Desde comienzos del siglo XXI, América Central se encuentra atrapada en una serie de tensiones inéditas producto de transformaciones sociopolíticas contradictorias. Los acuerdos de paz y las transiciones democráticas se contraponen a tasas de homicidios que ubican a los países de la región entre los más violentos del mundo, así como a fenómenos de corrupción generalizada.
La inflación se elevó en los últimos años hasta ubicarse en zona peligrosa en los meses recientes: hoy las proyecciones ubican la inflación en el 79 % anual hacia fin de año. Pero no se descarta que la espiralización entre la suba del dólar y el aumento de precios lleve a superar el índice a 100 % anual.
Luego de la violenta represión de las protestas, el gobierno de Daniel Ortega retomó el control del país y asumió en enero su cuarto mandato consecutivo, tras detener a los principales candidatos opositores. Pero se enfrenta a problemas de financiamiento en el marco de las sanciones internacionales, sobre todo de Estados Unidos, y de la crisis de Venezuela. Su abandono del apoyo a Taiwán y el viraje hacia China plantean numerosos interrogantes.
El triunfo de Xiomara Castro cambia el panorama político hondureño y abre un «giro a la izquierda» en la nación centroamericana.
El Ecuador, pequeño país andino de 17 millones de habitantes, no se encuentra muy a menudo bajo los proyectores de la actualidad internacional. Sin embargo, tanto la inserción de su trayectoria político-estatal en la “marea rosa” de gobiernos progresistas latinoamericanos bajo los mandatos de Rafael Correa entre 2007 y 2017 como el dinamismo cíclico de sus luchas sociales, y en particular de las movilizaciones del poderoso movimiento indígena reagrupado en las filas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), ha logrado esporádicamente atraer la atención de la opinión publica progresista fuera de sus fronteras.
Las tensiones fronterizas entre Venezuela y Guyana volvieron a ser noticia. En diciembre, la Corte de Internacional Justicia de La Haya se declaró competente para ver el caso. Mientras que Georgetown celebró la decisión como «un gran momento», Caracas la tildó de «infame». Entretanto, Guyana se convirtió en un país petrolero.