En la capital mexicana ya no hace falta una sentencia judicial para vaciar una vivienda. Desde 2016, la fiscalía ambiental ganó potestad para investigar las denuncias por despojo de inmuebles en la capital y usó ese poder para expulsar vecinos sin permitirles defenderse y entregar sus casas al capital inmobiliario.
Las consecuencias económicas de la pandemia han dejado a familias sin casa. El gobierno no ha otorgado apoyos económicos ni alternativas legales para evitarlo. Organizaciones de derecho a la vivienda solicitan que se apliquen moratorias, como ya sucedió en otros países.
En Estados Unidos, entre 30 y 40 millones de inquilinos están en riesgo de ser desalojados a partir del 1º de febrero si el presidente electo, Joe Biden, no emite en sus primeros días de gestión un decreto que frene esta situación, alertó una ONG que trabaja por el derecho a la vivienda. Se trata de un problema que afecta principalmente a las minorías que habitan el país y que se vio agravado en los últimos meses por la crisis que instaló la llegada de la pandemia.
Cientos de miles de inquilinos ya no pueden pagar sus alquileres, en particular en la ciudad de Nueva York, donde los precios son exorbitantes. Heredera de las huelgas de alquileres del siglo XX, la «rent strike» de 2020 se diferencia por su amplitud...
“Todos los órganos vinculados al tema de la reforma agraria fueron desmantelados. Todas las políticas para el campo están paralizadas. Para complicar la situación, hay un desmantelamiento de los procesos de posesión comunitaria. Asentamientos y campamentos con más de diez años, en proceso de emisión de títulos, han sido expulsados de su tierra”...