El ruido preelectoral presente sofoca el debate político racional, herramienta imprescindible e irrenunciable para la mayoría social, la clase trabajadora y la izquierda política. Y lo hace por varias vías.
Hay estados anti-democráticos que no solo reprimen la oposición política, sino que también la criminalizan, una manera muy efectiva de evitar la divulgación y discusión de las ideas políticas que divergen de la ideología en el poder. Ese fue el caso en la Unión Soviética y sigue siendo el caso de los regímenes que adoptaron las estructuras principales del modelo soviético, tales como China, Vietnam y nuestra propia Cuba.
Estas leyes son tres facetas de la misma política de amenazas contra todas las actividades independientes de la ciudadanía, contra la expresión y la divulgación de opiniones críticas contra el gobierno y contra todos los intentos de formar una oposición política frente al régimen dictatorial del presidente Daniel Ortega y de su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo.
La investidura de Pedro Sánchez ha fracasado y con ella lo ha hecho la táctica de Podemos que fiaba todas sus bazas a entrar en el gobierno como supuesto garante de las políticas sociales. El PSOE ha intentado una doble jugada: contener a la derecha ofreciéndose como estabilizador de la gobernabilidad “razonable” para los intereses del capital y el régimen de 1978...