Editorial de Esquerda Online, 3-7-2020

Traducción de Ernesto Herrera – Correspondencia de Prensa, 6-7-2020

Brasil ya ha superado las 60.000 muertes por Covid-19, según datos oficiales. En términos absolutos, es la mayor tragedia humanitaria de la historia nacional. En sólo cuatro meses, hemos superado la cifra estimada de 50.000 a 60.000 muertos en la Guerra de Paraguay (1864-1870) y casi duplicado los 35.000 muertos en la pandemia de gripe española (1918-1920). En comparación con las tragedias contemporáneas, el número de muertes en estos cuatro meses supera al de muertes anuales por delitos violentos, así como por accidentes de tráfico en el país (alrededor de 40.000 por año en cada caso). El número diario de muertes por Covid-19, desde mayo, ha superado el promedio de muertes en el país por enfermedades cardiovasculares (alrededor de mil por día) y cáncer (más de 600 por día). Y la pandemia está lejos de ser controlada por aquí, y siendo trágicamente posible predecir que decenas de miles de vidas más se perderán antes de que eso ocurra.

El impacto de estas pérdidas en la imaginación colectiva es imposible de medir en el curso de la tragedia, especialmente cuando el gobierno federal ha adoptado una postura negacionista y genocida, operando desde marzo para boicotear las políticas de aislamiento social que podrían controlar la propagación del virus. Con el paso de los meses, los gobernadores y alcaldes se fueron adhiriendo cada vez más a un discurso de minimizar el desastre sanitario en curso, maquillando los datos y elaborando, quién sabe dónde, los llamados indicadores “científicos” para justificar la apertura prematura de las actividades económicas. Sin embargo, tarde o temprano, esa responsabilidad política por las muertes, deberá ser cobrada.

Crisis sanitarias y económico-sociales golpean con más fuerza a la clase trabajadora

La enfermedad puede afectar a cualquiera, pero, las desigualdades que estructuran la sociedad brasileña generan tasas de incidencia y mortalidad que no están distribuidas equitativamente. Investigaciones recientes del LabCidade de la USP (Universidad de San Pablo) demuestran con datos que, en San Paulo, la población que más viaja por la ciudad a través del transporte público es la que más sufre los efectos de la pandemia, es decir, los que salen de casa para trabajar son los más afectados por la enfermedad.

Sufriendo severamente la crisis sanitaria, la clase trabajadora también está siendo brutalmente afectada por la mayor y más rápida crisis económica y social de la historia reciente del país. En el primer trimestre de 2020, sobre el cual la crisis sanitaria apenas tuvo repercusiones en los últimos 15 días de marzo, los datos que mostraban una caída del PIB de alrededor del 1,5% ya indicaban el comienzo de una recesión en el país. La previsión es que en la segunda mitad del año la caída del PIB alcanzará el 10% e, incluso en las evaluaciones más optimistas sobre la posibilidad de una rápida recuperación económica, se estima que estamos en el comienzo de la peor crisis económica en al menos en 40 años.

Los trabajadores, sin embargo, saben que la crisis no afecta a todos de la misma manera. Como en anteriores crisis capitalistas, la factura llega a la parte más débil y la clase trabajadora ya la está pagando, con una intensidad dramática, sin precedentes. Los datos del IBGE (Instituto Brasilero de Geografía y Estadística) para el trimestre que terminó en mayo, indican que el desempleo alcanzó la tasa de 12,9% (12,7 millones de personas). Aunque la tasa ha crecido, no revela el tamaño de la crisis. Ello se debe a que estuvo acompañado de un crecimiento récord de otros indicadores, como la tasa de desánimo (personas desempleadas que no buscaron trabajo durante el período) y la población subutilizada (que trabaja menos horas de las que desearía). Los desalentados y subutilizados suman unos 36 millones de personas. Así, la población ocupada de 85,9 millones de personas en el trimestre cerrado en mayo, representa una pérdida de 7,8 millones de puestos de trabajo en comparación con el trimestre anterior y el nivel de ocupación (porcentaje ocupado del total de personas en edad de trabajar) por la primera vez desde que se empezó a calcular es inferior al 50%. La caída del empleo afectó a los trabajadores formales (menos 2,5)

El impacto de esta situación en los ingresos del trabajo es devastador. La masa de los ingresos laborales (derivados de los salarios, sin contar las ayudas, las jubilaciones y las pensiones) cayó un 5% en el trimestre que cerró en mayo. En ese mes, 13,5 millones de personas estaban alejadas del trabajo, mientras que 8,9 millones hacían trabajos a distancia. El 36,4% de las personas empleadas (más de 30 millones de personas) tenían unos ingresos inferiores a los que normalmente percibían en mayo. Esto es el resultado de la legislación aprobada en el congreso nacional desde marzo, que permite la reducción de la jornada laboral con reducción de salario, despidos temporales con remuneración parcial (a través del fondo público), entre otros ataques a los derechos de la clase trabajadora.

Mujeres, negras/negros y LGBTI pagan la cuenta más cara

Si la clase trabajadora es la gran penalizada por la conjunción de las crisis, existen parcelas en su interior que pagan una factura aún más cara. A partir de los datos de mediados de mayo, publicados por el Ministerio de Salud, fue posible, por ejemplo, calcular que la tasa de mortalidad entre los individuos internados de la población negra era del 55%, mientras que entre los individuos blancos era del 38%. Por otra parte, las mujeres y las personas LGBTI, en medio del escenario de aislamiento social, se han enfrentado a tasas crecientes de violencia doméstica y delitos de odio.

Estas desigualdades también son evidentes en el mercado laboral brasileño, que está atravesado por desigualdades de género y de raza. Históricamente, la proporción de negros, mujeres y LGBTI en la fuerza de trabajo experimenta tasas de desempleo más altas, salarios más bajos, condiciones de trabajo más precarias y un acoso más frecuente. Las tasas más altas de desempleo también entre los jóvenes y las desigualdades regionales completan el cuadro. Con la pandemia, todo esto se agrava, especialmente entre las mujeres, a quienes el capitalismo atribuye, actualizando la opresión patriarcal, la responsabilidad del trabajo doméstico y el cuidado no remunerado. Con la pandemia y el aislamiento social, aunque sea parcial, se habla internacionalmente de una recesión femenina. Un único indicador disponible ya permite medir esta cara de la crisis social: el empleo doméstico, que concentra a las mujeres, sobre todo a las negras, disminuyó en mayo un 19% con respecto al período anterior (1 millón de empleos menos).

En relación con la población LGBTI, es difícil obtener datos, debido a la política estatal de ocultar la existencia misma de este sector de la población. Sin embargo, las redes de recepción y asistencia informan de que ha habido un aumento significativo del número de personas LGBTI que buscan ayuda después de haber sido expulsadas de sus hogares, agredidas o de haber perdido sus trabajos. La mayoría de las travestis, debido a la violencia en la familia, en la escuela y en el mercado laboral, acaban teniendo la prostitución como única alternativa de supervivencia y, por lo tanto, son mucho más susceptibles a la pandemia que el resto de la población. Por si fuera poco, muchos reaccionarios culpan de la pandemia a estos trabajadores sexuales, un discurso de odio que aumenta aún más la violencia transfóbica.

Este precipicio social explica por qué el gobierno de Bolsonaro, el más reaccionario desde la redemocratización, con el ministro de economía más neoliberal desde los años 90, se ha visto obligado a ejecutar el mayor programa social de la historia del país, a través de la ayuda de emergencia, que se está pagando a más de 60 millones de personas, estando presente hoy en más del 38% de los hogares brasileños. Su valor de R$600,00 (unos 110 dólares, mientras que Guedes y Bolsonaro originalmente querían pagar sólo R$200,00), y la prórroga ahora por otros dos meses (además de los tres ya pagados), resultado de mucha presión social, son absolutamente insuficientes para garantizar condiciones de vida decentes para los millones de trabajadores afectados por la crisis. Sin embargo, para tomar un término de comparación, vale mencionar que el valor promedio del Bolsa Familia es de alrededor de R$ 190,00 y el programa llega a 13,5 millones de familias (en su apogeo, durante los gobiernos del PT, atendió a alrededor de 20 millones de familias).

Movilizaciones de los trabajadores avanzan

Es fundamental reagrupar las fuerzas del trabajo y actuar colectivamente para que la cuenta de esta crisis, de dimensiones sin precedentes, no siga cayendo sobre las espaldas de la clase trabajadora y especialmente de sus capas más precarias y empobrecidas, en las que predominan los negros y las negras, con un impacto aún mayor entre las mujeres. Desde el comienzo de la pandemia, numerosas iniciativas de solidaridad de clase han asegurado que una parte significativa de la clase trabajadora tenga acceso a alimentos y artículos de higiene. Son auxilios de las comunidades de favelas, donaciones de cooperativas de productores rurales, como del MST (Movimiento de los Sin Tierra), y colectas organizadas por movimientos de lucha por la vivienda, como el MTST (Movimiento de los Trabajadores Sin Techo).

En las últimas semanas, este proceso de movilización de la clase trabajadora se ha expresado también como un enfrentamiento directo con los gobiernos y el empresariado. Numerosas entidades, movimientos y colectivos han organizado actos en varias ciudades del país contra la política genocida de Bolsonaro y el racismo estructural que caracteriza a nuestra sociedad. Las huelgas contra el corte de derechos, como la de los trabajadores del metro de Minas Gerais (y posiblemente de San Paulo la próxima semana), o por los derechos mínimos, como en el movimiento nacional de los repartidores por aplicación el pasado 1 de julio, constituyen otro paso hacia el fortalecimiento de los subalternos.

Para que el camino abierto por estas luchas conduzca a conquistas cada vez más expresivas y a la movilización de más sectores, es fundamental elaborar un amplio programa de reivindicaciones que apunte a una salida de las crisis sanitaria y económico-social guiada por las necesidades de la clase trabajadora. Las siguientes banderas son parte de este programa:

– garantizar la ayuda de emergencia hasta, por lo menos, el final del año, con el valor de un salario mínimo;

– revertir las leyes que recortaron derechos laborales y sociales;

– revocar la Enmienda Constitucional del Techo de Gastos, suspender el pago de los intereses y cargas de la deuda pública e instituir un impuesto sobre las grandes fortunas para aumentar el monto de recursos destinados a las políticas sociales;

– crear las condiciones para que la clase trabajadora en actividades no esenciales permanezca en su casa, para permitir un nivel de aislamiento social que permita controlar la propagación de la enfermedad;

– garantizar EPIs (equipos de protección individual) para todas las trabajadoras y todos los trabajadores en actividades esenciales.