A finales de 2019, siete hombres fueron condenados por el asesinato de Berta Cáceres Flores, una reconocida activista medioambiental de izquierdas y líder de la comunidad indígena lenca.
La Justicia hondureña suspendió el proceso contra David Castillo, acusado de ordenar el asesinato de la referente indígena y ambientalista en 2016. Aunque su defensa recusó a los magistrados a cargo, las pruebas de la acusación lo implican a él y a miembros de una de las familias más poderosas del país.
Las elites hondureñas son también responsables del crimen de la luchadora de izquierda, ecologista y feminista, en marzo de 2016. Su planificación desnudó las oscuras relaciones entre el poder económico y el poder político en Honduras.