Hacia afuera, la detención del opositor José Daniel Ferrer supuso un elevado costo político para el gobierno cubano y dio renovada exposición mediática a la disidencia interna. En la isla, sin embargo, la oposición continúa fraccionada y sin apoyos, presa fácil de las autoridades y dependiente de un mecenas extranjero cada vez menos pródigo.

A. Valdivia, desde La Habana

Brecha, 6-12-2019

Correspondencia de Prensa, 7-12-2019

Hacia la mitad del metraje, el protagonista del video aparece sentado ante un escritorio de madera chapada, en una sala de interrogatorios. Una cámara oculta lo filma junto a un guardia de seguridad que lo vigila desde varios metros de distancia. Está sin camisa. A esas alturas de la filmación ya sabemos que siempre que es detenido se apura a rasgarse las vestiduras, cual profeta.

Pasan unos segundos en los que el hombre se remueve en su asiento. De pronto, se lanza de cabeza contra el buró, lo golpea varias veces, lo vuelca y comienza a gritar, como si en el trámite le fuera la vida. En el ínterin, el centinela ha abandonado la habitación y regresado con alguien –seguramente un superior–. “¿Ustedes no ven cómo este me está dando?”, los recibe enfurecido nuestro héroe.

Más adelante se lo verá asegurar en un canal televisivo de Miami: “Nadie puede negar que existe tortura policial contra los opositores al régimen”. Se llama José Daniel Ferrer y es el líder de la autodenominada “mayor organización opositora de la isla”, la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu).

De líderes y dinero

El 1 de octubre José Daniel Ferrer fue detenido en la ciudad de Santiago de Cuba, donde reside, bajo una bizarra acusación de secuestro y lesiones, presentada por uno de sus antiguos correligionarios. La dramaturgia del caso remite al modus operandi de la Seguridad del Estado (G‑2) –la policía política– para sacar de circulación a connotados cabecillas opositores.

La práctica totalidad de los movimientos que éstos dicen conducir tiene como talón de Aquiles el dinero. Por su cuenta, en años anteriores fueron emplazados varios dirigentes y estuvieron a punto de desintegrarse las Damas de Blanco. Consciente de la opacidad con que se manejan los fondos que envía el gobierno de Estados Unidos –algo reconocido hasta por el Departamento del Tesoro–, el G‑2 está siempre listo para fomentar la controversia. En el caso de Ferrer, su propensión a la violencia y sus vínculos con el hampa santiaguera hicieron más fácil el trabajo.

El proceso va teniendo, sin embargo, un elevado costo político. Hasta el momento de su detención, Ferrer era virtualmente desconocido en la isla. Los 5 mil integrantes que dice aglutinar la Unpacu seguramente sólo existían en los reportes de la prensa estadounidense y los informes remitidos a la embajada norteña en La Habana.

La exposición mediática ha ayudado al oscuro líder a ganar notoriedad fuera de fronteras. Incluso el europarlamento aprobó hace pocos días una resolución en la que pide su liberación inmediata. Dentro de Estados Unidos el suceso sirve de combustible para la retórica del exilio anticastrista y de pretexto para la administración Trump en su escalada de sanciones a la isla.

Los regulados

El reportaje con el video de Ferrer en la sala de interrogatorios fue publicado por la televisión cubana la noche del 27 de noviembre, en horario estelar. Buscaba influir en la votación que al día siguiente tendría lugar en Bruselas y –sobre todo– desacreditar a una figura que comenzaba a tener cierta notoriedad mediática en el interior del país.

La acelerada penetración de Internet ha contribuido a quebrar hasta cierto punto el monopolio del Estado en la información y pone a las autoridades ante un difícil reto, precisamente en tiempos de redoblada agresividad del gobierno estadounidense. El conflicto tiene consecuencias en distintos ámbitos; uno de ellos, el migratorio. En los últimos meses ha crecido el número de “regulados”. Se trata de una condición administrativa en la que determinadas personas se ven imposibilitadas de salir de Cuba.

Si se atiende la legislación sobre el tema, tal medida sólo debería aplicarse “cuando razones de defensa y seguridad nacional así lo aconsejen” o “cuando, por razones de interés público, lo determinen las autoridades facultadas”. La liberalidad del segundo acápite ha otorgado un virtual cheque en blanco al Ministerio del Interior, el ente encargado de supervisar el proceso.

La mayoría de las “regulaciones” se producen bajo presupuestos políticos. Así sucedió a fines de octubre, cuando a una decena de opositores se les impidió abordar el avión que debía llevarlos a Miami, donde participarían en el evento Pasos de Cambio para Cuba, presidido por el secretario general de la Oea, Luis Almagro. “Fuimos detenidos en el cruce de frontera después de haber chequeado nuestros boletos y despachado los equipajes”, declaró en su perfil en Facebook el periodista Henry Constantín, director de La Hora de Cuba, una revista digital marcadamente crítica con las autoridades. Entre sus acompañantes se contaban dirigentes de varias de las organizaciones que conforman el fértil ecosistema de la “oposición al régimen”. Prácticamente ninguna es conocida fuera del círculo de sus integrantes, las oficinas de la embajada estadounidense y la Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado.

Cuando a finales de setiembre el canciller de la isla, Bruno Rodríguez, asistió al período ordinario de sesiones de la Onu, en Nueva York, el tema de las regulaciones cobró protagonismo. En especial, durante una entrevista suya con la agencia AP. Al analizarla, el profesor universitario y periodista radicado en México José Raúl Gallego consideró que la mayoría de las respuestas del funcionario eran falsas o al menos engañosas (El Toque, 21‑X‑19). Pero poco pueden hacer los afectados, más allá de ocasionales protestas en Internet.

Oposición opereta

Durante el encuentro en Miami, Almagro se refirió a la suspensión de vuelos y la reducción en el monto de las remesas que pueden ser enviadas a la isla. “Tenemos que ser fuertes y condenar la dictadura en cada uno de sus ámbitos”, proclamó. A su lado, respaldándolo, se encontraba Rosa María Payá, la imagen comercial del anticastrismo en el exterior.

Mujer joven y con formación universitaria, y, sobre todo, hija de un antiguo zar opositor fallecido en 2012 en un accidente automovilístico, por el que en Miami siempre han culpado al G‑2, Rosa María Payá es una presencia habitual en oficinas congresionales de Washington. También en cumbres de la sociedad civil convocadas por la Oea y la Onu, a las que asiste en calidad de presidenta de Cuba Decide, una Ong pagada con fondos del gobierno estadounidense. Consciente de la escasa telegenia de José Daniel Ferrer, la Casa Blanca ha implementado una estrategia de doble carril para la oposición cubana. En el interior del país el protagonismo queda en manos del disidente ahora detenido; fuera de fronteras es Rosa María Payá la privilegiada por el tratamiento mediático.

Fiel a esa estrategia, el Departamento de Estado le otorgó la condición de promotora de Pasos de Cambio y el llamado Acuerdo por la Democracia en Cuba, que en la ocasión firmaron todas las organizaciones presentes. El documento es, en realidad, un refrito de otro promulgado en 1998 a instancias de Oswaldo Payá, el fallecido padre de Rosa. Por entonces, la consecuencia más notable fue un movimiento de recogida de firmas que estuvo a punto de forzar la discusión en la Asamblea Nacional de una enmienda que reclamaba la vuelta del pluripartidismo. El reto fue conjurado por Fidel Castro al promover una reforma constitucional que hizo “irrenunciable” el socialismo y encarcelar a sus críticos más activos.

Dos décadas más tarde la disidencia interna no parece haber expandido su franja de poder. Incluso personalidades del exilio duro, como el escritor Alejandro Armengol, director editorial de Cubaencuentro (una revista que también paga el presupuesto federal), han manifestado su escepticismo sobre los alcances del publicitado acuerdo. “Más fraccionada que nunca. Estancada en sus propósitos. Sin apoyo y reconocimiento dentro de la población y con una proyección que intenta definirse apenas bajo el oportunismo de la arena internacional, la oposición cubana transita una de sus horas más bajas […], las calles no han dejado de ser de Fidel”, opinó a comienzos de noviembre en el diario El Nuevo Herald, el más importante en idioma español de Miami.

Las perspectivas son poco promisorias. El presupuesto estadounidense para 2020 prevé reducir en un 70 por ciento las partidas destinadas a la “promoción de la democracia en Cuba” (el recorte alcanza los 14 millones de dólares) y nada indica que las regulaciones vayan a desaparecer en el futuro cercano. Tampoco parecen importar demasiado las ocasionales marchas que en Miami demandan “la caída del régimen” ni las conferencias dictadas por Rosa María Payá ante selectos auditorios en Nueva York y Ginebra. Mientras las presiones económicas de Trump no se hagan insoportables para la mayoría de los cubanos, Ferrer seguirá siendo “el sinvergüenza que le cayó a cabezazos a la mesa”.