Es la primera intervención federal de este tipo sobre la seguridad pública de un estado de la unión desde que se consagró la Constitución de 1988 y Brasil recomenzó su trayectoria democrática. La medida –un decreto presidencial que requiere aprobación parlamentaria pero rige desde su promulgación– tiene diversos aspectos a ser considerados, incluso el relacionado con el lugar que ocupa realmente Rio en el propio pacto federativo...