El 10 de marzo de 2026, un grupo independiente de expertos internacionales, conocido como GIPES, declaró que el régimen de excepción de Bukele, que desde marzo de 2022 restringe tres garantías constitucionales en el país, debería ser investigado por Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional por el posible cometimiento de crímenes contra la humanidad.