de 2018, la construcción en curso de otro aeropuerto en la capital, al lado del que ya existía. Según él, las «malas prácticas financieras» del sector privado hicieron que el presupuesto aumentara hasta alcanzar 13.000 millones de dólares, frente a los 3.600 millones del proyecto alternativo adjudicado al ejército.
Libros escolares y fertilizantes
El Ministerio de Defensa tiene 148.537 soldados desplegados en todo México. Más de 80.000 personas se encargan de la seguridad pública frente a los golpes de los cárteles de la droga. La ultraviolencia de las mafias obligó a los expresidentes Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) a recurrir al ejército. Sus efectivos casi se duplicaron desde que «AMLO» llegó al poder. Había prometido mandar a los soldados a sus cuarteles, acusados de haber alimentado la guerra de los cárteles, con más de 300.000 muertos en quince años.
«AMLO» fue mucho más allá, otorgando al ejército el control de las aduanas y los puertos. Incluso la lucha contra la inmigración ilegal se ha militarizado. De acuerdo con Washington, 28.000 militares vigilan las fronteras sur y norte de México en un intento de bloquear el flujo de migrantes hacia Estados Unidos. Los militares también distribuyen libros de texto, fertilizantes y combustible. Plantan árboles frutales o construyen 2.700 sucursales del nuevo «banco del bienestar» encargado de distribuir las ayudas sociales a los más pobres.
El hospital de color verde oliva que se encuentra en las instalaciones del aeropuerto de Ciudad de México será el undécimo gran centro de salud militar. Todos fueron movilizados para paliar la saturación hospitalaria provocada por el estallido de la pandemia del Covid-19. Desde entonces, el apoyo logístico del ejército ha sido esencial para el suministro de vacunas. Por no hablar de los 19 proyectos médicos y científicos también gestionados por los militares. En total, se han atribuido más de cien funciones al ejército en los últimos tres años, según la organización México Unido contra la Delincuencia (MUCD). Esta avalancha de prerrogativas civiles ha llevado a duplicar el presupuesto de las fuerzas armadas, el que pasó de 5 a casi 10.000 millones de dólares en cuatro años.
«Esta militarización viola la Constitución»
«El hecho de convertir al ejército en gran patrón es una amenaza para nuestra democracia, dice Lisa Sánchez, directora de MUCD. Los soldados sólo son responsables ante el presidente, el jefe de las fuerzas armadas. Esto va a crear una nueva élite económica de funcionarios involucrados en una lógica de mercado sin garantías de transparencia.» A Alejandro Hope, experto en seguridad, le preocupa «la corrupción de los militares por el crimen organizado, mientras que la militarización de la seguridad pública es un fracaso».
En los primeros tres años del mandato de AMLO se cometieron más de 105 mil homicidios. Peor aún, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México recibió 3.799 quejas entre 2013 y 2020 relacionadas con abusos militares en un país que tiene casi 100.000 desaparecidos, incluidos 25.000 desde 2018. «Los soldados son entrenados y armados para hacer la guerra», deploraba a mediados de enero Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los medios de comunicación. Estos abusos despiertan los demonios del pasado, cuando los militares reprimieron sangrientamente los movimientos de protesta entre las décadas de 1960 y 1980. Para Sánchez, «esta militarización viola la Constitución», que especifica que la seguridad es una prerrogativa civil. El texto especifica que «ninguna autoridad del ejército puede ejercer otras funciones que las que estén en exacta relación con la disciplina militar».
En su preocupación por evitar eventuales recursos de inconstitucionalidad, «AMLO» legalizó por decreto, en 2020, la intervención del ejército en materia de seguridad pública hasta 2024. El momento de consolidar la nueva guardia nacional (113.833 hombres y mujeres), creada en 2019 para sustituir a la policía federal, gangrenada por la corrupción. Este nuevo cuerpo está bajo mando civil, mientras que más de seis de cada diez guardias nacionales son militares, lo que indirectamente refuerza los recursos financieros y humanos del ejército. Tanto es así que en julio de 2021 «AMLO» presentó un proyecto de reforma constitucional que pretendía incorporar las guardias nacionales a la Secretaría de la Defensa. Desde entonces, la iniciativa ha sido bloqueada en el Congreso por los diputados de la oposición, los que critican «un proyecto que le quita todo el control a la sociedad civil».
«Sin aspiraciones políticas»
En noviembre de 2021 se produjo la misma reacción contra otro decreto emitido por «AMLO» que consideraba las grandes obras militares como tareas de «seguridad nacional». La Suprema Corte de Justicia impuso una obligación de transparencia al gobierno sobre estos megaproyectos. El presidente rechazó las preocupaciones de la Suprema Corte: «Nadie le ha ordenado al ejército que vigile o que oprima a la sociedad». Por su parte, el general Luis Cresencio Sandoval manifestó que «las fuerzas armadas y la guardia nacional son conscientes de su subordinación al poder civil y no tienen ninguna aspiración política», en declaraciones hechas el 20 de noviembre, durante el desfile del 111º aniversario de la revolución mexicana.
En las obras del aeropuerto Felipe Ángeles, la visita llega a su fin. Un periodista mexicano le pregunta a un oficial sobre el uso que hace el ejército de la información morfológica de los pasajeros, que será recogida por 92 dispositivos biométricos. El teniente eludió la pregunta. Un silencio que revela las dificultades que tienen los militares para romper con la cultura de la opacidad.