En 2025, la crisis humanitaria alcanzó un punto de inflexión crítico, y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) subrayó una serie de graves abusos contra los derechos humanos infligidos a la población civil por el gobernante ejército y los grupos armados de resistencia.
Las fuerzas democráticas de Myanmar llevan más de tres años luchando contra una brutal junta militar apoyada por China y Rusia. Los sindicatos son una parte crucial del movimiento de resistencia, y los activistas sindicales se vienen enfrentando a duras represalias.
Más de 20 trabajadores despedidos por protestar contra las condiciones de trabajo en una fábrica de Yangón [Rangún] se niegan a firmar un contrato para ser readmitidos y afirman que sus reivindicaciones para reparar las violaciones de sus derechos son ignoradas.