Edificio de la Asamblea Nacional de Quito rodeado de fuerzas policiales, el 17 de mayo. Foto: AFP, RODRIGO BUENDÍA
Tras la disolución del parlamento por Lasso, los ecuatorianos se aprestan a una campaña electoral en la que primarán la fragmentación y la inestabilidad.
Decio Machado, desde Quito
Brecha, 2-6-2023
Correspondencia de Prensa, 2-6-2023
El 20 de agosto, los ecuatorianos irán nuevamente a las urnas ante la convocatoria anticipada de elecciones presidenciales y legislativas en el país. Estas elecciones de carácter extraordinario son consecuencia de la disolución de la Asamblea Nacional por el presidente Guillermo Lasso, tras invocar la cláusula constitucional popularmente conocida como «muerte cruzada».
Es la primera vez que en Ecuador se aplica esta figura legal, que, pese a estar recogida en la Constitución de 2008, nunca había sido puesta en práctica. A partir de la disolución del legislativo, la ley faculta al mandatario ecuatoriano a gobernar mediante decretos de urgencia económica durante los próximos seis meses –plazo en el que debe conformarse un nuevo gobierno– sin el contrapeso de ningún otro poder del Estado.
Así las cosas, la sociedad ecuatoriana se enfrenta por la vía de los hechos a que su carta magna –considerada por muchos como el máximo exponente del constitucionalismo posneoliberal– legitima y viabiliza un modelo de gobierno con alto déficit democrático como medida para enfrentar las crisis de Estado.
¿Por qué disolver la Asamblea Nacional?
El 17 de mayo, los ecuatorianos amanecieron en un país cuya capital había sido militarizada. Desde la madrugada, varios escuadrones de las fuerzas armadas rodearon la Asamblea Nacional con el fin de impedir la posible entrada de los legisladores a dicho recinto. De igual manera, batallones militares se apostaron en el perímetro del palacio presidencial de Carondelet con el objetivo de proteger el centro neurálgico del poder institucional ante cualquier posible expresión de descontento social.
El habitual desayuno temprano en los hogares de las familias trabajadoras vino, en esta ocasión, acompañado por la emisión de una cadena televisiva gubernamental que fue paralelamente retransmitida por los medios radiales de mayor audiencia. En compañía de sus ministros más cercanos, todos hombres blancos pertenecientes a la elite económica del país, el mandatario hacía público su veredicto: «He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el decreto ejecutivo n.º 741. Además, he solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales».
Sin embargo, y más allá de elocuentes discursos, la alusión del presidente Lasso a una supuesta «grave crisis política y conmoción interna» en el país como argumento legitimador de tal decisión no tuvo retorno por parte de la sociedad ecuatoriana. Lasso, el presidente latinoamericano con más bajo índice de aprobación en este momento, enfrentaba entonces un juicio político por peculado en la Asamblea Nacional. La disolución del órgano que ejerce el poder legislativo en Ecuador se dio 48 horas antes de que tuviera lugar una sesión plenaria en la que, con el voto anunciado de más de dos tercios de sus legisladores, el presidente habría sido destituido de su cargo.
Pese a la inexistencia de causales reales que justificasen la «muerte cruzada» invocada por Lasso, las fuerzas armadas –ignorando que dicha resolución requiere ser previamente convalidada por la Corte Constitucional– expresaron públicamente y de forma inmediata su apoyo al mandatario y su accionar. Con un país carente de equilibrio y separación de poderes, cualidad fundamental que caracteriza a las democracias representativas, y tras la convocatoria acelerada de elecciones generales extraordinarias, Lasso enterró de un plumazo la investigación que estaba siendo llevada a cabo respecto a una trama de corrupción que se expande por al menos cuatro empresas públicas y que fue denominada como Caso Encuentro.
Coyuntura actual
El país vuelve a vivir una situación muy similar a lo sucedido entre la segunda mitad de la década de 1990 y la primera mitad de la de 2000, cuando un profundo descontento generalizado entre la población resultó en levantamientos populares que derrocaron uno tras otro a tres presidentes de la república: Abdalá Buracam en 1997, Jamil Mahuad en 2000 y Lucio Gutiérrez en 2005. No obstante, y a diferencia de entonces, el actual y profundamente rasgado tejido social ecuatoriano carece del músculo necesario para mantener la movilización social de forma sostenida.
Desde la década de gobierno correísta hasta hoy, predomina como visión gubernamental entender el conflicto social como una anomalía que debe ser evitada a toda costa. Esta incapacidad para gestionar los antagonismos, sostenida de forma permanente por los distintos gobiernos de turno, termina explotando en violencia extrema una vez cerrado el espacio de lo posible.
Dicha situación se agudiza en el actual gobierno, dada su total desconexión con la población –reflejada en las encuestas– tras ir quemando de a poco todos los canales antes existentes de diálogo con los sectores populares. El gobierno ecuatoriano se interpreta a sí mismo como un gobierno «pretoriano», conformado por lo que las elites económicas consideran como los «mejores», lo que los lleva a prescindir de cualquier articulación con lo plebeyo y a ensanchar la ya profunda brecha existente entre ellos (oligarquía patriarcal y «miamizada») y la gente.
Momento preelectoral
Ecuador se enrumba hacia lo que serán las elecciones más atípicas que hasta el momento ha enfrentado el país. Convocadas con apenas 90 días de antelación y en un contexto generalizado de desánimo y apatía social, se estipuló que el período de campaña electoral se limite a ocho días. El cronograma establecido por el Consejo Nacional Electoral convoca a los 13,4 millones de electores ecuatorianos a votar en primera vuelta el próximo 20 de agosto y, muy previsiblemente, a una segunda vuelta el 15 de octubre.
Obligadas por la circunstancia, las organizaciones políticas perfilan a marcha forzada durante estos días sus respectivos binomios presidenciales y listas de legisladores, vulnerándose toda posibilidad de democracia interna y proceso de primarias en el interior de los partidos. Aún por definirse el conjunto de candidaturas en disputa, todo parece indicar que volverá a repetirse un amplio abanico de ofertas de la última elección y, en consecuencia, un amplio fraccionamiento del voto.
A priori, el elemento político más novedoso en esta disputa electoral será la irrupción de varias candidaturas identificadas con el populismo conservador o la ultraderecha. Por el lado de la izquierda, está por definirse quién será el candidato presidencial del movimiento indígena y la posibilidad de acuerdos entre el correísmo y los sectores sociales en resistencia. Pese a que la corriente política liderara por el expresidente Rafael Correa es la que mayor simpatía despierta entre el electorado, lo más probable es que requiera de alianzas estratégicas para ganar. Más allá de lo anterior, respecto al posible resultado electoral nada es seguro aún.