Detrás de la reforma constitucional jujeña que limita el derecho a la protesta y permite disponer de territorios indígenas sin consultar a las comunidades, asoma un conflicto que enfrenta al poder minero y a los pueblos originarios en una región clave del llamado triángulo del litio.
Jujuy es una suerte de laboratorio de lo que nos espera como país si gana la fórmula opositora en las presidenciales de octubre. Es una postal, también, de cómo mira un sector del progresismo el modelo extractivista. Y de cómo los pueblos indígenas siguen siendo presos de la polarización política, y más en un contexto de derechización de la oferta electoral.
La jura de la nueva carta magna provincial, que tuvo un debate exprés y cercena el derecho a la protesta, desató manifestaciones de trabajadores estatales, docentes, movimientos sociales y pueblos originarios.