Ana Cristina González Vélez, archivo personal.
Con Ana Gonzalez Vélez sobre el aborto
Avance histórico
La exdirectora nacional de Salud Pública y militante feminista colombiana habló con Brecha, en vísperas de las elecciones, de cómo se logró la conquista registrada este año.
Brecha, 6-5-2022
Correspondencia de Prensa, 7-5-2022
Una de las buenas cosas que sucedió en Colombia este año fue la amplia despenalización del aborto decidida en febrero por la Corte Constitucional. Brecha conversó al respecto con Ana Cristina González Vélez, máster en Investigación Social en Salud, doctora en Bioética y una de las animadoras de la asociación Causa Justa.
«Hasta hace 15 años, Colombia era parte de los países donde el aborto estaba totalmente prohibido. Ahora está entre los que tienen una de las legislaciones más avanzadas en la materia», dice a Brecha la militante feminista, que años atrás fue directora nacional de Salud Pública de su país, trabajó para varias agencias de las Naciones Unidas y hoy es consultora de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). Cuando en 2006 la Corte Constitucional despenalizó las interrupciones voluntarias de embarazos en tres supuestos (riesgo de muerte para la madre, malformación fetal y violación), el problema del aborto era uno de los más acuciantes en materia de salud pública en Colombia. De acuerdo a cifras del Women’s Link Worldwide, se practicaban unos 400 mil al año, obviamente todos clandestinos y muchos de ellos en pésimas condiciones sanitarias. Casi la cuarta parte del total de embarazos en Colombia terminaba por entonces en un aborto.
Aquella decisión de la corte de hace 16 años, que se dio en pleno proceso electoral y en medio de una virulenta campaña de la Iglesia católica, los partidos conservadores y los movimientos provida (las mujeres que abortaban eran calificadas de genocidas), «fue muy valiente y supuso un gran avance, aunque dejó las cosas a mitad de camino», dice González Vélez. «El fallo establecía que el aborto era un derecho humano fundamental de las mujeres que optaban por practicarlo en las tres circunstancias autorizadas, pero al mismo tiempo lo dejaba como delito en el Código Penal. Esa dualidad acarreaba peligros.»
Desde esa decisión, la mortalidad y la morbilidad por aborto cayeron. Sin embargo, los obstáculos que debían enfrentar las colombianas para poder interrumpir su embarazo siguieron siendo enormes (presiones, desconocimiento de la norma por funcionarios, persecución directa a las mujeres, sobre todo en zonas rurales, desigualdades según las regiones). Por otro lado, el parlamento, al que desde 2006 la corte exhortó en tres ocasiones para que adoptara disposiciones que garantizaran el acceso al aborto, nada hizo en ese sentido. Se presentaron, eso sí, unos 50 proyectos de ley que contradecían la línea jurisprudencial de la corte.
Debate social
Fue en ese contexto que la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, impulsora desde fines de los noventa de la legalización del aborto, «resolvió dar un paso más y trasladar el debate a la sociedad toda», cuenta González Vélez.
En 2018 se creó Causa Justa, un movimiento que reúne a militantes sociales, prestadores de salud, universitarios y a más de un centenar de asociaciones de mujeres, feministas y de derechos humanos. «Causa Justa se armó con la estrategia de construir argumentos en derecho, filosóficos, sanitarios, sociales, de ciudadanía, de democracia, para lograr la despenalización total del aborto. Nos dijimos: «Abramos la discusión pública, trasladémosla a la calle, a las redes sociales, a los medios de comunicación, a la academia, a los barrios. Apuntábamos a convencer a todo el mundo –gente común, dirigentes políticos, el sistema judicial– de que, por un lado, la tipificación de delito era ineficaz, porque no evitaba los abortos, y, por otro, contraproducente, porque generaba morbilidad y mortalidad, y era socialmente injusto y discriminatorio». González Vélez piensa que Causa Justa fue la punta de lanza de uno de los movimientos sociales de mayor alcance en la Colombia de los últimos años.
En octubre de 2020, el movimiento presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la decisión de 2006. «La corte se tomó 523 días para llegar a una decisión, un tiempo durante el cual los abogados de los grupos provida pusieron todo tipo de trabas procesales –pedían la nulidad de la demanda, recusaban magistrados–. Nosotros, mientras tanto, desarrollamos una intensa discusión pública.»
El 21 de febrero, la corte despenalizó el aborto por toda causal hasta la semana 24, dispuso que no se pudiera dar marcha atrás en el tema y exhortó al Congreso a adoptar una política integral en materia de salud sexual y reproductiva. Más allá de la semana 24 el aborto sigue siendo un delito, pero fue «un paso gigantesco. Colocó a Colombia en la última camada de la liberalización, en la vanguardia mundial en este tema», afirma la entrevistada.
González Vélez dice que el clima político actual puede ayudar a que el avance se consolide cuando a fines de julio asuman los parlamentarios elegidos en marzo. «Es la primera vez que hay tantas mujeres en el Congreso (un 30 por ciento del total) y que la izquierda y los sectores progresistas tienen una bancada tan grande. No será mayoritaria, pero sí muy significativa. Desde ahí, y a pesar de que ni la izquierda ni el centro han entendido realmente la lucha feminista y los temas de igualdad, se podrán proyectar, de todas maneras, cambios significativos.» Francia Márquez, compañera de fórmula de Gustavo Petro en la lista del Pacto Histórico, le parece a González Vélez una muy buena carta: «Es feminista, negra, comprometida con las causas sociales».
De cara a las presidenciales de fin de mes, el tema de la lucha contra el aborto prácticamente ha desaparecido de la campaña del candidato de la derecha, Federico Gutiérrez. «Si quiere conquistar al centro político, no puede ser tan extremo en estos temas como ha sido siempre», dice la militante feminista.
Los que sí se han mantenido activos han sido los grupos de extrema derecha. Águilas Negras, una suerte de escuadrón de la muerte, notorio hasta hace unos años, reapareció para amenazar de muerte a los cinco magistrados de la corte que tomaron la resolución de febrero. El ministro de Defensa, Diego Molano, dijo que esa organización «ya no existe» y que los volantes que se distribuyeron en su nombre «son apócrifos». Otras autoridades pusieron a su vez en duda que fueran reales las recientes amenazas de muerte que Petro dijo haber recibido, y por las que debió este martes 3 suspender su gira de campaña por la región del eje cafetero. «La violencia social en Colombia sigue siendo espantosa», comentó González Vélez a Brecha.