El “ajuste” sobre los ingresos, las condiciones laborales y de vida de las masas trabajadoras y populares, por ahora, se ha impuesto. Lo hizo con el apoyo y consentimiento –por encima de diferencias menores- de las cámaras empresarias, los principales partidos políticos (incluidos gobernadores y legisladores del peronismo) y la “tolerancia”, en contenido profundo, de la mayor parte de los dirigentes sindicales.